Mali: análisis del alzamiento tuareg (2012-2015)

GABRIEL C. SÁNCHEZ

Universidad Abierta Interamericana, Argentina

 

Title: Mali: Analysis of the Tuareg Uprising (2012-2015)

Resumen: El conflicto armado en Mali es un claro ejemplo de los cambios en la forma de hacer la guerra, donde se mezclan el alzamiento de las poblaciones tuareg, un golpe de Estado, y la aparición de grupos islamistas radicales. Una serie de factores coincidieron en aquel momento y que dieron inicio al conflicto armado en el norte de Mali. Este trabajo busca analizar las causas fundamentales de la rebelión nacionalista tuareg del año 2012, diferenciándolas de los mecanismos de movilización y de los factores que agudizaron la violencia. Así, se apreciará la incidencia de dos elementos: el patrón relacional de suma cero entre Gobierno de Mali y los líderes locales de las regiones del norte, y una crisis humanitaria de amplias proporciones.

Palabras clave: Mali, Rebelión Tuareg, Conflicto Armado, Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, Crisis Humanitaria

Abstract: The armed conflict in Mali, besides being a clear example of the changes in warfare, merges together the rebellion of the Tuareg populations, a coup d'état, and the emergency of radical Islamist groups. A number of factors coincided in that moment and started the armed conflict in northern Mali. This paper aims to analyze the root causes of the Tuareg nationalist rebellion in 2012, differentiating them from the mechanisms of mobilization and the factors that aggravated the violence. Thus, the incidence of two elements will be appreciated: the zero-sum relational pattern between the central Government of Mali and the local leaders of the northern regions, and a humanitarian crisis of ample proportions.

Keywords: Mali, Tuareg Rebellion, Armed Conflict, National Movement for the Liberation of the Azawad, Humanitarian Crisis

Recibido: 31 de agosto de 2017

Aceptado: 12 de diciembre de 2017

Para citar este artículo: Gabriel C. Sánchez, “Mali: análisis del alzamiento tuareg (2012-2015)”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 4, No. 1 (2018), pp. 147-160. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.7.9

 

Introducción

Durante los años 2012 y 2013, la situación de violencia protagonizada por grupos armados de oposición en Mali mantuvo en vilo a la comunidad internacional. La resolución 2085 del Consejo de Seguridad de la ONU del año 2012 es paradigmática por su aprobación de la intervención internacional. Se buscaba devolver al Gobierno de Mali la soberanía sobre el territorio que le había sido arrebatada luego de tres procesos que alteraron la normalidad institucional: el alzamiento de las poblaciones tuareg, un golpe de Estado, y, finalmente, el control de las regiones del norte por parte de grupos islamistas radicales. 

El presente trabajo tiene por objetivo reconocer los principales elementos del conflicto producto de la rebelión tuareg en el norte de Mali entre los años 2012 y 2015. Para ello, se ha dividido el escrito en seis apartados que se corresponden con los siguientes interrogantes: ¿cuáles han sido los hechos más destacados del conflicto? ¿Cuáles han sido las causas fundamentales y cuáles las causas aparentes? ¿Cuáles han sido los mecanismos de movilización? ¿Cuáles han sido los factores que perpetuaron o agudizaron la violencia? ¿Cuáles han sido los factores que suavizaron el conflicto armado? Y ¿cuáles han sido las violencias ejercidas y cuáles sus consecuencias.

La bibliografía existente en relación a la situación previa al año 2012 de Mali es extensa (Krings, 1995; Lecocq, 2010; Randall, 2010; Lohmann, 2011), ya que los conflictos han acompañado la corta historia de este país. El estallido de esta rebelión también ha sido abordado (AMDH-FIDH, 2012; Cold-Ravnkilde, 2013; Lecocq, 2013; Avezov & Smit, 2014; Nievas, 2014; Chauzal & Van Damme, 2015), pero los acuerdos de paz firmados plantean una nueva posibilidad. La distancia temporal con el inicio de la disputa y la firma de los Acuerdos de Argel (2015), abre la oportunidad a un análisis renovado sobre las causas del último conflicto tuareg, el cual se intentará en el presente escrito.

El caso de Mali guarda una íntima conexión con la alteración que ha significado el fin de la Guerra Fría en relación a los conflictos armados, y allí se encuentra la justificación de su abordaje. La idea de la guerra clásica en términos de Clausewitz (2009), se ha transformado y ha obtenido nuevas características. Las batallas campales entre las fuerzas regulares de dos o más Estados con vistas a la defensa del interés nacional parecerían ser parte del pasado. La violencia armada actual destaca por ser impulsada por actores no estatales, por iniciarse dentro de los márgenes territoriales de un Estado, pero provocando efectos que traspasan fronteras y se regionalizan, y por tener como víctimas principales a las poblaciones civiles (Kaldor, 1999; 2013; Duffield, 2004). Así, este cambio en el objeto de estudio inicial de las Relaciones Internacionales y de los Estudios para la Paz justifica el constante seguimiento académico de las diferentes manifestaciones de la violencia armada.

