El terrorismo en el escenario del post-acuerdo en Colombia

OLMER MUÑOZ SÁNCHEZ

Universidad Pontificia Bolivariana Sede Medellín, Colombia

JULIE PONTVIANNE

Universidad París 8, Francia

SEBASTIÁN ÁLVAREZ POSADA

Universidad Pontificia Bolivariana Sede Medellín, Colombia

 

Title: Terrorism in the Political Landscape of Post-peace Accord in Colombia

Resumen: En Colombia el terrorismo no es una amenaza nueva a la seguridad nacional. Históricamente el terrorismo ha estado estrechamente vinculado a la existencia del conflicto armado interno y a la evolución del método de acción de sus actores principales o periféricos (guerrilleros, narcotraficantes o paramilitares). El presente artículo tiene como objetivo analizar los tipos de terrorismo que han existido en Colombia, así como la manera en la que ha afectado la seguridad, para presentar la evolución del terrorismo en el contexto político nacional hasta el escenario actual del posacuerdo.

Palabras claves: Colombia, Defensa, Posacuerdo, Seguridad, Terrorismo.

Abstract: In Colombia, terrorism is not a new threat to national security. Terrorism historically has been closely linked to the existence of an internal armed conflict and to the evolution of the “method of action” (método de acción) carried out by its main and secondary actors (guerrilla fighters, drug traffickers, militiamen). This article aims to analyze the different types of terrorism that have existed in Colombia as well as the way they have affected security and, finally, present its evolution in the national political context, from the signing of the most recent peace accord to the present.

Keywords: Colombia, Defence, Post-peace accord, Security, Terrorism, Security.

Para citar este artículo/To cite this articleOlmer Muñoz Sánchez, Julie Pontvianne y Sebastián Álvarez Posada, “El terrorismo en el escenario del post-acuerdo en Colombia”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 5, No. 1, (2019), pp. 83-100. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.9.7

 

Introducción

A diferencia de otros países latinoamericanos el terrorismo en Colombia no es una amenaza nueva a la seguridad nacional debido a que históricamente ha estado estrechamente vinculado a la existencia del conflicto armado del país (uno de los más largos de América Latina) y a la evolución del método de acción de sus actores principales o periféricos.

El terrorismo en Colombia, cuya aparición como un acto representativo en el escenario de la nación data de la década de los 70, ha sido un instrumento frecuente para desestabilizar la institucionalidad del Estado colombiano, en primer lugar, por los grupos guerrilleros y, posteriormente, por las asociaciones narcotraficantes y las acciones del paramilitarismo, quienes también constituyeron actos de terror contra la población civil.

La presente investigación tiene por objetivo analizar la evolución histórica del terrorismo en Colombia hasta el escenario de posacuerdo por el que transita actualmente el país. Dicho posacuerdo se ha considerado complejo por la variedad de los actores armados que aún persisten, no solo en términos del ELN (Ejército de Liberación Nacional), sino también por otros actores armados ilegales tales como los GAO (Grupos Armados Organizados) o los GAOr[1] quienes en la actualidad perpetran una serie de actos terroristas que amenazan la estabilidad que para muchos representa la firma del acuerdo de paz.

Este análisis resulta pertinente en el marco del análisis político, pues contrariamente a lo que sugieren los Acuerdos de Paz de La Habana, Colombia aún sigue inmersa en un clima de violencia terrorista que pone en riesgo el proyecto de paz que el gobierno nacional ha impulsado en los últimos ocho años. Para tal fin, esta reflexión se compondrá de varios apartados que revisan aspectos tales como el acercamiento teórico del terrorismo en Colombia, su trasegar histórico en el país, el marco legal dentro del sistema jurídico colombiano y una consideración sobre las variables más sensibles en el contexto político que supone la firma del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Al final se brindan algunas conclusiones.

 

Tipos de terrorismo en Colombia

Para caracterizar los tipos de terrorismo que existen en Colombia, el sociólogo Armando Borrero Mansilla retoma una clasificación de uno de los especialistas más reconocidos en este tema, Paul Wilkinson (citado por Borrero, 2010: 59-60). Según este último autor, el terrorismo se divide en tres categorías: el subrevolucionario, el revolucionario y el represivo:

  1. Terrorismo revolucionario. Es el que busca cambios profundos en la conformación del Estado, en el sistema de gobierno o promueve la reforma social.
  2. Terrorismo subrevolucionario. Es el que no pretende cambios profundos ni de la sociedad, ni del Estado, ni del gobierno. Tiene objetivos políticos como rechazar políticas públicas o algunas decisiones del Estado, o paralizar instituciones que estorban a quienes lo ejecutan. También el perpetrado para castigar a determinados funcionarios o grupos que se oponen a los propósitos de los perpetradores.
  3. Terrorismo represivo. Es el que busca eliminar la oposición y puede ser de Estado (dictaduras y totalitarismos) o puede ser ejecutado por grupos privados que propenden por el statu quo.

Durante las últimas décadas, en Colombia existieron estos tres tipos de terrorismo. No obstante, este trabajo se enfoca en los dos primeros, dada su importancia histórica y su representatividad en la particularidad del caso objeto de estudio. Dichas categorías se entienden a la luz del conflicto armado interno. Es necesario señalar al respecto que no hay un consenso sobre la caracterización del conflicto armado que ha vivido Colombia, pero la conceptualización “conflicto armado interno” es la más común en la literatura especializada, y así aparece conceptualizado en los documentos de la propia Mesa de Paz en La Habana.

Según el informe Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia de febrero de 2015, se trata de un conflicto armado interno prolongado, complejo, discontinuo, con enormes diferencias regionales, atroz y con raíces políticas (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015: 45-47).

La primera categoría de terrorismo político que existe en Colombia es el terrorismo revolucionario. Este tipo de terrorismo está profundamente vinculado, no solo a la evolución de los métodos de acción de los actores armados ilegales contra el Estado en el escenario nacional, sino también al nuevo contexto internacional de la lucha global contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El terrorismo revolucionario corresponde a actos terroristas cometidos tanto por los grupos insurgentes (guerrillas de las FARC y del ELN) como por los grupos contrainsurgentes (los paramilitares agrupados en la AUC antes de su desmovilización mediante la Ley de Justicia y Paz en 2005).

Los grupos insurgentes han buscado, desde su nacimiento, derrotar al gobierno colombiano. Primero, lo intentaron militarmente mediante la guerra de guerrillas, pero, progresivamente y de manera clara, a partir de los años 2000 estos grupos diversificaron su estrategia y desde entonces combinaron de manera sistemática la guerra de guerrillas con el uso del terrorismo. En el pasado, las guerrillas ya habían adoptado modalidades terroristas al asesinar de manera selectiva o indiscriminada alcaldes, concejales o funcionarios públicos que no se sometían a sus designios, pero estos actos tenían lugar en el ámbito local.

