Del Caguán a La Habana. Los diálogos de paz con las FARC en Colombia: una cuestión de correlación de fuerzas

 

JERÓNIMO RÍOS SIERRA

Universidad EAN, Colombia

 

Resumen: El objetivo de este trabajo es mostrar de qué modo, el contexto que presenta el conflicto armado colombiano con las FARC ha respondido a dos contextos bien distintos, en 1998 y en 2012, que invitan a entender un diferente resultado. Mientras que en el Caguán, en 1998, la paz se negociaba en medio de la guerra, con una agenda inabarcable, con un equipo negociador, de parte de la guerrilla, más beligerante que cooperativo y con un escalamiento del conflicto por parte de guerrilla y gobierno, en 2012 la realidad es bien distinta. Con un mayor proceso de internacionalización, con un equipo negociador más “político”, con una agenda solo cinco puntos, y lo más importante, con un contexto de guerra diferente, es posible, por primera vez abrazar el optimismo. El factor diferencial en ambos casos es la correlación de fuerzas. Mientras que en 1998 las FARC aún aspiraban a poder derrotar al Estado, en 2012 se trata de un sueño irrealizable. A la vez, el enquistamiento fronterizo del conflicto ha puesto fin a los grandes logros militares del pasado y obliga al gobierno a pensar en la necesidad de negociar como única manera de desactivar el conflicto armado interno.

Palabras clave: Conflicto armado, Paz, FARC, Caguán, La Habana.

Title: From Caguan to Havana. The Peace Dialogue with FARC in Colombia: An issue of force correlation. 

Abstract: The purpose of this paper is to show in what way the context presented by the Colombian armed conflict with the FARC has responded to two very different contexts, in 1998 and in 2012, inviting them understand a different result. In Caguan, in 1998, peace was negotiated in the midst of war, with a boundless agenda, with a more belligerent than cooperative negotiating team of the guerrillas, and an increase of conflict by guerrilla and government. However, in 2012 the reality is quite different. This, with greater internationalization, with a negotiating more "political" team, with an agenda just five points, and most importantly, a different scene of war. For the first time it is possible to be optimistic. The differential factor in both cases is the correlation of forces. While in 1998 the FARC still hoped to be able to defeat the state, in 2012 it is an impossible dream. At the same time, the border entrenchment of the conflict has ended the great military achievements of the past and requires the government to think about the need for negotiations as the only way to disable the internal armed conflict.

Keywords: Armed Conflict, Peace, FARC, Caguan, Havana.

Para citar este artículo/To cite this articleJerónimo Ríos, “Del Caguán a La Habana. Los diálogos de paz con las FARC en Colombia: una cuestión de correlación de fuerzas”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 1, No. 1 (2015), pp. 63-83. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.1.4

 

Introducción

El siguiente escrito tiene como propósito plantear algunas de las cuestiones que ayudan a entender, transcurridos casi quince años, el fracaso de negociación del gobierno de Andrés Pastrana con las FARC, toda vez que invita al optimismo dentro de la actual coyuntura, también de negociación, que esta guerrilla mantiene con el gobierno de Juan Manuel Santos, desde finales del año 2012.

A tal efecto, lo primero que se plantea es la situación que dio lugar a la negociación del Caguán, en la que ambas partes, FARC y gobierno colombiano, negociaban la paz bajo la convicción de seguir con la guerra. En el caso de la guerrilla, en tanto que continúan los reclutamientos, las expansiones de control territorial así como el activismo armado; y en el gobierno, porque a la vez de los diálogos de paz, se está negociando el Plan Colombia con Estados Unidos, y se está poniendo en marcha un proceso de modernización profundo en la Fuerza Militar.

Sin embargo, y dado el resultado de fracaso, tras el Caguán, se mantiene el cambio de correlación de fuerzas en favor del Estado y en contra de la guerrilla, gracias a una Política de Seguridad Democrática dirigida por Álvaro Uribe, no carente de excesos, que en todo caso terminó por replegar la posición de la misma y transformar las dinámicas espaciales del conflicto. Todo, en continuidad a un tipo de políticas de confrontación ya iniciadas por Pastrana.