Además, debo aclarar que, de los tres procesos conflictivos que se hacen evidentemente visibles en Mali a partir del año 2012, solo me enfocaré aquí en la revuelta tuareg de las regiones de Tombuctú, Kidal y Gao. El estudio de este proceso en particular resulta pertinente debido a su relación con los conceptos vertidos en el párrafo que precede, por la relevancia que la comunidad internacional le ha otorgado, y porque evidencia la incapacidad creciente de los Estados-nación para gestionar las crisis en la era de la globalización (Messner, 2001). Asimismo, la extensión del escrito obliga a hacer solo una mención tangencial al golpe de Estado y a los grupos islamistas radicales, en la medida que aporten elementos complementarios para vislumbrar las dinámicas entre tuaregs y el Gobierno de Bamako.

 

El conflicto en Mali

Los acuerdos de paz resultantes de las rebeliones previas, puntualmente el Pacto Nacional de 1992 y los Acuerdos de Argel de 2006, no lograron generar los cambios necesarios para que el entramado institucional absorba los desequilibrios históricos existentes en Malí. Así, la relación política entre el gobierno central y los líderes tuareg nunca logró estabilizarse. A esto se sumó una crisis alimentaria profunda surgida en 2011, provocada por una grave sequía que atravesó a todo el Sahel. Se crearon entonces las condiciones para que el nacionalismo tuareg se revitalice y se busquen nuevos liderazgos. A finales del año 2011 se establece el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), que da inicio a las acciones armadas con un ataque a la ciudad de Ménaka en enero de 2012 (International Crisis Group, 2012a: 40-41).

El desgaste sufrido por la figura del presidente, Amadou Toumaní Touré, en diez años de gobierno, sumado a las revueltas en el norte y la falta de victorias por parte del ejército, facilitan las condiciones para un golpe de Estado en su contra. Amadou Sanogo, un joven capitán del ejército, declara el establecimiento de una Comisión Nacional para la Restauración de la Democracia y el Estado. Frente a esta situación de incertidumbre en Bamako, el MNLA declara la independencia del Azawad, aunque poco tiempo después es desplazado del liderazgo en las regiones del norte del país por Ansar Dine, Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), y el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) (International Crisis Group, 2012a: 40-41).

Frente a las advertencias de diferentes instituciones y las sanciones internacionales sufridas, en junio de 2012, Amadou Sanogo disuelve su gobierno y se inicia un período de transición dirigido por el presidente de la Cámara de Senadores, Dioncounda Traoré. Hacia finales de ese año y ante los sucesivos éxitos de los grupos islamistas radicales, el gobierno de transición pide la intervención militar internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite la resolución 2085, mediante la cual se aprueba la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo Africano (AFISMA) (Avezov & Smit, 2014: 2). En enero del año 2013 los enfrentamientos se recrudecen y, ante la posibilidad real de que Bamako pudiera caer en manos rebeldes, Francia adelanta la intervención armada y da comienzo a la Operación Serval. Para finales de enero, los grupos islamistas radicales se retiran de las principales ciudades buscando refugio en zonas montañosas alejadas (Avezov & Smit, 2014: 2).

Diferentes encuentros exploratorios para iniciar conversaciones de paz dan como resultado los Acuerdos de Uagadugú entre el Gobierno y algunos grupos armados de oposición del Azawad, excluyendo a los islamistas radicales. Queda así definida una hoja de ruta para las conversaciones de paz (Pettersson & Wallensteen, 2015: 543). En septiembre de ese año 2013, asume Ibrahim Boubacar Keïta, presidente democráticamente electo.

Ya en julio del 2014 se inician las conversaciones de paz auspiciadas por Argelia entre las dos agrupaciones de organizaciones rebeldes sin vinculaciones con islamistas radicales: la Coordinadora o Coordinación de Movimientos del Azawad (CMA), integrada por el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), el Alto Consejo para la Unidad de Azawad (ACUA), y el Movimiento Árabe de Azawad (MAA), y Plataforma, compuesta por la Coordinadora de Movimientos y Frentes Patrióticos de Resistencia (CMFPR), la Coalición del Pueblo para Azawad (CPA), y otra facción del MAA (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2014: 2). Paralelamente, Francia decide concluir la Operación Serval.

