La adecuación de las Fuerzas Armadas españolas a la seguridad occidental en la década de 1960

CARLOTA GARCÍA ENCINA

Real Instituto Elcano/Universidad Francisco de Vitoria, España

 

Title: The Adaptation of the Spanish Armed Forces to Western Security in the 1960s

Resumen: El trabajo profundiza en los cambios que acontecieron en los años sesenta en el ámbito militar español. Se trata de analizar la naturaleza de tales cambios y transformaciones y tratar de ver hasta qué punto hubo una influencia o asimilación de los que ocurría más allá de nuestras fronteras con el objetivo de adecuarse a la seguridad occidental. Como principal fuente se recurre a escritos, trabajos, reflexiones y discursos que salieron de la mano de los propios militares de los tres Ejércitos y del Alto Estado Mayor de la época gracias a una abundante documentación no publicada y poco explorada hasta hoy.

Palabras Clave: Fuerzas Armadas españolas, Seguridad occidental

Abstract: This work explores the changes that took place in the 1960s in the Spanish Armed Forces. The aim is to analyse the nature of such changes and transformations and to what extend there was an influence or assimilations of the development in such field beyond our borders. The main sources are the writings, works, essays and speeches that have come out of the hands of the militaries of the three armies thanks to an abundance of unpublished documentation under-explored.

Keywords: Spanish Armed Forces, Western security

Recibido: 10 de junio de 2017

Aceptado: 15 de julio de 2017

Para citar este artículo: Carlota García Encina, “La adecuación de las Fuerzas Armadas españolas a la seguridad occidental en la década de 1960”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 3, No. 2, (2017), pp. 45-59. http://dx.doi.org/10.18847/1.6.3

 

Introducción

Entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta arranca en España un importante proceso evolutivo dentro de las Fuerzas Armadas. Hubo varios síntomas de ese cambio, principalmente los primeros intentos de reorganización en los tres Ejércitos. También hay que destacar la creación en 1964 del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), con la misión, entre otras, de alcanzar una unidad de pensamiento y de disponer de una orientación doctrinal. Otro síntoma de ese proceso evolutivo fue la promulgación, en enero de 1967, de la Ley Orgánica del Estado, en la que se definieron por primera vez los cometidos de los organismos superiores de la Defensa y se asignaron misiones concretas a las Fuerzas Armadas. Además de estos síntomas de cambio, la atención se centraba en los acuerdos con Estados Unidos, su prórroga y renovación, al tiempo que se seguía recibiendo y adaptando a las circunstancias nacionales todo el material que los Ejércitos españoles iban recibiendo como consecuencia de la firma de dichos acuerdos. Será entonces a partir de estos años cuando se empiecen a sentar las bases de unas nuevas Fuerzas Armadas cuya estructura básicamente se mantendrá durante veinte años, hasta mediados de los ochenta.

Se parte de la hipótesis de que todo este proceso evolutivo forma parte de la adecuación de las Fuerzas Armadas a la defensa occidental y como adaptación a una nueva realidad que acontecía más allá de nuestras fronteras. Una adecuación que se puede observar en tres campos: en las estructuras y materiales, en el pensamiento, y en la adecuación legislativa.

Son pocos los trabajos sobre las Fuerzas Armadas españolas que se han centrado en este periodo de estudio, principalmente en relación a su modernización y transformación que tuvo lugar. Para el almirante Ángel Liberal Lucini, los cambios producidos en este periodo “no admiten comparación e intensidad, profundidad y velocidad de cambio con ningún periodo análogo desde hace dos siglos” (Liberal, 1995: 31). Para profundizar en ello se ha buscado la perspectiva de los propios militares españoles de la época a través de sus escritos, discursos, estudios y reflexiones, poniendo de relieve la existencia de numerosos pensadores y estrategas de la época que llenaron páginas con sus estudios y conferencias. Para alcanzar dicho objetivo se ha accedido a numerosas fuentes escritas no publicadas de la Biblioteca del CESEDEN, del Archivo de Historia de la Escuela de Guerra Naval y del Fondo de la Secretaría del Ministro Subsecretario del Archivo Central del Ministerio de la Presidencia, entre otros. En todos ellos se ha podido encontrar gran variedad de información, en ocasiones dispersa y sin aparente correlación, pero que poco a poco ha permitido reconstruir el periodo objeto de estudio.

 

Las potencias occidentales

A finales de la década de los cincuenta, las Fuerzas Armadas de las principales potencias occidentales se encontraban en plena reorganización y en especial los Ejércitos de Tierra. Estados Unidos estudiaba y empezaba a implementar las divisiones pentómicas; Gran Bretaña decidía sobre la reducción de sus efectivos, la transformación profunda de su Ejército y la defensa de las Islas (Slessor, 1957); y Francia iniciaba un plan de reorganización de sus fuerzas que arrancaría con un decreto de reorganización de enero de 1959. Detrás de todas estas reorganizaciones destacaba el hecho de la aparición del arma atómica táctica, es decir la aparición del arma nuclear en el campo de batalla.