No obstante, tras ocho años de presidencia de Uribe, la política beligerante acaba mostrando serios visos de agotamiento. A ello se añaden otras cuestiones tales como un proceso de enquistamiento fronterizo del conflicto, si cabe más complejo, por la coyuntura de convergencia de intereses con los grupos herederos del paramilitarismo desmovilizado en 2005, y conocidas como Bacrim. Sin embargo, el pie de fuerza guerrillera se ha reducido a la mitad como, igualmente, se ha reducido su presencia territorial de manera que se ha abandonado la pretensión originaria de las FARC tomar el poder por las armas. En paralelo, las políticas beligerantes del gobierno son cada vez menos efectivas y entonces cobra fuerza, nuevamente, la necesidad de negociar, tal y como acontece en el actual proceso de La Habana.

 

La llegada de Andrés Pastrana a la presidencia y la aproximación frustrada de la paz en Colombia

Andrés Pastrana Arango, a través del partido Gran Alianza para el Cambio, va a imponerse en los comicios de 1998 al candidato liberal y oficialista, Horacio Serpa Uribe, por un margen de casi medio millón de votos, en lo que fue una campaña electoral fuertemente marcada por la necesidad imperativa de abordar un proceso de paz que confiriese una salida negociada al conflicto armado. Ello, porque en la primera vuelta, Horacio Serpa resultó como la primera opción electoral, al obtener 3.696.334 votos frente a los 3.576.781 del candidato conservador (Pastrana, 2013: 149).

Dada esta proximidad, los dos van a buscar convertir la negociación con la guerrilla como su leitmotiv electoral. Tanto es así, que incluso, para el caso de Andrés Pastrana, antes de celebrarse la segunda vuelta, el que posteriormente se va a convertir en su Alto Comisionado de Paz[1], Víctor Guillermo Ricardo, se va a reunir con los dirigentes de las FARC, “Manuel Marulanda” y “Mono Jojoy”, en la región selvática de los Llanos del Yarí, departamento de Meta, mostrando a la opinión pública colombiana una imagen que terminaría por decantar los comicios del lado de Pastrana.

Antes, incluso de su toma de posesión, prevista para el 7 de agosto de 1998, el propio electo presidente se va a reunir con el mencionado “Marulanda”, a fin de poner en marcha un diálogo de paz que iniciaría a comienzos de noviembre de ese mismo año en lo que, vulgarmente, se conoce como el “proceso del Caguán”[2].

Respecto de las reglas sobre las que va a operar este acuerdo, en primer lugar, cabe destacar la falta de un cese al fuego por parte de los actores pues, por primera vez, se buscaba la negociación dentro de un contexto de guerra inalterada, quizá, tomando como referencia la experiencia inmediata de El Salvador. Experiencia donde las partes, gobierno y el FMLN, iniciaron las negociaciones dentro del conflicto y solo abordaron esta cuestión una vez que se resolvieron puntos sustanciales de la negociación (Martínez, 2011).

Un punto clave de la negociación tuvo lugar de acuerdo con la controvertida conocida como “zona de despeje”, pues las FARC no querían negociar fuera de Colombia. Al respecto, y haciendo valer una promesa electoral, Andrés Pastrana aceptó desmilitarizar 42.000 km2 –es decir, una extensión superior a la de Suiza-, lo cual incluía a las cabeceras urbanas y rurales de los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el departamento de Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá (Guerra de Hoyos, Pérez y Tapia, 2011).

 

Mapa 1. Municipios que conformaban la zona de despeje

Fuente: BBC

 

El sentido de hablar de “zona de despeje” o “zona de distensión” suponía, no obstante, que el gobierno debía retirar toda su presencia de los municipios que construían esta región y, muy particularmente, cualquier atisbo de Policía o Fuerza Militar. Tanto, que durante la vigencia de esta “zona de despeje”, la función de seguridad correspondió a las FARC y a un cuerpo, construido ex profeso, que a modo de policía civil, tendría la función atribuida de colaborar con la guerrilla (Gomes, 2005).

Una vez que son inaugurados los diálogos, en enero de 1999, las FARC y el gobierno van a conseguir una “Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia en Paz” que respondía a doce temas. Temas tales como reformas económicas, reformas políticas, reformas agrarias, cultivos ilícitos, derechos humanos, derecho internacional humanitario, recursos naturales, reforma de la justicia, reforma política, reforma del Estado, Fuerzas Armadas y relaciones internacionales.