La violencia entre las partes que participan en las negociaciones de paz no es eliminada totalmente pero el proceso continúa avanzando, y en 2015 se firma la paz entre el Gobierno, la CMA y Plataforma, conocidos como Acuerdos de Argel (Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2016: 78).

Durante el año 2016 todavía existían disconformidades de las partes en relación a la implementación de los acuerdos, pero los procesos son considerados como negociaciones de paz positivamente concluidas (Fisas, 2016: 33-39; Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2017: 75). Igualmente, debido a la presencia de los grupos islamistas radicales y diferencias entre los firmantes de los Acuerdos de Argel, todavía se registraban hechos de violencia (International Crisis Group, 2016: 16-20).

 

Causas fundamentales y causas aparentes

Dependiendo de la fuente, se puede arribar a conclusiones ambiguas a la hora de realizar un primer acercamiento al conflicto del norte de Mali. Esto se debe a que cada disputa sucedida en algún lugar del globo y sus elementos prominentes son abordados apresuradamente bajo la necesidad de respuestas instantáneas que marcan nuestros tiempos. En el caso maliense surgen dos elementos destacados en diferentes análisis: la desigualdad económica entre el norte y el sur de Mali, y la representación política desbalanceada entre ambas regiones (Chauzal & Van Damme, 2015: 17-29). En ese sentido, el sistema colonial impulsado por Francia desde el siglo XIX hasta la independencia de Mali centró las rutas comerciales hacia el Océano Atlántico, dividió las tierras tradicionales de pastoreo entre diferentes regiones administrativas, y favoreció la creación de una elite política compuesta por las mayorías negras del sur del país. Si bien algunas de estas dinámicas existían antes de la imposición de la administración francesa, no hay dudas de que el Gobierno de París fue clave en la exacerbación de esos procesos (Chauzal & Van Damme, 2015: 17).

En ese estado de situación, y ante la materialización de la independencia, las regiones de Kindal, Gao, y Tombuctú pasaban a formar parte de un nuevo país. El naciente Estado no contaba con mecanismos para incluir en la matriz económica los medios tradicionales de sustento de sus habitantes – el comercio trans-sahariano y el pastoreo –, y no generaba los espacios necesarios para que la población de la mitad de su territorio ejerza una representación política acorde. Esta situación produjo una constancia en la marginación y el subdesarrollo de las regiones septentrionales que ha alimentado diferentes revueltas desde 1960 (Escola de Cultura de Pau, 2013: 45-46).

Los tuaregs han protagonizado tres alzamientos previos (1962-1964, 1990-1996, y 2006-2009) y en todos ellos han recibido una respuesta preponderantemente represiva por parte del Gobierno de Bamako (Escola de Cultura de Pau, 2013; Nievas, 2014). Estas contiendas armadas, especialmente la de la década de los 90 del pasado siglo, han generado miles de desplazados internos y refugiados en los países de la región, así como en la antigua metrópoli. Como consecuencia de esto, más de un millón de malienses vivían en la diáspora en el año 2010 (International Organization for Migration, 2013: 5).

Hay que destacar que se han alcanzado precarios acuerdos de paz que concluyeron las acciones armadas, aunque fueron escasamente implementados en lo relativo a desarrollo y autonomía de Tombuctu, Kidal, y Gao, y a la incorporación de tuaregs a las estructuras civiles y militares del Estado (Nievas, 2014). Esta situación de enfrentamientos armados y participación política disfuncional, que se sostiene desde el establecimiento de Mali como Estado, no ha favorecido la mejora de sus indicadores económicos. Mali es uno de los países más pobres del planeta y, en el año 2012, su Índice de Desarrollo Humano se ubicó en el puesto 182 de 187 países listados (Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo, 2013: 143-147). Además, para el año 2010, la pobreza afectaba a un cincuenta por ciento de la población (Banco Mundial, 2013: 26). En los últimos años, los números generales del país han mejorado, pero la regiones del norte siguen hundidas en los patrones históricos de pobreza (Parlamento Europeo, 2014: 21). Esto se suma a la desigual distribución de los servicios básicos por parte del Estado que estas regiones sufren, especialmente en educación básica y salud (Fondo Monetario Internacional, 2011: 36-41).

Habiendo delineado este acotado repaso sobre las razones que usualmente se esgrimen a la hora de explicar la denominada crisis tuareg en el norte de Mali, cabe indagar si ellas permiten alcanzar una comprensión holística del caso. Se revela evidente la necesidad de una relación, de un hilo conductor, que conecte todos estos puntos. Considero aquí que la causa fundamental del conflicto en cuestión es la coincidencia temporal de dos factores: por un lado, el tradicional patrón relacional de suma cero entre el Gobierno central de Mali y los representantes políticos locales de las regiones del norte, y, por el otro, la crisis humanitaria desatada por las sequias de los años 2010 y 2011.