En cambio, a partir de los años 2000, la ruptura de los diálogos de negociación con el presidente Andrés Pastrana y la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, quien prometía derrotar militarmente a las FARC, cambiaron el panorama y la finalidad de los actos terroristas. Estas acciones ya no solo eran cometidas por los grupos armados ilegales para causar el terror dentro la población local, sino que buscaban acarrear una profunda desestabilización a nivel nacional. Eduardo Pizarro Leongómez explica la utilización creciente del terrorismo como recurso de acción de las FARC diciendo que hay una combinación de tres hipótesis: “debilitamiento creciente, militarización y utilización pragmática” (2006: 151). Con la perpetuación más sistematizada de actos terroristas, las guerrillas rurales también buscaron probar al gobierno colombiano con su potencial de desestabilización urbano.

Prueba de ello son los atentados terroristas contra la casa de Nariño durante la toma de posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2002, los cuales dejaron un saldo de 14 personas muertas y 59 más heridas. Otro ejemplo se encuentra el 7 de febrero de 2003, cuando las FARC pusieron un carro bomba en el club el Nogal (un prestigioso club de la élite bogotana) que terminó provocando la muerte de 36 personas y dejó heridas a 173. Este atentado constituyó una primera reacción de las FARC a la Política de Seguridad Democrática iniciada por Álvaro Uribe Vélez y a la presión militar ejercida sobre ellas a lo largo y ancho del territorio nacional. No obstante, los grupos insurgentes (las FARC principalmente) no fueron los únicos en recurrir cada vez más a acciones terroristas. En este sentido, Alfredo Rangel señala que “los grupos paramilitares también realizan ese tipo de acciones terroristas. Son unos aprendices aventajados de los grupos guerrilleros” (2013: 66).

Efectivamente, en la guerra territorial contra los grupos guerrilleros las Autodefensas Unidas de Colombia cometieron numerosas masacres colectivas y asesinatos selectivos. Es como si los guerrilleros hubieran aprendido de los narcotraficantes como causar el terror durante el periodo del terrorismo subrevolucionario y que, a su vez, los paramilitares estuvieran replicando los métodos de acción de los que pretendían combatir.

Es importante destacar que los gobiernos de Andrés Pastrana y, con más fuerza, el de Álvaro Uribe Vélez supieron aprovechar el nuevo contexto internacional marcado por la lucha contra el terrorismo y la perpetuación de actos claramente “terroristas” por los grupos armados al margen de la ley para alinear sus discursos con la cruzada antiterrorista del presidente George W. Bush. El cambio de discurso frente al terrorismo se presentó al final de la administración del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), cuando se dio por concluida la zona de distensión del Caguán y en el momento en que las FARC perdieron su carácter de actor político para ser señalados por la comunidad internacional como actores terroristas. Para retomar las palabras del propio expresidente Andrés Pastrana:

Después de los terribles sucesos del 11 de septiembre del año pasado yo se lo dije a la guerrilla en varias ocasiones, incluso desde el mismo foro de las Naciones Unidas. A ellos les correspondía definirse con sus actos: o son un grupo de insurgencia política o son una organización terrorista. O se respeta la vida y dignidad del ser humano, o no se las respeta, como es el caso de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Tristemente, hoy son ellas las que han firmado su propia definición y ya nadie puede dudar de que, entre política y terrorismo, las FARC optaron por el terrorismo. Los colombianos hemos ofrecido la mano abierta y las FARC nos han respondido con una bofetada. Una bofetada a la paz, al futuro de Colombia y a las esperanzas de más de 40 millones de compatriotas que estamos hastiados de su violencia. (Fragmento del discurso televisado a la nación colombiana del expresidente Andrés Pastrana del 21 de febrero de 2002).

La segunda categoría, el terrorismo subrevolucionario, fenómeno que se presentó con especial virulencia en Colombia, corresponde al narcotráfico. En la década de los años 80 los narcotraficantes, y más precisamente el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, recurrieron a un terrorismo como el que se acaba de mencionar sin precedente para lograr concesiones por parte del Estado. Si bien es de origen delincuencial, el terrorismo de los narcotraficantes no buscaba un cambio profundo del Estado. De hecho, Pablo Escobar no quería poner en marcha una revolución para cambiar de régimen, ni quería derrotar siquiera al gobierno colombiano. Este simplemente pretendía acabar con políticas públicas como el proceso de extradición de los colombianos a los Estados Unidos y paralizar a la justicia y a la policía para seguir gozando de las rentas ilícitas del narcotráfico. Sin embargo, logró sacudir a la sociedad y a las instituciones estatales.

La meta del Cartel de Medellín tenía un doble propósito. Por un lado, se trataba de aterrorizar a la población civil mediante numerosas explosiones de carros bomba con el fin de generar miedo y presionar al Estado (entre 1989 y 1993 explotaron 120 carros bomba en diversas ciudades del país). Y, por otro, el Cartel de Medellín orquestó los asesinatos y secuestros de miembros de la élite paisa y de funcionarios del Estado, tales como candidatos presidenciales, ministros, jueces y varios policías (más de cuatrocientos policías fueron asesinados), todo esto con el ánimo de demostrar al gobierno que las represalias no iban a parar si no se otorgaban las garantías pedidas.

Para los violentólogos, el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984 fue el primer acto narcoterrorista que hubo en el país (Semana, 1997). Estos actos perpetrados por los narcotraficantes se conocieron en Colombia como “narcoterrorismo” aunque hoy este término ha cobrado otro sentido ya que también hace referencia a la relación entre los grupos armados ilegales y los narcotraficantes. Al fin y al cabo, este narcoterrorismo a gran escala y sin precedentes, tuvo lugar en Medellín principalmente, en Bogotá y en otras grandes ciudades del país y duró hasta la muerte de Pablo Escobar en 1993.

Según Daniel Pécaut,

Medellín, Bogotá y otras grandes ciudades conocerían a partir de 1985 un terrorismo que no depende directamente del conflicto armado pero que, por su magnitud, haría tambalear con más fuerza las instituciones y sacudiría la sociedad: el de los narcotraficantes, más precisamente el perpetrado por el Cartel de Medellín y su figura más visible: Pablo Escobar. (2008: 53).

El terrorismo subrevolucionario o “narcoterrorismo” consiguió lo que las guerrillas nunca habían logrado: “hacer tambalear las instituciones” (Pécaut, 2008: 54) y sobre todo conseguir que los capos no fueran extraditados.