Hasta ese momento, la bomba atómica no podía apenas ser “entregada” más que por aviones de bombardeo, siendo un arma de naturaleza estratégica. Con la llegada del proyectil nuclear ligero, lanzado con un cañón de artillería a distancia media contra las tropas del adversario, se modificaba por completo la fisionomía del combate. Ahora, ante la gran capacidad de destrucción del explosivo nuclear en el campo de batalla, los Ejércitos debían buscar la salvaguardia en la dispersión. Esto crearía a su vez grandes vacíos en dicho campo de batalla, que implicaba por tanto que había que disponer de unidades más móviles, más independientes, con más fuego de todas las clases. Había, por tanto, que renovar las tropas, crear una doctrina de empleo nuevo, y darles una nueva estructura (Air Force, 1956).

La llegada de los proyectiles nucleares al campo de batalla daría lugar a una serie de reformas y fórmulas que se basarían, por tanto, en dos principios: la dispersión y la movilidad. Las potencias aliadas habían llegado a la conclusión, además, de que era imposible contar con las fuerzas movilizadas de la nación como antes, pues no habría tiempo para llamar a filas a los ciudadanos. Y las tropas debían estar además perfectamente preparadas para la inmediata disponibilidad y debidamente especializadas (Norstad, 1956). Los acontecimientos del momento ponían además en evidencia la necesidad de disponer de esa fuerza de intervención muy móvil, capaz de desplazarse muy rápidamente por tierra, pero también por aire, es decir aerotransportable. Y en cuanto a la defensa del territorio nacional, ésta se podría asegurar con unidades menos armadas y con menor número de efectivos.

Es importante resaltar que, incluso antes de la llegada del arma nuclear táctica, los Ejércitos de Tierra occidentales trataban de ganar terreno con respecto a las otras dos fuerzas - Aire y Mar, con mayor valor, peso estratégico y táctico tras la II Guerra Mundial - para volver a desempeñar un papel determinante en tiempo de paz e intervenir de modo decisivo en las guerras del futuro. Desde la II Guerra Mundial la competencia entre los tres Ejércitos había ido en aumento y, generalmente, Tierra acababa en inferioridad de condiciones reduciéndose su presupuesto y sus efectivos. Los Ejércitos se encontraban además en peligro de verse privados de su misión ofensiva, reduciéndolos al simple papel de desempeñar acciones de contención en posiciones especialmente seleccionadas, ocupación del territorio enemigo conquistado y mantenimiento del orden en la retaguardia (Unitas, 1955). Los Ejércitos terrestres trataban así, frente a la Armada y a Aire, de no contentarse con una misión defensiva, sino que buscaban mantener su posición de órgano potentemente ofensivo y necesario para la guerra, un sostenimiento de tal posición que se hacía cada vez más difícil por los avances tecnológicos que interferían en las funciones de los Ejércitos tradicionales.

La “modernización” o “reorganización” de las Fuerzas Armadas, principalmente las terrestres, era una preocupación no sólo de las grandes potencias como podían ser Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Inquietaba a muchos países que no querían quedarse rezagados en la adaptación que imponían las nuevas investigaciones y progresos técnicos.

España no podía quedarse aislada ante las tendencias y desarrollos en los países occidentales, al menos para una pequeña parte de los altos mandos militares: “Cualquier país aislado es impotente y tiene que volver sus ojos a los más afines, en demanda de ayuda. Es necesaria la colaboración, el auxilio mutuo. La guerra es de bloques de naciones y la política militar conjunta” (Castro y Cano, 1957: 37). España no podía, por tanto, considerarse un ente aislado puesto que los mayores peligros que le podían amenazar debían tenerse en cuenta contando con las posibilidades de sus potenciales aliados y, supuestamente, sus fuerzas deberían complementarse con ellos en lo necesario. Así se expresaba el propio Francisco Franco:

Hoy las guerras son universales, y en ellas se enfrentan dos sumas de naciones. Ya no son posibles las guerras entre dos naciones y los conflictos se debaten entre grupos de ellas. Y la contemplación de la situación particular de estos momentos, nos dice que existe una amenaza real, una amenaza efectiva, una amenaza universalmente reconocida: la amenaza soviética, que persigue la destrucción de una civilización. (….) La amenaza de unirse y prepararse para defenderse de él se impone como primer objetivo (…) Pero, aunque fuertes en nosotros mismos, no podemos conformarnos con estar aislados; tenemos que considerarnos un sumando de una futura suma: la del grupo de naciones que hayan de oponerse a esa ofensiva o a esa subversión. Eso fue lo que persiguió la política de nuestro acercamiento y acuerdo con Norteamérica. Hoy no pueden los pueblos defenderse aisladamente, necesitan de los otros y de acuerdo con ellos, repartirse los papeles que cada uno corresponda desempeñar. Y si hemos de entendernos con otras naciones es natural que lo hagamos a través de las más capaces. (Franco, 1956: 3-4).