El esquema de distribución de poder dentro de la configuración institucional y de representación de Mali provoca que cualquier concesión a la contraparte de turno sea entendida por los actores como una pérdida. La elite política de Bamako, desconectada en general de la realidad diaria del resto de la sociedad y, especialmente, de los avatares de las poblaciones norteñas, no tuvo la capacidad o la voluntad política de impulsar diálogos centrados en los problemas de las regiones de Tombuctú, Gao y Kidal (Wing, 2013). Al mismo tiempo, los líderes políticos surgidos en el norte del país, que no pertenecen únicamente a grupos tuaregs y lejos están de ser un bloque uniforme (Chauzal & Van Damme, 2015), no pudieron impulsar sus reivindicaciones en las vías institucionales existentes a nivel nacional, así como tampoco tuvieron éxito en la generación de nuevos espacios para canalizarlas (Nievas, 2014). La lucha por la representación política de los diferentes grupos del norte es cambiante y cruel, y los líderes políticos del sur quedan constantemente atrapados en la urgencia de la agenda política de Bamako y sus bases electorales. Así, se suceden las acciones coactivas y los acuerdos de paz inestables entre ambos sectores sin cambios reales en las cuestiones de fondo. La rebelión tuareg acaecida entre los años 2012 y 2015 se inserta como un nuevo hito en la histórica relación que han tenido las clases dirigentes del sur y el norte, particularmente desde la independencia de Mali.

Por otra parte, las sequías que tuvieron lugar en África Occidental a finales de la primera década del siglo XXI elevaron el riesgo de inseguridad alimentaria en Mali (FAO, 2011). Esto provocó que se hiciera evidente la situación de abandono de los habitantes de las regiones del norte, que pasaron a depender de organismos internacionales y organizaciones humanitarias para cubrir sus necesidades básicas. Coinciden entonces, por un lado, un patrón relacional violento que se sostiene en el tiempo y, por el otro, una situación puntual que reveló la falta de interés y capacidad del Estado central para atender a las necesidades más básicas de los ciudadanos de la mitad del territorio del país. Esta simultaneidad de una causa estructural y una coyuntural fue interpretada como un punto de inflexión por diferentes grupos armados que, liderados por el Movimiento Nacional por la Liberación del Azawad (MNLA), entendieron que no existía alternativa a la vía armada para impulsar sus reivindicaciones.

En muchos análisis se considera a la caída de Gadafi en Libia como una causa fundamental del estallido del conflicto en Mali. La llegada de armas provenientes de los arsenales libios y de soldados tuareg desempleados en Libia serían elementos constitutivos del estallido de la crisis. Como explicaré más adelante, considero que esta situación fue un factor que solo agravó la violencia disparada por las causas fundamentales expuestas en los dos párrafos que preceden.

En resumen, las causas mencionadas en los primeros párrafos de esta sección, que pueden calificarse en términos de codicia o agravio (Collier & Hoeffler, 2000), sirven para complementar el análisis, pero no permiten una comprensión profunda y es por eso que he decidido exponerlas como visibles o aparentes. En cambio, percibir la yuxtaposición entre el patrón relacional de suma cero y una crisis humanitaria de amplias proporciones permite entender por qué las hostilidades empiezan en ese momento particular.

 

Mecanismos y canales de movilización

Los conflictos armados actuales tienen en la identidad y la cohesión de grupo dos de sus elementos distintivos. Ante la desaparición de las metanarrativas de la Guerra Fría, explica John Paul Lederach, el elemento cohesionador ha pasado a ser representado por el sentimiento de pertenencia e identificación en relación a una religión, etnia, clan, región geográfica, etc. (1997: 11-18). El caso de las rebeliones en el norte de Mali logra cruzar dos niveles de construcción de identidad y de mecanismos de movilización: las tensiones entre el sur y el norte del país, por un lado, y la pertenencia a una etnia o un clan en segundo término. En tercer lugar, y pese a no ser objeto del análisis que aquí desarrollo, también estaré obligado a mencionar la cuestión de la religión debido al protagonismo que los grupos islamistas radicales tomaron en el conflicto.