 

Las implicaciones sociales y de seguridad en Colombia del conflicto armado y las perspectivas de construcción de nación lejos del terrorismo

La conceptualización que se ha podido realizar desde el punto de vista jurídico del terrorismo y también desde su análisis sociológico, tanto general como en el caso particular de Colombia, ayuda a comprender la evolución misma del conflicto interno del país, las distintas acciones del terrorismo y sus implicaciones en materia de consolidación de un Estado fuerte y de una ciudadanía que se proyecta en el tiempo, en un país libre de amenazas a la seguridad y a la vida misma. El contexto mismo de las emociones, es otro factor esencial de análisis en un contexto de conflicto armado, la reparación a las víctimas, la reconstrucción de una memoria histórica, la cicatrización y sanación de las heridas de la guerra, son factores esenciales para que una sociedad pueda vivir en paz. Los ejemplos de reconciliación en el mundo demuestran que el proceso es lento, tortuoso en alguna medida, pero posible de lograr. Para ello, no solo será suficiente la disposición de cada una de las personas sino también el acompañamiento institucional internacional.

Lo que corresponde en los siguientes renglones, es una breve contextualización histórica bajo el gobierno de algunos mandatarios que han enfrentado abiertamente al terrorismo y toda clase de manifestaciones violentas en el país. Es cierto, esto es una decisión política, tanto la de enfrentar como negociar en el marco de un conflicto armado. Los intentos por lograr acuerdos de paz en Colombia han tenido resultados positivos en especial finalizando la década de los años 80 en unos casos y en otros ha sido muy difícil lograr el acuerdo final, como lo quiso hacer Andrés Pastrana.

La negociación con las FARC en La Habana se constituyó para el país en un acuerdo de índole nacional, refrendado internacionalmente y no nacionalmente (bajo la votación del plebiscito que como resultado fue un No a la refrendación de los acuerdos: (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016). Esto significó que, en general, para el ciudadano colombiano la expectativa de un cumplimiento de los acuerdos por partes del grupo armado es menor, y la imagen y estabilidad política que pudiera haber generado el presidente de la República no fue tal. Por ello este apartado está dividido en tres partes: un contexto histórico nacional, un contexto polemológico del conflicto y el impacto de los acuerdos de La Habana tanto en lo político como en la seguridad del país. Lo anterior permitirá describir tanto el fenómeno del conflicto como sus distintas manifestaciones antropológicas generadas en el ciudadano.

 

Contexto nacional

En el contexto de los cambios políticos del país y luego del Frente Nacional, Colombia se preparaba para los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y el de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982). Colombia estaba en un plan de diversificación de su política exterior más allá de los asuntos económicos, sin embargo, los temas domésticos en especial lo que constituirá el conflicto armado, se convertirá en la prioridad tanto de los mandatarios nacionales como aquellos de otros Estados que representaban países aliados, en el caso particular de Estados Unidos (Randall, 2017).

El contexto internacional era muy importante para Colombia, aunque el presidente López Michelsen se estaba jugando su prestigio internacional frente a Estados Unidos promoviendo un apoyo a los países no alineados, “intentando reintegrar a Cuba a la OEA y como un factor muy interesante manteniendo relaciones con Angola, bajo el conocimiento de que Cuba estaba apoyando allí los enfrentamientos” (Randall, 2017: 38). Por ello, el contexto internacional se torna un poco agudo, ya que bajo la administración de Richard Nixon (1969-1974), Gerard Ford (1974-1976), James Carter (1976-1980), y los inicios de la administración Reagan (1980-1988) en sus dos períodos correspondientes, la potencia internacional estaba en todo un ejercicio de su expansión que se venía dando desde comienzos de la Guerra Fría. En efecto la renuncia de Nixon trajo serias complicaciones a la política interna estadounidense, pero fue resuelta por la vía institucional que corresponde al establishment norteamericano.

En materia de asuntos exteriores, la administración López sostenía el lema de Respice Similia. López, desde su posición como canciller en aquel momento, encontraba en las relaciones con Estados Unidos una simetría inexacta. No obstante, pretendía un trato no desigual, ni mucho menos denigrante para el país. Unos de los temas que ya iban a tener una preponderancia en la relación con Estados Unidos serían tanto los cultivos de marihuana como posteriormente la producción de pasta base de cocaína que era en principio importada de Bolivia y Perú.

Ahora bien, según Randall (2017) se puede destacar de la administración López:

  • Dos factores esenciales en su administración son: por un lado, la insurgencia y por el otro los estupefacientes. Allí, cabe destacar que el país ya había entrado en la dinámica de grupos guerrilleros que querían consolidar su poder a través de la lucha armada en contra del Estado colombiano.
  • Para el autor, bajo la administración Carter se dio un impulso a la promoción de los derechos humanos y la protección de los ciudadanos en especial a partir de gobiernos que implementaban su dictadura, o que probablemente caerían en unos excesos en el poder. Para algunos, el presidente siguiente Turbay Ayala sería un representante de este tipo de acciones que llevaban a la reducción de las libertades del ciudadano.
  • Si bien el tema de los estupefacientes era importante, solo hasta la década de 1980 cobra un efectivo valor tanto para Estados Unidos como para las administraciones colombianas, y por ello la relación que se establecerá entre Reagan y Turbay Ayala va a estar marcada por el desarrollo de unas políticas de lucha contra los narcóticos.
  • Tanto el Gobierno de López como el de Turbay tuvieron prioridades (más allá del tema de narcóticos) como el desarrollo económico, la diversificación de los intercambios comerciales, las relaciones con la comunidad financiera internacional, las disputas con países vecinos y un creciente conflicto interno caracterizado por la lucha contra las guerrillas. Las drogas, en especial el cultivo de la marihuana (en su momento considerada ilegal), en aumento entre 1960 y 1970, sería reemplazada de manera drástica por la exportación de cocaína y que posicionaría en lo posterior toda una empresa criminal

En el mandato de López fue crucial la denuncia que éste hizo frente al tema de las drogas señalando que este era un problema ya de orden global, pero además que Estados Unidos estaba evadiendo allí su responsabilidad otorgándosela toda a Colombia tanto en la producción como en la distribución (Randall, 2017).

Para el momento en el cual gobernaba el país el expresidente López Michelsen, las guerrillas colombianas apenas estaban cumpliendo su primera década de aparición, lo cual todavía no les daba una preponderancia nacional. En efecto, hay un choque dramático entre las fuerzas del orden político nacional y las guerrillas en Colombia. Es necesario afirmar que en el gobierno siguiente es donde va a darse una lucha frontal contra la insurgencia. Si bien era de un corte liberal, el expresidente Turbay se constituirá en un actor importante en lo referido al conflicto armado interno.

En la administración de López, la agenda de discusión internacional con los Estados Unidos no giró exclusivamente sobre el problema de las drogas, sino frente a la integración económica con la región en el sur, y con el fortalecimiento de la capacidad de actuar por el Estado colombiano frente a las acciones de la insurgencia, que ya para ese momento tenían capacidad de daño real a la infraestructura del país (Verdad Abierta, 2012).   

 

El ciclo de Turbay Ayala, 1978-1982

La presidencia de Turbay Ayala se caracterizó por la búsqueda del retorno al modelo clásico de relaciones exteriores. Es decir, si bien la administración anterior acentuaba la dinámica del Réspice Similia, con Turbay hay un retroceso de nuevo hacia un bilateralismo agudo con los Estados Unidos.

