Los desafíos de seguridad para Chile: definiciones para escenarios múltiples

JAIME BAEZA FREER

Universidad de Chile

LESLIE E. WEHNER

Universidad de Bath, UK

 

Title: The Security Challenges of Chile: Conceptions for Different Scenarios

Resumen: Este artículo analiza la evolución del concepto de seguridad usado por Chile. Se estudian los diferentes niveles de acción de Chile en el ámbito interno y vecinal. También se analiza la relación de Chile con la región de Latinoamérica y su vocación para participar en operaciones de paz, como así mismo su rol en la esfera global, particularmente en torno hacia el Asia-Pacífico. Así mismo, se estudia la actual situación frente a los organismos multilaterales que actúan en materia de seguridad, incluyendo la actual parálisis y crisis de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR).

Palabras clave: Chile, Seguridad Tradicional, Seguridad no tradicional, Seguridad Humana, UNASUR

Abstract: This article analyses the evolution of the security concept used by Chile. This piece studies the different security dimensions in which Chile operates such as domestic and regional. In this sense, the article also focuses on Chile’s relation towards Latin America and its vocation to be an active actor in peacekeeping operations. Likewise, this article also pays attention to Chile’s involvement in multilateral security organizations such as the current state of the South American Union (UNASUR).

Keywords: Chile, Traditional Security, Non-traditional security, Human security, UNASUR

Recibido: 23 de Abril de 2018

Aceptado: 29 de Abril de 2018

Para citar este artículo: Jaime Baeza Freer y Leslie E. Wehner, “Los desafíos de seguridad para Chile: definiciones para escenarios múltiples”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 4, No. 1, (2018), pp. 19-35. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.7.2

 

Introducción

Las concepciones sobre su seguridad que Chile desarrolló desde el retorno a la democracia se basan en su autoconcepción del tipo de actor que es, como así mismo de lo que aspira ser en el contexto local-vecinal, regional y global. Esa mirada conceptual también se basa en las percepciones que otros comparativamente han ido generando sobre los chilenos, particularmente dentro de América Latina. En dicho contexto, las interacciones a todo nivel reafirman los tipos de roles que puede jugar, diferenciándose a cada nivel distinto. Entre ellos oscilan preocupaciones que están dentro del ámbito de lo militar, pero también en la concertación y cooperación tanto en lo vecinal, regional y global.

Las interacciones bilaterales, regionales y globales reafirman los tipos de roles que Chile juega en estos ámbitos. Los distintos desafíos de seguridad que enfrenta y que enfrentó en los años recientes oscilan entre temas tradicionales y no tradicionales de seguridad. Atrás quedaron los tiempos en que la principal preocupación era lo vecinal, basados en lo estrictamente físico-territorial. Qué es lo que define lo vecinal hoy está más dado por las preocupaciones materiales de los intereses de los países y donde se juega su presencia, en un escenario marcado por nuevas fronteras virtuales que condicionan su seguridad. Es así que se configura dentro de las variables independientes que explican la variabilidad de la seguridad elementos de capacidad e infraestructura del Estado con la existencia de una multiplicidad de amenazas que exigen polivalencia del aparato público tanto a nivel diplomático como del aparato de Seguridad y Defensa, militar y policial.

En este sentido, el siguiente artículo analiza los distintos desafíos de seguridad de Chile. Es decir, el artículo busca responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo Chile ha enfrentado sus distintos desafíos de seguridad en el ámbito tradicional y no tradicional? ¿Cuáles son las concepciones y prácticas de seguridad de Chile para enfrentar sus distintos desafíos en este ámbito?

Para contestar dichas interrogantes segmentamos nuestro argumento entre desafíos tradicionales y no tradicionales de seguridad. Es decir, por una parte, Chile posee una serie de desafíos de seguridad tradicionales que se basan en autoconcepciones y atribuciones de países vecinos con los que posee una rivalidad mutua. Esto se basa no sólo en razones históricas, pero en temas de frontera vistos como pendientes por parte de países vecinos. Sin embargo, la reciente judicialización internacional de dichos desafíos tradicionales de seguridad tiene el potencial de generar eventualmente los cimientos para nuevos tipos de relaciones bilaterales con Bolivia y con Perú. A nivel bilateral Chile y Argentina han logrado desarrollar un patrón de colaboración bilateral que ha desmantelado reticencias y suspicacias entre ambos actores. Es más, ambos países han articulado conjuntamente concepciones de seguridad que han sido llevadas al nivel regional del Consejo de Defensa Sudamericano de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) –cuyo tratado constitutivo fue firmado en 2010- y hoy en entredicho. Sin embargo, dichas visiones no han sido trasladas a un nivel de prácticas regionales dada la fragmentación de intereses de sus países miembros y el tradicional escepticismo de Chile hacia la profundización de las actividades de los grupos de integración regional. Esta falta de avance en prácticas de seguridad en UNASUR ha llegado a un punto de parálisis institucional. Es más, la reciente suspensión de la participación de Argentina y Chile (junto a Brasil, Colombia, Paraguay y Perú) en el organismo regional decretado en abril de 2018, hace que tomen más fuerza las vías bilaterales, tanto en el ámbito diplomático, como así mismo de seguridad y defensa.

Hasta hace poco antes de congelar su participación en UNASUR, la pro actividad de Chile de usar su experiencia de seguridad con Argentina a nivel regional ha sido un aspecto novel de su política exterior. Esta política regional es donde se busca avanzar, y en teoría, coordinar e intercambiar experiencias para dar solución a problemas tales como desastres naturales, seguridad humana, temas medioambientales y de extracción de recursos naturales por potencias externas. Sin embargo, Chile ni el resto de los países miembros de este grupo han logrado reducir la brecha concepción-práctica de seguridad, lo que genera ambigüedad, poca profundidad del grupo regional, así como su fragmentación y parálisis operativa. A nivel multilateral, Chile ha buscado ser reconocido como un proveedor y mantenedor de paz (peacekeeper role), rol que usa y coordina conjuntamente con Argentina a través de la llamada fuerza binacional Cruz del Sur y la realización ejercicios combinados para enfrentar desastres denominados “Solidaridad”.

