La lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en Uruguay: Un desafío a enfrentar

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ CUITIÑO

Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN)

Colegio de Defensa del Uruguay

 

Title: The Fight against Organized Crime and Terrorism in Uruguay: A Challenge to Confront

Resumen: El crimen organizado ha crecido en el mundo y en la región, y sus operaciones delictivas no escapan al Uruguay. Entre los desafíos que debe enfrentar el Estado, se encuentra el combate al crimen organizado, especialmente narcotráfico, lavado de dinero y robo de armas. Asimismo, hay que atender como una amenaza, los vínculos que pudieran surgir entre el crimen organizado y el terrorismo. Este trabajo pretende reflexionar acerca de estas amenazas que afectan la Seguridad y Defensa del Estado y de cuál ha sido su respuesta frente a esta problemática situada en un primer plano en la agenda pública.

Palabras clave: Crimen Organizado, Terrorismo, Uruguay, Seguridad, Defensa

Abstract: Organized crime has grown in the world and in the region, and its criminal operations do not escape Uruguay. Among the challenges facing the State, is the fight against organized crime, especially drug trafficking, money laundering and arms theft. Likewise, the links that may arise between organized crime and terrorism must be addressed as a threat. This work aims to reflect about these threats that affect the Security and Defense of the State and what has been their response to this problem that has been placed in a first plane in the public agenda.

Keywords: Organized Crime, Terrorism, Uruguay, Security, Defense

Recibido: 4 de Abril de 2018

Aceptado: 29 de Abril de 2018

Para citar este artículo: María Del Rosario Rodríguez Cuitiño, “La lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en Uruguay: Un desafío a enfrentar”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 4, No. 1, (2018), pp. 55-71. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.7.4

 

Introducción

El crimen organizado transnacional comprende la comisión de un sinnúmero de actividades delictivas que demandan una asociación entre varias personas, con implicaciones internacionales pues traspasan las fronteras nacionales, con efectos en más de un país. Bajo el nombre de “grupo delictivo organizado”, está definido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2004) como un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Según Sánchez y Yubero (2016) el crimen organizado no es un tipo de delito sino una forma de cometer delitos, ingresando frecuentemente bajo la violencia y la corrupción procurando establecerse para comerciar sus productos y servicios, respondiendo “a la oferta y la demanda, al entorno de operaciones contra medidas gubernamentales y nuevos mercados” (Sánchez y Yubero, 2016:8). A los Estados les cuesta mucho enfrentarse a este flagelo, representando un gran desafío para su seguridad, debiendo tomar todos los resguardos para prevenir y penalizar este tipo de actividades delictivas. Por otro lado, los vínculos que pudieran existir entre el crimen organizado y el terrorismo han surgido como una amenaza, ya que pueden propiciar el tráfico de drogas y armas y generar fondos para sus actividades. En su último reporte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, trata especialmente estas conexiones en un documento denominado “El problema de las drogas y la delincuencia organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el terrorismo” (UNDOC, 2017).

No se puede negar que en Uruguay existen mafias vinculadas al crimen organizado. Los delitos vinculados con el crimen organizado tienen que ver con el ingreso y distribución de drogas para su comercio en Uruguay, su tránsito hacia terceros países y el lavado de activos vinculado mayoritariamente con el tráfico de drogas. Es por ello que, para atender estas amenazas, ha debido elaborar diferentes estrategias para las actividades financieras, en la legislación y en materia de seguridad y defensa. Con una nueva visión de la seguridad y la defensa, el Estado uruguayo trata de enfrentar estas amenazas con los instrumentos policiales y militares a su disposición.

 

Aspectos conceptuales sobre seguridad y defensa desde la perspectiva uruguaya

En Uruguay, una vez retornada la democracia en 1985, el sistema político derogó los conceptos referidos a la Seguridad Nacional, lo cual implicó una limitación del rol político de las Fuerzas Armadas desarrollado desde 1973 (Rodríguez, 2015). Como consecuencia de esta derogación, y atendiendo otras prioridades de gobierno, quedaron sin definir políticamente, los conceptos de defensa y de seguridad. Esto llevó a reordenar en el tiempo, concepciones en materia de seguridad y defensa y a comenzar a pensar en los nuevos roles de las Fuerzas Armadas.

La concepción moderna sobre el alcance multidimensional de la seguridad que incluye amenazas tradicionales y nuevas amenazas, fue recogida en los documentos elaborados por la Organización de Estados Americanos. Así, la Declaración de Bridgetown (Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica) de 2002 establece que “Estas nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos son problemas intersectoriales que requieren respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales, todas actuando de forma apropiada conforme a las normas y principios democráticos”[1] reconociendo la naturaleza transnacional en muchas de esas amenazas y desafíos. Por su parte, la Declaración de Seguridad de las Américas surgida de la Conferencia Especial sobre Seguridad en 2003, expresa que “… el fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana. La seguridad se fortalece cuando profundizamos su dimensión humana.”[2]

En los últimos años, se destaca un marco normativo sobre Defensa Nacional que comprende estos aspectos, en especial la seguridad humana y las amenazas transnacionales, por lo que corresponde apreciar los procesos institucionales que condujeron al establecimiento de una nueva política de Defensa. En 2010 se aprobó la Ley Marco de Defensa Nacional 18.650, la primera ley de Defensa que tiene el país. De ella se desprende que la Defensa Nacional no atañe solamente a lo estrictamente militar, sino que abarca a toda la sociedad, concibiendo el tema militar como un aspecto más de la Defensa Nacional. Rodríguez (2015) destaca que se tomó el concepto de Kuhn de “cambio de paradigma”[3] para referirse al cambio de modelo en el nuevo contexto de concebir la Defensa Nacional.