De estas palabras se deduce que, para Franco, ya en 1956, España debía estar ligada de alguna manera a la OTAN, es decir a la organización de la que formaban parte aquellas naciones que se oponían a la amenaza soviética. Era evidente que, de haber un conflicto generalizado entre Oriente y Occidente, su compromiso con Estados Unidos y la convicción moral del régimen español llevaría al país a alinearse con los occidentales y, por lo tanto, existía la convicción en el Gobierno y entre los militares de que España debía preparase para ser capaz de cooperar en la defensa de Occidente. Debían aprovechar la gran ventaja de la nueva situación militar del país a raíz de los acuerdos con Estados Unidos, con unas bases que podrían respaldar a las fuerzas de la defensa continental de la OTAN, de manera de que los aviones estadounidenses de bombardeo procedentes de España podrían entrar en acción en apoyo de la Alianza Atlántica. De esa manera España podía ligarse al Mando Supremo Aliado en Europa (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE). El posible enlace de las bases españolas con el SHAPE se citaba como parte de la teoría de la “defensa periférica” hacia la cual se inclinaba Estados Unidos. Algunos aliados sospechaban que precisamente las bases españolas se habían convertido en posiciones de repliegue, es decir que sospechaban que Washington se preparaba para abandonar a Francia y otros países del oeste de Europa en caso de guerra, para apoyar a España, África del Norte y Gran Bretaña, algo desmentido oficialmente por los estadounidenses en más de una ocasión (D.N.B., 1957: 53). Sin duda Franco se hizo eco también de lo que algunos denominaron la “pequeña OTAN”, grupo conformado por Estados Unidos, Portugal y España. Quizá por ello en la declaración ministerial del nuevo Gobierno de 28 de febrero de 1957, se hizo hincapié en el fortalecimiento de la relación de España con Estados Unidos y con Portugal (La Vanguardia, 1957).

Pero la debilidad de la maquinaria militar española hacía necesario un gran esfuerzo si de verdad se quería estar preparada para alinearse con Occidente. Los acuerdos con Estados Unidos eran en aquel momento el principal y único camino para lograrlo.

 

Los primeros cambios

Lo más destacable fueron los cambios y reorganizaciones en cada una de las fuerzas. Los años posteriores a la Guerra Civil española no había permitido a Tierra, Mar y Aire conocer los adelantos, las innovaciones y las consecuencias de la contienda mundial en la doctrina, táctica y técnica militares. Los acuerdos con Estados Unidos fueron el camino para cambiar esa situación y el discurso del régimen franquista, que se había basado en la superioridad del espíritu sobre el material como suficiente para defenderse y ganar a los adversarios, empezó a reconocer la necesidad de tener buen material para adaptarse a las circunstancias del momento. Así, según los principios del Movimiento Nacional de la Ley del 17 de mayo de 1958, el punto IV dice: “Los ejércitos de España, garantía de su seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio a la patria”. Además, se empezó a reconocer la necesidad de no quedarse aislado de las tendencias y desarrollos en los países occidentales en el ámbito militar, con cuyas fuerzas los Ejércitos españoles deberían poder complementarse.

Debía cambiarse desde la preparación hasta aspectos como la motorización y los servicios, además de la necesidad de adaptar las tácticas al nuevo medio nuclear. Y todo ello requería una necesaria información y estudio (Franco, 1956). Y se hizo. Los cambios comenzaron incluso antes de la firma de los acuerdos con Estados Unidos, como en el Ejército del Aire que sacó adelante una ley que le permitiría comenzar a adoptar una estructura operativa más moderna. Así, gracias a Washington la Aviación entró en la era del reactor y modificó por completo la manera de volar; la Armada sintió el gran cambio con la llegada del radar; y el Ejército de Tierra comenzó a adecuar su estructura a la aparición del arma atómica táctica, buscando una Infantería más ligera y más potente.

Fue precisamente con la reorganización del ministro del Ejército Antonio Barroso (ABC, 1958) de finales de los cincuenta y principios de los sesenta cuando se produce el gran cambio “conceptual”, de mentalidad y de táctica en el Ejército de Tierra. Los Convenios, pero también la liquidación del Protectorado de Marruecos (Editorial Nacional, 1964: 22) en 1956, hacían posible el inicio de un profundo cambio en la organización castrense española, modernizándola y adaptándola a las nuevas necesidades de los tiempos, si bien algunos dentro del Ejército apostaban simplemente por ligeras modificaciones (Alonso, 1956: 9-16, 1957: 3-8). Las normas para el desarrollo de la reorganización quedaron plasmadas en la Instrucción Militar 160-115 del Estado Mayor Central, de 15 de diciembre de 1959. El plan consistía en reducir en un 25% el número de divisiones del Ejército, pero mejorando su potencia y eficacia, algunas de las cuáles serían reorganizadas según la estructura pentómica estadounidense. Pero, aunque estaba llamada a ser la gran reorganización del Ejército español, no acabó de cerrarse en parte por el solapamiento de una nueva reorganización que empezaría a poner en marcha su sucesor, Pablo Alonso Martín, y que sería culminada por Camilo Menéndez Tolosa. Ésta dio lugar a la creación de las Fuerzas de Intervención Inmediata y las Fuerzas de Defensa Operativa del Territorio, estructura que se mantendría hasta mediados de los años ochenta. Según la propia Instrucción 165-142 de 1965, la reorganización no tenía como finalidad única la de “reducir las unidades, ni tampoco la única de dar una nueva estructura a la grandes unidades y unidades”, sino que, entre otros elementos, debía responder “a la idea de dotar a unas y otras con armamento adecuado a las exigencias de la guerra moderna”.

