La lucha contra la amenaza yihadista más allá del Derecho penal: Análisis de los programas de prevención de la radicalización y des-radicalización a nivel europeo

MIGUEL ÁNGEL CANO PAÑOS

Universidad de Granada, España

 

Title: The Fight against the Jihadist Threat beyond Criminal Law: Analysis of the Programs for the Prevention of Radicalization and De-radicalization at the European Level

Resumen: La amenaza proveniente del terrorismo islamista a la que se vienen enfrentando los países europeos en los últimos años ha dado lugar a importantes y controvertidas reformas en los ámbitos policial, penal sustantivo e incluso penitenciario. Sin embargo, no ha sido hasta fechas recientes cuando distintos países han adoptado también una estrategia complementaria, alejada de mecanismos estrictamente punitivos, y dirigida a afrontar aspectos no menos importantes como son la prevención de la radicalización y la des-radicalización. A partir de este contexto, el siguiente trabajo tiene como objetivo describir las estrategias y programas desarrollados en los últimos años en varios países europeos para contrarrestar eficazmente la radicalización islamista. Para ello, el análisis no solo se concentra en describir los programas e iniciativas, sino también en destacar sus aspectos positivos y negativos.

Palabras clave: Des-radicalización; Desvinculación terrorista; Estado Islámico; Prevención de radicalización; Terrorismo yihadista

Abstract: The threat coming from Islamist terrorism which European countries have been facing in recent years has led to important and controversial reforms in the police, substantive criminal and even penitentiary areas. However, it has not been until recently that different countries have also adopted a complementary strategy, away from strictly punitive mechanisms, and aimed at tackling not less important aspects such as the prevention of radicalization and de-radicalization. From this context, the following work aims to describe the strategies and programs developed in recent years in several European countries to effectively counteract Islamist radicalization. In order to do so, the analysis not only focuses on describing the programs and initiatives, but also highlights their positive and negative aspects.

Keywords: De-radicalization; Islamic State; Jihadist terrorism; Prevention of radicalization; Terrorist disengagement

Recibido: 25 de abril de 2018. Aceptado: 16 de mayo de 2018

Para citar este artículo: Miguel Ángel Cano Paños, “La lucha contra la amenaza yihadista más allá del Derecho penal: Análisis de los programas de prevención de la radicalización y des-radicalización a nivel europeo”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 4, No. 2, (2018), pp. 177-205. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.8.10

 

Introducción. Delimitación terminológica

En los últimos años se ha dedicado un considerable esfuerzo, tanto desde la psicología como desde la propia criminología, a comprender el proceso de radicalización islamista violenta, pero mucho menos se ha explorado el igualmente importante proceso de des-radicalización, es decir, cómo y a través de qué mecanismos pueden los individuos abandonar grupos e ideologías extremistas, en este caso el yihadismo militante.

Dentro de la arquitectura antiterrorista, es evidente que las medidas penales no resultan suficientes por sí solas para afrontar con éxito el proceso secuencial de captación de un individuo, adoctrinamiento, adiestramiento y ejecución de actos terroristas (Cano Paños, 2016: 29). Es por ello que, a lo largo de los últimos años, algunos países han iniciado pasos complementarios a los estrictamente punitivos, introduciendo estrategias para la prevención de la radicalización, así como programas de des-radicalización. El objetivo es apartar del camino equivocado a personas radicalizadas, des-radicalizarlas, así como impedir la radicalización de otros sujetos.[1]

En este punto conviene hacer referencia a la Comunicación de la Comisión Europa aprobada en Bruselas el 15 de enero de 2014, con el título: «Prevenir la radicalización hacia el terrorismo y el extremismo violento: una respuesta más firme de la UE» (Comisión Europea, 2014). En la misma se señala, entre otras cosas, que son los Estados miembros los responsables de concebir y aplicar aquellas medidas dirigidas a prevenir y atajar la radicalización, debiendo producirse las distintas intervenciones de forma preferente en los niveles nacional y local.

En general, el término «radicalización» puede ser definido como «el proceso de adopción de un sistema de creencias extremistas, incluyendo la disposición a utilizar, apoyar o facilitar la violencia, como método para efectuar un cambio social» (Rabasa et al., 2010: 1). Por consiguiente, la «des-radicalización» es el proceso de abandono de una cosmovisión extremista, concluyendo que no es aceptable utilizar o apoyar la violencia para efectuar un cambio social.

Llegados a este punto, y como paso previo a analizar los distintos programas implantados a nivel europeo para contrarrestar la ideología yihadista, resulta necesario hacer una precisión terminológica de hondo calado, debiendo distinguir los conceptos «prevención de la radicalización», «des-radicalización» y «desvinculación», los cuales hacen referencia a tres realidades completamente distintas.

La prevención de la radicalización constituye fundamentalmente un conjunto de medidas políticas, sociales, educativas e incluso religiosas, dirigidas a un conjunto de individuos inespecíficos con el objetivo de evitar su radicalización (Vidino, 2013: 26). Teniendo en cuenta esta pretensión, se infiere claramente que la prevención de la radicalización no puede constituir únicamente una tarea asignada de forma exclusiva a las fuerzas de seguridad, sino que más bien exige la participación a distintos niveles y con la implicación tanto de profesionales de las ciencias sociales y de la conducta, así como de la sociedad en su conjunto.

Por su parte, la des-radicalización hace referencia al efectivo abandono de la ideología extremista por parte de un sujeto, de tal manera que ese mismo sujeto lleva a cabo un proceso de moderación de las propias creencias de signo extremista (Neumann, 2013: 7). Por consiguiente, la des-radicalización se diferencia de la prevención de la radicalización sobre todo en función del grupo de destinatarios. Efectivamente, contrariamente a lo que sucede con la prevención, la des-radicalización se dirige sobre todo a individuos que ya se encuentran radicalizados o en una fase avanzada en el proceso de radicalización.

Finalmente, la desvinculación (disengagement) supone, en cambio, la mera retractación de ejercer la violencia por parte de un individuo, sin que en el mismo se produzca necesariamente una reorientación ideológica. De este modo, la desvinculación es simplemente el proceso a través del cual un individuo cambia su comportamiento, absteniéndose de utilizar la violencia, y retirándose de una organización radical. En este sentido, Horgan sostiene que la desvinculación de una organización terrorista no implica necesariamente abandonar el grupo, sino que más bien una persona se desprende del terrorismo al no ejecutar ataques violentos, si bien esa misma persona puede seguir afiliada a la organización radical (2008: 24-25). Expresado en otros términos, un sujeto puede estar desvinculado de una organización terrorista, permaneciendo no obstante como un extremista radical, rechazando, por ejemplo, un determinado sistema político vigente en Occidente, si bien se desmarca de la utilización de medios violentos para lograr sus objetivos ideológicos.

Resulta indudable que esta delimitación terminológica que se acaba de realizar tiene consecuencias a la hora de diseñar programas de intervención con sujetos imbuidos de una ideología radical islamista. Así, los programas de prevención de la radicalización suelen ser de carácter heterogéneo, diferenciándose entre ellos de forma considerable en función de su naturaleza y de la filosofía que subyace a los mismos. Así, algunos proyectos tienen un carácter explícitamente «islámico», teniendo por tanto un fuerte componente religioso.[2] Otros proyectos intentan por su parte ayudar a jóvenes musulmanes susceptibles de ser radicalizados a que se integren en la sociedad europea y accedan a una formación académica o a un trabajo remunerado.

Por su parte, los programas de des-radicalización se centran sobre todo en cambiar, en modificar a largo plazo las ideas radicales de un determinado individuo, no simplemente un cambio en su comportamiento, como así ocurre en cambio con los programas de desvinculación. Tal y como señala al respecto Neumann, en estos programas de des-radicalización no se trabaja únicamente en que un sujeto se desvincule de ambientes de naturaleza extremista y se solucionen conflictos y situaciones tensas, sino que el trabajo de convencimiento ideológico juega también un papel fundamental (2013: 8). En opinión de no pocos científicos sociales, este enfoque es el más exigente en el ámbito de la des-radicalización, ya que el mismo se dirige directamente a aquellos convencimientos aceptados como verdaderos por parte de los extremistas y que, en muchos casos, se han convertido en parte de la identidad de los sujetos radicalizados.

Pues bien, teniendo en cuenta que resulta una tarea indudablemente difícil modificar las preferencias fundamentales de una persona, a saber, su ideología, algunos académicos sostienen que la desvinculación debe ser el foco de los programas existentes. En este sentido se considera que aunque las creencias personales de un individuo pueden resultar abominables para la sociedad dominante, son sólo las acciones de la persona las que realmente pueden causar daño. En consecuencia, los esfuerzos para rehabilitar a los terroristas deberían centrarse, sobre todo, en cambiar su comportamiento, más que sus ideas o ideología. Sin embargo, incluso si los escépticos de la des-radicalización tienen razón y la desvinculación es una meta más factible para los programas patrocinados a nivel gubernamental, eso no significa necesariamente que la des-radicalización sea imposible. En algunos casos, la desvinculación puede realmente ser el primer paso en un camino a largo plazo hacia la des-radicalización (Rabasa et al., 2010: 9).

Como punto final a este epígrafe introductorio conviene destacar que los programas dirigidos a luchar contra y prevenir la radicalización que se aplican actualmente en Europa se diferencian entre ellos de forma considerable, y ello tanto en lo relativo a sus fines, estructuras, partidas presupuestarias, así como en la filosofía subyacente. Ello es, en parte, comprensible si se tiene en cuenta que las experiencias están marcadas por elementos políticos, sociales, culturales y jurídicos vigentes en cada uno de los países en particular. Por otro lado, hay que tener también en cuenta que todos estos programas se están aplicando desde hace pocos años, por lo que todavía resulta prematuro y complicado valorar sus respectivos efectos. Con todo, las experiencias que hasta ahora se han ido reuniendo muestran una serie de características, retos y problemáticas, las cuales afectan ciertamente a todos los programas europeos de prevención de la radicalización y de des-radicalización. Por ello, a continuación se van a describir las iniciativas para la prevención de la radicalización y los programas de des-radicalización que se están llevando a cabo en el Reino Unido, Alemania y Francia para, posteriormente, analizar la situación en España con respecto a la implantación y desarrollo de estas distintas estrategias. En la parte final del trabajo, y antes de entrar en las conclusiones, se abordarán las dificultades y aspectos negativos que presentan los distintos programas y estrategias a nivel europeo.

 

Los programas llevados a cabo en el Reino Unido

En el año 2006, tras los terribles atentados islamistas de Londres en julio de 2005, el Gobierno del Reino Unido publicó el documento Countering International Terrorism: The United Kingdom’s strategy (HM Government, 2016). Dicho documento señalaba que desde principios del año 2003, el Reino Unido disponía de una estrategia conocida como CONTEST, dirigida a combatir el terrorismo internacional. La estrategia estaba dividida en cuatro líneas fundamentales: (1) Prevenir, la cual estableció el marco de la contra-radicalización y todo lo que viene antes de involucrarse en una actividad terrorista; (2) Perseguir, que detallaba las estrategias para prevenir y eliminar las amenazas directas de ataques terroristas; (3) Proteger, que se ocupaba más específicamente del control fronterizo, los sistemas de transporte y, en general, de toda la infraestructura crítica; (4) Preparar, cuyo objetivo era reforzar la capacidad de resistencia del Reino Unido y su población ante posibles ataques terroristas. Dicha estrategia fue revisada en el año 2009, bautizándose informalmente como «CONTEST II».