Para Uruguay, Defensa Nacional es:

el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población.[4]

En tanto, el componente militar son las Fuerzas Armadas que tienen la responsabilidad de ejecutar las actividades militares de la Defensa por ser “…la rama organizada, equipada, instruida y entrenada para ejecutar los actos militares que imponga la Defensa Nacional”[5]

Como se expresó anteriormente, Uruguay no cuenta con una definición expresa de seguridad, pero en el concepto de Defensa Nacional recién señalado, se encuentra implícita la noción de seguridad al mencionar que se busca generar las condiciones para el bienestar de las personas. Entendemos por esta definición que Defensa Nacional es un concepto más abarcativo, comprendiendo a todos los sectores del quehacer nacional. En este mismo sentido, Burone (2013) sostiene que, aunque la Ley Marco de Defensa Nacional excluye el término “seguridad”, el mismo se encuentra implícito en la definición de Defensa Nacional que establece dicha ley, pasando de una visión destinada exclusivamente a la defensa militar de la soberanía e integridad territorial a una visión participativa, integral y transversal, enfocada al bienestar de la población. Para Burone:

Hoy día, las amenazas que pueden afectar los intereses vitales de los países, ya sean éstas presentes, potenciales o emergentes, actúan en forma transversal sobre los diferentes factores del potencial, afectando a los mismos en mayor o menor grado en virtud de su naturaleza exigiendo a la vez, una respuesta integral del Estado, en la que participen, en mayor o menor grado, los diversos organismos del Estado, para su neutralización o erradicación. (2013:395).

La Constitución de Uruguay de 1967 atribuye al Ejecutivo (Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos o en Consejo de Ministros) la conservación del orden y tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo exterior (art. 168 numeral 1º). Para la seguridad en lo exterior se actúa con el instrumento militar de la Defensa, las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa Nacional, y quien tiene a su cargo la seguridad interior en cuanto al orden es la policía por medio del Ministerio del Interior. Esta visión de separar Fuerzas Armadas y policías para tareas internas se refuerza con posterioridad a los gobiernos de facto latinoamericanos sucedidos entre los años 70 y 80, pero actualmente se plantea la discusión de si las Fuerzas Armadas pueden contribuir con el orden interno, con carácter de excepción, como apoyo a las fuerzas policiales. Así como no se encuentra consenso en los conceptos de seguridad y defensa que difieren en los países y en las regiones, ya que no todos tienen los mismos problemas, sucede algo similar con la aceptación de la participación militar dentro de fronteras en su lucha contra el crimen organizado.   

 

En suma, se cuenta con un marco normativo vinculado a la Defensa Nacional en una visión más moderna que comprende aspectos de la seguridad pública. 

 

Medidas para combatir las amenazas

En su origen, Uruguay comenzó siendo un país de tránsito de droga, principalmente por su salida hacia el mar frente a la costa atlántica, destinada principalmente para consumo de países de Europa. Con el tiempo, porciones de esa droga comenzó a quedar en suelo uruguayo al usarse el cargamento como parte de pago, aumentando en consecuencia, el consumo y mercadeo en el país de ciertas sustancias.

Pero la droga también va vinculada con otros delitos. Últimamente el homicidio está cobrando más fuerza como un delito conexo, especialmente por “ajuste de cuentas” producto del enfrentamiento entre delincuentes, por deuda por drogas, por guerra por territorio o por mercado. El narcotráfico se asocia con acciones vinculadas al lavado de activos y produce violencia a la interna de la sociedad, amenazando la seguridad y la convivencia. En los últimos años, apareció como modalidad delictiva el robo de armas de gran poder de fuego y municiones, principalmente de unidades militares, y robo de armas reglamentarias de la policía, usada para asaltos o para vender en Brasil a organizaciones criminales.

En la escena internacional, nuestro país asumió el firme compromiso de combatir las amenazas, de carácter transnacional, adhiriendo a la comunidad internacional, procurando buscar diversas soluciones que permitan neutralizar a estos grupos delictivos, por lo que ha tratado de adecuar sus normas y estructuras institucionales para intensificar el combate a los mismos. Cabe preguntarse entonces, qué instituciones intervienen en esa lucha y qué estrategias se implementaron para combatir dentro de las amenazas al crimen organizado y al terrorismo.

Podemos resumir los organismos vinculados con la lucha contra la delincuencia criminal organizada y otros relacionados con el combate al terrorismo, que actúan en tareas de prevención, contralor, y de sanción, según sus competencias. El Ministerio del Interior ejerce tareas propias de seguridad pública con la Guardia Nacional Republicana. Hoy es una fuerza “militarizada” para crimen organizado, toma de rehenes, y apoyo a diversos planes de operaciones de alto grado de riesgo, incluyendo un grupo helitransportado y el Grupo de Operaciones Especiales (GEO). También intervienen Migración, Información e Inteligencia, Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL, Brigada Nacional Antidrogas y Jefaturas de Policía Nacionales (descentralizadas en las 19 secciones territoriales departamentales). El Ministerio de Defensa Nacional actúa con el Estado Mayor de la Defensa, órgano de asesoramiento militar del Ministerio de Defensa que centraliza los diferentes temas vinculados con la inteligencia militar,[6] los Pasos de Frontera, Ejército Nacional (despliegue territorial), Armada Nacional (Prefectura Nacional Naval) y Fuerza Aérea (Policía Aérea) y el Centro Nacional Coordinador Contra el Terrorismo (CENACOT). También se cuenta con las Fiscalías de Crimen Organizado y los Juzgados Penales especializados en Crimen Organizado, Aduanas, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, en los últimos años, Uruguay ha implementado un Sistema Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que comprende varias instituciones involucradas en el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre ellas el Banco Central del Uruguay quien lleva adelante la inteligencia financiera a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, además de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con facultades de investigación, y el fin de implementar las políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además del control del sector no financiero.

En cuanto a las estrategias llevadas adelante, en 2004 se aprueba la Ley 17.835 de fortalecimiento del sistema de prevención y control de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Presenta como característica especial haber sido aprobada por unanimidad en el Parlamento, hecho no muy común en nuestro país, pero que revela la preocupación de las autoridades legislativas de los partidos políticos con representación parlamentaria. Esta norma es complementada por el Decreto 239/009 que crea la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y la Ley 19.484 de 5 de enero de 2017, sobre Transparencia Fiscal Internacional, Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como estrategias en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estas normas fueron actualizadas con la Ley 19.574 Integral contra el lavado de activos, aprobada en 2017, que crea la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, dependiente de la Presidencia de la República.