Las desavenencias entre el sur y el norte de Mali son históricas y se han construido diferentes discursos en relación a esta cuestión. La administración central, especialmente bajo las presidencias de Amadou Toumani Touré (2002-2012), y muchas de sus políticas fueron percibidas como perjudiciales por los tuaregs y las tribus árabes del norte del país (Lacher & Tull, 2013:1-2). Por otro lado, el norte representa una fuente de problemas e inestabilidad para Bamako, además de considerar que árabes y tuaregs tienen una conexión cultural más profunda con los países árabe parlantes vecinos que con el sur del país (Chauzal & Van Damme, 2015: 18-19). En ese sentido, y como producto de las experiencias en luchas anteriores, los líderes tuaregs hicieron énfasis en la constitución de un imaginario basado en un criterio territorial que agrupe a todos los habitantes de las regiones septentrionales. El Azawad, como entidad autónoma, viene siendo negada desde las épocas de la administración colonial francesas y ha servido de refugio para los defensores de los discursos nacionalistas tuaregs (Nievas, 2014: 121).

Al margen de las tensiones sur-norte por la participación política y la elección de un modelo de desarrollo, también existen otras lógicas que favorecieron la creación de mecanismos de movilización: la pertenencia a un grupo étnico o un clan. En relación a los grupos étnicos presentes en Mali, la tirantez que se puede identificar rápidamente es la que existe entre tuaregs y los integrantes de las etnias mandé que han forjado la identidad nacional de Mali, en especial los bambara, o, quizás, la existente entre tuaregs y árabes (Pezard & Shurkin, 2015). Pero, en realidad, existen tensiones entre todos los grupos étnicos del país, y un particular recelo de los grupos songhai hacia los tuaregs, ya que han sido víctimas de diferentes violencias en las sucesivas rebeliones. Incluso, se organizan en milicias – Gandar Koy las más conocida de ellas – para prevenir posibles ataques en tiempos de levantamientos tuareg (Lecocq, 2013: 23).

Cabe aquí aclarar que hacia adentro de la organización de los tuaregs existen otros subgrupos (ifogha, taghat, idnan, e imghad) y que, pese a que la sociedad tamasheq es rígida y jerárquica, los liderazgos están siempre en disputa. Eso provoca que los grupos rebeldes no siempre cuenten con organizaciones y alianzas estables.

El caso de Iyad Ag Ghali, dirigente nacionalista tuareg de la rebelión de 1990, es un ejemplo de cómo se puede cambiar de mecanismo de movilización frente a la pérdida de poder. Paralelamente a la fundación del Movimiento Nacional por la Liberación del Azawad (MNLA) en 2011, Ag Ghali es desplazado de las esferas de liderazgo del movimiento nacionalista tuareg y se ve obligado a cambiar su discurso (Cold-Ravnkilde, 2013: 24). Nace en 2012 bajo su iniciativa el grupo Ansar Dine. Este grupo defiende la imposición de la sharía en el territorio de Mali, reivindica el nacionalismo tuareg y cuenta con un líder reconocido por ser expulsado del MNLA y por su gusto por la bebida y el cigarrillo (Nievas, 2014:131-132). Pese a que la aparición de los grupos islámicos radicales excede el objeto de análisis del presente escrito, he elegido mencionar estas contrariedades ya que reflejan como los discursos religiosos se han asentado sobre otras disputas previamente existentes en el norte de Mali (Shuriye & Ibrahim; 2013). 

Esta situación también fue aprovechada por Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), organizaciones de base discursiva religiosa, pero con amplias actividades ilegales insertas en las redes delictivas de la región (Lacher, 2012).

 

Factores que perpetuaron o agudizaron la violencia

Hay procesos que efectivamente tuvieron una influencia innegable en el desarrollo de las rebeliones tuaregs iniciadas en el año 2012, pero que no llegan a ejercer una incidencia causal. Dividiré esos procesos en dos: aquellos que exceden a esta serie de alzamientos debido a que responden a cuestiones estructurales, y los que estaban ligados a sucesos particulares previos o que acompañaron el desenvolvimiento de las hostilidades.

Durante siglos, el comercio a través del Sahara conectó el África Subsahariana con el Magreb, Medio Oriente, y Europa. El tráfico comercial de la región enriqueció a personas y ciudades, estableciendo una red que abarcaba millones de kilómetros. Pero las rutas comenzaron a decaer con la llegada de los europeos al continente y el establecimiento del modelo de colonización, enfocado hacia las metrópolis, que favoreció la circulación comercial a través de una sola vía: el Océano Atlántico (Masonen, 1997). Las otras actividades rentables que tradicionalmente se realizaban, como el pastoreo o la agricultura, se enfrentan desde hace tiempo a la desertificación y la sobreexplotación de los suelos (Shmite & Nin, 2015). Esta situación, sumada a la falta de iniciativa del Gobierno central en la distribución de servicios básicos o en la definición de un plan alternativo de desarrollo, ha dejado a miles de personas sin fuentes de ingresos. Ante la falta de actividades redituables y sin puestos de trabajo disponibles, la gente se vuelca a las actividades ofrecidas por las redes delictivas que operan desde y hacia los países colindantes, con la connivencia del Gobierno de Mali (Lacher, 2012). Una de las organizaciones que operan en la zona hace años es Al-Qaeda en el Magreb Islámico (Lacher, 2012: 13).