El documento aprobado en el año 2006 afirmaba que la línea denominada PREVENT estaba preocupada por abordar la radicalización de los individuos asentados en el Reino Unido, teniendo como misión específica responder al desafío ideológico del terrorismo y a la amenaza proveniente de quienes lo promueven.

Posteriormente, en el año 2011, la coalición gubernamental revisó la estrategia PREVENT, identificándose tres objetivos fundamentales: (1) «Responder al reto ideológico del terrorismo y a la amenaza a la que nos enfrentamos por parte de quienes lo promueven; (2) Prevenir que las personas sean atraídas por el terrorismo y asegurarse de que reciban asesoramiento y apoyo adecuados; (3) Trabajar con una amplia gama de sectores e instituciones (incluida la educación, la fe, la salud y la justicia penal) allí donde hay riesgos de radicalización que deben ser abordados» (HM Government, 2011: 7). Además señaló que «una estrategia como PREVENT debe involucrarse con muchos de los sectores considerados aquí porque estos tienen la capacidad de abordar y resolver los desafíos a los que nos enfrentamos». Conviene señalar, además, que la estrategia PREVENT fue expresamente modificada en el año 2011 para abordar «todas las formas de terrorismo»[3] y «el extremismo no violento, que puede crear un ambiente propicio para el terrorismo y puede popularizar las opiniones que los terroristas explotan». Dicha estrategia definía «extremismo» como «la oposición abierta o activa a los valores británicos fundamentales, incluyendo la democracia, el Estado de derecho, la libertad individual y el respeto mutuo, así como la tolerancia y el respeto mutuo hacia las diferentes confesiones y creencias». También incluía en su definición de extremismo las «llamadas a ocasionar la muerte de miembros de las Fuerzas Armadas, ya sea en el Reino Unido o en el extranjero» (HM Government, 2011: 107).

Para lograr los objetivos de prevención de la radicalización y, eventualmente, des-radicalización de individuos imbuidos del salafismo yihadista, la nueva estrategia PREVENT se basó fundamentalmente en el programa CHANNEL. Ya en el año 2009, el Gobierno británico describió a CHANNEL como «una iniciativa comunitaria que utiliza colaboraciones existentes entre la policía, los representantes de las autoridades locales y la propia comunidad local para identificar a los que corren el riesgo de estar expuestos al extremismo violento y para apoyarlos, principalmente a través de intervenciones basadas en la comunidad» (HM Government, 2010: 13). Por consiguiente, CHANNEL hay que considerarlo sin duda como un elemento clave de la estrategia PREVENT. El programa debía constituir básicamente un enfoque interinstitucional dirigido a identificar y proveer apoyo a individuos que estuviesen en riesgo de ser atraídos hacia el terrorismo. CHANNEL fue probado por vez primera en el año 2007, desarrollándose en Inglaterra y Gales a partir de abril de 2012. Posteriormente, la Counter-Terrorism and Security Act del año 2015 estableció una serie de disposiciones que afectaban directamente al programa CHANNEL. Así, los Capítulos 1 y 2 de la Parte 5 de la mencionada ley (arts. 26 a 41), regulan respectivamente las medidas de prevención para evitar que las personas sean arrastradas al terrorismo, y las medidas de apoyo para personas vulnerables de verse arrastradas hacia el terrorismo.

Tal y como se ha señalado supra, el programa CHANNEL está dirigido a brindar apoyo a aquellos individuos asentados en suelo británico que corren el riesgo de ser atraídos hacia el extremismo violento (y no violento). En su versión primigenia, dicho programa tenía tres objetivos fundamentales: (1) Identificar a aquellos individuos en riesgo de ser atraídos hacia el extremismo violento;[4] (2) Evaluar la naturaleza y el alcance de ese riesgo; (3) Desarrollar el apoyo más adecuado para las personas afectadas.

El público que constituye el objetivo principal para el programa CHANNEL está formado por aquellas personas que son vulnerables a ser reclutadas por grupos afiliados, influenciados e inspirados por organizaciones como Al Qaeda o Estado Islámico. Sin embargo, el mencionado programa reconoce que los principios en que se basa son igualmente relevantes para aquellos individuos que pueden ser blanco de otros grupos extremistas violentos. Por consiguiente, CHANNEL trata de asegurar que tanto niños como adolescentes, jóvenes y adultos vulnerables de cualquier fe, etnia o background reciban apoyo antes de que sus vulnerabilidades sean explotadas por individuos o grupos que desearían que aquellos abrazasen el terrorismo, y antes de que se involucren en actividades criminales relacionadas con el terrorismo, por lo que el programa CHANNEL supone implícitamente también un programa de des-radicalización.

El trabajo principal del programa CHANNEL se realiza a través de una serie de paneles o grupos de naturaleza multidisciplinar. Según se establece en el art. 37 (1) de la Counter-Terrorism and Security Act 2015, dichos paneles deben están presididos por la autoridad local, debiendo incluirse al oficial principal de la policía del área donde se encuentra la demarcación de la autoridad local. Dependiendo de la naturaleza del caso, el panel puede incluir a los siguientes colectivos: escuelas, institutos, universidades, servicios que tratan con menores delincuentes, servicios de salud, agencia de fronteras británica, trabajadores sociales, vivienda, prisiones, probation, así como comunidades locales, organizaciones de voluntariado y organizaciones benéficas.

Hay que decir que CHANNEL no está en principio concebido como un programa ideado para recolectar inteligencia, si bien requiere el intercambio de información sobre personas en riesgo, lo cual, de darse indicios de criminalidad, da lugar a activar a las fuerzas de seguridad. De hecho, y tal y como se acaba de indicar, la responsabilidad principal de este programa recae en oficiales de policía, los cuales solicitan a los miembros del panel información relevante sobre un individuo. Como se verá posteriormente, esto plantea una serie de problemas con unas consecuencias negativas en relación a las personas que pueden verse sometidas al programa CHANNEL.

El trabajo de los paneles multidisciplinares de CHANNEL se basa en las referencias (referrals) que son remitidas por distintos colectivos como familiares, compañeros de trabajo, docentes, profesionales, conocidos, etc., sobre una serie de individuos sospechosos de estar iniciando un proceso de radicalización, o que bien ya se encuentran radicalizados. Las referencias enviadas son examinadas primero por el Coordinador de CHANNEL para asegurarse de que las mismas no son maliciosas o equivocadas, que la participación de la persona en el programa no se compromete con una investigación en curso, o que el individuo no es vulnerable. En todos estos casos, el sujeto afectado no entra en el programa CHANNEL. A partir de ahí comienza un análisis preliminar, evaluándose la eventual vulnerabilidad de un sujeto. Para ello se utilizan los siguientes tres indicadores: (1) Vinculación con un grupo, causa o ideología; (2) Intención de causar daño; (3) Capacidad para causar daño (HM Government, 2015: 11-12). A su vez, cada uno de estos indicadores está compuesto por una serie de factores que se denominan «de riesgo». Estos factores, tomados en su conjunto, forman una visión holística de la vulnerabilidad de un individuo; vulnerabilidad que, se considera, otorga a los miembros de panel una información relevante respecto a las decisiones sobre si una persona necesita apoyo y qué tipo de apoyo puede resultar apropiado para revertir un eventual proceso de radicalización. A modo de ejemplo, el programa CHANNEL establece los siguientes factores de riesgo: (1) Pasar un individuo un tiempo creciente en compañía de otros sujetos sospechosos de ser extremistas; (2) Cambiar su estilo de vestimenta o apariencia personal de acuerdo con el grupo; (3) Expresar actitudes que justifiquen acciones delictivas en nombre de un grupo, causa o ideología extremista; (4) Tener antecedentes por actos violentos; (5) Poseer habilidades profesionales que puedan permitir actos de terrorismo (tales como una titulación en ingeniería civil, farmacología o construcción, o bien habilidades en informática) (HM Government, 2015: 12). Conviene señalar que estos ejemplos de factores «de riesgo» que se acaban de mencionar no son exhaustivos, de modo que la vulnerabilidad puede manifestarse de otras maneras.

Una vez queda acreditada la vulnerabilidad de un individuo, se realiza por parte del panel una evaluación de necesidades para determinar el tipo de apoyo en concreto que necesita el sujeto en cuestión. La gama de apoyos van desde los servicios generales, tales como la salud y la educación, hasta la tutoría especializada o la orientación para aumentar la comprensión teológica y/o desafiar los llamamientos provenientes de las ideologías violentas. También se pueden incluir actividades alternativas más amplias, como, por ejemplo, cursos de formación adecuados. El tipo de actividades que se incluyen en un paquete de apoyo depende del riesgo, la vulnerabilidad y los recursos locales.

 

La prevención de la radicalización en Alemania

En relación al país germano hay que señalar que las estrategias de prevención de la radicalización, des-radicalización y salida o abandono de la ideología radical islamista vienen marcadas por una evolución en sentido positivo, a partir sin duda de experiencias de signo negativo.

Debido a su estructura federal, el trabajo preventivo desarrollado en Alemania en el contexto del salafismo y la radicalización islamista es lo más parecido a un mosaico. Así, y al contrario que otros países europeos, hasta el año 2012 no existía en el país germano una estrategia preventiva unitaria vigente para todo el territorio (Fouad & Taubert, 2014: 407), de tal manera que eran los distintos Länder los que desarrollaban métodos distintos y medidas distintas en este concreto ámbito.

En un primer momento, y a nivel federal, la Oficina de Protección de la Constitución (Bundesamt für Verfassungschutz, BfV) impulsó en julio del año 2010 un programa denominado HATIF (acrónimo de «Heraus aus Terrorismus und Islamistischem Fanatismus», lo cual podría traducirse como «Salida del terrorismo y del fanatismo islamista»). Junto a la creación de una página Web, dicho programa impulsó una línea telefónica la cual se encontraba activa las 24 horas al día y que ofrecía sus contenidos en alemán, turco y árabe. A través de la mencionada página se podían denunciar de forma anónima Webs yihadistas que estaban siendo utilizadas por numerosos usuarios y que podrían dar lugar a procesos de radicalización. Además, HATIF suponía la puerta de entrada para, hasta la fecha, único programa de des-radicalización islamista existente en Alemania. Así, aquellos sujetos que querían desmarcarse de la escena yihadista podían encontrar en HATIF un lugar de información y asesoramiento para conseguir ayuda en caso de amenazas, transmisión de formación académica o profesional, ayuda material en casos particulares de urgencia, así como, si el solicitante lo deseaba, ofertas de apoyo y ayuda de carácter externo. Hay que señalar que dicha página dejó de estar operativa en septiembre de 2014 debido fundamentalmente a la falta de interés. Prácticamente nadie marcó el número de teléfono gratuito que aparecía en la mencionada Web, debido sobre todo a que la presencia «en la sombra» de la Oficina Federal de Defensa de la Constitución suscitaba todo tipo de recelos y sospechas por parte tanto de jóvenes islamistas como de sus familias (Mansour, 2015: 237). Ciertamente, las fuerzas de seguridad constituyen en muchos casos unos interlocutores decisivos en el contexto del radicalismo islamista germano; sin embargo, pronto se vio en Alemania que la policía ni podía ni debía llevar a cabo un servicio de asesoramiento en la medida necesaria, debiendo, por el contrario, gozar los trabajadores del ámbito de las ciencias sociales y de la conducta de absoluta prioridad. Además, esta asunción se deriva también de los peligros asociados a la eventual criminalización de un colectivo humano como es el salafismo, cuyas actividades ciertamente sólo en un pequeño porcentaje resultan relevantes a efectos penales,[5] y cuyas causas hay que buscarlas de forma prioritaria en el ámbito personal y familiar de los individuos eventualmente radicalizados.