En 2008 se crean dos Juzgados y dos Fiscalías especializados en Crimen Organizado, materia que era atendido hasta ese momento, por la Justicia Penal, como un delito más. Pero dada la complejidad de este tipo de delitos, es que el Estado decide poner en funcionamiento una justicia especializada para su atención. Estos Juzgados “antimafia” fueron puestos en funcionamiento en 2009 y la mayoría de los enjuiciamientos son por delitos vinculados con el narcotráfico, en especial por ingresar y distribuir drogas en el país, lavado de activos y tráfico de armas. A su vez, con la ley 18.331 de Protección de datos personales, también aprobada en 2008, se permite transferir datos personales cuando se trate de cooperación judicial internacional, cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, y transferencias bancarias. En 2010 mediante la Ley 18.719, el Ministerio del Interior creó la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol para trabajar sobre el Crimen Organizado y los delitos conexos.

Un ejemplo para entender las dificultades que enfrenta Uruguay para combatir el Crimen Organizado, es el “Caso Feldman” asociado al tráfico de armas, ocurrido en 2009. El Contador Saúl Feldman fue abatido en su residencia cercana a la capital del país, Montevideo, donde se le encontró un arsenal con más de 700 armas en su poder. En esa oportunidad actuó el Juzgado especializado en Crimen Organizado y luego cooperaron otras instituciones estatales. Posteriormente se pudo comprobar que algunas de esas armas habían sido robadas al Ejército y a la Fuerza Aérea. No fue un buen ejemplo de coordinación entre los diversos organismos con competencia en la materia, ya que no se vinculó el robo de armas militares con un probable caso de tráfico de armas. Posteriormente al operativo, sí actuó un equipo multidisciplinario policial, militar, judicial y financiero. Las instituciones actuaron mal y a destiempo, de manera reactiva y no preventiva, por eso es de recibo citarlo como una lección aprendida de lo que no debe hacerse. En 2015, se volvió a registrar un robo en una unidad militar: desaparecieron 18.000 municiones de guerra del arsenal ubicado en la Brigada Aérea en Durazno. Ante ese hecho, además de la actuación de la Justicia Militar y de una investigación desde el Ministerio de Defensa, también participó el Juzgado de Crimen Organizado ya que existían indicios que se tratara de otro caso de tráfico de armas y su destino fuera organizaciones criminales brasileñas.  

Respecto al narcotráfico, la demanda mundial de consumo ascendió en 2015 a 247 millones de persona (UNOCD, 2016) entre opiáceos, cocaína, cannabis, anfetaminas y nuevas sustancias psicoactivas. La droga que más se trafica mundialmente es el cannabis, seguida de drogas sintéticas. El tráfico de drogas, considerado como una amenaza para el Estado uruguayo, ante maniobras ilícitas desde fuera y dentro de sus fronteras, la tarea se centró con la droga proveniente del exterior, en detener el tráfico principalmente de cocaína y marihuana. A nivel interno, se trató de incautar droga dura denominada “pasta base” de cocaína, desarticulando pequeñas redes de distribución de drogas (microtráfico) cerrando bocas de venta, a través de la Brigada Nacional Antidrogas. Como destaca Garzón (2012:6), el narcomenudeo es tenido por las autoridades latinoamericanas como una de las causas de inseguridad pública asociado a delitos cometidos por jóvenes adictos que procuran financiar su consumo mediante el hurto u otras modalidades delictivas.

Por otra parte, es sabido que el río Uruguay es usado por el narcotráfico para el traslado de droga entre Argentina y Uruguay. También hay lazos entre Paraguay y Uruguay con relación a la marihuana. Pero no siempre culminan bien esos vínculos: en 2016 una pareja paraguaya fue asesinada a balazos por sicarios uruguayos, en lo que se conoció como crimen narco. Ramón Agustín Quevedo Arce recibió 14 tiros, lo cual llamó la atención por la saña empleada, aunque no era la primera vez que, por temas vinculados a la droga, personas fueran acribilladas por ajustes de cuentas. En el año 2002 Quevedo había sido detenido en Brasil con un cargamento de 235 kilos de marihuana, lo que indica vínculos con el narcotráfico de ese país.

Para contrarrestar la delincuencia organizada, como medida de seguridad pública y a la vez, como “experimento sociopolítico”, el gobierno uruguayo decidió legalizar la producción y venta del cannabis psicoactivo, así como permitir su autocultivo, como una forma de disminuir el narcotráfico, en especial, de la cocaína. Es así que en 2013 se promulgó la ley 19.172 que establece el control y la regularización por parte del Estado uruguayo de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de marihuana y sus derivados. En la propia ley se establece que su fin es “proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico, mediante la intervención del Estado (…) así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado” y reducir los puestos de venta de drogas ilícitas.

Desde el comienzo, su implementación que llevó 3 años, enfrentó varios inconvenientes. Se permitió su comercio en locales autorizados mediante el otorgamiento de licencias de venta y registro de consumidores de cannabis, haciéndose un llamado a farmacias que estuvieran interesadas en vender dicho producto. Las farmacias se mostraron a favor, no así los Químicos Farmacéuticos como responsables de las farmacias ante los compradores por el suministro de cannabis, cuestionando su uso terapéutico. Es así que de 1.200 farmacias solamente 16 aceptaron vender, por temor a la inseguridad al tener droga en sus comercios. La medida de regulación también provocó rechazo y escepticismo en la población uruguaya y tuvo a países en contra de legalizar la marihuana, como México y Paraguay. A su vez, la Junta Internacional de Fiscalización de estupefacientes de la ONU manifestó que con este paso se afecta negativamente la lucha contra la marihuana, contraviniendo la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, de la cual Uruguay es parte. Autores expertos en Derecho Penal como Bordes Leone (2016:15) sostiene que dicha regulación “no impedirá ni el tráfico de las otras drogas, tan o más problemáticas como la cocaína o la pasta base, ni tampoco evitará el tráfico ilegal de marihuana”. Por último, el sistema bancario de Uruguay cerró las cuentas de las farmacias vinculadas al negocio de esta droga y de empresas de industria medicinal, al cumplir con las normas internacionales, las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las leyes nacionales de prevención de lavado de activos provenientes del narcotráfico, algo que habían alertado de antemano las instituciones financieras al Gobierno.