Tres aspectos inicialmente interesaban al mandatario: 1) ser un actor preponderante en el Caribe, 2) recuperar la imagen de Colombia deteriorada por el narcotráfico, y 3) ejercer una acción directa contra la insurgencia en el país, que fue bien recibida por la administración de Reagan y que tuvo serias acciones directas en la financiación de la lucha contra estos movimientos en centro y sur América. En 1979, Colombia se pronunció contra el gobierno de Anastasio Somoza en Nicaragua cuestionando la violación a los derechos humanos, aspecto importante porque luego a Turbay Ayala se le acusaría de haber generado un uso excesivo de la fuerza al promulgar su “Estatuto de Seguridad Nacional.” A través de dicho instrumento se le acusaría de violación sistemática a los derechos humanos y persecución política a los disidentes del gobierno. 

Una de las zonas estratégicas para Colombia se constituyó en la Cuenca del Caribe que, si bien estaba en un plan directo de Estados Unidos, el país no participó de una cumbre tan importante como la Conferencia de Nassau en 1981, y esto dejaba un poco de lado la importancia que esta región tenía para Colombia, puesto que ya venían presentándose varios problemas fronterizos y que luego Colombia enfrentaría directamente con Nicaragua. Es importante acotar que, debido a su experiencia en materia de relaciones exteriores, la administración Turbay quiso también entablar nuevas relaciones con los europeos, en especial Inglaterra y Francia (Randall, 2017).

Un hecho muy interesante que reforzó la visión de mano dura de Turbay contra los insurgentes, fue la toma de la embajada de República Dominicana por el M-19 en 1980, esto no solo lo acercó a Estados Unidos, sino que también reafirmó su compromiso con la seguridad interna del país. Bajo la figura de un estado de sitio, se expidió bajo su mandato el Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978, conocido como el estatuto de seguridad. El texto fijaba una serie de restricciones a los ciudadanos que participaran de alguna asociación con grupos insurgentes, o que promovieran el desorden público, esto implicaba en su momento restricción a las libertades del ciudadano y a un trámite judicial bajo el encargo de las fuerzas militares en unos casos específicos, lo que constituía para algunos una violación al debido proceso y a la restricción a sus derechos fundamentales (Hoyos, 2016). El estatuto de seguridad, bastante criticado, fue parte de esta visión de lucha contrainsurgente que se inscribía en el contexto de la Guerra Fría, vital para la seguridad nacional norteamericana y la contención al comunismo en la región de América Latina y específicamente en Colombia dirigido a acabar la actividad insurgente en el país, que ya generaba serios problemas de orden público.

Parte efectiva de la relación con los Estados Unidos estuvo fundamentada en una cooperación para la seguridad y la defensa representada en agentes norteamericanos en Colombia, quienes ayudaban a desarticular las redes criminales que estaban haciendo carrera en el país, en especial con la falsificación de dólares y el tráfico de estupefacientes (Randall, 2017). También recibió equipos para la vigilancia de aquellas zonas de tráfico que se dirigiría posteriormente a los Estados Unidos.

Uno de los aspectos importantes en este período de transición entre Turbay Ayala y Belisario Betancur fue la elección por parte de los Estados Unidos del presidente Ronald Reagan. Este se dedicó a luchar contra el comunismo y exacerbó la relación de tensión entre el comunismo y el capitalismo.

Gran parte de la proyección que Estados Unidos venía desarrollando en Centro América y Sur América tenía como objetivo reducir la capacidad de los grupos insurgentes en la región. La transición del gobierno de Carter hacia Reagan generó una continuidad en las políticas de cooperación y lucha contra el terrorismo internacional. De esto ya los Estados Unidos tenían suficiente experiencia y la tendría posteriormente, en particular para tratar de reducir la amenaza nuclear global y para que el tráfico de uranio no llegara a grupos terroristas internacionales que pudieran afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos y de la comunidad internacional en general.

Es indudable que una de las orientaciones claras de Reagan frente a lo que venía ocurriendo en la región, y específicamente en Colombia, estuvo marcada por una lucha intensa contra el narcotráfico que ya hacía carrera en el país. Hacia 1981, el presidente Reagan firmó la Directiva Presidencial No 221, catalogando los estupefacientes como amenaza para la seguridad nacional. Así, fiel a sus pronunciamientos en 1981, aseveró que su política exterior incluiría un enérgico esfuerzo por erradicar los estupefacientes dondequiera que estos fueran cultivados, procesados o transportados. 

La década de los 80 para Colombia fue un periodo complejo y desafiante. El fin del Frente Nacional permitió el dinamismo de los partidos tradicionales, quienes se vieron enfrentados a serios temas de política interna y que tenían repercusiones a nivel exterior, escenario donde los cambios institucionales serían necesarios para el país. De manera dramática se presentó el origen del paramilitarismo frente a la debilidad del Estado para hacerle frente a la insurgencia, con sus sabidas complicaciones en años posteriores demostradas por las masacres y desplazamientos de la población atemorizada por su lucha contrainsurgente.

La actividad de la insurgencia, la influencia directa del narcotráfico en la economía nacional, el paramilitarismo en su actividad contrainsurgente, habían producido en el país una visión de catástrofe institucional, es decir, pensar en un país sin futuro, dominado por el narcotráfico y donde la guerrilla era una de las posibilidades, y por el otro lado, un país dominado por grupos paramilitares que, tratando de mantener el statu quo de Estado, generaba más temor en la población. De allí se comprende entonces que la presidencia de Belisario Betancur, conservador, representaría un momento muy importante para la negociación con las guerrillas en una propuesta de paz nacional que buscaba disminuir el desangre interno del país, queriendo con ello ofrecer a las generaciones posteriores un país con oportunidades, equitativo y en paz.

 

Belisario Betancur 1982-1986

La presidencia de Belisario Betancur estuvo rodeada de varias circunstancias políticas, entre ellas de un proyecto de paz de gobierno, que ante la comunidad internacional resultaba fundamental para la pacificación de la nación. Durante su presidencia hubo tres eventos muy importantes: por un lado, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, la tragedia de Armero, y la visita del papa Juan Pablo II. Advierte Randall (2017: 82) que:

La política exterior no fue un factor importante en las elecciones de 1982, sin embargo, una vez Betancur asumió como presidente, el hombre sí puso las relaciones de Estados Unidos con el mundo en vías de desarrollo bajo una perspectiva muy clara. Betancur, y luego otros cuatro presidentes colombianos que lo siguieron, buscó solventar de alguna manera la dependencia en Estados Unidos y desarrollar relaciones más cercanas con otros países de América Latina. Pero cualquier guerra contra las drogas dificultaba el anterior esfuerzo. Aunque no se puede decir de ningún modo que Betancur fuese antiestadounidense, sí cabe decir que buscó diseñar una política exterior menos proamericana que la seguida de su predecesor, Julio Cesar Turbay.