En la Marina fue Felipe Abarzuza quién primero comprendió desde finales de los cincuenta la necesidad de cambiar mentalidades e incluso la misión de algunos cuerpos, como el de la Infantería de Marina (Revista General de Marina – RGM, 1957). Revitalizó el Arma Aérea y se volcó en formar al personal necesario para pasar de una Marina clásica a una Marina electrónica que se adecuara a los progresos de la técnica (Abarzuza, 1957; RGM, 1959). Su sucesor, Pedro Nieto Antúnez continuó con el trabajo de su antecesor centrándose en tres áreas: un nuevo programa naval (RGM, 1963); una ley de ascensos que modificara el tradicional sistema de antigüedad (García, 1965); y la organización de la Armada. Y con una idea clara: toda decisión debía obedecer siempre a imperativos estratégicos. Así encaminó a la Marina a ser principalmente una Marina antiaérea y antisubmarina, y a adquirir las suficientes capacidades anfibias.

El programa naval era la principal prioridad y la máxima preocupación de Nieto Antúnez, si bien era sólo el primer paso para en un futuro elaborar un Plan General en el que se empezaría a trabajar algunos años más tarde. Era un plan de construcciones navales bastante coherente, y lo suficientemente flexible para poder seguir los progresos de la técnica naval en aquellos momentos. En su elaboración final se tuvo en cuenta prototipos de armamento y de equipos de diseño recientes en las Marinas más avanzadas del mundo, y por tanto no era un plan elaborado a base de antiguallas, sino que miraba al futuro con valentía y decisión (Moreno, 1966: 185). Al mismo tiempo, aquellos que participaron en la elaboración de dicho plan y la reforma que emprendía la Armada tenían claro que no podían acometer la construcción de un Programa Naval de tal categoría con psicologías cerradas o partidistas, ni con una infraestructura y métodos arcaicos (Moreno, 1966: 187).

Este nuevo programa de Nieto Antúnez marcaría una nueva época en la Marina española, pues traería consigo la adaptación del cohete a las armas antiaéreas y antisubmarinas. Esto implicaba además estudiar nuevas armas y nuevas tácticas, y enseguida la Armada se puso manos a la obra.

Se solía decir por entonces que había tres maneras de hacer las cosas: bien, mal o como la Armada. Su espíritu para alcanzar las metas y su arrojo, sus ideas nuevas y su forma de arriesgar, fue la clave de la Armada de esos años, que culminó sus trabajos en 1970 con la aprobación de la Ley Orgánica de la Armada, si bien los cambios se fueron implantando años antes. Fiel al principio de dirección centralizada y ejecución descentralizada, la Ley Orgánica de la Armada descargaba a las autoridades superiores de la Armada de las tareas administrativas que les distrajeran de sus funciones principales, como la elaboración de los planes de guerra y campaña. El ministro de Marina, por otra parte, se quedaba con las competencias administrativas y políticas. Con su filosofía orgánica la Armada se anticipó a las demás instituciones militares.

En cuanto al Ejército del Aire la creación del Mando de Defensa Aérea en 1956, el primer mando operativo que se organizaba en el Ejército del Aire, fue el primer gran paso hacia la modernidad. Los convenios con Estados Unidos le permitieron desarrollarse más que a ningún otro Ejército, una época dorada que sin embargo sólo le duraría unos pocos años.

Las Fuerzas Aéreas españolas sufrían más que los otros dos Ejércitos todas las actualizaciones y renovaciones relacionadas con el material y equipamiento. Los medios terrestres y navales conservaban cierto valor militar durante treinta o cuarenta años, pero los aéreos, a los diez o quince ya quedaban anticuados. Esta renovación era, además, la más costosa de los tres. Dotar al Aire de los medios que serían deseables obligaba a realizar un considerable esfuerzo económico y tras la primera renovación de los acuerdos con Estados Unidos en 1963 Aire entró en una situación crítica.

Resulta paradójico que los importantes avances en la Armada, y también los grandes cambios en el Ejército de Tierra dejaran en el último lugar a Aire, precisamente quién primero se benefició y quién dio el primer gran paso con los acuerdos con Estados Unidos de 1953. Sufrió modificaciones y adaptó su estructura aérea a cada uno de los nuevos ingenios aéreos que llegaban, pero quizás sin una idea y un objetivo claros que sí tenían, sin embargo, los otros dos Ejércitos y de forma destacada la Marina.

 

Primeros impulsos

No queda lugar a duda de la importancia de los acuerdos con Estados Unidos para el inicial despegue hacia la seguridad occidental de las Fuerzas Armadas españolas. Un empujón que volvió a dar Washington, aunque de forma indirecta, tras la primera renovación en 1963. Ésta llevó a un importante recorte en la ayuda al ámbito militar y por lo tanto a un descontento generalizado en los Ejércitos por los términos acordados (Consideraciones sobre los convenios, 1961; CESEDEN-ALEMI, 1968), pero paradójicamente sirvió de revulsivo para un nuevo impulso. Es decir, fue una nueva llamada de atención a los mandos de los tres Ejércitos que vieron la necesidad de exponer con claridad al gobierno la verdadera situación de los problemas de la Defensa y empezar a trabajar en los fundamentos de la política de Defensa y de la política Militar, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos industriales del país y de financiación. Fue también una llamada de atención para empezar a mirar más allá del socio estadounidense, a buscar la equivalencia en otros Ejércitos más próximos, con circunstancias y amenazas más similares a las suyas, y a comenzar a poner el foco de atención en una Europa que empezaba a unirse (Alto Estado Mayor, 1966).