Sin embargo, y a pesar de ello, dentro de quienes discutían la agenda del lado de la guerrilla –“Raúl Reyes”, “Fabián Ramírez” y “Joaquín Gómez”- ni mucho menos podían ser considerados como la facción más política de las FARC como, por ejemplo, lo eran otros comandantes de renombre como “Alfonso Cano”, “Iván Márquez” o “Pablo Catatumbo”.

Como sería de esperar, tan intrincada agenda dificultaba sobremanera cualquier atisbo de puesta en común, más si se añade que sobre estos temas, a su vez, se producía una subdivisión de 48 sub-temas que, finalmente, ponían de manifiesto hasta qué punto se carecía de una estrategia previamente definida, a efectos de la negociación. Por ejemplo, en ningún momento de la negociación aparecieron cuestiones tan relevantes en un proceso de paz, como es el caso de la discusión sobre la entrega de armas y el desarme.

Esta situación de negociación, además, debía de avanzar de acuerdo a dos cuestiones más que afectaban a cualquier atisbo de avance. De un lado, el imperativo de combatir un paramilitarismo creciente que surgía como el principal actor de disputa frente a la guerrilla. De otro, la puesta en marcha de intercambios humanitarios en los que se planteaba la liberación de policías y militares secuestrados por las FARC a cambio de guerrilleros. Conviene señalar que estas cuestiones no generaron más que acuerdos parciales pues, en el fondo, se produjo un único intercambio de miembros de la Fuerza Pública por guerrilleros enfermos. Además, apenas se llevó a cabo una actuación real frente al paramilitarismo.

Así con todo, el proceso de paz parecía fracasar desde el inicio, especialmente, a tenor del incidente de la conocida vulgarmente como “silla vacía”, es decir, la ausencia de “Manuel Marulanda” en la inauguración de los diálogos de paz, cuando todos los focos y medios centraban su atención en el momento[3]. De esta forma, empezaban las negociaciones con el serio cuestionamiento respecto de la seriedad y el compromiso de las FARC por negociar. Tanto fue así que, incluso, del lado de las FARC, pronto empezó la lógica de paralizaciones unilaterales al proceso de negociación.

La realidad es que poco se avanzó durante los 1.139 días que duró el proceso de negociación, pues las partes nunca llegaron a un solo punto de acuerdo de los previstos dentro de la agenda. El conflicto empezó a presentar inconmensurables dosis de violencia fuera de la “zona de despeje” y rápidamente, la opinión pública y la sociedad civil colombiana perdieron el interés y la convicción sobre las posibilidades reales de llegar a una salida negociada del conflicto.

Se pueden extraer varias explicaciones que invitan a pensar en el porqué del fracaso del proceso de paz. Un punto de partida, al respecto, sería la falta de “estancamiento doloroso”[4] entre las partes negociadoras. Es decir, más allá de intenciones por la paz, podía entenderse que para ninguno de los dos actores, desde una perspectiva racional, existían motivaciones reales para la negociación y para el abandono de las dinámicas propias del conflicto armado.

Por un lado, el gobierno de Andrés Pastrana concebía necesario y posible un marco de fortalecimiento creciente de la dimensión institucional y de seguridad del Estado colombiano.  A tal efecto, la nueva relación con Estados Unidos, y la ingente inversión en fortalecer y modernizar las Fuerzas Militares ayudaban a concebir un horizonte próximo en el que el Estado colombiano podía asumir una posición ventajosa en la interlocución, dada una desigual y beneficiosa correlación de fuerzas.

Igual sucedía con las FARC. La guerrilla se sirvió de la “zona de despeje” “para adelantar la guerra contra el Estado, para esconder secuestrados, para adiestrar en sus escuelas militares a los combatientes a todos los niveles, y para aprender nuevas técnicas de guerra y utilización de explosivos” (Pizarro, 2011: 264). De igual forma, durante el proceso de paz, esta misma guerrilla elevó a 70 sus frentes de combate y consiguió el mayor nivel de guerrilleros de toda su historia, llegando los 17.000 combatientes (Mindefensa, 2005: 28).