Por último, Chile se ha visto confrontado a nivel interno a un nuevo desafío de seguridad, en la cual algunos grupos de la sociedad civil han articulado una narrativa que muestra a la inmigración de países de la región como un desafío de seguridad más que un tema social y humanitario. En otras palabras, nuestro argumento central se basa en nociones conceptuales y teóricas del marco analítico de “securitización” propuesto originalmente por Buzan, Waever y de Wilde (1998) y en aspectos complementarios que resaltan el valor analítico de los hábitos de Estados en cuanto a temas y políticas de seguridad, tales como las nociones de concepciones y prácticas de seguridad.

En lo que resta de este artículo se discutirán y analizarán los siguientes temas. Primero, presentaremos nuestro marco analítico usando aspectos de constructivismo social tales como securitización y el uso de concepciones y prácticas de seguridad. Esto nos ayudara a entender como los temas de seguridad de Chile en todos sus niveles evolucionan y se convierten en objetivos y a la vez en políticas concretas. De esta forma se podrá observar como ciertos temas de seguridad son construidos a través de prácticas retóricas y como otros temas adoptan un carácter rutinario y de normalidad hasta el punto que pierden prioridad en las agendas de seguridad. Como salvedad hay que señalar que no todo es retórica o narrativa, sino que la dimensión material sigue siendo trascendental en los temas de seguridad de Chile. Lo que importa es como dicha capacidad material es concebida en la agenda de seguridad y para los propósitos que debe ser usada y, además, como es percibida por el resto de los actores de la región. Al final de la sección teórica presentaremos algunas proposiciones que nos ayudarán a acotar el análisis del caso chileno. 

Segundo, analizaremos los desafíos, concepciones y prácticas de seguridad de Chile a nivel bilateral, regional y global. Esta división de niveles es con el objetivo de proveer un análisis más conciso y analítico, pero hay que aclarar que en la realidad del mundo de seguridad estas dimensiones se manifiestan de manera interrelacionada. Por ejemplo, el tema de la inmigración o la reacción frente a amenazas emergentes producto del cambio climático tienen una dimensión interna, transnacional, regional y multilateral a la vez. Analizaremos si existe una coherencia entre las políticas de los Ministerios de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional frente a una visión de seguridad en el concierto internacional, aplicado a la realidad contingente nacional. Por último, presentaremos ciertas reflexiones finales sobre el caso de Chile, sobre como conceptualiza y practica seguridad y sobre sus eventuales desafíos de seguridad a futuro.

 

La Construcción de seguridad: Concepciones y prácticas

El concepto de seguridad es un concepto multidimensional y contingente; es decir, posee diferentes interpretaciones, significados y es usado para explicar o comprender fenómenos de seguridad dependiendo de la ontología que informa la forma de concebir la realidad del mundo de la seguridad. El concepto de seguridad como tal no es neutral ya que dependiendo de su significado representa formas particulares de ver la actividad política (Smith, 2005). A pesar de que cada gran teoría de las relaciones internacionales y sus distintos enfoques teóricos poseen teorías de seguridad, uno puede adoptar una simple división dicotómica entre dos formas de ver y estudiar una agenda de seguridad. Están los que estudian seguridad de una forma tradicional donde el poder material, temas de defensa soberana y rivalidades fronterizas pasan a ser el objeto central de análisis, mientras que hay enfoques que buscan ampliar la agenda de estudio en temas de seguridad (Buzan, Wᴂver & de Wilde, 1998). En este último caso cada área tiene el potencial de pasar a ser un tema de seguridad en la medida que los actores centrales lo conviertan y le atribuyan un significado y características como tal (Booth, 2005).

Buzan, Wᴂver y de Wilde (1998) señalan que existen distintas áreas que pueden ser securitizadas. Medioambiente, migración, economía y otros tienen el potencial de convertirse en temas de seguridad siempre y cuando la elite política, incluyendo la posibilidad y en casos excepcionales, grupos de la sociedad civil que articulen narrativas securitizantes en dichos temas. Un ejemplo, sobre prácticas discursivas, identidad y como se construye seguridad es el trabajo de Lene Hansen quién incorpora el tema de géneros en como actores avanzan concepciones y prácticas de seguridad (Hansen, 2005). Si bien estos autores de la llamada Escuela de Copenhague abren un nuevo nicho de estudio en el campo de seguridad, hasta cierto punto adoptan una postura que se mueve entre la seguridad societal y del Estado, dimensiones que ignoran la dimensión humana o del individuo como objeto central y objetivo de seguridad.

Una de los autores pioneras en el estudio de la seguridad humana es Caroline Thomas (1987), quién señala que la seguridad como el foco analítico de los estudios de seguridad no solo debe experimentar una transición desde los estudios Estado céntricos a la del ser humano, sino que esta última dimensión debe ir más allá y considerar las necesidades básicas de éste en cuanto a educación, comida, agua, salud entre otros. Booth (2005) menciona que, si bien Thomas hace un avance sustantivo en el estudio de la seguridad humana, es el mundo del policy-making que genera el contrapunto para poner este tema en la agenda de los gobiernos, grupos regionales e instituciones multilaterales. El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (UNDP, 1994) resalta la prioridad de la seguridad humana y los principios o normas internacionales tales como el derecho a una vida digna. El tema de seguridad humana está presente en distintos niveles de análisis tales como el local, bilateral, regional e internacional. Hasta cierto punto los Estados democráticos buscan defender y promover estas normas de forma unilateral, o conjunta y generan propuestas tanto locales como regionales y multilaterales.

En suma, se puede afirmar que la seguridad como un todo no es solo seguridad militar y de ejercer soberanía. No es solo de rivalidades entre países fronterizos, sino que su agenda es aún más amplia, ya que contiene desafíos como la seguridad humana que va desde lo local a lo internacional. En este sentido uno podría analizar el tema de la migración u otros fenómenos actuales no solamente como un proceso de securitización o de de-securitizacion (ver Wᴂver, 1995), sino que también como un proceso en el cual el individuo que emigra es criminalizado y/o victimizado; por ende, atingente a lo que es la seguridad humana. Sin embargo, un aspecto que las aproximaciones conceptuales y teóricas hasta ahora discutidas no consideran son las prácticas cotidianas de seguridad de un actor internacional. La razón principal es que las distintas variantes teóricas discutidas tienden a centrarse en cómo estos procesos de securitización tienden a generar nuevos patrones; es decir, estructuras de seguridad incluyendo en la dimensión humana. En consecuencia, en estas visiones e interpretaciones la capacidad de agencia que tienen los actores en el área de seguridad desde la seguridad tradicional a la no tradicional tiende a permanecer silente e inexplorada.