En este último tiempo, a pesar de que las fuerzas policiales han sido entrenadas y equipadas, se han sucedido una serie de hechos que demuestran el gran poder de estas bandas criminales. Por momentos, el control estatal se vuelve muy frágil en algunos de los barrios de la capital, donde se producen peleas por el mando territorial de algunas zonas, donde se hace difícil el ingreso de servicios públicos por el alto nivel de violencia allí establecido, no sólo por parte de los delincuentes, sino de sus familiares y de los vecinos cuando ingresa la policía. A esto se le suma un entramado social muy fracturado, alta deserción educativa en niños y jóvenes, extrema pobreza, exclusión social y falta de empleo, todos elementos que llevan a que los jóvenes tomen el camino de la delincuencia. Aparecen ajustes de cuentas, se exacerba la violencia en espectáculos deportivos. Desde la cárcel, los delincuentes detenidos siguen liderando su organización y estableciendo vínculos con criminales extranjeros, mientras se trata de combatir la corrupción de funcionarios estatales. Aparecen nuevas modalidades delictivas con una reacción tardía desde la seguridad. Se halla presente la sensación “de inseguridad” entre la población, en el entendido que las políticas del gobierno en la materia de seguridad pública son insuficientes y que el sistema judicial en muchas ocasiones deja en libertad a los delincuentes por falta de prueba.

En 2016 el Presidente de la República convocó a un diálogo por la seguridad a los partidos de la oposición, quienes plantearon la necesidad de incrementar las penas mínimas de los delitos de narcotráfico para que fueran inexcarcelables. Si bien al principio para la oposición el diálogo no obtuvo los resultados esperados, lograron un acuerdo multipartidario que se transformó en una ley de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo. De esta forma, la Ley 19.513 de 2017 establece el aumento de las penas mínimas para los delitos vinculados con el narcotráfico, y su producción, tránsito, comercio, suministro y financiación, excepto para los delitos asociados con el cannabis por estar legalizadas su producción y consumo. La justificación del aumento en las penas es porque se entiende que es grave el daño causado en la sociedad. Esta misma ley crea la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, y el Comité de Seguridad de los Pasos de Frontera, ambos en la órbita del Poder Ejecutivo. La Comisión tendrá entre sus cometidos, elaborar el Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo, en tanto el Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera coordinará la actuación en materia de migración, aduana, represión del tráfico ilícito de drogas y control de seguridad en aeropuertos, puertos y pasos de frontera.

También en 2016 se implementó el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) en el área metropolitana y dos departamentos del interior del país (Canelones y San José) y sistemas de vigilancia, por medio de cámaras instalados en varios barrios, con el fin de detener el aumento de delitos violentos. Esto se suma al sistema de vigilancia telefónica y de correos electrónicos llamado “El Guardián”, bajo control judicial, también con el fin de control del delito, especialmente el crimen organizado y el terrorismo cuando es pedida la interceptación por parte de un juez que está llevando adelante una investigación. Para comienzos de 2018, el PADO se encontraba operativo también en los departamentos de Rocha, Paysandú, Cerro Largo, Salto, Artigas, Rivera y Colonia. Es a través del PADO donde el Ministerio del Interior está apostando su prevención a la delincuencia criminal organizada.

Entre las nuevas formas de delito asomó el asalto millonario al Hotel Enjoy Conrad en Punta del Este en plena temporada estival, a comienzos de 2018. Una banda compuesta por 12 mexicanos y un uruguayo robó en escasos minutos la joyería del hotel 5 estrellas, sin que se registraran disparos ni se usara la violencia. Lograron salir todos del hotel con la mercadería y en pocos días todos fueron apresados intentando esconderse en el país o escapar por las vías terrestre, marítima y aérea. Según información de Interpol Uruguay, el Ministerio del Interior anuncia que “ninguno de los ciudadanos mexicanos contaba con requisitoria o pedido de captura internacional al momento de ingresar a Uruguay”. Luego se supo que esta banda conocida como “Los Mazos” operó también en otros países usando el mismo estilo delictivo, como sucedió en Costa Rica en 2017, donde cometieron un asalto violento a una joyería, logrando detener a algunos y otros pudieron huir del país. Sobre 4 de los detenidos en Uruguay, Costa Rica adelantó iniciaría trámites de extradición por robo agravado, en un ejemplo de cómo a través de las comunicaciones entre ambos países se generó una cooperación que fortalece el combate a la delincuencia criminal transnacional.

Pero, a pesar de las acciones de Uruguay por prevenir, sancionar y erradicar el crimen organizado, nos enfrentamos a una debilidad al momento de abordar las estrategias. Los ejemplos presentados muestran la dimensión de este flagelo, excediendo la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales. Ello revela que las políticas llevadas adelante son aún incompletas e insuficientes para poder combatir este obstáculo, debiendo ser más efectivas. En términos de Garzón (2012: 1-14) la delincuencia organizada aparece “en Estados que no han tenido capacidad para ejecutar y garantizar el respeto de sus propias regulaciones.”

Dada la naturaleza transnacional de las amenazas, para prevenir, sancionar y erradicar la delincuencia organizada, los planes y respuestas deben estar basados en una coordinación interinstitucional y en acuerdos de cooperación internacional. En este marco, se presenta como un tema clave y un desafío, el seguir con atención las actividades expansivas en países vecinos, del mayor grupo delictivo de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), siendo esencial la cooperación con ese país para desarticular futuras operaciones fronterizas con Uruguay. Según lo plantea Ramalho (2017) los ingresos del PCC son estimados alrededor de unos US$ 38 millones anuales, de los cuales un 80% de esa suma están vinculados con el negocio de las dogas. En sus palabras, este grupo criminal

posee aproximadamente 11.000 integrantes, que pagan mensualidades para beneficiarse de los servicios de protección en las cárceles (el grupo controla cárceles de 22 de los 27 estados de la federación), donde impone orden y disciplina, administrando inclusive el tipo de droga vendida internamente. (Ramalho 2017:130).