 

Buscando la paz mientras hacemos la guerra

La iniciativa de modernización y transformación profunda desde el gobierno de Andrés Pastrana, solo se entiende con base en la puesta en marcha del Plan Colombia. Este Plan Colombia, inicialmente concebido por el propio Andrés Pastrana, el 8 de junio de 1998, se trataba de una iniciativa nuclear de plan de gobierno, la cual fue acogida por el presidente estadounidense Bill Clinton, en diciembre de 1998, cuando prometió destinar más ayuda militar a Colombia a fin de combatir las drogas y fortalecer la democracia y la consecución de la paz en el país (Fajardo, 2003).

Toda la lógica contrainsurgente sobre la que se construye el Plan Colombia va a pasar a ser coordinada por el Comando Sur[5], en Florida, dentro del cual hay un Grupo Militar para Colombia que va a ser quien se encargue de acompañar, formar, asesorar y fortalecer a las Fuerzas Armadas colombianas (Government Accountabillity Office, 2008), y que se denomina vulgarmente como Organización de Asistencia en Seguridad.

Inicialmente, el Plan Colombia, conviene precisar, tenía una orientación de mayor inversión social, con la que lograr estabilidad política y social en Colombia si bien, a partir de la puesta en marcha de la contraparte estadounidense, y sobre todo a partir de la posterior llegada a la presidencia de George W. Bush, pasa a erigirse como un programa destinado, en la mayoría de sus recursos, a la lucha antinarcóticos. Esto, con especial énfasis en la fumigación aérea en lugar de la erradicación manual, que era la que contemplaba inicialmente el Plan Colombia y que era la aceptada por las FARC durante la negociación del Caguán.

Como sucediera en los procesos centroamericanos, la paz que se concibe como una ecuación que aúna fortalecimiento democrático y desarrollo económico, claves en un marco de construcción de “paz positiva”, va a resultar obviada. Esto, en buena medida, por el redibujado Plan Colombia, que va a terminar por ser una estrategia reactiva más, frente a una amenaza como en 1999, representa la guerra contra las drogas.

Para entender el Plan Colombia existe una concepción básica. Si se actúa contra el cultivo ilícito, como trasfondo, se están socavando las fuentes de financiación de la guerrilla, de manera que los dos principales escenarios de intervención van a ser en el sur del país. Es decir, además del macizo colombiano, en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo (Ramírez, 2009; Gallardo, 2005) el propósito va a ser reducir a la mitad el total del cultivo ilícito lo cual, a pesar de un éxito relativo, conllevó nefastas consecuencias a modo de desplazamiento forzado y afectación a cultivos. Ello, porque la estrategia reactiva buscaba, en último término, motivar a que los campesinos abandonasen el cultivo ilícito para pasar a desarrollar otros proyectos alternativos que serían invocados, en paralelo al Plan Colombia, por el propio Estado colombiano pero que no llegaron.

Al margen de estas cuestiones, el Plan Colombia se consigue plasmar, definitivamente, sobre la base de seis objetivos centrales: 1) fortalecer la lucha contra el narcotráfico, integrando la acción de las Fuerzas Armadas; 2) fortalecer el sistema judicial y lucha contra la corrupción; 3) neutralizar el sistema de finanzas del comercio de drogas para revertirlo en favor del Estado; 4) neutralizar y combatir los agentes de la violencia que actúan en connivencia con el tráfico de drogas; 5) integrar las iniciativas que provienen de las diferentes escalas geográficas local-nacional-internacional y, finalmente 6) fortalecer y expandir planes para desarrollo alternativo en las áreas afectadas por el tráfico de drogas[6] (Otero, 2010: 197). Seis objetivos que, solo entre 1999 y 2002, van a requerir la nada desdeñable cifra de más de 1.9000 millones de dólares.