Si bien la idea de habitus y/o prácticas cotidianas, rutinas y como un hecho excepcional se vuelve normal es avanzado por Pierre Bourdeau (1977), en este trabajo recogemos y proponemos nuevamente una simple distinción dicotómica entre concepción y practica de seguridad. La primera dice relación con objetivos de seguridad y la segunda con cómo los actores (individuos, Estados o grupos regionales o multilaterales) convierten dichas concepciones en políticas concretas de seguridad. Vale decir, que no todas las políticas concretas o prácticas de seguridad toman una forma escrita, sino que emanan del habitus de actores en dicha área de seguridad. Pouliot (2008) habla de la existencia de una lógica de practicabilidad en relación a lo cotidiano, el hábito y la práctica de seguridad en comunidades de seguridad. De hecho, Aris y Wenger (2014) utilizan este enfoque para estudiar las concepciones y prácticas de seguridad de distintos grupos regionales.

Es así que Weiffen y Duarte Villa (2017) analizan los problemas de seguridad de la región y sus actores vis-à-vis las dimensiones globales y las trasformaciones de poder a nivel global y regional que impactan en dicha agenda y actores. Por otra parte, Mares y Kacowicz (2016) estudian la posición de América Latina en el contexto de seguridad internacional, pero no analizan del todo las concepciones y prácticas de seguridad de grupos regionales. Tavares (2014) es un punto de partida para este artículo, ya que él estudia casos de países y grupos regionales de América Latina desde una perspectiva de seguridad humana, así como tradicional. Sin embargo, podemos afirmar que la dimensión de la agencia del actor a través de las concepciones y prácticas ante desafíos de seguridad no ha sido del todo considerada en los estudios de casos concretos tales como el chileno.

 

Identidades y relaciones múltiples de seguridad en América Latina

El Concepto de seguridad acuñado por el Sistema Interamericano, y en particular la Organización de Estados Americanos (OEA), denominado como multidimensional privilegió en las últimas dos décadas una mezcla conceptual difícil de conciliar en sus elementos. Así en 2003 los Ministros de Defensa del continente asumieron una idea de la seguridad en términos conceptuales que significó que sostuvieran:

Nuestra nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. (Organización de los Estados Americanos, 2003).

Por un lado, se privilegió concepciones de la seguridad humana, y por otro, cae en las visiones más conservadoras sobre soberanía nacional. Algunos de los objetivos planteados como parte de la seguridad estaba en la promoción de los derechos humanos, quizás si aún influidos por las experiencias de las dictaduras de las previas décadas. A su vez, integran elementos propios del desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida de su población. Sin embargo, su visión sobre la soberanía impide cualquier forma de comunidad de seguridad, al menos en los términos de Deutsch (1957) o de Adler y Barnett (1998). Probablemente, también podemos incorporar una influencia dada por las discusiones sobre soberanía efectiva que por aquel entonces se daban, principalmente en Brasil y su relación con el Amazonas. Acá se conjuga la idea de un país que busca ejercer control sobre su territorio, pero además está preocupado de una denominada soberanía ambiental, en términos de lo que Ranucci define como vinculado a los recursos naturales, los que a su vez se van a “insertar con mayor protagonismo en la estrategia de defensa de los países…la disponibilidad de recursos renovables o no renovables va a determinar la posibilidad de que los países asuman el rol legítimo de potencia ambiental” (2014: 5).

La definición de Seguridad de Ciudad de México se ve enfrentada a la realidad global. En este sentido apelar a elementos de Seguridad Humana tales como la lucha contra las amenazas emergentes o la lucha contra las injusticias sociales choca con una concepción tradicionalista de la soberanía nacional. Hoy, a quince años de distancia existen varias iniciativas para que el Concepto sea reformulado en la reunión de Ministros de Defensa de las Américas a realizarse este año nuevamente en la Ciudad de México.

Es aquí donde emanan otros principios rectores del sistema multilateral que los Estados adoptan como una forma de generar respuestas a crisis humanitarias. Particularmente es atacada la noción de soberanía clásica y el principio de no intervención en asuntos de otros países. Por cierto, es cuestionable hasta qué punto la norma sobre Responsabilidad de Proteger defiende en sí al individuo que ve su seguridad vulnerada en crisis humanitarias (Bellamy 2009). Sin embargo, dicha regla ha sido promovida para defender los derechos de los ciudadanos menos favorecidos. En este sentido, cabe apuntar la tesis que plantean varios autores sobre el fin de la soberanía convencional (Hill, 2015), o incluso de que es la propia responsabilidad de proteger, que emana de la Organización de las Naciones Unidas, es la lápida definitiva al principio de no involucrarse en los asuntos de otros países, por lo que además estaría afecta la soberanía doméstica y la posibilidad de establecer reglas que puedan hacerse exigibles (enforcement) en otra nación.

Estas pérdidas de soberanía son, según Haass (2017), la demostración clara de que los últimos dos siglos desde el concierto de Europa de 1815 están superados, y por lo tanto como se concibe la no injerencia en asuntos de otros Estados cambia de manera radical. Es así que dimensionar la seguridad de un territorio nacional ya no sólo está en el impacto de sus relaciones vecinales si no que más bien en el intrincado proceso político donde también operan nociones como la modificación de los contextos soberanía doméstica o legal, en virtud del cual los países ya no tienen control sobre las actividades de su territorio o la normativa vigente no opera en la práctica en vastos sectores.

Es en virtud de este cambio de concepción sobre la soberanía que tampoco se puede seguir entendiendo las dimensiones de seguridad, y sobre todo la internacional, de la misma manera que se concibieron hasta el final de la guerra fría. Dado lo anterior, se debe pensar en la multiplicidad de funciones que caben al Estado, tanto desde la perspectiva de la política exterior, como así mismo desde el rol que deben ejercer las Fuerzas Armadas, y en menor medida, las policías como a cargo del orden público. Al respecto, cabe dimensionar lo que cada nación de la región considera como elementos centrales para su seguridad, y en particular, la internacional.

 

Los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores en las concepciones de seguridad: ¿Una lógica complementaria?