En suma, los esfuerzos realizados no fueron bastantes para prevenir o contrarrestar la actividad criminal que ha ido en aumento en los últimos años. En ese sentido, la respuesta del Estado con el uso de la fuerza pública para garantizar la seguridad, no es suficiente para proteger la vida de los habitantes, pues no se están generando las condiciones para el bienestar presente de la población. En términos de Sampó (2017:34) “el crimen reduce fuertemente los niveles de bienestar de los individuos”. Para implementar una política de seguridad que enfrente al crimen organizado se debe contar con una visión integral que permita el uso de todos los recursos del Estado, usando un entramado o red de información y colaboración al igual que las organizaciones criminales, extendiéndose fuera de fronteras.

 

Empleo del uso militar para hacer frente al crimen organizado y el terrorismo como amenazas para Uruguay

Así como conceptualizamos al crimen organizado, podemos decir, que los actos terroristas buscan infundir terror mediante acciones que impliquen el ejercicio de la violencia física o psicológica por parte de un tercer actor. El objetivo del terrorismo es el impacto psicológico (Sánchez y Yubero, 2016: 9), sosteniendo además estas autoras que los actos terroristas son un medio de expansión de una ideología y un proyecto político mediante el uso de la violencia. Las modalidades del crimen organizado y del terrorismo están en permanente cambio, de forma de eludir los controles del Estado. Considerada la convergencia entre crimen organizado y delito como una amenaza a la soberanía del Estado, en términos de Realuyo (2016:10), “para abordar la convergencia de las redes de crimen-terror, los gobiernos tienen que involucrarse en una mayor colaboración transfronteriza entre los militares, las agencias de inteligencia y las policías para entender mejor y combatir las redes ilícitas con mayor eficacia.

En el entendido de que no estamos solamente ante un tema de seguridad pública, aquí asoma para Uruguay la nueva concepción de la Defensa que contribuye a generar las condiciones para el bienestar, presente y futuro de la población, estando implícita la seguridad de su sociedad. Cuando se instauró nuevamente la democracia, no fue de recibo la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, atendiendo a los diferentes roles respecto de las fuerzas policiales, estando preparadas para otras tareas con diferente armamento. Por esa razón, se mejoró notablemente a la policía, se la profesionalizó, equipó y entrenó para combatir el crimen y la delincuencia. Y se le otorgó mejor paga que a las Fuerzas Armadas, de forma de combatir la corrupción.

Hasta la aprobación en 2010 de la Ley Marco de Defensa Nacional, las acciones militares en seguridad pública, estaban vinculadas con la vigilancia perimetral externa de establecimientos carcelarios está a cargo de efectivos militares desde 1997, a través del Decreto del Poder Ejecutivo 378/997. Dicha tarea, encomendada para afianzar la seguridad pública, fue prorrogando su mantenimiento a través de sucesivos Decretos y leyes, la última de ellas con vigencia a febrero de 2021. En algunas ocasiones, se había planteado -no desde el Ministerio de Defensa- que los militares además se encargaran del control de acceso de personas a las cárceles, de forma de combatir la corrupción policial en los establecimientos penitenciarios, idea que no prosperó. También en situaciones puntuales las Fuerzas Armadas fueron cometidas a tareas de apoyo, como sucedió en 1987 ante el conflicto de los funcionarios policiales donde se resintió la vigilancia y se les encomendó a aquellas que en colaboración con las fuerzas policiales o por sí mismas, de ser necesario, adoptasen todas las medidas tendientes a mantener el orden y tranquilidad públicas. En 1992, ante reivindicaciones profesionales policiales, el Poder Ejecutivo encomendó la misma tarea y las Fuerzas Armadas patrullaron en Montevideo. A fines de 2015, como consecuencia de grandes inundaciones en varias zonas del interior del país, efectivos militares colaboraron con la población con traslados, alimentos, pero también realizaron patrullajes preventivos diurnos y nocturnos para evitar los robos en los hogares que habían sido evacuados.

También, de acuerdo con sus leyes orgánicas, dentro de las actividades a ser desarrolladas por las Fuerzas Armadas, determinadas por el Mando Superior, éstas ayudan a combatir el delito. Dentro del ámbito de su competencia, la cooperación en el combate al delito se realiza mediante las funciones como policía aérea (a través de la Fuerza Aérea), lleva adelante actividades de seguridad pública actuando como policía marítima (a través de la Armada), y ejerce actividades militares en el espacio terrestre mediante la presencia del Ejército. Quiere decir que se puede emplear la acción militar dentro de su competencia, para apoyar a las fuerzas de seguridad a enfrentar las amenazas. Además, ante situaciones de posible amenaza terrorista, el Ejército contaba con medios especiales de contraterrorismo.

La Ley Marco de Defensa creó el Sistema de Defensa Nacional que se integra con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Consejo de Defensa Nacional (CODENA), este último también creado por la misma Ley. Este Consejo es un órgano asesor y consultivo del Presidente del país que le permite determinar el proceso de planificación de la Defensa Nacional. Lo integran, además del Presidente de la República, los Ministros de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, teniendo entre otros cometidos, el de analizar amenazas que pudieran poner en riesgo la soberanía e independencia del país o que pudieran afectar gravemente los intereses nacionales, analizar y proponer hipótesis de conflicto. Esto demuestra que los lineamientos actuales en materia de defensa exceden los temas estrictamente militares. Es en ámbito del Consejo de Defensa donde se deben analizar los temas estratégicos incluyendo a los factores del poder nacional. Junto con el Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, este órgano multisectorial analiza las amenazas y desde allí, dicta las directrices a través del Secretario del CODENA para el conjunto de los organismos involucrados, según la materia de que se trate. La Política de Defensa Nacional fue aprobada en 2014. Durante una entrevista periodística, el entonces Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro destacaba el documento aprobado sobre la política de Defensa Nacional, afirmando que “el mundo tiene hoy una cantidad de amenazas que antes no existían, y por lo tanto existen nuevos riesgos y vulnerabilidades para Uruguay”, mencionando entre las amenazas al crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.