Si bien es cierto que el país se venía enfrentando a la acción armada de la insurgencia, el presidente Betancur ofreció una puerta muy importante al diálogo e inició un acercamiento con las FARC, pero además participó de manera clara en el Grupo de Contadora para apoyar unos diálogos de paz en Centroamérica. De tal manera, la lucha contra la insurgencia que enfrentaba el país durante los años 80 se sostenía por dos vías. Una de ellas era la función institucional interna del país que por medio de las Fuerzas Militares (FFMM) hizo una contención al avance de la insurgencia. Resultó un factor terrible para la nación que el M-19 se tomara el Palacio de Justicia en 1985, lo cual demostró su capacidad de actuar en las ciudades, como en el caso de Bogotá, y generar una mayor presión popular al Estado colombiano y a las FFMM, las cuales se vieron sorprendidas por este tipo de acción de inteligencia. La segunda vía era el fortalecimiento de la inteligencia policial y militar que con serias dificultades se estaba realizando y que necesitaría indudablemente la financiación de los Estados Unidos.

Así, uno de los retos más graves que iba a tener el país era la influencia y crecimiento del narcotráfico. Los años 80 serán clave para la expansión de esta actividad con la consecuente aparición de grupos que llevarían al máximo esplendor la actividad criminal del narcotráfico, tales como el Cartel de Medellín y luego el Cartel de Cali.

Por ello en los años 80, Colombia no solo experimentó el terrorismo realizado por grupos insurgentes, sino también el de grupos de paramilitares y grupos de narcotraficantes. Allí el terrorismo se hizo presente en el país amenazando la estabilidad interna, por esto se implementaron distintas estrategias de luchas contra estas amenazas para que el ciudadano se viera en menor grado afectado en su entorno vital.

 

El gobierno de Virgilio Barco 1986-1990

Era fundamental para el momento que vivía el país, en especial del auge del paramilitarismo y las acciones armadas de las guerrillas, que se continuara con un proyecto de desarrollo interno.  El Plan Nacional de Rehabilitación de Virgilio Barco se concentró en zonas donde a las guerrillas se les había concedido amnistías en 1982 (Randall, 2017). Es remarcable su defensa de los derechos humanos y la denuncia por el abuso de algunos miembros de las fuerzas militares. De su gobierno se destaca su amplia relación con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, buscando créditos internacionales para el país. Asimismo, intentó mantener unas relaciones comerciales favorables con los Estados Unidos.

En el gobierno de Barco fue acentuado el influjo militar de los paramilitares en el país, y por supuesto el auge que se notará posteriormente de los narcotraficantes. En especial, es importante mencionar que durante su mandato se recibe el impacto del asesinato de personalidades muy importantes para el país como el exministro Lara Bonilla el 30 de abril de 1984 (bajo el gobierno de Belisario Betancur), y el posterior asesinato de Luis Carlos Galán en Soacha en plena campaña a la presidencia de la República. La dimensión del conflicto armado iba tomando otros enfoques, es decir, de la lucha contrainsurgente al enfrentamiento contra el paramilitarismo y el auge del narcotráfico en el país.

Ante las dudas que se presentan al respecto, se señala que la pasta base de coca no se producía en el país, sino en Bolivia y Perú. Colombia era un país receptor, no productor, pero sí exportador del alcaloide. El narcotráfico empieza a ser un tema decisivo para los mandatarios colombianos, y a la par se comenzará a dar un enfrentamiento serio entre paramilitares, guerrillas y narcotraficantes, aspecto que genera un recrudecimiento de la violencia terrorista en el país (Randall, 2017).

El mandato de Barco se vio atravesado por procesos de negociación representativos, esto es, la negociación de paz con el M-19, que le dio al presidente una cierta posición de buen negociador con intentos claros de consolidar una política de paz nacional en el país. Lo anterior, por supuesto, con el costo de conceder indultos y amnistías a título individual a miembros de grupos insurgentes que pudieran participar en política. Es cierto que por parte del gobierno se dio un tratamiento de terroristas a estos grupos insurgentes, pero los procesos de negociación trataban en cierto grado a no radicalizar la posición del Estado frente a sus oponentes.

En efecto, tener por fuera de las armas al M-19 le garantizaba de alguna manera la consolidación territorial de una agenda nacional que se prepararía para un cambio de 180 grados a la institucionalidad, con una nueva constitución pero con el agudizamiento de los atentados terroristas en el país, tanto por parte de Pablo Escobar, quien le declara abiertamente la guerra al Estado colombiano, como por parte de la insurgencia que aprovechando la debilidad del gobierno podía controlar amplias zonas del país, generando con esta estrategia una influencia directa en la visión política de algunas personas, llevándolas incluso a apoyar la causa revolucionaria o a ser obligados a seguirla sin pena de ser asesinados:

Así, la violencia suscitada por guerrillas, narcos y paramilitares continuó sin disminución tangible durante el periodo de Barco y desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos, la impunidad rampante de quienes cometían tales crímenes era fuente de grave preocupación (Randall, 2017: 107).

 

De la Guerra Fría al borde de la guerra civil: los años de Cesar Gaviria, 1990-1994

Fruto de los procesos de negociación en el gobierno anterior se da como resultado la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente César Gaviria, que no solo representó una movilización popular importante, sino que además permitió que un grupo armado como lo era el M-19, luego de su desmovilización, participara con un candidato a la presidencia de la república de Colombia.  Para César Gaviria la lucha contra el narcotráfico se había convertido en una preocupación fundamental para la seguridad nacional y para el apoyo de los Estados Unidos. Ahora bien, la insurgencia también generaba un gran terror a la población, pero no había logrado generar un impacto tan fatídico como lo había hecho el narcotráfico en el país (Randall, 2017). El presidente mantuvo una puerta abierta al diálogo, pero los problemas de seguridad interna tenían al país en una gran incertidumbre política interna.

Problemas internos generaban cierta molestia al contexto externo, en especial para Estados Unidos. Pero si se comprende también el escenario regional, los intereses de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de otros bloques a los que se venía uniendo Colombia, marcaron su tendencia integracionista. Colombia buscó con mucha mayor eficacia la integración a los mercados económicos internacionales, de allí que una de las primeras medidas del presidente Gaviria fuese la apertura económica y la aplicación de las reglas de la economía global que ya venían presentando una mayor apertura. Dicha apertura fue desigual, y esto generó una fractura en la economía colombiana que, si bien durante su mandato creció al 4%, mantuvo un punto álgido de inflación del 21%. Este factor de liberalización económica impuso una serie de medidas que no sentaba muy bien a los empresarios colombianos.