Es interesante resaltar algunas de las consideraciones de seguridad en el llamado Libro Blanco de la Cancillería chilena, y que fue presentado en enero de 2018. Denominado “Política Exterior de Chile 2030”, éste resalta que la seguridad internacional estará dominada por menos conflicto interestatales y más intraestatales, a la vez que se espera más uso de tecnología y ciberguerra. Hasta cierto punto este libro resalta la pérdida de influencia de la seguridad tradicional en las concepciones de Chile en esta materia. También, concibe la creciente presencia de muchos actores no estatales en los distintos desafíos de seguridad (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2018:9). Lo anterior da cuenta de una preocupación de la que Chile se quiere hacer cargo, a tal punto que se plantea como hoja de ruta el volver a ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el período 2029-2030 (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2018:60). Por eso, para la diplomacia chilena no basta pensar en los desafíos de seguridad de orden tradicional, si no que formular una estrategia en base a concepciones y prácticas de seguridad que abarquen el terreno multilateral. Así, el documento sostiene que:

activo miembro de la sociedad internacional y como tal, asume como un elemento fundamental de su política exterior la responsabilidad de cooperar con otros actores internacionales en la promoción de la paz dentro y entre las sociedades, la seguridad internacional y humana, y el desarrollo sostenible. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2018:18).

Este compromiso incluye participar en misiones de paz tal como fue Haití.

Es decir, se entiende la participación internacional en un sentido amplio como una contribución para hacerse responsable de los costos que significan los beneficios de una economía abierta al mundo y parte de la globalización, algo así como pagar los gastos comunes de la casa planetaria. Esta declaración que es refrendada por infinidad de manifestaciones públicas a nivel ministerial se ve, sin embargo, cuestionada por decisiones como suspender la participación de Chile en el Consejo Suramericano de Defensa (CDS). Lo anterior contraviene la declaración expresa y establecida por este mismo documento madre de la diplomacia chilena, al señalar que es una prioridad el CDS de cara al 2030 (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2018: 62).

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional también publicó a fines de 2017 su cuarto libro de la Defensa Nacional. En dicho informe, el gobierno de Chile sostuvo que basa su seguridad internacional en el fortalecimiento de regímenes de cooperación, a la vez que sostiene que pretende “fortalecer las instituciones de cooperación a nivel subregional, regional e interamericano para consolidar a América Latina como una zona de paz” (Ministerio de Defensa de Chile, 2017:72). Esta declaración del Estado de Chile viene también complementada con la idea de que la seguridad está vinculada a escenarios que en apariencia se ven lejanos, pero que están íntimamente ligados al cambio del eje estratégico global desde el Atlántico al Océano Pacífico y la emergencia de China, resaltando el puesto de la nación sudamericana en el contexto del Asia Pacífico y su importancia en este panorama de la defensa de los recursos naturales. También se hace cargo de que es parte de la política de defensa nacional el adherir al principio de la responsabilidad de proteger y adscribe a los principios de la seguridad humana (Ministerio de Defensa de Chile, 2017: 72-75, 101).

Si se observa, el Estado chileno ha adoptado concepciones donde el principal desafío para la seguridad es asumir desafíos de orden no tradicional, lo que también es producto de un cambio en el escenario de amenazas vecinales concretas. Sin embargo, nunca se descartan las hipótesis de guerra convencional interestatal, las que como posibilidad nunca desaparecen del todo, aunque disminuyen a su máximo histórico. Es el caso de Chile, su déficit de amenazas se ha profundizado aún más luego de la resolución de la disputa marítima que mantenía con Perú (Battaglino, 2015:182). Es más, en su Libro de la Defensa de 2017 sostiene que no abriga propósito agresivo contra ninguna nación ni pretensiones territoriales vecinales (Ministerio de Defensa de Chile, 2017: 97). Así y todo, consideran que como Chile deben estar siempre preparados contra la posibilidad de conflicto mediante “la tradicional amenaza coercitiva y disuasiva mediante el uso del instrumento militar” (Ministerio de Defensa de Chile, 2017:73).

Debemos considerar lo que normativamente sostiene el Estado de Chile como un proceso de evolución institucional hacia la actual situación, incluso pensando los niveles de conflictividad previos con Argentina (cuasi-guerra en 1978) y con Perú recientemente resueltos. A lo anterior se debe agregar la existencia de no resuelto litigio con Bolivia. Sin embargo, cabe mencionar que ninguna de las partes ha planteado escalar el conflicto fuera de la diplomacia y el ejercicio del Derecho Internacional Público. También se debe entender que los roles de la seguridad exterior e interior de Chile se encuentran ampliamente diferenciados. Es así que la Constitución Política de la República vigente establece en su artículo 101 que la Defensa Nacional únicamente reside en las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ellas sólo cumplen labores de seguridad exterior. En el terreno interno sólo pueden actuar en estado de catástrofe, calificado como de excepción por la autoridad civil. Para este fin, las Fuerzas Armadas han sido concebidas en el Libro de la Defensa como polivalentes, entendiéndose que

…la participación directa de medios en tareas de orden interno se encuentra regulada en el artículo 39 y siguientes de la Constitución Política de la República en virtud de ciertos Estados de Excepción Constitucional… en materia de seguridad ante catástrofes, la Política de Defensa apoya las políticas específicas en que ésta se plasma. (Ministerio de Defensa de Chile, 2017:97).

Esto se vio reforzado tras el terremoto de 2010. Pese a las reticencias iniciales de las autoridades políticas, y motivadas por la actividad militar durante la represión en dictadura, hoy nadie la cuestiona y participa el mundo castrense activamente en dichos estados especiales.

La única excepción a la regla general en tiempos de normalidad se encuentra en la en el rol de la Armada como policía marítima en alta mar, pero que una vez en tierra operan nuevamente las policías (Baeza y Escudero, 2017). En ese sentido, se establece en el inciso segundo del mencionado precepto constitucional que los únicos llamados a preservar la seguridad interior son Carabineros (policía militarizada) y la Policía de Investigaciones. Es por lo anterior que muchas de los desafíos no tradicionales del Chile actuales tales como narcotráfico, trata de personas, inmigración ilegal y otras son vistas solamente por las policías, incluyendo el trabajo de inteligencia.