El crimen organizado como amenaza a la seguridad del Estado uruguayo está establecido en la Política de Defensa Nacional, aprobado por Decreto 105/2014. Este documento, con un horizonte temporal 2014-2030, lo define como

… la asociación de personas, con cierta infraestructura logística y económica que le permite su expansión a nivel internacional, realizando operaciones clandestinas con fines de lucro, que pueden llevar a la destrucción de la cohesión social a través de delitos como el narcotráfico, tráfico ilegal de armas, el lavado de activos, la trata de personas, la corrupción y el crimen cibernético, entre otros,

expresando también que las actividades del Crimen Organizado “amenazan la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado, perjudican su imagen internacional, el desarrollo económico, social y cultural del país, coadyuvando a la proliferación de la criminalidad doméstica e incrementando sus efectos.” Quiere decir que según se entiendan a estas amenazas, afectando la seguridad pública (concepto sectorial) o la defensa (alcance multisectorial), en este último caso puede favorecer la acción militar para ayudar a enfrentar algunas de las amenazas, aún cuando fuere con carácter de excepción y dentro del marco jurídico.

La existencia de vínculos entre terrorismo y criminalidad no debe dejarse de lado. La Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la ONU, como consecuencia de los atentados del 11 de setiembre, establece la estrecha conexión existente entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada transnacional, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas, entre otros, como amenazas graves a la seguridad internacional. Los reportes anuales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), también indican que las organizaciones terroristas pueden ser financiadas por acciones criminales. En su último reporte, trata especialmente estas conexiones en un fascículo aparte, “El problema de las drogas y la delincuencia organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el terrorismo” (UNDOC, 2017). Este informe también presenta una mirada especial a Uruguay desde la legalización del cannabis, expresando que

"las repercusiones que puedan tener las disposiciones adoptadas en el Uruguay para reglamentar el uso recreativo de la sustancia solo se sabrán una vez que hayan sido aplicadas plenamente, y habrá que seguir de cerca todo lo que ocurra con el tiempo."

En este sentido, la Política de Defensa Nacional también incluye los actos terroristas como un obstáculo que podría enfrentar Uruguay, definiéndolos como

… el uso de la violencia y amenazas, por parte de individuos o de un grupo organizado, dirigido en forma predeterminada a la población civil o instalaciones, generando terror y difundiéndose a través de los medios de comunicación masivos, con el fin de intimidar a la población u obligar al Gobierno o a una Organización Internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Si bien categoriza separadamente el crimen organizado del terrorismo, tal como se viene desarrollando en este trabajo porque persiguen objetivos diferentes, el vínculo potencial entre ambos podría estar en la oferta que brindara la delincuencia a los terroristas, como ser armas y documentos robados, y operaciones de blanqueo de dinero. El terrorismo pasa a identificarse como una amenaza para el país ya sea por atentados o por el establecimiento de redes que afecten a otros países de la región. Surge también de la Política de Defensa Nacional que uno de los lineamientos estratégicos vinculados a la eventual amenaza del terrorismo, refiere a participar en ámbitos regionales e internacionales gubernamentales, dedicados al intercambio de información y discusión de políticas de seguridad y defensa, especialmente los vinculados al crimen organizado y al terrorismo.

Asimismo, en el documento Política Militar de Defensa aprobada por Decreto 129/016, se establecen dentro de los objetivos de la Defensa Militar (que van en concordancia con los Objetivos Permanentes y Estratégicos de la Defensa Nacional) que, de manera excepcional, con previa disposición del Poder Ejecutivo, y coordinada con la policía,

"podrán desarrollar acciones militares a fin de asegurar las fronteras en apoyo a los organismos del Estado que lo requieran frente a las amenazas que así lo justifiquen”. (…) Emplear medios militares para proteger las infraestructuras críticas (…) Ejercer el control de armas a efectos de contribuir al mantenimiento de la paz, la preservación de la vida y el bienestar de la población (…) Desarrollar y emplear medios militares en conjunto y coordinación con los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas a fin de apoyar la prevención, disuasión y/o combate al Terrorismo."

De esta forma queda claro que los militares actuarán dentro de un marco legal, para los casos específicos y que no se trata de un despliegue arbitrario. 

Haciendo referencia también a la Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002) aprobada por la Ley 18.070, pone énfasis en la cooperación y en el intercambio de información para el control fronterizo y aduanero que permitan detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas para apoyar acciones terroristas. Y, por último, el documento de Política Militar de Defensa deja en claro que

"las FF.AA. también están capacitadas para aportar, conjuntamente con otros organismos que intervienen en la materia y cuando sea dispuesto por las autoridades respectivas, al combate, la prevención y disuasión del terrorismo; como es el caso de la conformación de unidades especialmente adiestradas..."

En 2017 se aprueba la Estrategia Nacional contra el Terrorismo -cuyo contenido no fue divulgado para no afectar el orden público interno y la defensa nacional- como un medio de rápida respuesta para prevenir, proteger y perseguir acciones violentas enmarcadas como terroristas que afecten a la seguridad de la población. En ella se crea el Centro Nacional Coordinador Contra el Terrorismo (CENACOT), ambos aprobados por el Decreto 180/017. Esta medida constituye lo más actual en medidas de actuación ante una eventual situación de carácter terrorista, con un Coordinador para “asesorar, coordinar, planificar y supervisar los asuntos relacionados con la Estrategia Nacional contra el Terrorismo”, figura que hoy ocupa el Secretario del CODENA. Se mejora la coordinación interinstitucional creando dentro del CENACOT, a la Comisión Interministerial conformada por Ministerios del Interior, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores.

Por último, a comienzos de 2008, mediante el Decreto 6/018, el Presidente de la República encomendó a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia en las zonas de frontera -con exclusión de los centros poblados- como apoyo a los organismos estatales con jurisdicción y competencia en materia de protección y seguridad interna, previniendo amenazas que afecten la integridad del territorio y sus recursos estratégicos. La norma establece que

"la permeabilidad de las fronteras, constituye una debilidad estructural del Estado debido a la falta de su presencia en la zona, generando oportunidades para los agentes de delitos transnacionales en diversas formas; afectando la seguridad, el desarrollo y la imagen institucional del país."

Quiere decir que las Fuerzas Armadas podrán realizar patrullajes y tareas de control como tareas de reconocimiento con el propósito de obtener información necesaria para la Defensa Nacional. Pero su actuación s encuentra limitada porque ante una presunta irregularidad o ilícito, debe limitarse a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad policial o la que sea competente.