La actividad de Al-Qaeda en la región también ha justificado la intervención directa de potencias extranjeras en una de las regiones geopolíticas pivote del globo. Desde el cambio en la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por George W. Bush en 2002, Estados Unidos ha tomado una actitud proactiva en la lucha contra el terrorismo en todo el planeta (Calle y Merke, 2004). En el caso específico de Mali, la intervención se ha dado a través de diferentes programas: Pan Sahel Initiave (PSI), Trans-Sahara Counterterrorism Initiative (TSCTI), y Operation Enduring Freedom Trans Sahara - (OEFTS) (Alaminos, 2008: 193-195). Por otro lado, también es un espacio vital para la Unión Europea y especialmente para Francia. En una continuidad informal de la Comunidad Francesa, el país galo sigue considerando a África Occidental como una zona exclusiva de influencia. Es por eso que aún interviene en el día a día político de sus antiguas colonias, aunque en los últimos años ha reemplazado las formas unilaterales y directas por maniobras multilaterales de cooperación internacional auspiciadas por instituciones internacionales (Sıradağ, 2014: 113-114). La importancia geopolítica histórica de la zona y la actividad de grupos armados identificados como terroristas, han disparado la intromisión de actores externos.

Por último, hay que mencionar la intervención de Argelia en este sentido. Al igual que Libia, el gobierno de Argel se ha inmiscuido rutinariamente en los asuntos internos de Mali. Luego de expulsar al Grupo Islámico Armado (GIA) y al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) hacia el territorio norte de Mali, y con la consecuente evolución de estos grupos en AQMI, las posturas de Argelia en relación a las iniciativas regionales antiterroristas fueron ambiguas según sus propios intereses (Chauzal & Van Damme, 2015: 46-47).

Los cambios en el comercio y en las actividades económicas, las fronteras porosas, un Estado corrupto y debilitado (en relación a demandas internas y actores externos), son factores estructurales que claramente han impedido una solución a la cuestión tuareg y que han intensificado la violencia iniciada en enero de 2012.

Por otra parte, también es necesario mencionar que existieron hechos puntuales que agudizaron la violencia ya iniciada. La crisis en Libia, que de ninguna manera es causa de este conflicto, sí facilitó la escalada de violencia al proporcionar personal y armamento a los grupos armados de oposición (Cold-Ravnkilde, 2013: 9). Afirmo que la crisis libia no es causa del conflicto porque, frente al patrón relacional sur- norte y las paupérrimas condiciones humanitarias de las poblaciones septentrionales, la violencia hubiera estallado indefectiblemente como en años anteriores. El personal y el armamento llegados desde las fallidas estructuras militares de Gadafi solo facilitaron las victorias sobre el ejército y la prolongación de las luchas.

Luego de enero de 2012, con los enfrentamientos abiertos sucediéndose en todo el norte de Mali, el protagonismo tomado por los grupos islamistas radicales (Ansar Dine, AQMI, y MUYAO) en detrimento del desplazado MNLA, y el golpe de Estado en Bamako también agudizaron la violencia. La respuesta del ejército nunca fue contundente y, con un golpe de Estado en ejecución, la desorganización invadió las líneas de las fuerzas armadas de Mali. Este momento de transición fue aprovechado por los grupos islamistas radicales que, luego de expulsar al MNLA, impusieron la sharía en diferentes territorios, empezaron a cometer violaciones de derechos humanos, destruyeron patrimonio cultural y religioso, y desarrollaron ampliamente actividades ilegales para su financiación (International Crisis Group, 2012a; Nievas, 2014). Esta situación sirvió de legitimación de la injerencia extranjera (Avezov & Smit, 2014). Aunque la intervención fue rápida y logró repeler a Ansar Dine, AQMI y MUYAO, también se perdieron vidas humanas de combatientes y civiles. De hecho, a día de hoy, la MINUSMA es una de las misiones de paz que más víctimas mortales cuenta entre sus integrantes (van der Lijn & Smit, 2015).