En la agenda interna hubo una serie de eventos que fueron fundamentales como la Constituyente y la nueva Constitución de 1991. Colombia tuvo que empezar a lidiar cada vez más con el narcotráfico y la fragmentación que esto estaba generando frente a la clase política y de seguridad del país. En cuanto a la política multilateral, se dio vigor a iniciativas que comenzaron con cierto éxito en el período anterior, especialmente el impulso otorgado al Grupo de los Tres (con Venezuela y México), con miras a un eventual acuerdo de libre comercio. También se continuaron sin variaciones la política activa en el Grupo de Cairns, los No Alineados, el Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas (GATT, por sus siglas en inglés) y en las diversas instancias de Naciones Unidas.

Desde 1990, Colombia comenzó todo un proceso de debilitamiento institucional por vía de la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico. Y puede afirmarse lo anterior por varias circunstancias que el país vivía en ese momento; se había intentado hacer unos diálogos de paz infructuosos con Belisario Betancur en los 80, y con Virgilio Barco al finalizar el período 1986-1990 se logró un acuerdo con el M-19, pero el clima de violencia en el país no cesaba. El punto culmen de esta etapa lo constituía la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, movimiento que luego se desmovilizaría. En Colombia, la situación política interna se tornaba complicada y en cuanto a las relaciones exteriores del país, con serias dificultades.

No obstante, pese al escenario de terror, la insurgencia motivaba a muchos ciudadanos a creer que el cambio revolucionario prometido por estos grupos tendría éxito. Pese a esto, los esfuerzos institucionales fueron frecuentes para contrarrestar este tipo de acciones violentas, como los atentados, secuestros extorsivos y asesinatos de líderes políticos y miembros de la fuerza pública (Randall, 2017).

El enfrentamiento bipartidista no era nuevo, puesto que a comienzos de siglo el país ya había vivido una guerra civil de grandes dimensiones políticas para la nación, como ocurrió durante la guerra de Los Mil Días (1899-1902). Allí no solo hubo un enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador, sino que también hubo serias implicaciones para el país con la posterior independencia de Panamá apoyado por Estados Unidos y la aceptación de una indemnización hacia Colombia de unos 25 millones de dólares. Frente al escenario de la pérdida de territorio nacional, Colombia ha sido temerosa en ello durante toda su historia republicana: no ha defendido como tal la soberanía territorial y esto le ha costado la pérdida de unas porciones territoriales importantes del país, situación que la debilitaba constantemente frente a las demás naciones.

Si se retoma el aspecto de lo que se ha denominado la violencia en Colombia, se debe reconocer que la transición de Virgilio Barco a César Gaviria estuvo marcada por un incremento en la violencia interna a partir del terrorismo de la insurgencia y del narcotráfico. Pablo Escobar sería su principal enemigo declarado en el país. Los atentados con carros bomba, el ataque generalizado de las guerrillas en Colombia, el auge en crecimiento del paramilitarismo y la exportación en niveles exponenciales de droga desde Colombia a los Estados Unidos, generaron la sensación de caos en el territorio nacional. César Gaviria entabló una negociación con Pablo Escobar y esto le merece un aclimatamiento frente a los asesinatos cometidos por los PEPES (perseguidos por Pablo Escobar), quienes al verse acorralados por Pablo Escobar arremeten contra la infraestructura de su pertenencia (Randall, 2017). El país entró en un clima de zozobra y de inestabilidad que, si bien pudo afectar directamente la economía, no alcanzó tales niveles críticos para que se presentara una recesión.

De manera evidente, el Estado colombiano logró imponerse con un debilitamiento pronunciado frente a la insurgencia. ¿Cuál es la perspectiva de un Estado que ha logrado imponerse frente a unos grupos que se catalogan como terroristas por la comunidad internacional?, ¿Es la negociación una claudicación del Estado Colombiano frente a la insurgencia? En la medida del debate interno e internacional frente a amenazas que pueden poner en dificultades el país, lograr un acercamiento con la insurgencia puede tener una vocación pacifista por parte del ejecutivo, pero puede, por el contrario, generar un proceso de debilidad institucional al cual se verá abocado el país. En tal coyuntura, el país realmente padeció la debilidad institucional que hizo frente a las FARC, al narcotráfico y al terrorismo de Pablo Escobar. Es cierto, se ampliaron los canales de participación como los efectuados con el M-19 y la nueva Constitución, y esto implicó por tanto un viraje en la percepción de la realidad nacional. El terrorismo se apropiaba del país, y esto generaba una serie de efectos negativos en su crecimiento económico.

 

Contexto polemológico de la década de los años 90

La administración del expresidente Samper estuvo marcada fundamentalmente por una influencia directa del Cartel de Cali en las elecciones presidenciales, un recrudecimiento de la actividad armada de las FARC y el ELN (Bushnell, 2010), un incremento exponencial del paramilitarismo en Colombia y una ausencia real de apoyo de los Estados Unidos al presidente colombiano. Su ilegitimidad, representada en unas elecciones ligadas a dinero del narcotráfico, no constituía el mejor terreno para luchar contra el terrorismo. Esto significó, incluso, la más extensa ofensiva de las FARC, que llegaron a secuestrar a más de 300 miembros de la fuerza pública en dicho período, 1994-1998. El terror asolaba el territorio nacional y la urgencia por un acuerdo político ante la violencia era imprescindible. Un Estado débil, sin capacidad para la ofensiva, con tropas desmoralizadas y que no confiaban en su comandante en jefe, pusieron al país en un estado de debilidad fácilmente aprovechable por cualquier grupo alzado en armas. Ernesto Samper siempre estuvo a favor de un acuerdo humanitario, pero las FARC se aprovecharon de su posición estratégica y ofensiva para dar los más certeros golpes a las fuerzas militares; situación que llevó a una seria desmoralización de la tropa y a una imposibilidad técnica para combatir a la insurgencia, en otras palabras, el país estaba llegando a momentos de seria debilidad para enfrentar las acciones que perpetraban de las FARC, el ELN y los paramilitares.

A lo anterior se suma toda una crisis institucional que se representó en el ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper, que significó una descertificación por parte del departamento de Estado de los Estados Unidos, y que puso en serias dificultades al país para recibir cooperación y asistencia técnica para la lucha contra el terrorismo.

Durante el gobierno de Pastrana, tanto el Estado como las FARC tenían la convicción de obtener una victoria militar. Por tal razón, en paralelo a los diálogos del Caguán, el gobierno estaba negociando el Plan Colombia con Estados Unidos y poniendo en marcha un proceso de modernización de las Fuerzas. Rotos los acuerdos con las FARC y, paralelamente a esto, materializando con Estados Unidos una asistencia social y militar, el país comienza una etapa diferente en cuanto a la lucha contra el terrorismo interno. Fruto de la acción internacional de Andrés Pastrana, las FARC, el ELN y los paramilitares ingresan a la lista de grupos terroristas, catalogados así por Estados Unidos y la Unión Europea, esto implicó que el Estado colombiano asumiría una posición diferente con respecto al terrorismo y es por ello que la política de seguridad democrática se constituyó en un factor de quiebre para las acciones de las FARC en el país. La prueba de ello durante los ocho años siguientes de gobierno es significativa en cuanto a la capacidad que las FFMM van a tener para enfrentar a todos los actores que generaron terror en el país.