¿Qué quedaría por hacer? Aún falta aprobar el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, que se encuentra a estudio en el Parlamento, para fortalecer los organismos con funciones de inteligencia (policial, militar, financiera, aduanera, diplomática, entre otros) y generar información estratégica para la toma de decisiones gubernamentales, tarea que actualmente desempeña el Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado. Este sistema deberá armonizar con la visión de Defensa Nacional que genera, a través del CODENA, inteligencia estratégica al más alto nivel del Estado[7]. El órgano legislativo no tiene sólo en espera de aprobación a la ley de inteligencia. En 2016 el Poder Ejecutivo le remitió el proyecto de Ley Integral Antiterrorismo como forma de avanzar respecto de la condena de los actos terroristas, luego de los atentados ocurridos en varios países del mundo. El proyecto señala en su exposición de motivos que

los grupos terroristas van modificando sus métodos de organización y funcionamiento, intentando aprovechar las debilidades de los Estados y recurriendo a las tecnologías de la información modernas para aumentar el impacto de sus atentados. Estos grupos se aprovechan igualmente de la existencia de zonas que escapan al control de las autoridades públicas, utilizando esos "refugios seguros" para organizarse, entrenarse y preparar ataques tanto en el Estado en el que se hallan como en otras partes del mundo.

Potenciado el marco jurídico con nuevas leyes e instituciones que abarquen todos los aspectos necesarios para combatir el crimen organizado, el lavado de activos y el terrorismo, entre otras amenazas, complementado con políticas y directrices, con políticas de coordinación interagencial y cooperación con otros países, se fortalece la capacidad institucional. Se debe continuar trabajando en esa línea fortaleciendo el intercambio de información, tanto en lo internacional como en lo nacional, frente a estos delitos que disponen de gran poder y alcance transnacional, ante organizaciones ilícitas que reciclan en forma permanente su organización, técnicas, financiación y logística.   

 

Conclusiones

A pesar de los esfuerzos estatales en brindar una respuesta institucional que combata al delito nos enfrentamos a una debilidad al momento de abordar estrategias en ese sentido. Para luchar contra este flagelo, el Estado tiene el don de imperio, y debe ejercer su poder apoyándose en un sistema normativo, policial y judicial efectivos, pero debe darse también una coordinación interinstitucional dentro del Estado. Para atender y enfrentar las diferentes amenazas, debe tenerse una visión multidimensional con una respuesta multisectorial. En este sentido, la Defensa Nacional es, entre otras cosas, una función integral del Estado en un marco de cooperación entre los diversos organismos nacionales y éste cuenta con organizaciones pensadas para el desarrollo de políticas públicas y estrategias que atiendan a las diversas amenazas a las cuales se enfrenta Uruguay.

A su vez, debe darse la cooperación entre los países de la región y también en el ámbito internacional, apoyándose entre sí y colaborando en materia de seguridad y defensa. La firma de Convenios bilaterales, regionales e internacionales entre los Estados mejora la coordinación para abordar el delito organizado transnacional y el terrorismo y fortalecer el trabajo en conjunto en áreas comunes, como ser el control en cruces de fronteras, el intercambio de información y la capacitación profesional del personal involucrado en el combate a las modalidades delictivas transnacionales (policías, jueces, fiscales, servicios de inteligencia, Fuerzas Armadas).

Con el marco normativo actual de actuación en materia de defensa, la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas policiales ya se está llevando a cabo, pero pueden colaborar aún más que con la policía aérea y marítima y control de las fronteras para combatir el delito transnacional y el terrorismo, proporcionando colaboración y cooperación logística (transporte aéreo, apoyo con helicópteros, etc.).

La prevención debe ser la prioridad, pero también la respuesta adecuada para una amenaza determinada. Actuar de manera proactiva en vez de reactiva, le cuesta mucho menos al Estado, en especial en aquellos países como Uruguay que cuentan con limitados recursos humanos y materiales. El Estado es responsable frente a su población de garantizar su seguridad y la integridad territorial, entre otros aspectos, Por eso, prevenir las actividades del crimen organizado y el terrorismo fortalece la presencia y control estatal, cerrando la puerta a los intentos de permeabilidad a las actividades criminales que se pretendan desarrollar.

Se debe comenzar a reducir el nivel de las amenazas que afectan a Uruguay. Por ello, el combate al crimen organizado y organizaciones terroristas que puedan colaborar entre sí en las actividades ilícitas, debe transformarse en un tema prioritario en la agenda de seguridad y defensa. Es hora de que exista una respuesta más integral que sectorial donde confluyan coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad.

 

Nota sobre la autora:

María del Rosario Rodríguez Cuitiño. Magíster en Ciencia Política, Universidad de la República, Uruguay. Docente del CALEN-Colegio de Defensa. Fue Asesora del Secretario del Consejo de Defensa Nacional y Subdirectora Académica del CALEN. Email: rosariorodriguezcuitino@gmail.com

 

Referencias

BBC Mundo (2017), “Cómo los bancos se volvieron un gran obstáculo para la legalización de la marihuana en Uruguay y el resto de América”, BBC Mundo, 22 de agosto. Recuperado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-41019446

Bordes Leone, Gustavo (2016), “Sobre la Ley Nº 19.172 de Regulación de la producción, comercialización y consumo de la marihuana y su decreto reglamentario Nº 120/014”, Revista del Instituto de Derecho Penal, Nº 9, Facultad de Derecho, UDELAR, Uruguay.

Burone, José María (2013), “La Defensa Nacional en el Uruguay: Análisis del contenido de la Ley Nº 18.650 Marco de Defensa Nacional”, en Centro de Altos Estudios Nacionales-Colegio de Defensa del Uruguay (comp.), Conceptos sobre Seguridad y Defensa de los países iberoamericanos. Desde la óptica de sus Colegios de Defensa, Montevideo, pp. 387-412.

Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967.

Declaración de Bridgetown “Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica” (2002). AG/DEC.27.

Declaración de Seguridad de las Américas, Conferencia Especial sobre Seguridad (2003). CES/dec.1/03 rev.1.