También en Alemania, las Fuerzas de seguridad están continuamente sometidas a la sospecha general de que las medidas de prevención que impulsan tienen el objetivo último de obtener información de determinados sujetos. Esto que hace que no pocos programas de prevención de radicalización impulsados en el país germano levanten prejuicios entre el colectivo musulmán. Por todo lo explicado, el encargo de implantar un determinado programa en forma de trabajo de atención y asesoramiento se consideró que debía ser confiado exclusivamente a actores de la sociedad civil, o bien a un constructo formado por este colectivo y las propias fuerzas de seguridad (Fouad & Taubert, 2014: 412).

Pues bien, teniendo en cuenta todos estos precedentes, en el año 2011 el Gobierno alemán, como consecuencia principalmente del atentado islamista cometido por Arid Uka en el aeropuerto de Frankfurt a.M. en marzo de ese mismo año, decidió crear, de forma inmediata, una institución de asesoramiento la cual debía ocuparse fundamentalmente de aquellos familiares y allegados de menores o jóvenes que posiblemente podían estar imbuidos de la ideología salafista radical, ofreciendo para ello una serie de indicaciones y ayuda. La encargada de coordinar esta iniciativa fue la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF), la cual fue la encargada de impulsar el programa denominado «Beratungsstelle Radikalisierung» (Oficina de asesoramiento radicalización). A la hora de tomar esta decisión resultó un aspecto significativo el hecho de que este organismo había venido recibiendo críticas positivas debido fundamentalmente a los numerosos campos de actuación que tiene en el ámbito de la integración del colectivo inmigrante (Endres, 2014: 4). De este modo, la oficina de asesoramiento inició su andadura el 1 de enero del año 2012 mediante la activación de una línea telefónica gratuita,[6] estableciéndose también una oferta de apoyo y asesoramiento en todo el territorio federal.

El proceso de asesoramiento por la parte de la mencionada oficina se desarrolla de la siguiente manera: Aquellas personas que se encuentran a la búsqueda de asesoramiento –bien personal, bien con respecto a allegados o amigos/conocidos– se ponen en contacto con la Oficina, ya sea a través de la línea telefónica gratuita, ya mediante el correo electrónico. Durante la primera conversación, el solicitante describe la situación en concreto, uniéndole en la mayoría de los casos sus preocupaciones y sus miedos. Junto con los trabajadores de la BAMF se tratan de identificar las necesidades, dándose las primeras indicaciones. En muchos casos, la persona que llama informa de manera muy detallada sobre los cambios experimentados en el familiar o amigo/a. De este modo, ya durante la primera conversación pueden identificarse factores centrales (crisis de identidad, problemas en la escuela o en el trabajo, conflictos intra-familiares), los cuales quizá pueden explicar por qué un sujeto se ha orientado, por ejemplo, hacia el salafismo, vislumbrándose la correspondiente radicalización (Endres, 2014: 5).

Los trabajadores ofrecen entonces a la persona que ha contactado una intervención de carácter gratuito consistente en derivar el caso a una de las asociaciones colaboradoras con la BAMF distribuidas por todo el territorio germano. Ahora bien, en estos casos, la persona que ha llamado debe facilitar tanto su identidad como un número de teléfono. Consultas de forma anónima no suelen, por regla general, derivarse desde la BAMF a las asociaciones colaboradoras.

La Oficina de asesoramiento garantiza contactar tan pronto como sea posible con la persona que ha llamado; contacto que se produce por parte de las entidades colaboradoras. En caso de que la persona afectada no tenga conocimientos de alemán, tanto el equipo de la BAMF como las entidades colaboradoras están en disposición de realizar su actividad utilizando distintos idiomas.

En la actualidad son un total de ocho las instituciones que colaboran activamente con la BAMF para desarrollar su programa,[7] debiendo destacarse la Oficina de asesoramiento HAYAT, con sede en Berlín, así como la asociación Violence Prevention Network, la cual actúa en la zona sur del país. Los trabajadores de estos centros atesoran en su mayoría experiencia en la asistencia y orientación familiar tanto en el extremismo islamista como en el contexto neonazi, tratándose de equipos multidisciplinares.

Una vez que una persona ha sido derivada por la BAMF a una entidad colaboradora, es entonces cuando ésta comienza su trabajo. En primer lugar el contacto se produce telefónicamente. No obstante, a partir de ahí es frecuente que se produzca un encuentro personal entre el equipo asesor y la persona que ha acudido buscando consejo. Ello, por regla general, permite a los trabajadores de la entidad construir de forma rápida una relación de confianza con los allegados de la persona que eventualmente se ha radicalizado. Conviene señalar en este punto que los trabajadores de las entidades garantizan la confidencialidad durante todo el proceso, a no ser que se lleguen a conocer aspectos que afectan a la seguridad. En estos casos se le hace saber a la persona que busca asesoramiento lo imprescindible que resulta informar e incluir en el proceso a las fuerzas de seguridad (Endres, 2014: 5).

Una tarea fundamental de las entidades colaboradoras es desarrollar una estrategia junto con la persona que acude; estrategia que permite iniciar los primeros pasos a seguir de cara a la des-radicalización. Para ello resulta necesario reconocer las necesidades de la persona radicalizada y trasladarlas a todo el equipo que trabaja en el proceso. El asesoramiento persigue ante todo el objetivo de establecer de nuevo un vínculo de unión entre los familiares y la persona radicalizada. En una fase posterior, la entidad incluye en el proceso de asesoramiento a una serie de actores provenientes de las propias redes y estructuras (por ejemplo, oficinas de asesoramiento familiar, escuelas, etc.); todo ello en función de las características del caso. En este punto del proceso también puede, por ejemplo, involucrarse a imanes, para con ello transmitir a los jóvenes una serie de interpretaciones del Islam alejadas del extremismo (Endres, 2014: 6). Hay que decir que la BAMF es informada regularmente sobre el transcurso de cada procedimiento de des-radicalización por parte de las entidades colaboradoras.

Otro elemento del asesoramiento es la organización y moderación de encuentros entre las personas allegadas de los sujetos que son objeto de intervención. La interacción con otras personas que se encuentran en una situación semejante resulta de tremenda ayuda para aquellas familias que acuden buscando ayuda, completándose así la oferta de asesoramiento. La reunión con otras personas afectadas tiene como efecto positivo una estabilización emocional, ayudando a discutir con otros, y al mismo nivel, una serie de preocupaciones, miedos y problemas.

Hay que decir que los datos que obran en poder de las autoridades alemanas indican que la inmensa mayoría de las personas que se han radicalizado en este país tienen edades comprendidas entre los 18 y los 24 años.[8] En casi un 20 por 100 de los casos las edades oscilaban entre los 12 y los 17 años. Otro 20 por 100 tenían más de 25 años. Aproximadamente un tercio de las personas son de sexo femenino. A destacar también es el hecho de que un 65 por 100 de las personas, en mayor o menor medida, radicalizadas se había convertido al Islam (Endres, 2014: 9-10).

A continuación, y a modo de ejemplo, se va a proceder a describir brevemente la forma de actuación del programa HAYAT. La Oficina de Asesoramiento HAYAT (concepto árabe que significa «vida») se inserta en el Centro de Cultura Democrática (ZDK, por sus siglas en alemán), con sede en Berlín.[9] El organismo que lleva a la práctica esta iniciativa desde comienzos del año 2012 –por encargo de la BAMF– también dirige el conocido programa «EXIT», destinado a aquellos sujetos de extrema derecha que quieren abandonar dicha ideología. Lógicamente, muchas de las experiencias obtenidas con este último programa han sido aplicadas a las tareas de asesoramiento en el contexto del islamismo radical.

Para que el equipo multidisciplinar del programa HAYAT pueda realizar su labor de asesoramiento se requieren dos importantes condiciones: (1) En primer lugar, la conversación inicial que se desarrolla con los padres o bien personas allegadas de un sujeto eventualmente radicalizado debe determinar si se está realmente delante de una efectiva radicalización o si más bien el joven ha cambiado, sin más, sus hábitos religiosos; (2) En segundo lugar, los padres o allegados deben ser conscientes de que el proceso será largo y dificultoso, pudiendo llegar a extenderse durante un dilatado lapso temporal (Mansour, 2015: 251). Lógicamente, a los padres o allegados les resulta más fácil acudir a un programa como HAYAT que activar la vía policial. En opinión de Mansour, en tanto que todavía resulta posible, en casos de radicalización debe activarse en primer lugar la vía civil y social (2015: 251).

El trabajo de HAYAT se focaliza en actuar desde un segundo plano. Así, los jóvenes objeto de intervención no deben en principio saber que sus familiares han activado ayuda del exterior. Ello podrían considerarlo como una traición, perturbando aún más si cabe la relación de confianza entre, por ejemplo, padres e hijo/a. Por ello, la labor de los trabajadores del programa HAYAT consiste fundamentalmente en ayudar a los progenitores a desarrollar una serie de estrategias que les pueden permitir acercarse de nuevo a su hijo/a. El punto central del trabajo desarrollado por el programa HAYAT se encuentra en la creación de una especie de red a través de la cual puede abarcarse todo el entorno del joven. Se trata fundamentalmente de intentar encontrar a personas de referencia para el joven o bien aquellas personas que podrían actuar como modelos positivos, para con ello crear una especie de contrapeso con respecto a los modelos y personas de referencia que han influido negativamente en el menor o joven dentro de la escena radical.

Según señala Claudia Dantschke, directora del programa que aquí se analiza, las familias son la clave del proceso de desradicalización. En su opinión y por su experiencia, no existe prácticamente ningún caso en el cual la situación familiar no contribuyó en su momento a que uno de sus miembros sucumbiera a un proceso de radicalización (Musharbash, 2015: 3).[10]

Desde que el programa HAYAT inició su andadura en el año 2012, adscrito a la BAMF, y hasta finales del año 2015, se han tramitado 204 casos tanto en la oficina de Berlín como en la abierta en Bonn. De estos, un total de 50 se consideraron como «relevantes desde el punto de vista de la seguridad», es decir, tenían relación con un viaje a zonas de conflicto o con la participación en grupos terroristas. Se considera que se han podido finalizar 75 casos, 40 de ellos «en un sentido positivo», lo cual significa lo siguiente: la relación con ambientes radicales ha finalizado, la persona afectada se ha estabilizado, trabaja o estudia, siendo parte de un entramado social convencional. Se trata de 40 casos de un total de 204; números que indican lo laborioso que es un proceso de des-radicalización. Esos números muestran no obstante también que el proyecto puede funcionar (Musharbash, 2015: 2).