La transición de Pastrana a Uribe en sus dos mandatos tuvo varias características fundamentales. Por un lado, bajo sus dos gobiernos, la denominación de las FARC, ELN y el paramilitarismo era de terroristas. Y, en efecto, el escenario del país permitió que un presidente le declarara una ofensiva total al terrorismo. En segundo lugar, el presidente Uribe evadía en casi todos los escenarios hablar de un conflicto armado interno y por el contrario hablaba de una amenaza terrorista, pero jurídicamente el país ya había aceptado bajo diversas leyes la situación de conflicto, así se puede conocer en los siguientes textos: Ley 418 de 1997 (o ley de orden público), prorrogada por la Ley 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010. Estas leyes son fundamentales para entender el marco en el cual se comprende en Colombia un conflicto armado interno como también lo menciona la Sentencia C-048/01.

Sus dos periodos de gobierno se caracterizaron por una lucha frontal contra el terrorismo, enmarcado en el contexto internacional después del 11 de septiembre de 2001, y también por el quiebre de los diálogos de paz con Andrés Pastrana. El Plan Colombia, diseñado en la administración anterior, fue fundamental para que el presidente Uribe consolidará una política de seguridad democrática que arrojó los resultados más exitosos en toda la historia del país en materia de lucha contra-insurgente, pero además logró generar un desbalance militar con las FARC posibilitando para el gobierno siguiente la negociación.

A partir de este tipo de acciones y del quiebre que sufren las FARC, con una ofensiva total contra todos los frentes y los principales campamentos de la insurgencia, se comenzó a plantear un escenario de negociación que tuvo como su máximo exponente al presidente Juan Manuel Santos. Con él la política de negociación y de paz del país recibió un respaldo internacional a pesar de su impopularidad, pero lo que sí puede demostrarse empíricamente es que la reducción de víctimas del conflicto con las FARC es evidente y contundente, al igual que la reducción en los atentados de terrorismo, masacres y muertes de soldados y civiles.

 

La negociación de La Habana

Para Colombia, la firma de un acuerdo de paz como el alcanzado con las FARC resulta efectivo a la hora de coordinar otro tipo de planes estratégicos para el país. Esto es, una agenda de cambio institucional, progreso económico y desarrollo social. Parte de las iniciativas están ubicadas dentro de un marco de justicia transicional, que tendría como máximo efecto el conocimiento de la verdad histórica del conflicto, la reparación a las víctimas, justicia para evitar la impunidad y reparación integral y actos de no repetición de hechos victimizantes.

Los acuerdos de La Habana constituyen un factor importante de pacificación en el país. Estos acuerdos permitieron una reducción sustancial en los atentados terroristas, una reducción en las muertes directamente relacionadas con el conflicto armado, la reducción de la extorsión, y la amenaza constante para la población civil. Se ha de tener presente que en 60 años de conflicto hubo una serie de violaciones a las normas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, lo cual ha constituido un grave factor de amenaza a la integridad física y psíquica de los colombianos. Las heridas dejadas por las tomas guerrilleras, los secuestros extorsivos y políticos, la implementación de minas antipersonales generaron toda una crisis humanitaria de millones de víctimas directas e indirectas del conflicto en Colombia.

En consecuencia, la urgencia de la firma de un acuerdo era inaplazable para el momento histórico del país, se acordaron seis puntos que corresponden a unos máximos de beneficios para los excombatientes y para las mismas fuerzas armadas. Esto ha significado que dentro del marco jurídico establecido para la Jurisdicción Especial de Paz se ha acordado una transición jurídica para todos los combatientes ilegales y la conformación de un partido político que participe activamente de las gestas políticas en el país. Las FARC, hoy denominadas Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, intentan consolidarse como partido político en el país, a pesar de su comprensible temor por ser posiblemente asesinados por algún grupo de extrema derecha que no considere como legítimo su desarme y mucho menos su participación en política.

Los acuerdos de La Habana plantean serios retos a la seguridad del país, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

  1. Una explosión de grupos disidentes de las FARC, que continuarán actuando en el territorio nacional lucrándose del narcotráfico.
  2. Las rentas ilícitas que proporciona el narcotráfico en el país, las cuales se disputan hoy grupos de exparamilitares y de ex miembros de las FARC.
  3. La disminución del terrorismo de las FARC ha sido opacada por el aumento de las acciones del terrorismo del ELN y otros grupos al margen de la ley que operan bajo la conducción de su actividad delincuencial ligada al narcotráfico.
  4. El vacío de poder que deja las FARC en distintas zonas del país entra en disputa con otros grupos que quieren controlar las rutas de exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos y Europa. Y allí está uno de los más grandes retos del país en materia de seguridad.
  5. Y por supuesto, la amenaza a la población civil persiste. Esto ha significado para el gobierno nacional y para todas las fuerzas militares un gran reto para tratar de capturar y judicializar a todas aquellas estructuras que delinquen y que amenazan a la población civil. Allí el posacuerdo con las FARC no preparó a las instituciones para hacerle frente a estas amenazas que emergen y que hacen una metástasis en distintas zonas del territorio nacional.
  6. La comunidad internacional ha dado su respaldo irrestricto a los acuerdos de La Habana y ha mantenido su interés para que se cumplan los puntos estipulados en el texto, pero ha tenido que sortear incluso la falta de credibilidad del ciudadano con respecto a lo pactado, y frente a la figura del presidente actual que no goza de una alta favorabilidad.

Los acuerdos firmados en La Habana pueden representar una serie de retos al gobierno del país, puesto que el Estado colombiano debe proyectarse como un Estado fuerte y soberano que logre controlar aquellas manifestaciones ilegales que actúan en su contra. La modernización entonces de las fuerzas militares constituye un factor determinante para que el país finalmente haga tránsito a una situación de paz y de tranquilidad, que permita el aumento en la inversión social, educación, salud y empleo. Lógicamente, la protección jurídica a los miembros de las FFMM es esencial en la medida en la cual ellos cumplan cabalmente con todas las normas y no violen principios esenciales de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

El crimen organizado transnacional afectará aún más la seguridad en Colombia. Esto significa entonces que, luego de la firma de los acuerdos, no se da por terminado el narcotráfico ni la acción de grupos delincuenciales que intentan forjar un capital a partir de la ilegalidad. En este sentido, son dos los fenómenos graves que pueden agudizar la convivencia en cuanto a la percepción y la realidad de la inseguridad: el narcotráfico y la minería ilegal. Ambos constituyen toda una amenaza para la integridad de la nación y la de sus fuerzas policiales y militares.