En algún momento, y durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera se trabajó en un documento que resumía en sola la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD) (Ministerio de Defensa de Chile, 2012). En dicho documento se hacía más difusa esta separación. El texto fue elaborado por el Ministerio de Defensa y que fue remitido para su aprobación al año siguiente al Senado de la República. La ENSYD fue estudiada por una comisión de expertos que informó al pleno de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa sobre el contenido del informe. En el resaltaba la noción de que Chile debía avanzar hacia lo que denominaron Seguridad Ampliada. Esta era definida como

una defensa nacional que, sin descuidar sus funciones principales de defensa militar y cooperación internacional, colabore con sus capacidades a los esfuerzos de seguridad de cargo de otros actores públicos, siempre a requerimiento de la autoridad competente y dentro del marco de la Constitución y las leyes. (Ministerio de Defensa de Chile, 2012: 10-11).

El gran problema de este documento es que el concepto de Seguridad Ampliada no proveía de certezas ni de delimitaciones esferas de autoridad a los actores involucrados en el proceso de la seguridad y la defensa como política pública. La confusión surge previamente porque se plantea una complementariedad entre seguridad y defensa. Quizás si el problema más profundo que presenta el concepto es no definir quién, cuándo, cómo y dónde se ejerce actividades de seguridad y separados de la defensa.

Lo anterior generó finalmente confusión, por lo que el Senado terminó desechando esta Estrategia, y el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet terminó publicando en su reemplazo un cuarto Libro de la Defensa Nacional. Este último ha sido mantenido por la administración del Presidente Sebastián Piñera, quien volvió a La Moneda en marzo de 2018. No existen indicios formales ni extraoficiales que planteen reemplazar las actuales concepciones y prácticas vigentes de seguridad. Más bien lo que existe es el reforzamiento de cambiar la forma de planificación de la Defensa Nacional, separada de la política de seguridad ciudadana interna. También en materia de seguridad internacional la voluntad que se encuentra en ejecución es modificar un plan de trabajo basado en amenazas (principalmente vecinales), por una planificación basada en capacidades tal como ocurre en los países de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Ésta no se basa en necesidades bélicas comparadas vis-à-vis potenciales enemigos, si no que en desarrollar “habilidad(es) que permite(n) cumplir misiones asignadas” (Ministerio de Defensa Nacional, 2017:113). De la misma manera, el gobierno del Presidente Piñera se encuentra actualmente constituyendo una comisión presidencial para asuntos de seguridad interna y delincuencia, en las que involucra más actores políticos transversales para luchar contra amenazas no tradicionales, incluyendo el problema de seguridad que representa el indigenismo en la región de La Araucanía. En ese sentido, y pese que algunos actores han planteado crear concepciones y prácticas de seguridad que lleven a la militarización de la región, no existe ningún indicio que sostenga que aquello va a ocurrir en el futuro.

En consecuencia, el adoptar un análisis de concepciones y prácticas presupone identificar la distinta gama de desafíos de seguridad que una sociedad en particular experimenta. A la vez un enfoque como este nos ayuda a entender de una forma más general; es decir, más allá del caso, como las distintas naciones no solo lidian con lo doméstico, sino que navegan las aguas de los mecanismos regionales en esta materia. Los Estados pueden ser en parte sorprendidos por desafíos de seguridad que se vuelven bilaterales, regionales o internacionales. A la vez hay desafíos que emanan de lo internacional y permean lo local tales como el tema de la inmigración, tráfico de personas, inestabilidad en alta mar, etc. Al analizar el caso de Chile consideramos estos niveles de análisis e identificamos los distintos desafíos de seguridad de Chile y como sus gobiernos han generado concepciones y prácticas de seguridad. Vale decir que en los niveles bilateral, regional e internacional Chile no puede imponer su agenda, pero sí la negocia y debate en forma consensuada.

 

La Seguridad de Chile en lo bilateral, regional e internacional

Es posible observar la pro actividad de Chile a nivel regional en cuanto al uso de concepciones bilaterales llevadas a nivel regional como en la UNASUR, y más bien, una postura de buen ciudadano internacional y un rol de Operador de Paz ante conflictos bajo el alero de la ONU. Chile opera por tanto en una diversidad de regímenes de seguridad, en una arquitectura compleja por el tipo de relaciones y por el lugar donde se encuentra ubicado para aquello. Debe lidiar con una multiplicidad de identidades que lo obligan a interactuar cumpliendo diversos roles en el sistema interamericano, UNASUR, Alianza del Pacífico, el Pacífico Sur, y Cono Sur, además de una relación de altos y bajos en su vinculación con Brasil.

Sin embargo, en el caso de UNASUR la situación es de una fragilidad evidente. Después de meses de inactividad concreta que incluyó la suspensión de su última cumbre en Ecuador durante el 2016 (se argumentó que un terremoto en dicho país había retrasado su organización), se produjo el congelamiento de Chile y cinco otras naciones de su presencia en la organización a contar de abril de 2018. Cabe notar que los otros son Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú. Estos representan la mitad de los votos, pero además son los socios claves y más importantes. Son la contracara de aquellos países que siguen con gobiernos de izquierda. Representa un quiebre de dos grupos: por un lado, la unión de Argentina con Brasil, a la que se suman tres miembros de la Alianza del Pacífico. Se argumenta la inactividad de la Cancillería boliviana como Presidente Pro-Tempore, pero claramente es porque identifican a UNASUR con el proceso de los países la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América conocida como ALBA. Este grupo de países, cada vez más reducido está liderado por Venezuela, que bajo el Régimen de Nicolás Maduro está cada vez más limitado en su accionar internacional.

Previo a la crisis, Nolte y Wehner (2014) se centraban en las concepciones y prácticas que la UNASUR, y en particular y como se ha desarrollado su Consejo de Defensa. Concluyen que las concepciones de seguridad si bien fueron abundantes, no terminaron siendo transformadas en prácticas duraderas, a tal punto que como ya fue explicada, su accionar está en la práctica suspendida en dicho organismo. La región vuelve a enfrentarse a una arquitectura que se maneja a un nivel hemisférico, bajo la presencia de los Estados Unidos y varios organismos subregionales, algunos de los cuales no tienen un funcionamiento permanente. Así se distinguen el Mercado Común Centro Americano, la Alianza del Pacífico, el Mercado Común del Sur (Mercosur), Pacto Andino, y también el ALBA. Esta última con un claro tinte ideológico de izquierda y cuestionada por muchos gobiernos de la región, además de perder fuerza con el giro a la derecha de muchas administraciones latinoamericanas. Es decir, se enfrentan a un fraccionamiento de la arquitectura de concertación y seguridad internacional. Dentro de esta lógica es posible que el congelamiento de la UNASUR sea un mecanismo para que Brasil pueda volver a rearticular su liderazgo en dicho grupo sí es que se vuelve a reactivar.