Tal y como se ha señalado al comienzo del presente epígrafe, junto a la estrategia federal impulsada desde la BAMF (Beratungsstelle Radikalisierung), algunos Länder han venido desarrollando en los últimos años, a nivel regional, iniciativas y programas dirigidos tanto a prevenir la radicalización como a apoyar la des-radicalización. En este contexto, el programa de prevención de la radicalización más ambicioso en el ámbito del salafismo se creó en el año 2014 en el Land de Renania del Norte-Westfalia. El encargo para poner en marcha el programa denominado «Wegweiser» (indicador del camino) lo recibió la Oficina Regional para la Protección de la Constitución (Landesamt für Verfassungsschutz).[11] Partiendo del trabajo de tres asociaciones con sede en las ciudades de Bochum, Bonn y Düsseldorf, un conjunto de asistentes (Betreuer) procedentes de variadas disciplinas hacen las veces de personas de contacto o interlocutores para las familias de aquellos sujetos que eventualmente se encuentran inmersos en un proceso de radicalización, o bien ya se han radicalizado. Para ello, dichos asistentes deben buscar las soluciones que resulten más adecuadas a cada caso individual, estableciendo para ello los correspondientes contactos con distintas instituciones como mezquitas, organizaciones sociales, centros educativos, policía, organizaciones de inmigrantes, así como otras organizaciones activas socialmente. Por regla general, los asistentes deciden por propia iniciativa en qué casos deben integrar en su intervención a la Oficina de Defensa de la Constitución. A sensu contrario, este organismo oficial desempeña el papel de iniciador, coordinador y financiador de «Wegweiser», no ejerciendo en cambio influencia alguna en el trabajo de asesoramiento que se realiza en un determinado lugar, el cual está basado en la confidencialidad.

Las personas de contacto a nivel local tienen por regla general formación pedagógica, experiencia en el trabajo de asesoramiento y en el trato con personas jóvenes. Además se caracterizan por poseer sólidos conocimientos sobre el Islam, dominando incluso varios idiomas. Aquéllas asesoran a los que piden ayuda, activan contactos relevantes e inician medidas concretas, desarrollando estrategias de solución del conflicto de forma individual y atendiendo a cada caso en concreto. Dichas personas de contacto a nivel local están presentes durante todo el proceso de asesoramiento.

«Wegweiser» constituye básicamente un programa de prevención de carácter integral, el cual se pone en marcha en fases muy tempranas y abarca multitud de ámbitos. El mismo pretende impedir la entrada en la escena salafista, o bien ayudar a aquellos individuos que han dado ya sus primeros pasos dentro de dicha ideología. Para aquellos sujetos que, en cambio, ya están muy introducidos en el movimiento salafista y lo que buscan es alejarse de dichos ambientes, existe un programa de salida (Aussteigerprogramm) del Ministerio, el cual proporciona ayuda de carácter individual.

Por lo demás, al programa «Wegweiser» pueden acudir todas aquellas personas que tienen cuestiones relacionadas con el salafismo extremista y la radicalización islamista o bien necesitan apoyo concreto. Entre esas personas cabe destacar las siguientes: (1) Padres que temen que su hijo se haya podido haber radicalizado; (2) Amigos, profesores, compañeros de clase, trabajadores sociales o compañeros de trabajo que han podido percibir una serie de transformaciones en el sujeto en cuestión, y que no pueden interpretar de forma positiva; (3) Instituciones como por ejemplo las escuelas, asociaciones juveniles o bien autoridades que desean tener información precisa sobre el salafismo extremista (Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 2017: 2).

Finalmente hay que decir que, por un lado, los expertos alaban la colaboración del Ministerio del Interior del Land de Renania del Norte-Westfalia con asociaciones, organizaciones sociales, mezquitas y entidades de asesoramiento de familias. Pero, por otro lado, profesionales como la propia Dantschke critican que muchos jóvenes y sus familias no pueden ser atendidos por el programa «Wegweiser», señalando entre otras cosas que «programas en colaboración con la Oficina de Protección de la Constitución generan desconfianza en las personas objeto de intervención» (Unger, 2014).

 

Los planes de acción contra la radicalización en Francia

En el caso de Francia, la implantación de programas de prevención de la radicalización islamista y des-radicalización se inició con cierto retraso con respecto a otros países de Europa como es el caso del Reino Unido o Alemania. Así, los responsables de la lucha antiterrorista en Francia se encontraron en principio en desacuerdo con los enfoques llevados a cabo en países como los que se acaban de mencionar, por muchas razones. Quizá una de las más importantes es el modelo de secularismo defendido a ultranza por el contraterrorismo galo. Para los funcionarios encargados de la lucha antiterrorista, la creación por ejemplo de acuerdos de colaboración formales con imanes o instituciones religiosas comunitarias era algo que contradecía de forma palmaria el modelo de laicismo imperante en Francia. Por otro lado, la estrategia antiterrorista gala se diseñó en su momento en torno a un núcleo legal bastante fuerte, que sus funcionarios denominaron un «enfoque estrictamente jurídico», en virtud del cual no le correspondía al Estado anticipar o intervenir en los procesos de radicalización que eventualmente conducen a la violencia, sino que más bien debía aquél centrarse en lo que está contemplado o no como delito en el Código Penal (Ragazzi, 2014: 10).

Sin embargo, dicha estrategia legalista y secular comenzó a cambiar a partir del año 2012, especialmente como consecuencia del «caso Merah» y del traslado de jóvenes franceses a países como Siria o Irak para actuar como «foreign fighters». Estos episodios convencieron a las autoridades gubernamentales galas de que la aplicación de una perspectiva de seguridad por sí sola no era suficiente, de tal manera que la lucha contra el terrorismo islamista en Francia ya no podía limitarse a detectar y castigar actos de terrorismo, sino que la misma debía estar también involucrada en los procesos a través de los cuales ciertos individuos sucumben a un proceso de radicalización y deciden asumir la violencia terrorista como conducta. Este cambio de paradigma presuponía y justificaba nuevos campos de intervención en ámbitos como la des-radicalización, dirigidos a implementar medidas específicas de carácter personal, ya sea una intervención de naturaleza psicológica, social, ideológica o religiosa.

Encargado por la Secretaría General de la Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN, por sus siglas en francés), el informe elaborado en el año 2013 por el Prefecto Yann Jounot, titulado «Prévention de la radicalisation», definió las principales orientaciones de una estrategia que fue posteriormente anunciada en abril de 2014 (Jounot, 2013).

Efectivamente, el 23 de abril de 2014 se publicó el Primer Plan de Lucha contra la Radicalización Violenta y las Redes Terroristas.[12] En términos de prevención, la estrategia supuso la paulatina implantación de las siguientes medidas: (1) Creación de un servicio nacional de ayuda y referencia para las familias (un número de teléfono gratuito); (2) Experimentación con un «plan individual de rehabilitación» basado en el modelo británico CHANNEL; (3) Desarrollo de un plan de acción en los entornos penitenciarios,[13] así como (4) Implantación de una «serie de medidas preventivas» que debían aplicarse con el fin de contrarrestar a los «predicadores del odio», siguiendo para ello un modelo de «contra-narrativas».

Así, en abril del año 2014, por iniciativa de la Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista (UCLAT) se creó una plataforma de alerta tanto telefónica como online, gestionada por el Centro Nacional de Asistencia y de Prevención de la Radicalización (CNAPR).[14] El CNAPR está integrado por ocho agentes policiales en la reserva a tiempo parcial, asistidos por dos policías y un psicólogo. Dicho organismo está encargado de centralizar los informes que emanan de las fuerzas de la policía y de la gendarmería, así como de las redes en contacto con individuos que se considera están inmersos en un proceso de radicalización (familia, amigos, compañeros de clase, maestros, etc.) (Quivooij, 2016: 2-4). La información suministrada por las personas que realizan las llamadas se utiliza para diagnosticar los «grados» de radicalización, clasificándose estos en una escala de 1 a 4 (Secrétariat Général du Comité Interministeriel de Prévention de la Délinquance, 2016). Los expedientes de casos de individuos sospechosos de ser amenazas creíbles se envían posteriormente a los servicios de inteligencia internos y a las prefecturas departamentales. Hay que decir que, hasta junio del año 2015, en torno al 65 por 100 de los informes considerados como creíbles por el CNAPR se habían realizado por teléfono, de ahí que los funcionarios hiciesen hincapié en el éxito de la línea telefónica de lucha contra la radicalización (Quivooij, 2016: 5).

Posteriormente, en enero del año 2015 se produjo el lanzamiento en Francia de una página Web oficial con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública gala mediante la información sobre la amenaza terrorista, las medidas antiterroristas, la propaganda salafista-yihadista y la radicalización.[15] Además, se lanzó un video anti-radicalización con el objetivo de deconstruir los argumentos de reclutamiento utilizados por los movimientos salafistas y yihadistas.[16]

Otra de las medidas impulsadas por el Plan del año 2014 fue la creación de células de control, las cuales son gestionadas por los prefectos departamentales. Dichas células están integradas por miembros de la policía y de las fuerzas de la gendarmería, representantes del Ministerio de Educación, servicios sociales y de protección de la infancia, ayuntamientos, centros de empleo, así como asociaciones juveniles y de familia. El primer objetivo de estas células de control es evaluar el peligro que pueden llegar a representar aquellos casos de radicalización detectados, por ejemplo, en escuelas de enseñanza primaria o secundaria. Para ello, los prefectos departamentales trabajan en estrecha colaboración con los fiscales. Por otro lado, el segundo objetivo de estas células de control es arbitrar e implementar aquellas medidas de apoyo y prevención para detener un eventual proceso de radicalización. Al respecto conviene señalar que dichas células de control prestan una especial atención a la dimensión religiosa de la radicalización, la cual, según el Ministerio del Interior francés, no puede ser ignorada, debiendo la misma ser abordada a través de líderes religiosos dignos de confianza (Quivooij, 2016: 4-5).

En este sentido, en el año 2015, el Departamento de Alpes Marítimos puso en marcha un programa de estas características que se ha convertido en algo así como un modelo. Gracias a las organizaciones locales de ayuda a la familia, como Entr’Autres, el citado departamento ha capacitado a maestros, trabajadores sociales, médicos, policías, funcionarios de prisiones y otros profesionales para que observen las señales de radicalización y, eventualmente, den la voz de alarma. Para ello, una vez a la semana se reúne una célula de control para seleccionar aquellos casos relevantes. Cuando el sistema funciona, las alertas a tiempo han conseguido, por ejemplo, impedir que algunos jóvenes abandonen territorio francés para unirse a las filas de Estado Islámico en Siria o Irak (The Economist, 2016).