El concepto de la seguridad va a ser revaluado en cuanto no se concentra solo en un aspecto represivo sino también multidimensional. Allí la importancia de la definición de objetivos estratégicos hacia el 2030, que puedan constituir en principio un respeto por los derechos humanos, una política criminal que más allá de buscar la criminalización de las personas por distintos delitos constituya todo un marco de acción en beneficio del respeto de su integridad como ciudadano y la construcción de un proyecto político mucho más fuerte en cuanto a la tarea de reconstrucción del tejido social.

 

Conclusiones

La mirada reflexiva sobre el conflicto armado en Colombia tiene distintas ópticas de análisis, tanto desde lo sociológico, lo antropológico, lo político, la seguridad, los derechos humanos y la corresponsabilidad estatal. Distintas posiciones académicas frente al hecho mismo del conflicto armado permiten reconocer que la construcción de la verdad histórica requerirá de un esfuerzo institucional mayor en pro ello.

Por lo anterior, el fenómeno del terrorismo en Colombia asociado a distintos grupos como las FARC, ELN, EPL, M-19, los paramilitares, los grupos criminales organizados y las disidencias de la insurgencia desmovilizada, no es nuevo. La legislación colombiana en materia penal ha sido muy clara en denominar algunos actos como terrorismo, pero la academia ha logrado avanzar en la comprensión de dicho fenómeno a partir de consideraciones de índole política. Esto ha significado entonces que progresivamente el país haya incorporado instrumentos internacionales muy avanzados como el Estatuto de Roma para la persecución de crímenes internacionales graves, así como la definición de acuerdos en materia de Derecho Internacional Penal, permitiendo con este último una continua cooperación bilateral y multilateral frente a delitos transnacionales como el narcotráfico.

Colombia, luego de unas etapas críticas en materia de violencia bipartidista, grupos insurgentes y paramilitares, ha decidido consolidar un proceso de paz que necesariamente combina factores de orden interno y de orden internacional. Los acuerdos de La Habana constituyen un marco de acuerdo político general sobre la base esencial de la finalización del conflicto armado con las FARC. En este sentido, tras su desmovilización, la lucha revolucionaria de las FARC no ha finalizado, sino que ha cambiado de método: pasa de ser una actividad revolucionaria vinculada al terrorismo a una actividad política no armada.

Los esfuerzos de Colombia son por ahora incalculables tanto en la cuantía económica del posacuerdo como en materia de reconciliación nacional. La herencia de un terrorismo a gran escala que se vio incrementado en los años 90, en la voladura de torres de energía, puentes, ataques a la población civil, desapariciones forzadas y atentados terroristas de diversa índole material, ha generado en la población un odio visceral que será difícil de transformar. En dos décadas más se podrá analizar los efectos de los acuerdos de La Habana para poder evaluar con ello su efectiva implementación en el contexto nacional.

El papel de las fuerzas militares será esencial, sobre sus hombros descansa por su sujeción al mando civil, el mantenimiento y preservación de lo acordado, especialmente cuando esto se refiere a la protección de la vida a los excombatientes y ex milicianos que han delinquido a lo largo y ancho del país. Sin lugar a dudas la reforma de las fuerzas militares en materia de doctrina obedeció también a una visión alternativa sobre la seguridad nacional y sobre la aplicación de programas efectivos en el territorio que pudieran asegurar la preservación de un acuerdo nacional.

Uno de los factores importantes para mencionar es el terrorismo aplicado a los grupos de disidentes de las FARC- GAOr, y GAO que, actuando en zonas de antigua presencia de las FARC, intentan hoy consolidar su presencia en virtud del negocio del narcotráfico que deja rentas incalculables para estas organizaciones. Esta actividad se denomina como una actividad criminal transnacional puesto que sus conexiones internacionales les permiten hacer un lavado constante de activos, modificar y acomodar su red de cooperantes internacionales en aduanas, aeropuertos, puertos y carreteras, en donde puedan establecer sus conexiones, y con lo cual puedan llevar producción como la cocaína a lugares que se pensaba era imposible de permear. Su nivel de influencia es tan alto que toca a todas las esferas del poder político en Colombia y en muchas partes del mundo.

En cuanto a la crisis que representa una violencia interna hacia la población civil, se puede afirmar que el ciudadano en su interior se ve afectado emocionalmente. Una de las características del terrorismo es que busca sembrar el pánico en la población para obtener unos beneficios políticos. Esto ha ocurrido en Colombia y ha dejado no solo un estigma sicológico y social, sino también dramático en el desplazamiento de la población, generando un desarraigo territorial difícil de asimilar.

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha recopilado los hechos violentos en el país, las víctimas del conflicto (ocho millones de víctimas) y ha diseñado propuestas significativas que puedan ayudar en la reconciliación nacional, tanto de los excombatientes como de los civiles con los combatientes, y por ello su tarea, que durará unas décadas más, tendrá la posibilidad de vincularse, como hasta ahora lo hace, con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, para diseñar políticas públicas que, presentadas al gobierno, reciban todo el apoyo administrativo, político y económico.

En conclusión, la sociedad colombiana intenta pasar del conflicto armado a la esperanza vital, tratando con ello de construir y forjar una nación diferente, donde el terrorismo sea un asunto del pasado. Sin embargo, vendrán años difíciles para lograr esto, debido a la multiplicidad de actores criminales diseminados en el país que se lucran del narcotráfico y la minería ilegal. Su objetivo no es revolucionario, y si bien el ELN (que intenta todavía mantener su revolución) quiere una negociación, no recibe credibilidad por parte de la población que sufre sus ataques directos. En esta dirección, lo que se prevé para esta nación son unos años de esfuerzo por estabilizarse internamente y por lograr derrotar el terrorismo y el miedo constante.

 

Notas sobre los autores

Olmer Muñoz Sánchez. Magíster en Estudios Políticos por la Universidad Pontificia Bolivariana Sede Medellin.  Doctorando en Ciencias políticas de la Universidad Católica Argentina. Profesor coordinador del área de Seguridad y Defensa e investigador adscrito al grupo de investigación en Estudios Políticos de la misma Universidad. Email: Olmer.munoz@upb.edu.co

Julie Pontvianne. Magister en Estudios Internacionales con especialidad en América Latina por la Universidad París 3. Doctoranda en Civilización latinoamericana contemporánea en la Universidad París 8. Profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Jean Moulin Lyon 3 (Francia). Email: julie.pontvianne@univ-lyon3.fr

Sebastián Álvarez Posada. Magíster en Estudios Políticos por la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctorando en Lenguas y letras de la Universidad de Liège. Profesor coordinador del área de Geografía e Historia e investigador adscrito al grupo de investigación en Estudios Políticos de la misma Universidad. Email: sebastian.alvarezpo@upb.edu.co

 

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[1] Grupos Armados Organizados Residuales, es decir, las disidencias de las FARC que hoy operan en zonas como el suroccidente y noroccidente del país.

 

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