Este nuevo impulso que acontece a mediados de los sesenta fue clave para la primera tentativa seria para el establecimiento de una política militar con la promulgación de la Directiva de Reorganización del Alto Estado Mayor de 1965 (Requejo, 1974), así como la promulgación de la primera ley sobre la regulación de las inversiones militares. También para que la Armada y Tierra continuaran con los proyectos iniciados a finales de los cincuenta con Barroso y Abarzuza con, si cabe, mayor énfasis, mientras que los debates y las ideas sobre un ministerio único (Martínez, 1969; Mendoza, 1966) y la necesidad de una acción unificada (Rueda y Ureta, 1956) se incrementaban.

Se puede afirmar, además, que ya en estos años existía un pensamiento o una reflexión estratégica en los tres Ejércitos que iba en consonancia con los desarrollos en el terreno estratégico occidental.

Fue precisamente uno de los fundamentos de la entonces moderna doctrina de guerra -el de los bombarderos estratégicos- el que dio a la Península Ibérica el estatus de lugar ideal para establecer bases avanzadas periféricas de Estados Unidos en España, y que culminaría con los acuerdos de 1953 (Manera, 1951). Era lógico, por tanto, esperar que a partir de entonces el seguimiento del terreno estratégico occidental fuera algo a tener en cuenta en las Fuerzas Armadas españolas.

Por este motivo, y teniendo en consideración que en el pensamiento militar español no había espacio para la neutralidad, la alineación con los países occidentales llevó a adecuar el discurso estratégico español al de Occidente. El gobierno estableció así de forma oficial la necesidad de que los ejércitos españoles empezaran a preparase para hacer frente a tres posibles escenarios: el de una guerra nuclear ilimitada (poco probable) o limitada al empleo de las armas nucleares tácticas (más probable), el de una guerra convencional, y el de la guerra subversiva, en consonancia con el discurso de las principales potencias (Franco, 1964). Es un ejemplo claro del conocimiento y seguimiento de lo que ocurría más allá de nuestras fronteras (Otto, 1957). El aislamiento en el terreno estratégico era cosa del pasado.

La clave estaba en seguir los desarrollos estratégicos occidentales y adaptarlos a la situación del país. Esto último no ocurrió, sin embargo, en el Ejército del Aire, que se limitó a modernizarse y a copiar a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Adoptó su organización, pero sin tener siempre en cuenta que, si la Fuerza Aérea estadounidense estaba dotada de grandes medios y para unos fines determinados, y si se reducían drásticamente esos medios y los fines eran otros mucho más limitados, el resultado no tenía por qué ser el mismo. Aire se orientó hacia una amenaza que suponía el bloque que lideraba la URSS, ante el cuál su papel hubiera sido menor, sin prestar la debida atención a las amenazas particulares de España. Concentró sus energías en los aspectos técnicos y táctico-defensivo, aprovechando el fuerte impulso de la instrucción recibida en las escuelas de Estados Unidos, pero la labor de crear una doctrina y una estrategia aérea al servicio de los auténticos intereses nacionales y en consonancia con la estrategia occidental no se llevó a cabo. La fuerza aérea no tenía una clara misión de defensa contra enemigos externos, tanto es así que algo que estaba al alcance de los medios de la industria nacional, es decir una aviación para ser empleada con eficacia y libre de cortapisas exteriores en los posibles conflictos en África, no se desarrolló. De ahí que hubiese que improvisar planes y recursos materiales y humanos para hacer frente precipitadamente a las contingencias. Y cuando la doctrina aérea estadounidense se modificó, dando lugar a que gran parte de las fuerzas aéreas que estuvieron estacionadas en las bases fueran retiradas y bases cerradas, no estuvieron preparados para ello.

La Armada obró en sentido opuesto, es decir buscó con ahínco adaptar las estrategias occidentales a la situación particular de España. En primer lugar, el ministro Abarzuza comenzó a prestar atención a otras Marinas del mundo, además de la de Estados Unidos, y a fijarse en ellas y en su material. Instaba a su equipo a recabar la información necesaria sobre los armamentos y técnicas más recientes y las orientaciones de futuro, no sólo de la Marina y la industria de Estados Unidos. Sugería prestar interés a las Marinas europeas, cuya mayor limitación de medios y, por consiguiente, de misiones en una guerra futura, se estimaba que tendrían una mentalidad y unos criterios más similares a los de la Marina española. La misma idea era compartida por el almirante Nieto Antúnez.