Por otro lado, a partir del año 2014, Francia también implementó y desarrolló distintos programas de des-radicalización los cuales partían de enfoques teóricos específicos. Así, por ejemplo, el Centro de Prevención contra las Derivas Sectarias relacionadas con el Islam (CPDSI, por sus siglas en francés) inició un programa de des-radicalización basado en un apoyo familiar y psicoterapéutico, descartando a la vez los argumentos religiosos.[17] Para ello, las intervenciones llevadas a cabo con los padres afectados por la radicalización de sus hijos, así como con los combatientes extranjeros arrepentidos, se usan para favorecer una «disociación cognitiva», es decir, aumentar la conciencia de la brecha existente entre los argumentos de reclutamiento de los grupos salafistas-yihadistas y sus prácticas reales. El programa adoptado por el CPDSI se basa fundamentalmente en la observación cuidadosa de los jóvenes para detectar las razones y los factores que pueden explicar y favorecer su radicalización.[18]

Tras los atentados terroristas cometidos en Francia en enero y noviembre de 2015, unido al incesante aumento de jóvenes franceses radicalizados, el Gobierno francés presentó el 9 de mayo de 2016 un Plan de Acción contra la Radicalización y el Terrorismo.[19] Este Plan se centra en siete ejes fundamentales,[20] los cuales agrupan un total de 80 medidas, con las que se pretenden completar y ampliar las adoptadas en el Plan del año 2014. Dichas medidas revelan la preocupación del Gobierno galo por involucrar al mayor número de actores de la sociedad, tanto públicos como privados, laicos y religiosos, para confrontarlos con la problemática del terrorismo de base yihadista.

A lo que a este trabajo interesa, el análisis se va a centrar fundamentalmente en el eje núm. 4 (densificar los dispositivos de prevención de la radicalización para garantizar un apoyo público individualizado), el cual comprende, entre otras, las siguientes medidas (dentro de las 80 que prevé el Plan de Acción): Medida núm. 32: Doblar en los siguientes dos años (2016-2018) la capacidad de gestión de los individuos radicalizados o en vías de radicalización, así como de sus familias; Medida núm. 33: Generar 40 millones de Euros adicionales en dos años (2016-2018), para financiar nuevas medidas del Plan; Medida núm. 34: Crear, dentro de la Secretaría General del Comité Interministerial de Prevención de la Delincuencia y la Radicalización (CIPDR), una unidad de coordinación nacional y de apoyo para la acción territorial de los prefectos de departamento, de las asociaciones comunitarias y de las redes de los operadores; Medida núm. 39: Lanzar una nueva fase del Plan de prevención y de seguimiento de la radicalización en el sistema de educación nacional; Medida núm. 46: Fortalecer la complementariedad entre el Estado y los consejos departamentales dentro de la protección de los menores de edad contra el fenómeno de la radicalización y apoyar a las familias; Medida núm. 48: Invitar a los alcaldes y prefectos a desarrollar un componente de prevención de la radicalización dentro de los consejos locales de seguridad y prevención del delito, si la situación lo requiere; Medida núm. 51: Establecer equipos móviles a nivel interregional para proporcionar apoyo en la gestión de la atención a las personas radicalizadas o en vías de radicalización; Medida núm. 52: Crear, desde mediados de 2016 hasta finales del año 2017, en cada región, un centro de reinserción y de ciudadanía, con alojamiento, dedicado a las personas que se han radicalizado o que se encuentran en vías de radicalización.

Tal y como señala el Plan del año 2016, los métodos utilizados por las políticas de prevención de la radicalización en Francia se basan en mecanismos que tienen como objetivo obstaculizar el proceso de adoctrinamiento de los individuos. Su objetivo es contribuir a su desvinculación (désengagement), es decir, la renuncia a la violencia, o bien la des-radicalización (dé-radicalisation), es decir, la transformación del sistema de creencias del individuo (Fuchs, 2016).

Según se señala en el Plan del año 2016, en primer lugar viene la acción hacia los individuos radicalizados, en vías de radicalización, o simplemente vulnerables a la radicalización. En este caso se trata de intervenir para prevenir o revertir la elección realizada por un individuo libre y autónomo, pero todo ello evaluado en un contexto que debe tenerse en cuenta. En segundo lugar viene la acción a través del ambiente relacional y familiar, como testigo y trabajador primario, en contacto directo con la persona radicalizada. Se considera que esta proximidad afectiva puede crear oportunidades para una acción eficaz. En tercer lugar está la acción a través del grupo humano más grande, a saber, la comunidad, la cual puede ser utilizada como intermediaria de los poderes públicos, al igual que el entorno familiar. En este contexto, los componentes del Islam en Francia pueden jugar un papel muy valioso en materia de contra-discurso de naturaleza religiosa. Finalmente, en cuarto lugar se encuentra el conjunto de la sociedad, la cual debe mejorar la capacidad de recuperación a la propaganda terrorista y la capacidad de luchar contra todos los terrenos fértiles para la radicalización.

Para permitir la puesta en marcha de los dispositivos de prevención de la radicalización y movilización de todos los actores interesados, el Plan del año 2016 señala que resulta esencial que sean formados todos los profesionales que intervienen de una u otra manera. Por lo tanto, la Secretaría General del CIPDR ha desarrollado un amplio programa de formación, reconocido por su calidad. En este contexto, cerca de 7.000 personas, pertenecientes a los servicios públicos y a distintas asociaciones profesionales, han sido entrenadas desde el año 2014 para dotarles de las herramientas que les permitan detectar las señales de radicalización, ayudándoles a gestionar las situaciones individuales.

De entre todas las medidas previstas en el eje núm. 4 del Plan de Acción del año 2016, la sin duda más controvertida es la medida núm. 52, la cual estaba dirigida a crear, en todas y cada de las trece regiones francesas metropolitanas, un «centro de reinserción y de ciudadanía» (Centres de réinsertion et de citoyenneté), con alojamiento, destinado a personas ya radicalizadas o bien en vías de radicalización.

Cada centro estaba previsto que albergase a alrededor de 30 personas por un período de diez meses en régimen de internamiento, permitiendo a los internos visitar a sus familias durante los fines de semana, siempre y cuando éstas no hubiesen jugado un papel en su radicalización. El Gobierno francés afirmó que entre los años 2016-2018, alrededor de 3.600 individuos radicalizados ingresarían en estos centros de des-radicalización (Kern, 2017). El objetivo era que los individuos «radicalizados» y aquellos otros «en vías de radicalización» se alojasen en diferentes lugares. Así, los sujetos «radicalizados», categoría que incluye a individuos retornados del conflicto sirio/iraquí, debían ser sometidos a un programa de desconexión o desvinculación (désengagement). Por el contrario, a los «individuos en vías de radicalización» se les debían aplicar medidas preventivas, estando aquellos confrontados con actos de disciplina tales como usar uniformes de apariencia militar u oír el himno nacional francés a primera hora de la mañana. Los líderes religiosos de diferentes credos también debían estar involucrados en esta segunda categoría de individuos.

Los psiquiatras, los consejeros psicológicos, los educadores y los trabajadores sociales debían perseguir un primer objetivo de «de-adoctrinamiento» mediante el seguimiento psicoterapéutico y actividades tales como «diálogos en torno a la ciudadanía y el sentimiento republicano». Un segundo objetivo de la «reinserción» debía consistir en abordar cuestiones tales como el abandono de la escuela y la falta de formación profesional.

Los individuos «radicalizados» podrían ser obligados por un juez a ingresar en los centros como una alternativa a la detención, contrariamente así a los individuos «en vías de radicalización», los cuales podrían ingresar de forma voluntaria.

El primer centro de reinserción y de ciudadanía fue abierto en Beaumont-en-Verón durante el verano de 2016. Dicho centro tenía previsto acoger a una treintena de jóvenes radicalizados o en vías de radicalización por un periodo de unos diez meses, con un marco reforzado de carácter multidisciplinar. Sin embargo, el mencionado centro fue cerrado apenas un año después de su apertura, mostrando el contundente fracaso del Gobierno francés a la hora de impulsar estos centros de des-radicalización (Valderrama, 2017). A pesar de tener en plantilla a un total de 27 trabajadores, incluidos cinco psicólogos, cinco psiquiatras y nueve pedagogos, desde su inauguración únicamente 59 personas se interesaron en ingresar eventualmente en el mencionado centro. De esa cifra, sólo 17 enviaron la documentación pertinente, ingresando finalmente nueve, de los cuales ni uno sólo concluyó el programa que debía tener, como se ha dicho, diez meses de duración.

Claudia Dantschke, la cual –como se ha señalado anteriormente– posee una experiencia considerable en la des-radicalización práctica como jefa de la oficina de asesoramiento HAYAT, ha criticado duramente este enfoque francés al considerarlo como autoritario. La misma sostiene que tanto el salafismo como el yihadismo basan su atractivo hacia los jóvenes precisamente en el aspecto de la uniformidad y disciplina. En su opinión, los centros que se pretendían crear en Francia, más que combatir el extremismo, lo que iban a hacer es contribuir a reforzar la mentalidad extremista, produciendo la nueva generación de reclutas para Estado Islámico (Uhlmann, 2016: 2). Por su parte, la senadora Esther Benbassa afirmó que el programa de des-radicalización ideado por el gobierno galo había sido concebido de forma equivocada en un contexto marcado por una constante y grave amenaza yihadista, lo cual había dado lugar a que dicho plan hubiera sido elaborado a toda prisa por razones estrictamente políticas. «El Gobierno tenía pánico debido a los ataques terroristas», señaló Benbassa. «Fue precisamente ese pánico el que dirigió el activismo político. Se disponía de escaso tiempo en términos políticos, y se debía sobre todo tranquilizar a la población» (Kern, 2017).

Al hilo de lo expuesto en el párrafo anterior, conviene señalar que el día 22 de febrero de 2017 fue presentado al Comité del Senado para asuntos constitucionales y jurídicos el Informe «De-adoctrinamiento, des-reclutamiento y reintegración de yihadistas en Francia y Europa».[21] Uno de los objetivos de dicho informe era evaluar la eventual eficacia de los esfuerzos del Gobierno galo en tema de des-radicalización. Pues bien, una parte importante del mencionado Informe se enfocó en criticar duramente la creación de los centros de reinserción y de ciudadanía.

 

La estrategia española

Al igual que se ha señalado con respecto a Francia, la respuesta de España a la amenaza proveniente del terrorismo de base yihadista se basó en un primer momento en estrategias exclusivamente policiales, penales y de inteligencia. Por el contrario, los aspectos vinculados a la prevención de la radicalización y, llegado el caso, des-radicalización, fueron desoídos por los sucesivos gobiernos que llevaron las riendas del país tras los fatídicos atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. No fue hasta el año 2010 cuando dichos aspectos fueron incluidos en la agenda política.

Al analizar la estrategia española para abordar, entre otras cuestiones, los procesos de radicalización de individuos de religión musulmana asentados en territorio español, conviene hacer referencia en primer lugar a la Estrategia Integral Contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (EICTIR), aprobada en el año 2010 por el anterior Gobierno socialista y ratificada en el año 2012 por el Gobierno del Partido Popular, y que actualmente está pendiente de revisión (Ministerio del Interior, 2010: 1-13).

La mencionada estrategia se divide en cuatro pilares iniciales (a imagen y semejanza de la estrategia británica CONTEST), organizados en un total de 29 ámbitos, en cada uno de los cuales se proponen una serie de líneas estratégicas de actuación para su posterior desarrollo. De entre estos cuatro pilares conviene aquí destacar el primero, a saber, «Prevenir», el cual señala como objetivo prioritario el actuar en el origen y sobre las causas que generan el terrorismo yihadista, lo que se vincula, de una u otra forma, a los procesos de radicalización que propagan la base ideológica en la que se sustentan los terroristas. Entre las medidas que contempla la mencionada estrategia, conviene destacar el impulsar el trabajo a favor del reconocimiento identitario y de la integración de la comunidad musulmana de España, mayoritariamente moderada y en contra de los procesos de radicalización, utilizando para ello una serie de actuaciones en ámbitos clave como son la Administración local, las relaciones con el Islam, o bien profundizando en una política de comunicación adecuada (Ministerio del Interior, 2010: 6).