Para cerrar esta sección, quisiera hacer mención a la cuestión de los recursos naturales. En las zonas afectadas por el conflicto, hay vastos yacimientos de oro y uranio. El primero proporciona financiación de liquidez casi inmediata, y el segundo es un recurso estratégico de importancia mundial. Esto puso a las áreas disputadas en la mira de todos los actores de este conflicto particular (Shuriye & Ibrahim, 2013: 510-511). En este sentido, el uranio extraido de Mali y Niger genera el setenta y ocho por ciento de la energia nuclear de Francia (Shuriye & Ibrahim, 2013: 511-512). Más allá de tiempos de paz o guerra, la abundante presencia de recursos naturales en un país que se encuentra impedido o incapacitado para el ejercicio amplio de su soberanía territorial puede rápidamente convertirse en la razón de perpetuación o agudización de violencias.

 

Factores que suavizaron el conflicto armado

Iniciada la violencia en enero del 2012 por parte de MNLA, hubo diferentes factores que ayudaron a que la violencia decrezca. En primer lugar, Níger tuvo mayor éxito en la integración de los tuaregs y esto evito que la revuelta ingrese en sus fronteras (Chauzal & Van Damme, 2015: 56-57). Tras esa primera contención, la intervención de las Naciones Unidas, la Unión Africana, y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, entre otros organismos internacionales, obligó al MNLA a abandonar la posición inflexible sobre la independencia del Azawad y cualquier nexo con los grupos islamista radicales. Esta intervención internacional también favoreció la renuncia de Sanogo y la implementación de un gobierno de transición en Bamako (Escola de Cultura de Pau, 2013: 46; International Crisis Group, 2012b).

La intervención de las fuerzas armadas extranjeras en enero de 2013, que también han sido mencionadas como factor de agudización de la violencia, permitió a largo plazo el sostenimiento del gobierno de transición, las victorias militares sobre los grupos islamistas radicales, y la normalización institucional de Mali mediante elecciones presidenciales democráticas. Las negociaciones de paz fueron impulsadas por la comunidad internacional y por Argelia, pese a su papel dudoso en relación a la colaboración en la lucha contra los grupos islamistas radicales (Chauzal & Van Damme, 2015: 53-54; Fisas, 2016: 33-39). Finalmente, la voluntad de negociación del Gobierno, la Coordinadora, y Plataforma posibilitó la firma de los Acuerdos de Argel. Previamente he mencionado que no se acabó absolutamente con la violencia, pero es necesario remarcar que los niveles han descendido considerablemente (Fisas, 2016: 33-39).

 

Violencias y consecuencias

Utilizando la clasificación tripartita de la violencia de Johan Galtung (2003), comenzaré describiendo los actos de violencia directa que tuvieron lugar en el conflicto iniciado por las rebeliones tuareg. Al igual que en cualquier enfrentamiento armado que incluye los avances y retrocesos propios de las dinámicas bélicas, se produjeron víctimas mortales (militares y civiles). También se denunciaron amplias violaciones a los derechos humanos por parte del ejército de Mali como por parte de los grupos armados de oposición: violencia sexual como arma de guerra, destrucción de patrimonio cultural y religioso, destrucción de propiedades y saqueos, secuestros extorsivos, detenciones arbitrarias, torturas, y ejecuciones sumarias (Escola de Cultura de Pau, 2013: 192; AMDH-FIDH, 2012; Human Rights Watch, 2017).

Por otro lado, la aplicación de la sharía en áreas controladas por los grupos islamistas radicales prohibió el disfrute de productos culturales (música, cine, etc.) y estableció castigos corporales. Además, estos grupos instrumentalizaron los reclutamientos forzados de mayores y menores de edad, así como los atentados suicidas como medios para impulsar el combate armado (Escola de Cultura de Pau, 2013; AMDH-FIDH, 2012; Human Rights Watch, 2017).

La intervención de las fuerzas extranjeras controló la violencia a mediano y largo plazo, pero provocó la aparición de ataques aéreos y las acciones militares de una envergadura superior. Estas operaciones también afectaron a la población civil.

En relación a los otros dos tipos de violencia, quisiera remarcar que Mali continúa en la búsqueda de una solución a los efectos de una estructura estatal pensada por y para el sur del país. Entonces, debe ponerse en cuestión la legitimación cultural que ha posibilitado que ese diseño institucional siga vigente a más de medio siglo de la independencia de Mali. Esa violencia estructural y cultural presente en cada uno de los rincones de Mali debe ser transformada. Además, el nivel de aplicación de los acuerdos de paz alcanzados delimitará la posibilidad de trascender las disputas armadas entre el sur y el norte.