Abarzuza era consciente de que España no podía pretender disponer ni siquiera de un núcleo de una fuerza naval de combate capaz de realizar operaciones ofensivas de cierta importancia, ya que para poseer esa condición tendría que contar al menos con un buque del porte mínimo de un crucero, equipado con proyectiles dirigidos y apoyados de otros elementos como una aviación embarcada. Pero sí estaba dentro de sus posibilidades y, además resultaba imprescindible, tener una fuerza naval eficaz encargada de la defensa del tráfico marítimo que asegurara su protección principalmente contra las amenazas submarinas y aéreas y, eventualmente, contra el enemigo de superficie si no era de mucha consideración. Una fuerza de esta clase permitiría llenar un mínimo de necesidades en una guerra general y sería al mismo tiempo de utilidad en una guerra limitada en África, reforzada con una pequeña fuerza anfibia.

Nieto Antúnez obraba también con el mismo sentido realista. La Armada era ambiciosa, consciente en la evolución de la situación de seguridad occidental y principalmente en el Mediterráneo, y tan consciente de la posición geoestratégica de España como de los recursos económicos limitados del país. La Armada se afanaba por subrayar la extraordinaria posición geográfica de España que se asomaba a las rutas oceánicas como ninguna otra nación de Europa siendo, al mismo tiempo, la más alejada del centro de poder del bloque oriental. Insistían desde la Marina en la necesidad de desarrollar en España una “mentalidad naval” que, salvo breves periodos a lo largo de la historia, había sido insuficiente y, en ocasiones, nula (Nieto Antúnez, 1968: 384). Solían recurrir a la frase de que “hemos vivido a espaldas al mar”, y destacar su minoritaria presencia en los distintos órganos superiores relacionados con la actividad militar, lo que de alguna manera había dificultado la exposición de sus problemas y, por lo tanto, el darlos a conocer. El ministro de Marina Pedro Nieto Antúnez trató de despertar la conciencia marítima del pueblo español, promoviendo las Semanas Navales durante las que se practicaba una política de puertas abiertas en los barcos con objeto de postrar al español de a pie lo que era y lo que hacía la Armada. Pocos lugares en el mundo como España favorecían el ejercicio del dominio del mar en la zona marítima de más intenso tráfico del globo (Núñez Iglesias, 1967) - el Estrecho de Gibraltar - siempre que se contara con los medios aeronavales necesarios. Los marinos militares sostenían que, si España consiguiera el dominio sobre su zona marítima de forma sólida, su peso en la política internacional aumentaría considerablemente. Es más, apuntaban a que el resto de las aportaciones que España pudiera hacer a la coalición occidental (o a un grupo de potencias que se formara cualquier día) tendría menor importancia que el control del Estrecho, que la Armada definía “como el primer objetivo naval español y muy probablemente, dentro de una sana estrategia, como el primer objetivo nacional” (Yusty Pita, 1966). Se decía que, si España dominara los dos accesos al Estrecho desde su costa septentrional, con dos bases navales en Cádiz y Cartagena, podría desplegar desde Huelva a las Islas Baleares una serie de bases aéreas que podrían convertir su dominio en algo sólido, muy difícil de forzar incluso por submarinos. Ya entonces, en los años sesenta, las Baleares se consideraban como una prolongación del Estrecho, tanto en el sentido norte-sur porque dominaban las comunicaciones Francia-África del Norte, como en el sentido este-oeste porque podía hacer sentir su acción en el tráfico del Mediterráneo central para el Atlántico y en sentido contrario.

El Ejército de Tierra, sin embargo, se quedó a medio camino entre la Armada y Aire. Su Instrucción General 165-142 de 1965 se preparó sobre la base de las tres clases de guerra: la atómica – ilimitada o limitada-, la convencional o clásica, y la subversiva. El resultado fue una nueva organización que daría prioridad a la guerra convencional y subversiva sin descartar la nuclear limitada al campo táctico, adaptándola por lo tanto a realidad española. Análogamente a otros países aliados, España dispondría de Fuerzas de Intervención Inmediata y de Defensa Operativa del Territorio. Las primeras tendrían a su cargo en especial el conflicto nuclear limitado y el convencional, mientras que la segunda la movilización en caso de guerra convencional y subversiva, aunque también deberían cubrir los grandes vacíos que provocaría una guerra nuclear limitada. Y las divisiones adoptarían una estructura que reflejaba la tendencia europea en vez de la estadounidense. Sin embargo, era una reorganización que apenas tenía en cuenta el escenario africano, sobre todo después de lo sucedido en el Ifni. Siguió sin preparase para ese posible escenario mientras esperaba al enemigo ruso.

Este intento, sobre todo por parte de la Armada y de Tierra, por adaptarse a las doctrinas occidentales adecuándola a las circunstancias españolas ayudó a que los militares españoles también se abrieran a Europa, aunque sin olvidar que ya los acuerdos con Estados Unidos de 1953 abrieron a España al resto de Occidente. Gracias a éstos empezaron a realizarse ejercicios militares con otros países europeos, principalmente la Armada, y se empezó a estudiar la organización militar de los vecinos del continente y de una complicada OTAN. Posteriormente Barroso y Abarzuza emprendieron la labor de mirar a sus homólogos en Europa deduciendo de forma acertada que dadas las características y los recursos disponibles tendrían más cosas en común con ellos que con Estados Unidos. Al mismo tiempo, trataron de sentar las bases para una mayor independencia de la ayuda de Estados Unidos bien buscando un nuevo socio en Europa, por ejemplo Francia, bien apostando fuerte por el desarrollo de una industria militar nacional.