Posteriormente, los sucesivos atentados terroristas cometidos en suelo europeo y, unido a ello, el componente endógeno y el exponente homegrown que en España denota la actividad terrorista relacionada fundamentalmente con Estado Islámico, en especial con respecto a la más que destacada presencia de segundas generaciones entre los detenidos de nacionalidad española (Reinares y García Calvo, 2016: 73), reclamaban la aprobación de una nueva estrategia nacional de lucha contra el terrorismo y la radicalización violenta. Todo ello dio lugar a que en enero de 2015 entrase en funcionamiento en España el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (Ministerio del Interior, 2016), en el cual, entre otros asuntos, se incluyen medidas, iniciativas y proyectos para hacer frente a la prevención de la radicalización. Este Plan está estructurado en tres ámbitos de actuación: interno (dentro de España), externo (terceros países donde existan intereses españoles) y el ciberespacio (Internet), desarrollándose diferentes protocolos de actuación para hacer frente a las distintas situaciones que puedan presentarse. El mismo está elaborado según las directrices y estrategias de la Unión Europea, por un grupo de trabajo interministerial –doce Ministerios– estando el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) al frente de la coordinación.

El objetivo fundamental del Plan es «constituir un instrumento eficaz de detección temprana y neutralización de los brotes y focos de radicalismo violento, actuando sobre aquellas comunidades, colectivos o individuos en situación de riesgo o vulnerabilidad» (Ministerio del Interior, 2016).[22]

Para ello, entre otras medidas, el Ministerio del Interior puso en marcha a principios de diciembre del año 2015 una página Web cuyo objetivo es utilizar toda la información ciudadana para acotar y actuar sobre la captación de futuros radicales islamistas, así como para luchar contra la narrativa yihadista online. En concreto, la página www.stop-radicalismos.es permite a cualquier ciudadano comunicar de forma anónima posibles situaciones de personas o grupos radicalizados, o bien la existencia de individuos que han podido trasladarse a zonas de conflicto. Dicha página está disponible en español y en árabe. Existe también una aplicación policial para teléfonos de última generación titulada «Alertacops», la cual incluye una pestaña que permite denunciar conductas extremistas. Por último, hay también un número de teléfono, así como grupos locales en municipios y en distritos, integrados por policías o guardias civiles (en su caso) y por miembros o representantes de colectivos de musulmanes y otros agentes sociales. En estos casos, la actividad de estos grupos consiste en detectar y contrarrestar, ya desde el inicio, posibles casos de radicalización.

Toda la información obtenida por las distintas vías esbozadas va dirigida al CITCO, el cual se convierte en el receptor central de toda la información.[23]

A lo que este trabajo interesa, conviene destacar la puesta en marcha en España de los Grupos Locales de Lucha contra la Radicalización Violenta (GL-LCRV) (Caro, 2017). El fin de esta iniciativa, la cual está prevista dentro del proyecto «STOP radicalismos», es prevenir los procesos de radicalización islamista, interviniendo también en aquellos casos en los que un sujeto está inmerso en un proceso de radicalización. Para ello, desde el año 2017, el CITCO se está encargando de la formación de los miembros que en un futuro próximo compondrán estos grupos. El planteamiento de fondo que inspira estos grupos es simple: a nivel local hay actores que están en permanente contacto con la comunidad residente en barrios, tales como profesores, médicos, trabajadores sociales, etc., y que, a través de ellos o por su propia observación, pueden llegar a tener conocimiento de cambios de conducta preocupantes o signos de alarma en determinados individuos, familias o colectivos, pero que no saben cómo atajar ni a quién recurrir para pedir ayuda.

El objetivo de los GL-LCRV es básicamente proporcionar un foro de reunión periódica donde la comunidad educativa, sanitaria, de organizaciones asistenciales y de apoyo a colectivos de riesgo se siente a la misma mesa que los funcionarios, expertos de seguridad y de justicia de un municipio para intercambiar información y para que se valoren y gestionen estas «alertas tempranas». Al frente de estos grupos estará siempre un representante de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.

La activación real de estos equipos –ninguno de los cuales se ha constituido aún oficialmente, aunque Málaga, que ha acogido la experiencia piloto, está ya cerca de hacerlo– es, no obstante, algo más compleja. Se impone primero enseñar a quienes los van a integrar a percibir qué señales denotan que se está produciendo un eventual proceso de radicalización. Para la formación específica de los miembros de estos grupos existe un documento que se está elaborando en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, el cual estaba previsto que fuese presentado en el mes de noviembre de 2017 en la Comisión de Seguridad de dicha federación y que debería servir como guía para todos los ayuntamientos españoles. Hasta el momento hay que decir que ese documento no ha visto todavía la luz.

Como cabía esperar, esta iniciativa no ha estado exenta de críticas y reticencias, planteadas sobre todo por un buen número de los colectivos profesionales afectados. A las mismas se hará referencia en el próximo epígrafe.

Por último, conviene señalar que la Comunidad Autónoma de Catalunya ha puesto en marcha un programa denominado PRODERAI (Procediment de Detecció de la Radicalització Islamista), el cual tiene como objetivo prioritario el prevenir y detectar posibles casos de radicalización islamista en el conjunto de la mencionada Comunidad Autónoma (Generalitat de Catalunya, 2016).[24] Este programa, el cual es desarrollado por el cuerpo de los Mossos d’Esquadra en colaboración con las Policías Locales, se ha sectorizado en tres niveles de acción: (1) Ejecución penal (centros penitenciarios); (2) Proximidad (dirigido a aquellas unidades y agentes de la policía autonómica catalana y policía local que tienen un contacto más directo con ciudadanos y comunidades); (3) Comunidad educativa. En este último caso, el objetivo del programa es la prevención, detección e intervención de los procesos de radicalización islamista violenta en los centros educativos de Catalunya. Para ello se ha creado el Programa «Prevenció, Detecció e Intervenció de Processos de Radicalització als Centres Educatius» (Departament d’Ensenyament/Departament d’Interior, sin fecha), cuyo objetivo prioritario es dotar a los centros educativos de orientaciones y recursos para evitar que un alumno o grupo de alumnos inicie/n un proceso de radicalización a partir del fomento de una serie de factores de protección derivados de la función docente, así como del análisis de los factores de riesgo vinculados al desarrollo personal, el contexto escolar, el ámbito familiar y el contexto social; factores que, se considera, pueden abocar a un alumno a un eventual proceso de radicalización. Hay que decir al respecto que durante el año 2017, los Mossos d’Esquadra formaron a todos los directores de los centros públicos y concertados de Catalunya; formación que recientemente se ha ampliado también a los docentes de los centros (EFE, 2017). Como se verá a continuación, también en Catalunya el programa de intervención PRODERAI no ha estado exento de críticas expuestas por una serie de colectivos profesionales.

 

Dificultades de los distintos programas a nivel europeo

A pesar de sus indudables ventajas y al hecho de suponer un nuevo y prometedor enfoque extrapenal en la actual arquitectura antiterrorista, los programas de prevención de la radicalización y de des-radicalización a nivel europeo no han estado exentos de dificultades y críticas formuladas desde los más diversos colectivos.

Con respecto al Reino Unido, tanto la estrategia PREVENT como muy particularmente el programa CHANNEL han sido criticados al considerarse que los mismos presentan una serie de fallos estructurales que pueden dar lugar a echar por tierra los, por otra parte, loables objetivos con los que fueron diseñados (Open Society Justice Initiative, 2016: 16).[25] Entre estos fallos estructurales hay que destacar, sobre todo, los siguientes: (1) La concepción de la estrategia y del programa como un modo encubierto para obtener información; (2) La obligación de «referir» impuesta a determinados colectivos; (3) La violación de derechos fundamentales; (4) La inclusión de la denominada «pre-criminalidad»; (5) La falta de respaldo empírico.

En primer lugar, el protagonismo evidente que el programa CHANNEL otorga a las fuerzas de seguridad y su interacción con los distintos colectivos encargados de identificar primero y apoyar después a individuos vulnerables a la radicalización o ya radicalizados, puede dar lugar a que el programa en cuestión sea considerado como un método encubierto de vigilancia gubernamental destinado a obtener información operativa sobre determinados sujetos y colectivos que, se considera, resultan vagamente sospechosos de ser terroristas. En este sentido, en un informe publicado en el año 2009, Arun Kundnani afirmó lo siguiente: «Hay pruebas que indican que el programa PREVENT ha sido utilizado para establecer uno de los más elaborados sistemas de vigilancia jamás vistos en Gran Bretaña» (2009: 8).

En segundo lugar, la Counter-Terrorism and Security Act del año 2015 creó dentro del programa PREVENT una obligación estatutaria dirigida a las escuelas, universidades y la administración sanitaria (Servicio Nacional de Salud, NHS), entre otras entidades del sector público, para que tuvieran «debidamente en cuenta la necesidad de evitar que las personas sean atraídas hacia el terrorismo».[26] Esto obliga a que los médicos, psicólogos y maestros, entre otros profesionales de la salud y la educación, identifiquen a las personas que consideran corren el riesgo de ser atraídas hacia el terrorismo (incluido el extremismo tanto violento como no violento), debiendo remitirlas al programa CHANNEL. Como cabía esperar, esta obligación estatutaria dirigida a los sectores de la educación y la salud ha sido objeto de furibundas críticas, ya que se considera, no sin razón, que estos colectivos se basan fundamentalmente en la confidencialidad, teniendo unas funciones particulares de atención que tradicionalmente no se han dirigido ni de lejos a la prevención o persecución del terrorismo (Open Society Justice Initiative, 2016: 41 y 47). Paralelamente, ese deber estatutario establecido legalmente en el año 2015 crea un incentivo para «sobre-referir».

En tercer lugar, la definición excesivamente amplia y vaga del «extremismo no violento» contenida en la estrategia PREVENT crea el potencial de abusos sistemáticos contra determinados derechos fundamentales. Entre los derechos fundamentales que pueden resultar menoscabados se encuentran el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad ideológica y de expresión, a la vida privada y familiar, así como a la educación. En concreto, el tener en cuenta y abordar el extremismo no violento plantea serias preocupaciones sobre posibles violaciones del derecho a la libertad de expresión. Sin ir más lejos, menores de edad británicos de religión musulmana han sido objeto de intervención bajo el programa PREVENT por simplemente expresar opiniones políticas. Además, distintas conferencias y eventos académicos organizados en universidades británicas, y que debían tratar temas como la islamofobia, el Islam en Europa o la cuestión palestina, han sido cancelados. De manera más general, los estudios de casos y las entrevistas llevadas a cabo en el informe Eroding Trust, al cual se está haciendo referencia en el presente trabajo, sugieren que PREVENT ha creado un efecto desalentador bastante significativo sobre la libertad de expresión en las escuelas y universidades, socavando la confianza entre profesores y estudiantes (Open Society Justice Initiative, 2016: 17). Por otro lado, el derecho a la no discriminación también se ve menoscabado si uno tiene en cuenta los criterios establecidos para derivar un determinado caso al programa CHANNEL. Así, actualmente está muy extendida dentro de la comunidad musulmana residente en el Reino Unido la sensación de que actividades «normales» de algunos miembros del colectivo, tales como la participación política en movimientos de paz, o bien el culto religioso piadoso, conllevan casi de forma automática una derivación al mencionado programa de tutorización cuando dichas actividades son llevadas a cabo por jóvenes musulmanes. Ello es debido a la falta de experiencia de quienes hacen la correspondiente referencia, así como a la incapacidad de estos para detectar correctamente los «síntomas» de la radicalización. Por consiguiente, el riesgo de estos programas es el de limitar el tipo de actividades políticas que se consideran aceptables para los ciudadanos musulmanes, mientras que esas mismas actividades no son problemáticas cuando son emprendidas por el resto de la población no musulmana (Ragazzi, 2014: 31).