Los casi tres años de enfrentamiento han dejado diferentes consecuencias: a enero de 2016, ha habido casi 2 mil víctimas mortales (UCDP, 2017), además de 35 mil desplazados internos, y 140 mil refugiados (UNHCR, 2016). Por otro lado, aunque las condiciones climáticas han mejorado en el último año (FAO, 2017), más de tres millones de personas siguen en riesgo alimentario (Comisión Europea, 2017). La crisis humanitaria hace que la asistencia de organizaciones humanitarias siga siendo fundamental, frente a un Estado que todavía no logra otorgar cubrir las necesidades básicas de todos sus habitantes (Pozo Marín, 2017: 33).

La situación económica de Mali no fue favorecida por el conflicto: registró un crecimiento del PIB negativo (-1.2) y cayó en recesión en el año 2012 (Parlamento Europeo, 2014: 9). Ahora parece volver a encaminarse hacia la vía anterior a las crisis, con un crecimiento estimado del PIB real del 5,6% para 2016 (Banco Mundial, 2017b: 24).  En ese sentido, los pronósticos son favorables para el país debido al apaciguamiento del conflicto, lo que permitirá un crecimiento general de todos los sectores, particularmente de las telecomunicaciones y el transporte (Banco Mundial, 2017a).

Sin embargo, la gran tarea de Mali es superar la inestabilidad social e institucional todavía vigente. La presencia del Estado debe hacerse presente a lo largo y ancho del territorio, proporcionando servicios básicos a la población, así como acceso a la justicia y seguridad (International Crisis Group, 2016: 21-23).

 

Conclusión

Durante el transcurso de este trabajo he intentado identificar los principales elementos del conflicto iniciado por la rebelión tuareg en el norte de Mali entre los años 2012 y 2015. Para ello, realicé un breve recorrido por los principales sucesos del conflicto, sus causas fundamentales y aparentes, los mecanismos de movilización utilizados, los factores que perpetuaron la violencia, los factores que suavizaron el conflicto armado, y las violencias ejercidas y sus consecuencias.

El correcto análisis y la posterior comprensión de los conflictos armados de nuestros tiempos demandan una clara identificación del tipo de incidencia que sus variados componentes ejercen. El nodo central del presente escrito ha girado en torno a la identificación de las dinámicas que suscitaron el alzamiento tuareg, diferenciándolas de aquellas que, con su sola existencia, no podrían haber dado inicio a las acciones armadas en el año 2012.

La causa fundamental de la rebelión tuareg ha sido la yuxtaposición de dos cuestiones: por un lado, el patrón relacional de suma cero entre Gobierno central de Mali y los representantes políticos locales de las regiones del norte. Por el otro, una crisis humanitaria de amplias proporciones. Estos dos factores permiten entender por qué las hostilidades empezaron en ese momento particular. Las redes de comercio ilegal, las armas y soldados provenientes de Libia, los discursos extremistas de índole religiosa, y las disputas por los recursos naturales, se montan sobre las verdaderas razones del estallido violento.

El Estado maliense se encuentra actualmente frente al desafío de otorgar respuestas a las familias de las víctimas, a los desplazados internos, a los refugiados, y a las personas en riesgo alimentario. Además, debe reformar un modelo económico que es inviable para la mitad del país y que ha experimentado magros rendimientos en los últimos años.

A modo de reflexión final, quisiera hacer dos aclaraciones en relación con todas esas cuestiones. En primer lugar, dirigir la atención al hecho de que los Acuerdos de Argel no han traído el cese absoluto de las violencias en Mali. La cuestión tuareg seguirá latente en la medida que no se realice una reconfiguración real de la estructura estatal de país. La atención de las necesidades básicas de toda la población no puede retrasarse. Para ello, la implementación de los acuerdos debe guiarse por mecanismos de participación adecuados y debe contar con el apoyo total de la comunidad internacional.

Por otro lado, el alzamiento tuareg en el norte de Mali presenta unas características que le son únicas y distintivas, pero al mismo tiempo existen lógicas que lo insertan en una imagen más amplia. Es imposible comprender este fenómeno pasando por alto el patrón relacional de suma cero entre los dirigentes del norte y del sur, o la crisis humanitaria de finales de 2011. Al mismo tiempo, la erosión de la soberanía estatal típica como resultado de la globalización, y las transformaciones que han sufrido los conflictos armados a partir de la finalización de la Guerra Fría deben ser consideradas para lograr una interpretación más acabada de las hostilidades. Es decir, el análisis de conflictos en el siglo XXI debe observar las variables del orden local e internacional, y las interacciones entre ambos.

 

Nota sobre el autor:

Gabriel C. Sánchez es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Abierta Interamericana (Argentina), docente en las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UAI), e investigador del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales (CAECS-UAI). Actualmente se encuentra maestrando en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en la Universitat Jaume I (España).

 

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