En este contexto, parte de las razones del fin de UNASUR está en su propia organización. El organismo nunca logró pasar de ser un mecanismo de consulta regional, con pocos grupos reales de funcionamiento temático. Quizás solamente se salvaba uno enfocado a la salud y particularmente el Consejo Suramericano de Defensa (CDS). Sin embargo, este resultó ser también un mecanismo sin un poder real de injerencia, lo que explica por qué se limitó a generar solamente concepciones de seguridad. Tal como reconoce Ranucci (2014) fue generada con el propósito de

el Consejo puedan ser resumidos en: la consolidación de la democracia y la paz, la no intervención en los asuntos internos y el respeto a la soberanía de los países de la subregión, la autodeterminación de los pueblos y la integridad regional. (Ranucci, 2014: 9).

Es decir, un CDS sin capacidad real de acción alguna en el contexto de las crisis, aunque hayan colaborado en alguna instancia específica en Ecuador el 2010.

En este contexto, su política de seguridad internacional está cruzada por alianzas múltiples que denotan cierto individualismo con respecto a lo que podrían ser otros países de la región. Es decir, con UNASUR vaciado de contenido, lo cierto es que se vuelven a las relaciones bilaterales y/o multilateralizadas, pero todas basadas en la dinámica de competencia y colaboración por incentivos. Lo anterior refuerza una noción de que identidades múltiples de los actores, que en la medida que se sienten cómodos con distintos regímenes de seguridad, con algún grado de contingencia deciden el camino.

En este ámbito, si bien Chile es proactivo en cuanto a adoptar ciertos roles, Chile se convierte dada su capacidad estructural limitada en un “rule-taker”. Por lo anterior, nos valemos de las capacidades de generalización a partir de un caso de estudio. Como sostiene Gerring (2004), estos ayudan a ver proposiciones más amplias y permiten generar comparaciones valiosas, dentro del propio sistema como fuera de él. En este sentido, podemos validar como una experiencia diferenciadora, y a la vez, generadora de path dependency el despliegue de fuerzas realizado con ocasión de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). En ella participaron con grados de cooperación que asemejarían a una comunidad de seguridad tanto Brasil, como Argentina y Chile (Flemes & Radseck, 2009: 17).

Brasil reemplazó en 2004 a los Estados Unidos en el manejo del proceso de estabilización. El año anterior el país del norte lideró una coalición, en la que solamente participó Chile por la región de América Latina, con la que desarrollaron una operación robusta de control. Tal como lo sostiene Segura (2010), es aún más impresionante porque

en tan solo 72 horas arribaron a Puerto Príncipe 331 efectivos del Ejército para integrar la Fuerza Multinacional Interina MIFH junto a países tan importantes en el concierto internacional como Canadá, Estados Unidos de América y Francia, logro y reconocimiento que aumenta aún más por el hecho de que Chile, al término de esta misión interina, es el único de estos 4 países que permanece. (Segura, 2010:135-136).

Es decir, Chile genera un hito internacional que llama la atención al resto del continente, y finalmente no es establecido Chile a cargo de la misión de paz por un tema de tamaño estratégico internacional. Es así que Brasil asume un liderazgo al anterior del hemisferio occidental, y con la anuencia norteamericana, cuestión que probablemente hubiera sido inimaginable sólo algunos años atrás.

Ciertamente Brasil tenía (y tiene) todas las fuerzas militares para cubrir íntegramente la misión. Sin embargo, haber actuado de esa manera hubiera sido un error, puesto que no podría haber generado liderazgo, empatía con la región, y por cierto desconsiderado con Chile que ya estaba en el teatro de operaciones. En dicho contexto, se generaron desavenencias al interior de parte de la elite chilena sobre el actuar que se tendría, principalmente porque en la primera operación no fueron consultados con anterioridad (Llenderrozas, 2006). Sin embargo, tras una inicial tensión, fue aprobado un despliegue permanente, y un diplomático chileno (Juan Gabriel Valdés) fue nombrado por Naciones Unidas como el civil diplomático a cargo de la misión. Por su parte, la misión militar quedó a cargo de un General brasileño y un segundo comandante que fuera chileno. Para establecer ese escenario de cooperación fue solamente necesaria una llamada del entonces Secretario de Estado, Colin Powell, a las autoridades de Brasilia para que todos los demás pusieran de su parte (Llenderrozas, 2007: 51).

En este contexto, Argentina no podía mantenerse al margen. Fue solamente un asunto de meses para que Buenos Aires se sumara a participar. Esta operación demuestra la capacidad de Argentina y Chile para trabajar juntos. Hoy Chile y Argentina tienen una relación de aliados y cercana. El documento Cancillería 2030, sostiene que con los vecinos detrás de Los Andes hoy hay “un camino de integración y profundización de nuestra relación bilateral, cuyos vínculos se extienden a prácticamente todos los sectores del quehacer público y privado” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2018: 26). Este trabajo se quiere extender a Perú, con diálogos que ya han avanzado, pero que se esperan que para el 2030 se logre con ambos vecinos “consolidar y hacer periódicos los Gabinetes Binacionales, el trabajo 2+2 y, en particular, el Foro de Diálogo Estratégico Chile – Argentina 2030” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2018: 31). Mientras tanto, con Bolivia se habla de la integración silenciosa, producto del Litigio fronterizo en la Corte Internacional de La Haya. Es particularmente interesante el caso de la coincidencia de liderazgos en Chile y Argentina para la seguridad internacional, amén de la promoción de regímenes de cooperación más profundos entre ambos países. Juntos pueden presentarse como un contrapeso a las dos potencias centrales del continente. Brasil y México enfrentan crisis de gobernabilidad, por lo que el vacío puede ser llenado por el Cono Sur. Al menos, lo señalado precedentemente resultaría factible en elementos de poder blando, seguridad y concertación internacional.

Si consideramos lo señalado anteriormente, Nolte y Wehner reconocen que países que son potencias secundarias no se oponen a Brasil como potencia que emerge (2013). Sin embargo, eso se hace más relevante en una coyuntura crítica donde pueden disminuir las asimetrías en la dependencia política. En este caso, la búsqueda es por geometrías variables en las relaciones internacionales, en especial las económicas. Tal como lo sostiene Buamann (2009), lo anterior se refiere a una serie de formatos de negociaciones comerciales frente a distintas áreas del mundo y mecanismos regionales. En este contexto, el autor brasileño agrega que hay que tener cuidado con aquellos encuadres comerciales no contengan elementos monetarios y financieros, los que también son relevantes, puesto que, si bien las geometrías variables permiten no depender de lo geográfico, igual es necesario que en esas áreas existan grados de compatibilidad, dado lo complejo y precario que es el sistema multilateral (Baumann, 2009: 16-17).