En cuarto lugar, las descripciones públicas oficiales de PREVENT y CHANNEL afirman reiteradamente que estos programas operan en un espacio «pre-criminal», el cual está dirigido a determinados individuos con el fin de evitar que estos se vean eventualmente implicados en el futuro en actividades terroristas. Esta pre-criminalidad puede sin duda conducir a considerar a los musulmanes británicos como una «comunidad bajo sospecha». Tal y como se analizó anteriormente, la estrategia PREVENT pretende identificar a aquellos individuos en riesgo de ser atraídos hacia el terrorismo (es decir, extremismo violento o no violento) a través de una serie de listas múltiples y superpuestas de indicadores o «factores de riesgo», cuya base empírica no ha sido demostrada. Esto acarrea el peligro de que dichos indicadores puedan ser aplicados tanto en la estrategia PREVENT como en el programa CHANNEL para identificar y dirigirse a personas inocentes y menores que de ningún modo están decididos a cometer actos terroristas.

Finalmente, en quinto lugar conviene subrayar que tanto la estrategia PREVENT como el programa CHANNEL carecen hasta el momento del correspondiente apoyo empírico para lograr extraer conclusiones sobre su eventual efectividad de cara a abordar a sujetos vulnerables a la radicalización o ya radicalizados. La falta de estudios empíricos que permitan respaldar la asunción contenida en la estrategia PREVENT, según la cual el extremismo no violento conduce al extremismo violento, resulta una cuestión problemática porque da lugar a dirigir la atención a extremistas «no violentos» que no están ciertamente en riesgo de ser atraídos hacia el terrorismo. Este defecto estructural se ve agravado por el hecho de que tanto la estrategia PREVENT como el programa CHANNEL reproducen un gran número de «indicadores» o «factores de riesgo», no respaldados empíricamente, los cuales pretenden identificar individuos en riesgo de ser atraídos hacia el terrorismo.

Hay que decir que las propias cifras proporcionadas por el Gobierno británico indican que entre abril de 2007 y el 31 de marzo de 2014, se hicieron un total de 3.934 referencias al programa CHANNEL, de las cuales cerca del 80% no fueron consideradas, mostrando por tanto que la tasa de éxito fue muy baja (alrededor del 20%) y que miles de personas fueron erróneamente referidas al programa CHANNEL (Open Society Justice Initiative, 2016: 12-13).

Los estudios de casos demuestran además que el hecho de ser erróneamente subsumido bajo PREVENT ha llevado a algunos musulmanes a cuestionarse su lugar en la sociedad británica. Otros adultos injustamente investigados en virtud de PREVENT han manifestado que, si hubiesen sido diferentes, su experiencia de PREVENT podría haberles atraído realmente hacia el terrorismo, y no lejos de este fenómeno (Open Society Justice Initiative, 2016: 18).[27]

Por lo que hace referencia a la estrategia alemana, un aspecto tremendamente positivo a destacar es el protagonismo concedido a los profesionales de las ciencias sociales y de la conducta a la hora de desarrollar los programas de asesoramiento para impedir o interrumpir eventuales procesos de radicalización. Así, la iniciativa de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF), encargada como se sabe de impulsar el programa denominado «Beratungsstelle Radikalisierung» (Oficina de asesoramiento radicalización), integra un número de asociaciones cuyos trabajadores atesoran en su mayoría una contrastada experiencia en la asistencia y orientación familiar tanto en el extremismo islamista como en el contexto neonazi, tratándose de equipos multidisciplinares. Lógicamente, muchas de las experiencias obtenidas en los denominados «EXIT-Programme» en el caso del extremismo neonazi han sido aplicadas de forma satisfactoria a las tareas de asesoramiento en el contexto del islamismo radical.

Con todo, todos estos programas llevan implícito el peligro de una eventual criminalización de un colectivo humano como es el salafismo, cuyas actividades ciertamente sólo en un pequeño porcentaje de casos resultan relevantes a efectos penales, y cuyas causas hay que buscarlas de forma prioritaria en el ámbito personal y familiar de los individuos eventualmente radicalizados. De este modo, simples manifestaciones de religiosidad alejadas de la ortodoxia mahometana pueden dar lugar, también en el caso alemán, a poner en marcha dichos programas de asesoramiento, con el peligro de estigmatizar al destinatario de las medidas.

Por otro lado, y si bien las fuerzas de seguridad no forman parte activa de los programas de asesoramiento, sí que están presentes de forma indirecta. Conviene señalar en este punto que los trabajadores de las entidades garantizan la confidencialidad durante todo el proceso, a no ser que se lleguen a conocer aspectos que afectan a la seguridad. En estos casos se le hace saber a la persona que busca asesoramiento lo imprescindible que resulta informar e incluir en el proceso a las fuerzas de seguridad. Esto, al igual que sucede en los otros países analizados en el presente trabajo, puede dar lugar a que familiares y/o amigos de los sujetos objeto del programa puedan mostrarse reacios a activar esta vía. Por consiguiente, programas a nivel federal o regional que se llevan a cabo en colaboración con la Oficina de Protección de la Constitución pueden generar desconfianza en las personas objeto de intervención.

Por último, un déficit importante de la estrategia germana de contra-radicalización es también la falta de estudios empíricos rigurosos, destinados a mostrar los índices de efectividad de los distintos programas, tanto a nivel federal como regional. En este sentido sería deseable que las ocho instituciones que actualmente colaboran con la BAMF para desarrollar su programa de asesoramiento publicasen datos empíricos relativos a las características demográficas de los sujetos objeto de intervención, así como en relación a las tasas de éxito y/o fracaso. Estos datos serían de tremenda importancia a la hora conocer y, llegado el caso, trasladar a otros países las eventuales experiencias positivas llevadas a cabo en Alemania.[28]

Si a continuación se analiza la estrategia francesa de prevención de la radicalización y des-radicalización, el primer problema que surge es la todavía vigente estricta línea divisoria entre las esferas política y religiosa. En este sentido, el modelo de laïcité defendido en Francia, el cual sigue manteniendo a la religión fuera de las instituciones públicas, puede dar lugar a una ulterior estigmatización de la comunidad musulmana, al impedir a las élites musulmanas galas participar en la política nacional de contra-radicalización.

Por otro lado, el tradicional carácter legalista y de servicio público vigente en Francia, cuya estructura a la hora de afrontar el terrorismo islamista se basa en una acción sinérgica en tres etapas entre el Ministerio del Interior, las prefecturas departamentales y una diversidad de actores locales, donde es el primero de ellos el que emite las correspondientes instrucciones y recomendaciones, hace que el éxito de las iniciativas impulsadas para prevenir la radicalización no pueda asegurarse completamente. En este sentido hay que tener en cuenta que, en el fondo, la identificación de individuos sospechosos de ser radicales se basa fundamentalmente en informes procedentes de las familias y otros actores locales en contacto directo con el individuo potencialmente radicalizado. Por todo ello, el éxito de la estrategia francesa depende, sobre todo, de la capacidad del Gobierno de crear relaciones de confianza y cooperación con la ciudadanía (Quivooij, 2016: 20). Si se tiene en cuenta la presencia de los aparatos de seguridad en prácticamente todos los programas de lucha contra la radicalización que actualmente se desarrollan en Francia, ello puede dar lugar a que las familias puedan mostrarse reacias a informar de sus familiares.

Un tercer aspecto preocupante, el cual Francia comparte con el resto de países analizados en el presente trabajo, afecta a los temores sobre la confidencialidad. Aquellos profesionales insertos en los programas de prevención de la radicalización y que son alentados para referir vulnerabilidades lo hacen voluntariamente. Sin embargo, los trabajadores sociales, entrenados en proteger a la infancia, no quieren ser vistos como informantes. En este sentido, existen preocupaciones concretas sobre lo que sucede con tal información en un país que mantiene archivos de inteligencia de unos 10.500 islamistas y que se encuentra bajo un permanente estado de emergencia.

Por último, conviene aquí de nuevo destacar el estrepitoso fracaso de la iniciativa –impulsada por el anterior Primer Ministro Manuel Valls– dirigida a crear los «centros de reinserción y de ciudadanía». Así, expertos en yihadismo como Asiem El Difraoui se han posicionado en contra de estas «academias de la yihad», considerando no sin razón que la propia naturaleza con la que se concibieron estos centros podrían dar lugar a que la mera presencia de un líder yihadista, con una más que probada habilidad en el arte de la ocultación, podría conseguir a corto o medio plazo la reconversión de todo un grupo (Boutry, 2016).

Finalmente, y al igual que ha sucedido en los otros países analizados, la estrategia española para prevenir y afrontar los procesos de radicalización islamista no ha estado exenta de críticas. En este sentido, han surgido algunas voces procedentes de los más diversos ámbitos, las cuales han criticado determinados aspectos asociados a la creación de los Grupos Locales de Lucha contra la Radicalización Violenta (GL-LCRV). Así, distintos colectivos de profesionales que en un futuro van a integrar estos grupos (trabajadores sociales, psicólogos, docentes de centros educativos, entre otros) han mostrado sus lógicas reticencias a intervenir en lo que consideran una especie de «delación», que pudiera poner en riesgo la privacidad de las personas, familias o grupos con los que trabajan. Con todo, el CITCO aclara, no obstante, que toda la información que pudiera compartirse en el marco de un grupo local de lucha contra la radicalización violenta es estrictamente «confidencial, no debe salir de ahí», siempre y cuando no exista una conducta objeto de reproche legal. De haberla, el caso trasciende las competencias de estos equipos y se convierte en materia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Caro, 2017).

Algo parecido ha ocurrido también en Catalunya y su programa PRODERAI. En este sentido, una de las cuestiones más polémicas en torno al protocolo de actuación en los centros educativos catalanes es la de qué factores de riesgo pueden mostrar un caso de radicalización. Así, el documento analizado en un epígrafe anterior hace referencia a factores vinculados al desarrollo personal, al contexto escolar, en el ámbito familiar y el contexto social (Departament d’Ensenyament/Departament d’Interior, s. f.). En las formaciones que imparten los Mossos d’Esquadra es donde se hacen más presentes estos indicadores. En estas sesiones tanto con direcciones de centro como con los propios docentes se habla sobre el Islam, sus corrientes y se apunta qué elementos podrían indicar un eventual proceso de radicalización. Entre estos factores, algunos docentes que han participado en las sesiones destacan aspectos controvertidos tales como no escuchar música occidental, no querer celebrar la Navidad o tener discursos sobre el califato. De este modo, simples expresiones religiosas pueden dar lugar a estigmatizar a un menor de edad como un eventual extremista/terrorista.