Los posteriores avances en la idea de una Europa económica fueron muy bien acogidos por los militares españoles (CESEDEN, 1967a). Éstos admitían los excelentes resultados obtenidos por las instituciones europeas y admiraban dicha pieza de maquinaria económica internacional (Alto Estado Mayor, 1966). Por eso pensaban que unirse al Mercado Común suponía una la pérdida de soberanía nacional menor que el beneficio de la prosperidad nacional a través del planeamiento económico conjunto.

Y a medida que corría la década de los sesenta, la OTAN perdía interés en el ámbito militar y empezaba a dejar paso a Europa, aunque la primera seguía siendo un camino para llegar a la segunda. Es decir, dicha apuesta por Europa significaba dar prioridad a los aspectos más económicos que estratégicos, y por lo tanto significa relegar a Estados Unidos y en alguna medida a la OTAN. No hay olvidar que en estos años empiezan a ponerse de manifiesto los límites de la superpotencia y los problemas de la OTAN. Así, los militares españoles subrayaban y se adherían a un sector de opinión en Europa que se mostraba interesado en la unificación política del continente con la idea de que Europa pudiera convertirse en una tercera fuerza que compartiera con Estados Unidos y con Rusia la dirección política mundial (CESEDEN, 1967b). Dichas opiniones se basaban en la convicción de que una Europa unificada podría de manera importante aminorar su dependencia y permitirse, a su propio entender, adoptar una actitud intermedia y neutralista entre las más beligerantes posiciones del bloque soviético y de Estados Unidos (Mostaza Rodríguez, 1966: 48-49). El camino para que Europa lograra tener esa capacidad como actor del mundo libre sólo la podría lograr través de una sólida integración económica seguida de la unidad política, así que el dinamismo de la Comunidad Económica Europea podría responder a esa realidad. Paradójicamente, en esos momentos el principal apoyo a España venía de Estados Unidos mientras que el interés que mostraba Europa por el país era mucho menor.

La influencia europea era quizás más evidente en el Ejército de Tierra. De hecho, la reorganización francesa fue una clara inspiración para los trabajos que culminaron con la reorganización del Ejército de Tierra de 1965 (Marey, 1964), aunque se tuvieron en cuenta también las características de otros vecinos europeos.

Llama la atención, por tanto, que durante estos años los Ejércitos españoles volcaran tan tempranamente su atención en Europa cuando su principal valedor era Estados Unidos. La renovación de los acuerdos de 1963 pudo ser un punto de inflexión en este campo, aunque los militares españoles nunca llegaran a afirmar o negar hasta qué punto los acuerdos con Estados Unidos favorecían o perjudicaban lo que parecía ya una imprescindible aproximación al Viejo continente. Quizás la cuestión de fondo radicaba en la idea de que el Mercado Común y la Europa Militar, es decir los aliados europeos de la OTAN, se encontrarían en algún momento en el mismo camino. Lo que estaba claro era que España y sus militares buscaban la posible ventana que se le podía abrir hacia Europa. Y Francia comenzó a ser esa posible ventana.

 

Cambios y transferencias limitadas

Los cambios e impulsos de los tres Ejércitos, tanto en el ámbito organizativo como en el pensamiento, quizás pudieran haber sido incluso mayores de lo que fueron. Pero la existencia de tres Ministerios militares y las particularidades de los tres Ejércitos impidió que hubiera mayores avances.

La existencia de tres departamentos militares ya era anómala si se tenía en cuenta la organización en el resto de países, pero, además, conducía a graves problemas de coordinación. Por ejemplo, la escasa coordinación inter-ejércitos en el primer periodo de ayuda estadounidense fue una de las causas por las que no se obtuvieron mejores resultados.

Esa organización político-administrativa de las Fuerzas Armadas no era además la adecuada para aplicar cambios aún más profundos en la organización de la Defensa Nacional. Por un lado, estaba la existencia de tres Ministerios militares, y en dos de ellos el mando operativo de las fuerzas lo ejercían los propios ministros. Por otro lado, los Ejércitos actuaban de forma independiente, las hipótesis de guerra de las que cada Ejército partía para determinar sus efectivos eran distintas, se carecía de un plan unificado de operaciones y por lo tanto se ignoraba la acción unificada quedando reducida a la acción conjunta cuando existía el empleo de la aviación como artillería suplementaria. Se podía decir que cada Ejército hacía la guerra por su cuenta.

El hecho además de que cada Ejército dependiera directamente del mando político hacía que cualquier necesidad que un Ejército sentía de otro Ejército, el asunto había que llevarlo al campo político para su resolución. Era una labor entre ministros. Aquí se veía claramente la necesidad de crear un Ministerio de Defensa y una Junta de Jefes de Estado Mayor.