El punto de estas geometrías variables es que cuando incorporan el elemento geográfico, como es en el caso de la Alianza del Pacífico, es interesante notar que les permite superar esas dificultades previas, en tanto unidos son menos huérfanos para enfrentar la heterogéneo de la región Asia-Pacífico. En este sentido, debe tomarse la Alianza del Pacífico y el rol de Chile frente a la región en la lógica de lo que Nolte y Wehner (2013) consideran exitoptions o caminos de salida para que los países cooperen unos con otros para objetivos comunes (mejorar los niveles de intercambio interno, como a la vez unir fuerzas para negociar con otros). A la vez, entendiendo que la geometría variable significa también estar con otros, y que las condiciones pueden cambiar, con lo que, según los autores, reduciría los juegos de suma cero y los vetos de actores más poderosos que impidan avanzar en proyectos regionales, contribuyendo a regímenes de gobernanza de mejor nivel (Nolte y Wehner, 2013: 2).

En el análisis presentado se puede apreciar la importancia que Chile otorga a sus relaciones vecinales. Sin embargo, es en su proyección pacífica donde ha centrado sus preguntas de seguridad internacional. Es desde ahí donde vienen las principales amenazas a su seguridad convencional y por vías no tradicionales. Chile nunca dejó de estar vinculado con el Pacífico. En este contexto, resulta lógico pensar que la Alianza del Pacífico puede avanzar hacia cumplir un rol en la arquitectura de seguridad de la región de América Latina. Sin embargo, también es cierto que no se ha planteado dicha posibilidad por parte de ningún miembro de dicha coalición, y, por el contrario, se ven esfuerzos de países individuales por tomar el Pacífico como un campo de acción.

Chile tiene un territorio extenso del cual hacerse cargo, particularmente en materia marítima y aérea. El área de responsabilidad de rescate de aproximadamente 31,9 millones de km2 (Ministerio de Defensa Nacional, 2017: 42). Esta cifra representa una extensión que limita con la zona en que Nueva Zelanda se hace cargo por el oeste del Océano Pacífico, pero que también incluye el territorio antártico chileno. Esto último también es relevante para la seguridad de Chile, quien es signatario original del Tratado de Washington que está vigente desde 1961. En ese contexto, Chile ha venido desde finales del siglo 19 realizando acciones concretas para reivindicar dichos territorios, cuya soberanía han quedado congelados en virtud del mencionado acuerdo internacional. También sobre el punto, y desde la perspectiva de la seguridad humana, hay preocupación, la que se expresó de manera más concreta en la Declaración de Santiago de 2016. Al respecto el Libro de la Defensa sostuvo que hay una preocupación concreta de los “efectos del cambio climático para el medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados” (Ministerio de Defensa Nacional, 2017: 58).

Es decir, Chile mira al Pacífico con acciones concretas que van más allá de lo que representa la concertación regional en la Alianza del Pacífico. En esta materia, cabe mencionar dos esfuerzos que realizan a nivel del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas chilenas en particular. Por un lado, la importancia que se le da a la protección del Canal de Panamá como un lugar estratégico para el movimiento de productos chilenos Es por lo mismo que la participación chilena se inició con la primera edición en 2003, la que incluyó las Armadas de Estados Unidos y Chile, más las fuerzas de seguridad de Panamá. Hoy incluye a todos los países del continente y se incorporaron las fuerzas de tierra y aire. En este sentido, cabe destacar que Chile lideró el componente terrestre en 2016 por primera vez (Pelcastre, 2016).  El otro caso está constituido por el Rim of thePacificExercise (RIMPAC), ejercicio naval que organiza la flota pacífica de la Armada de los Estados Unidos y en que los chilenos participan desde 2004, y se realiza para que “mejorar la interoperabilidad entre Fuerzas Armadas de países del Océano Pacífico. También es un medio para promover la estabilidad en la región para el beneficio de todas las naciones participantes” (Armada de Chile, 2018). Es más, desde el año 2018 por primera vez, y ante Armadas de mucha mayor capacidad naval, Chile va a ser el primer líder de grupo no angloparlante en la historia de la actividad.

En el contexto de lo descrito, y junto al esfuerzo que se realiza por estar con el ámbito de la defensa en el Asía Pacífico, la presencia chilena en la zona es anterior a su actividad actual en materia de seguridad y defensa. Esta se remonta a mucho antes y como parte de la política exterior nacional. En este contexto, podemos mencionar que incluso durante la Dictadura Militar, los contactos con países del Asia se mantuvieron pese a las diferencias políticas como el régimen comunista chino. En dicha materia, Valenzuela (2013) investigó como existía un juego de suma cero, pues ambos regímenes (dictadura militar en Chile y régimen comunista en China) estaban involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, y, por tanto, manteniendo una relación fluida se anulaban en los organismos internacionales los constantes reclamos de las potencias occidentales. Además, justificaban en lo que Wilhelmy y Durán sostienen en términos que “la mantención de relaciones diplomáticas con la República Popular China fue una excepción -justificada desde el punto de vista del principio de no-intervención-, aparentemente motivada por consideraciones de realpolitik por ambas partes” (2003: 274). A lo anterior habría que sumar que existían en la región de Asia Pacífico durante la época de los años ochenta países con regímenes muy similares al chileno, tal como fue el caso de Corea del Sur, quienes también hacían vista gorda de las faltas de libertades y potenciaban comercio exterior entre ellos (Faust, 2004).

El proceso de democratización y la posterior normalización institucional de Chile profundizó su interés por el Asia Pacífico, y por tanto aumento el interés por tener una zona de seguridad en su cuenca. Es por lo anterior, y después de largas tratativas, Chile se sumó a APEC en la cumbre de Yakarta de 1994, y fue uno de los iniciadores del comercio libre en la región. Lo anterior se ha visto culminado con liderazgo chileno en la negociación y cristalización del Tratado Transpacífico conocido en inglés como Transpacific Trade Partnership (TPP), el cual en su versión sin los Estados Unidos se firmó en Santiago durante el 2018. En materia de seguridad, Chile ha participado de los diálogos de Shangri-La y otros foros regional, a la vez que la Cancillería busca para el 2030 convertirse en Socio del Diálogo Estratégico de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN en inglés), agregando que con esto, que un acuerdo de esta naturaleza permitiría un balance entre “los tres pilares que han definido como claves (para la relación con el Asia: seguridad y defensa, cooperación para el desarrollo y comercio” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2018: 30).