Decreto 378/997 de 10 de octubre de 1997 (Cometidos del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior respecto de la seguridad externa del complejo carcelario de Santiago Vázquez, del establecimiento de reclusión de Libertad y de la cárcel departamental de Canelones.

Decreto 239/009 (Secretaría Nacional Antilavado de Activos).

Decreto 105/014 de abril de 2014 (Política de Defensa Nacional).

Decreto 129/016 de febrero de 2016 (Política Militar de Defensa).

Decreto 180/017 de 3 de julio de 2017 (Estrategia Nacional Contra el Terrorismo).

Decreto 6/018 de 8 de enero de 2018 (Encomiéndase a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia en las zonas de frontera).

De los Reyes, Ignacio (2013), “Los efectos internacionales del experimento de Uruguay con la marihuana”, BBC Mundo, Argentina, 10 de diciembre. Recuperado de: www.bbc.com/mundo/noticias/2013/12/131210_uruguay_marihuana_legalizacion_aprueba_diplomacia_narco_irm

Durazno Digital (2015), “Narcos brasileños usan las municiones robadas a la Fuerza Aérea Uruguaya”, Durazno Digital, 14 de julio. Recuperado de: http://www.duraznodigital.uy/2015/07/narcos-brasilenos-usan-las-municiones-robadas-a-la-fuerza-aerea-uruguaya/

El País (2015), “Crimen Organizado tomó el caso de robo de balas”, El País, 25 de junio. Recuperado de: https://www.elpais.com.uy/informacion/crimen-organizado-tomo-caso-robo-balas.html

- (2015b), “ONU: legalización de marihuana en Uruguay daña lucha contra la droga”, El País, 3 de marzo. Recuperado de: https://www.elpais.com.uy/informacion/onu-legalizacion-marihuana-uruguay-dana-lucha-droga.html

El Observador (2016), “Paraguayo asesinado en Solymar fue detenido en 2002 por narcotráfico”, El Observador, 7 de febrero. Recuperado de: https://www.elobservador.com.uy/paraguayo-asesinado-solymar-fue-detenido-2002-narcotrafico-n864215

Garzón Vergara, Juan Carlos (2012), “La rebelión de las redes criminales: el crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo modifican”, Boletín Citizen Security and Organized Crime, Washington, Woodrow Wilson Center Update on the Américas, pp.  1-14.

Ley 17.835 de 23 de setiembre de 2004. Fortalecimiento del sistema de prevención y control de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Ley 18.070 de 11 de diciembre de 2006. Aprueba Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Ley 18.331 de 2008. Protección de datos personales.

Ley 18.650 de 19 de febrero de 2010. Marco de Defensa Nacional.

Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones Ejercicio 2010-2014.

Ley 19.172 de 20 de diciembre de 2013. Marihuana y sus derivados.

Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015. Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones Ejercicio 2015-2019.

Ley 19.484 de 5 de enero de 2017. Transparencia Fiscal Internacional, Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Ley 19.513 de 14 de julio de 2017. Creación de la Comisión de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo.

Ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017 Integral contra el lavado de activos.

Ministerio del Interior (2015), “Brigadas antidrogas se preparan para atacar bocas”, 17 de marzo. Recuperado de: https://www.minterior.gub.uy/index.php/2013-06-17-14-41-56/2012-11-13-13-08-52/78-noticias/ultimas-noticias/2605-brigadas-antidrogas-se-preparan-para-atacar-bocas

Ministerio del Interior (2018), “No tenían requisitoria internacional”, 9 de febrero. Recuperado de: https://www.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=5341

Ramalho, Antonio Jorge (2017), “Crimen transnacional y tráfico ilícito de drogas en Brasil: implicancias y desafíos para la seguridad regional”, en La reconfiguración del fenómeno del narcotráfico en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, Red de Política de Seguridad, Pontificia Universidad Católica del Perú y Konrad Adenauer Stiftung, pp. 115-149.

Realuyo, Celina B. (2016), “La futura evolución de las organizaciones criminales transnacionales y la amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU.”, Perry Center Ocassional Paper, enero 2016, William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, National Defensa University.

Resolución 1373 (2001) Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas

Rodríguez Cuitiño, M (2015), El proceso de formulación de la política de Defensa Nacional en Uruguay, Tesis de Maestría. Universidad de la República (Uruguay). Recuperado de: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/7660/1/TMCP_Rodr%C3%ADguezCuiti%C3%B1oMar%C3%ADadelRosario.pdf

Sánchez, Verónica y Yubero, Beatriz (2016), “Influencia de las redes criminales de carácter transnacional en los conflictos”, Documento de trabajo 12/2016 del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), España.

Sampó, Carolina (2017), “Una primera aproximación al crimen organizado en América Latina: definiciones, manifestaciones y algunas consecuencias”, en Sampó y Troncoso (comp.), El crimen organizado en América Latina: manifestaciones, facilitadores y reacciones, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, pp. 23-40.

UNODC (2004), “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos”, (2004). Recuperado de: https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf

- (2016), “Informe mundial sobre las drogas. Resumen Ejecutivo”. Recuperado de: https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf

- (2017), “Informe mundial sobre las drogas”. Recuperado de: https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Spanish.pdf

Uval, Natalia (2014), “Trincheras”, La Diaria, 16 de abril. Recuperado de: https://ladiaria.com.uy/articulo/2014/4/trincheras/


[1] AG/DEC.27.

[2] CES/dec.1/03 rev.1

[3] Palabra usada por Thomas Kuhn que se adoptó en ciencias sociales para destacar un cambio en el modo en que se interpreta la realidad. 

[4] Ley Marco de Defensa Nacional No. 18.650, art. 1ro.

[5] Ley Marco de Defensa Nacional 18.650, art. 18.

[6] Competencia actual aprobada en 2015 al crearse el Estado Mayor de la Defensa como Unidad Ejecutora.

[7] La Ley Marco de Defensa Nacional 18.650 establece, entre las competencias del Consejo, analizar amenazas, proponer hipótesis de conflicto, sugerir adopción de planes y estrategias (art. 12).

 

Español

          Licencia de Creative Commons

Revista de Estudios en Seguridad Internacional is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.
Creado a partir de la obra en http://www.seguridadinternacional.es/revista/.