Esa relevancia de “lo particular” de cada Ejército antes que “lo general” de las Fuerzas Armadas era quizás incluso más grave que el retraso que se pudiera padecer en materia de armamento. El Ejército de Tierra era quien predominaba claramente, pero era quizás la Armada quién trataba de señalar más claramente sus diferencias con respecto a los otros dos Ejércitos. El debate y aprobación de la Ley de Ascensos de la Armada en 1968 (Sesión plenaria, 1968), y de la Ley Orgánica de la Armada en 1970 (Sesión plenaria, 1970) fueron un fiel reflejo de las grandes diferencias entre los tres, pero también del diferente espíritu de la Armada que no era ampliamente compartido por los otros dos Ejércitos, aunque más adelante seguirían su ejemplo en muchos ámbitos. La Marina se anticipó a lo que debía ser un ideal para los otros dos Ejércitos, algo que volvió a hacer cuando comenzó a abordar por primera vez la confección de un plan general de la Armada que englobara todos los problemas y necesidades al comienzo de la década de los setenta. Era la primera vez que un Ejército de España lo hacía. Sin embargo, la Armada no quería de alguna manera perder su independencia y ante la idea de una Ministerio de Defensa mostraba ciertas reticencias pensando que ya desde principio sería ineficaz por caer – como parecía lógico en la época – en las manos del Ejército de Tierra.

Estas diferencias, con los problemas que acarreaban, no deben ensombrecer la labor que trató de desarrollar el Alto Estado Mayor para coordinar a los tres Ejércitos. Un organismo que en palabras de Díez-Alegría “no se ocupa de problemas de cálculo diferencial, sino de problemas de cálculo integral. Un organismo que no es un cenobio dedicado a la pura especulación filosófica y el zurcido de voluntades, sino un taller en plena actividad que, estatutariamente, en contacto con los ministerios civiles interesados y en comunión con las fuerzas armadas, de las que es parte integrante, estudia, propone y desarrolla problemas, muchas veces trascendentes, que atañen al conjunto de la Defensa Nacional, vigilando, además, su cumplimiento para la debida información del Jefe del Estado” (Sesión plenaria, 1971: 52). A partir de 1963 el Alto se hizo cargo de distribuir la ayuda militar estadounidense entre ellos, lo que le llevó a trabajar con tesón en la reorganización de las Fuerzas Armadas en su conjunto a lo largo de todos estos años, si bien el único que se dejaba coordinar era el de Tierra, de donde procedían la mayoría de sus integrantes. 

No obstante las dificultades para que los tres Ejércitos abandonaran lo particular por lo general, había grandes dificultades económicas y de financiación que les llevaron a embarcarse en proyectos comunes como en la búsqueda de una regulación conjunta de las inversiones destinadas a las Fuerzas Armadas. Todos ellos eran conscientes de que era necesario aunar esfuerzos dentro de una estructura de Defensa Nacional de la que todos formaban parte.

 

Conclusiones

Los años sesenta fueron claves para las futuras Fuerzas Armadas españolas y para su adaptación a la defensa occidental. En esta época se definieron por primera vez las misiones de las Fuerzas Armadas con la Ley Orgánica del Estado 1/1967 de 10 de enero, que además definía también por primera vez los cometidos de la Junta de Defensa Nacional y del Alto Estado Mayor. También salió adelante la Ley 85/1965, siendo el primer programa en España para la adquisición de equipo y armamento, la primera ley sobre la regulación de las inversiones militares, y el primer intento de lograr una financiación precisa a las necesidades de las Fuerzas Armadas. Además, se llevaron cabo grandes cambios en los tres Ejércitos cuyas estructuras se mantendrán hasta mediados de los ochenta, acompañados además de importantes cambios en la mentalidad de los militares que adquirieron nuevos procedimientos y asimilaron tácticas que les acercaban a los aliados; también empezaron a trabajar en la acción unificada de los Ejércitos si bien las estructuras y la falta de una ley de Defensa Nacional impedía su realización.

Para la Armada fueron unos años clave, en los que trató de adaptarse a la evolución estratégica en el Mediterráneo y empezó a delinear con bastante claridad lo que años más tarde sería el Eje Baleares-Estrecho-Canarias. Éste fue considerado desde 1980 el centro de gravedad del planeamiento español. Pero también para Tierra, porque se estableció una duradera estructura y también hubo un importante cambio de mentalidad y adaptación a las nuevas circunstancias. Y para Aire, a pesar de las dificultades que entrañaron las dependencias técnicas y tecnológicas.

Muchos proyectos también se quedaron en el camino, pero algunos de ellos, como los trabajos elaborados en el CESEDEN sobre la ley de Defensa Nacional, los trabajos sobre la acción unificada de los Ejércitos y sobre la creación de un Ministerio único, fueron repescados posteriormente cuando, tras el cambio de régimen, se decidió acometer profundos cambios en las Fuerzas Armadas. El proyecto de Defensa Nacional que elaboró el CESEDEN en 1966 se apoyaba, por ejemplo, en los mismos principios que otras potencias europeas (Boletín de información, 1965; Maillard, 1966): el principio de totalidad, de permanencia, de unidad y de descentralización de la acción; y además buscaba la idea de independizar la dirección de la política de Defensa de la gestión administrativa de la fuerza. Son sólo algunas de las ideas que se retomarían años después, junto con la creación de Ministerio único. Quizás la década de los sesenta no era el momento propicio para que todo esto saliera adelante, pero de alguna manera se abonó el campo para cuando llegara la oportunidad.

Nota sobre la autora:

Carlota García Encina es investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

 

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