En suma, Chile incorpora las dimensiones de seguridad humana en su política exterior y de defensa, en la misma línea que parte de la literatura constructivista ha señalado. Este desafío implica separar la política de seguridad y defensa en dos campos de acción distintos. En el primero, que involucra la actividad interna del Estado, se comprometen las policías. En el segundo campo, el internacional, deben trabajar en conjunto los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa. En este caso, Chile está enfocado en distintos niveles de responsabilidad y acción: vecinal, regional y global. En lo vecinal se han superado los dilemas de seguridad con Argentina, alcanzando altos volúmenes de cooperación y entendimiento. A tan alto ha llegado el diálogo, que hoy existe una fuerza combinada y conjunta para operar militarmente en operaciones de paz denominada Cruz del Sur. Con Perú también se han dado pasos sustanciales, incluyendo la común y compartida participación en organismos multilaterales como la Alianza del Pacífico y APEC. Con Bolivia la judicialización de los litigios limítrofes ha sacado el tema fuera del ámbito de la seguridad.

En el ámbito regional, Chile ha sido un contribuyente neto en las operaciones robustas y de mantenimiento de la paz, particularmente en Haití. Con esto, el país se considera como co-responsable de acuerdo a su tamaño y capacidad del sistema internacional para la preservación de la paz global y como una manera de contribuir a la estabilidad regional. En cuanto a la concertación en el continente, Chile ha continuado su presencia en el sistema hemisférico, y en instancias subregionales, particularmente la Alianza para el Pacífico. Sin embargo, su relación con UNASUR se encuentra suspendida, y todo indica que en el corto plazo no habrá una reactivación de dicho organismo. Finalmente, en su aproximación al entorno global, Chile ha ratificado su vocación hacia el Pacífico, y particularmente el Asia-Pacífico como la plataforma central para sus futuras concepciones de seguridad.

 

Conclusiones

Chile ha logrado avanzar una serie de concepciones y prácticas de seguridad a nivel nacional y principalmente bilateral. Sus desafíos de seguridad se enmarcan en lo que es una concepción de seguridad humana y multidimensional, qué más que un concepto es un principio de entendimiento mutuo sobre qué es y cómo debe ser operacionalizada la seguridad regional por parte de los países de América Latina. Este concepto que emana del sistema de cooperación hemisférico genera parámetros de desafíos, pero también de concepciones y prácticas por parte de Chile.

Si bien es cierto que a nivel nacional las concepciones de seguridad de Chile son generadas en el ámbito institucional de los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores sus visiones sobre la realidad de Chile como actor de defensa y seguridad tienden a ser complementarias. A nivel nacional Chile ha buscado generar respuestas a nuevos desafíos de seguridad que dicen relación con la dimensión humana que son competencia de las policías y no del sector militar. Esta es una diferencia con otras realidades regionales. Sin embargo, el tema de la nueva inmigración como desafío de seguridad local debe incorporar otras áreas y actores nacionales como ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública para asegurar los principios de buen vivir a los que los seres humanos tienen derecho y a los cuales Chile adhiere, patrocina y promueve a nivel multilateral.

Chile has sido un actor que ha presentado cierta distancia y reticencia a la profundización de los patrones de cooperación regional. Es cierto que Chile adhirió y ha sido actor activo en la generación de concepciones de seguridad dentro la UNASUR y su Consejo de Defensa junto a Argentina. Ambos países han llevado su exitosa relación de defensa y seguridad bilateral con el objeto de superar su rivalidad pasada a un nivel regional, pero dado la fragmentación ideológica y de intereses incompatibles en la UNASUR uno puede ver su fatiga institucional que se hace más evidente desde 2016. El reciente congelamiento de la membrecía de Chile junto a cinco países en la UNASUR muestra el agotamiento de este grupo regional. Sin embargo, si bien existen otros mecanismos de cooperación regional, estos se enfocan más en lo comercial que en el ámbito de seguridad. Es decir, lo regional o lo sudamericano en seguridad pierde terreno ante las concepciones y prácticas hemisféricas que se enmarcan en la Organización de Estados Americanos (OEA) y que proveen a la región de mecanismos de gobernanza regional.

A nivel multilateral Chile ha logrado posicionarse como un país confiable y que es capaz de asumir responsabilidades ante crisis humanitarias. Chile si bien no fue líder en MINUSTAH logró generar una reputación capaz de proveer seguridad a nivel regional y multilateral. En este ámbito Chile ha logrado también promover y dar visibilidad a la Fuerza Operativa Cruz del Sur la cuál a futuro puede pasar a ser la cara visible de Chile y Argentina en las misiones de paz. A pesar de la exitosa experiencia en la construcción de paz y confianzas mutua con Argentina, las relaciones de Chile con sus otros vecinos siguen siendo competitivas y recién se están adoptando concepciones y prácticas que pudiesen devenir en dejar atrás rivalidades históricas. En consecuencia, la seguridad tradicional sigue siendo parte importante de quién Chile es como actor internacional en los ámbitos de seguridad y defensa, pero hoy en día Chile ha debido generar hábitos que contemplen y que abarquen nuevos desafíos de seguridad no tradicional. Chile es un actor que ha logrado generar una serie de respuestas a sus desafíos tradicionales y no tradicionales de seguridad en base de crear concepciones y prácticas de seguridad donde lo nacional, bilateral, y global se ven como casos más exitosos frente la seguridad cooperativa regional.

 

Nota sobre los autores:

Jaime Baeza Freer. PhD. en Ciencia Política por la Universidad de Essex, Inglaterra y, actualmente, es Profesor Asistente de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Email: jbaezaf@u.uchile.cl

Leslie E. Wehner. D.Phil. en Relaciones Internacionales por la Universidad de Hamburgo, Alemania y, actualmente, es Profesor Asociado de Análisis de Política Exterior de la Universidad de Bath, Inglaterra. Email: l.e.wehner@bath.ac.uk

 

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