 

Conclusiones

La actual amenaza terrorista ha dado lugar a impulsar en no pocos países europeos una serie de medidas legislativas dirigidas fundamentalmente a combatir este nuevo terrorismo de carácter difuso, omnipresente y tremendamente peligroso. Medidas que trascienden un estricto enfoque jurídico-penal y que, con respecto a este concreto ámbito, han dado lugar a extender y difuminar hasta límites insospechados los contornos típicos de lo que hasta hace pocas fechas se venía entendiendo como delincuencia terrorista, afectando también negativamente a una serie de derechos fundamentales de la persona dotados de respaldo constitucional.

Tras el análisis realizado a lo largo de los epígrafes anteriores, y a modo de conclusión final, puede afirmarse que existen sólidos argumentos para defender las estrategias tanto penal como criminológica a la hora de abordar la amenaza procedente del terrorismo yihadista. Así, por un lado, resulta necesario acomodar, únicamente allí donde sea necesario, la legislación penal para afrontar los retos inherentes al nuevo terrorismo, sobre todo en aquellos casos en los que, por ejemplo, se trata de identificar y, cuando ello sea posible, someter a la correspondiente responsabilidad penal a aquellos activistas que se mueven continuamente entre la realidad virtual y física, difundiendo un ideario extremista-violento el cual sin duda puede contribuir a radicalizar a un considerable número de sujetos, y proporcionando el know how necesario para adiestrar a individuos en, por ejemplo, el manejo y/o la construcción de explosivos.

Ahora bien, más importante si cabe que las reformas legales (las cuales, no hay que engañarse, pueden resultar completamente ineficaces ante terroristas suicidas inmunes a cualquier tipo de intimidación penal), es llevar a cabo un plan integrado para prevenir no sólo la radicalización violenta del colectivo joven musulmán de procedencia inmigrante que habita en Europa; principal destinatario de los cantos de sirena procedentes de organizaciones como Estado Islámico o Al Qaeda, sino también para desarrollar programas de des-radicalización o, en el peor de los casos, desvinculación de un sujeto de aquella ideología que defiende la utilización de la violencia terrorista para conseguir sus objetivos. Se trataría de un plan complejo, a largo plazo y con la intervención de las partes «en conflicto», a saber, la administración del Estado en forma de políticas de integración social y laboral del colectivo inmigrante, así como de ambiciosos programas preventivos para inhibir una eventual radicalización, para con ello evitar que estos jóvenes, en algunos casos ya nacionalizados y con posibilidades de ser socializados conforme a los esquemas vigentes para la población autóctona, sean no obstante considerados negativamente diferentes. Al mismo tiempo resulta fundamental contar con la comunidad musulmana asentada en la diáspora occidental para llevar a buen término este plan integral al que se está haciendo referencia. Es precisamente en el seno de dicha comunidad y, sobre todo –aunque no sólo– desde posiciones de autoridad religiosa reconocida, donde se ha de condenar sin paliativos el terrorismo que se proclama a sí mismo como yihadista, inhibiendo y/o contrarrestando procesos de radicalización o socialización en una violencia para la que sus promotores aducen supuestas justificaciones basadas en una lectura rigorista, intemporal y, sobre todo, irracional de los textos coránicos y de otras fuentes tradicionales del credo mahometano.

 

Nota sobre el autor:

Miguel Ángel Cano Paños es Profesor Titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada. Además, es Coordinador del Grado en Criminología y del Máster Oficial en Criminalidad e Intervención Social con Menores, los cuales se imparten asimismo en la Universidad de Granada. También es asesor científico del Centro CRIMINA para el Estudio y Prevención de la Delincuencia, de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

 

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[1] Aunque en este trabajo no van a ser objeto de análisis, conviene también señalar la existencia en algunos países de los denominados «programas de salida» (EXIT-programs), los cuales se sitúan en el otro extremo de un proceso de radicalización. Dichos programas están destinados a aquellos individuos que, voluntariamente, muestran su deseo de abandonar, de desmarcarse de grupos extremistas. Así, por ejemplo, en Alemania existen programas de salida en el contexto del extremismo neonazi. Los mismos se dirigen a sujetos que en puridad se han alejado ya de posiciones extremistas, tanto desde un punto de vista mental como ideológico, pero que, sin embargo, tienen serias dificultades para desmarcarse completamente de contextos adscritos a la extrema derecha violenta. Lógicamente, las experiencias acumuladas en estos programas dirigidos a jóvenes vinculados a la escena neonazi pueden ayudar a abordar a aquellos sujetos imbuidos en su momento de la ideología yihadista.

[2] Un ejemplo de lo dicho viene constituido por el proyecto denominado Radical Middle Way, puesto en marcha por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Dicho proyecto estaba especializado en motivar a eruditos y clérigos musulmanes moderados a hablar ante jóvenes británicos de religión musulmana. Véase al respecto: https://www.counterextremism.org/resources/details/id/554/the-radical-middle-way (último acceso: 24 de abril de 2018).

[3] Si bien, según señalaba el propio Gobierno británico, la más importante de estas amenazas venía ya constituida por aquel entonces por aquélla procedente de organizaciones terroristas en Siria e Irak, así como por la de aquellos grupos asociados a la organización Al Qaeda. Con todo, se indicaba al mismo tiempo que «los terroristas vinculados a la extrema derecha también representan una continua amenaza para nuestra seguridad» (HM Government, 2015: 3).

[4] Conviene en este punto recordar que la revisión de la estrategia PREVENT llevada a cabo en el año 2011 contemplaba tanto el extremismo violento como el no violento.

[5] El concepto de «salafismo» (as-salafiyya) procede del término «salaf», que significa «predecesor» o «ancestro», vocablos que designan a los compañeros del profeta Mahoma y las tres primeras generaciones que lo suceden. Lo que pretende fundamentalmente el salafismo es una vuelta a las fuentes, a los fundamentos originales del Islam, sometiendo al considerado «Islam deformado» a una revisión y a una «limpieza» de tradiciones posteriores que, a juicio de los propios salafistas, han desvirtuado la naturaleza y el sentido estricto en la aplicación de la ley islámica, así como su interpretación con el paso del tiempo y las sucesivas generaciones. El salafismo constituye por tanto una corriente apolítica dentro del Islam que pretende una vuelta a los orígenes del credo mahometano, pretendiendo la mayoría de sus defensores imponer su radical interpretación del Islam a través del trabajo misionero. Ahora bien, conviene señalar que existen tres corrientes dentro del movimiento salafista: (1) el salafismo purista o pietista; (2) el salafismo político; (3) el salafismo yihadista, siendo únicamente la tercera variante –minoritaria– la que presenta una clara peligrosidad criminal.

[6] Véase: http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/Beratung/beratung-node.html (último acceso: 10 de abril de 2018).

[8] Dicha franja de edad de sujetos radicalizados se corresponde a grandes rasgos con la existente en otros países del contexto europeo.

[9] Se puede acceder a su página web en: http://www.hayat-deutschland.de/

[10] Según señala Neumann, la idea de implicar a las familias es positiva, ya que son los padres las personas de contacto que pueden tener una mayor influencia en el sujeto radicalizado. En este sentido, una gran mayoría de los jóvenes europeos que luchan en las filas de Estado Islámico explican que lo peor de su decisión de trasladarse a Siria o Irak fue el tenerse que separar de su familia (Neumann, 2015: 202).

[13] Así, a principios del año 2016 se comenzó en Francia un programa obligatorio de reeducación en cuatro prisiones, donde los sujetos condenados por delitos de terrorismo fueron agrupados en unidades especiales. Sin embargo, en octubre de ese mismo año se suprimió dicho programa, después de que el mismo tuviera como consecuencia un aumento de los ataques a los funcionarios de prisiones (Kern, 2017).

[15] Véase: http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/terrorisme-djihadiste (último acceso: 12 de abril de 2018).

[16] «Stop-Djihadisme: Ils te Disent…». Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ke3i9-7kkQM (ultimo acceso: 15 de abril de 2018).

[17] Véase: https://www.marianne.net/societe/deradicalisation-premier-echec-pour-la-methode-dounia-bouzar (último acceso: 16 de abril de 2018). Según señala Dounia Bouzar, alma mater de este programa de des-radicalización, «los individuos radicalizados tienen una visión binaria donde todos aquellos que no se adhieren a su ideología son parte de una conspiración». En opinión de esta profesional, los mediadores que podrían utilizar argumentos teológicos en el marco de un programa de des-radicalización probablemente serían considerados como impostores por parte de las personas destinatarias de su mensaje. Esto podría confirmar creencias y convicciones radicales en lugar de neutralizarlas. Otra dificultad añadida es la de seleccionar consejeros religiosos competentes y de confianza (Quivooij, 2016: 18).

[18] Al respecto conviene señalar que existen tres rasgos distintivos relacionados con el género, la edad y el entorno social de los franceses sospechosos de ser radicales o de ser señalados como tales. En primer lugar, la representación de mujeres es significativa, comprendiendo el 35 por ciento de los 3.142 individuos reportados a las autoridades entre abril de 2014 y marzo de 2015. En segundo lugar, los menores representan el 24 por ciento de estos casos, convirtiéndolos en un segmento igualmente importante. En tercer lugar, una alta proporción de individuos detectados provienen de entornos familiares/sociales de clase media (Quivooij, 2016: 12).

[20] Dichos ejes son los siguientes: (1) Detectar las trayectorias de radicalización y las redes terroristas, tan pronto como sea posible; (2) Supervisar, desbaratar y neutralizar las redes terroristas; (3) Combatir el terrorismo desde sus redes internacionales y sus santuarios; (4) Densificar los dispositivos de prevención de la radicalización para garantizar un apoyo público individualizado; (5) Desarrollar la investigación aplicada en materia del contra-discurso y movilizar el Islam en Francia; (6) Proteger mejor los sitios y redes vulnerables; (7) Saber reaccionar a todo ataque terrorista y demostrar la capacidad de recuperación de la Nación.

[21] Véase: https://www.senat.fr/presse/cp20170222a.html (último acceso: 16 de abril de 2018); Véase también: http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2017/02/dp-rapport-desendoctrinement.pdf (último acceso: 16 de abril de 2018).

[23] Hay que decir que a 30 de diciembre del año 2015, el Ministerio del Interior había recibido en menos de un mes 600 avisos sobre posibles casos de radicalización de corte yihadista (El País, 2015). A finales del año 2016 se habían producido un total de 2.126 avisos, mientras que esa cifra aumentó hasta las 5.082 llamadas a 20 de octubre de 2017.

[25] Conviene señalar en este punto que dichos fallos estructurales, desde una perspectiva general, podrían también extenderse al resto de programas desarrollados en los países que han sido analizados en el presente trabajo.

[26] Counterterrorism and Security Act 2015, section 26 (1).

[27] En este sentido, Maina Kiai, Relatora Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, declaró en abril de 2016 que la estrategia de contra-radicalización implementada en el Reino Unido, conocida como el programa PREVENT, estaba «dividiendo, estigmatizando y alienando a segmentos de la población" (Gayle, 2016).

[28] Conviene señalar en este punto que el método que aplica el proyecto HAYAT ha sido copiado por otros países como Canadá, India o Australia.

 

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