 

Tabla 1. Recursos movilizados por el Plan Colombia durante la presidencia de Andrés Pastrana

 

1999

2000

2001

2002

Total Ayuda Económica y Militar

283.7

1028.5

55.3

534.8

Prestamos

0.0

0.0

0.0

0.0

Donaciones

283.7

1028.5

55.3

534.8

Asistencia Económica

213.1

1027.6

51.8

508.6

Préstamos

0.0

0.0

0.0

0.0

Donaciones

213.1

1027.6

51.0

508.6

Apoyo en seguridad y asistencia

5.3

128.5

2.5

6.6

Cuerpos de paz

0.0

0.0

0.0

0.0

Narcotráfico

205.9

894.4

48.0

499.0

Asistencia militar

70.6

0.9

3.8

26.2

Préstamos

0.0

0.0

0.0

0.0

Donaciones

70.6

0.9

3.8

26.2

Total de ayudas militares

281.8

1023.8

54.3

531.8

Fuente: Otero (2010: 111)

 

Como algunos de los logros señalados por el gobierno colombiano, el Plan Colombia durante el desarrollo de la presidencia de Andrés Pastrana, y también después, en los primeros años del gobierno de su sucesor, Álvaro Uribe, apoyó de manera determinante el mencionado proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, especialmente en lo que respecta a Fuerza Aérea; capacidad de intervención en enclaves de cultivo ilícito, capacidad operativa nocturna, unificación del sistema de comunicaciones e implementación creciente de inteligencia técnica en las operaciones de las Fuerzas Militares (Díaz, 2002).

Asimismo, en lo que tiene que ver en la reestructuración, el Plan Colombia introdujo una doctrina de operaciones conjuntas, lo cual favoreció mayor especialización y complementariedad pues, por ejemplo, bajo el apoyo de la asistencia estadounidense, se crearon elementos tan importantes como el Comando Conjunto del Caribe y la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur.

Tal y como reconoce el Departamento Nacional de Planeación (2006: 12), con el Plan Colombia también se coadyuvó, paulatinamente, al desarrollo de una postura ofensiva, como muestran la conformación de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), la creación de 12 brigadas móviles y más de 14 escuadrones móviles de carabineros.

Además de la profesionalización, el otro punto clave del Plan Colombia y que son los cultivos ilícitos, se entiende en la medida en que entre 1990 y 1999, en Colombia se va desarrollando un incremento anual cercano al 18% de la superficie de cultivos de coca, y que entre 1998 y 1999 llega a un punto crítico. Tanto es así que mientras que en 1998 eran 101.800 el número de hectáreas cultivadas, en 1999 las mismas habían ascendido a las 160.119 Ha. Es decir, el incremento experimentado, solo en el año 1999, había terminado por ser del 57%, haciendo de Colombia el paradigma de narcoestado por antonomasia (Kruijt y Koonings, 2008: s.p.; Henderson, 2010: 343).

El fuerte componente de intervención en la lucha antinarcóticos del Plan Colombia va a permitir reducir esta tendencia creciente y, por primera vez en la década, revertir la misma en términos netamente decrecientes. Si bien en el año 2000 el área de cultivos de coca llega a su máximo nivel, 163.289 Ha., en 2001 la tendencia decreciente es cuando empieza a hacerse visible, pues el total de hectáreas con cultivo de coca decaerá a 144.807 (- 11.4%) y a 102.071 Ha. en el año 2002. (-29.6%).

Baste señalar que en 1999 se erradicaron por aspersión aérea 43.111Ha por 1.046Ha erradicadas manualmente. En el año 2000, la aspersión aérea se incrementó hasta las 58.074Ha por 3.495 de erradicación manual. Empero, es a partir de 2001 cuando esta proporción queda definitivamente rota a efectos de la influencia del Plan Colombia. Así, aquel año se erradicarán 94.152Ha por 1.745Ha eliminadas manualmente mientras que, en 2002, la cifra llega a las 130.364Ha erradicadas por aspersión aérea frente a 2.763Ha erradicadas manualmente.

En ese mismo orden de acciones, se incrementaron sustancialmente el número de toneladas de coca incautadas entre 1998 y 2002, casi 300Tn, del mismo modo que lo hizo la desaparición de laboratorios ilícitos – casi 4.000 (UNODC, 2007: 79).  Ello, en buena medida gracias la creación de tres Brigadas contra el narcotráfico en el Ejército Nacional, cuatro bases móviles de  erradicación y dos compañías de interdicción en la Policía Nacional (Departamento Nacional Planeación, 2006).

También, con recursos provenientes del Plan Colombia se inició el proceso de modernización y repotenciación de las aeronaves de ala fija (aviones y avionetas) y ala rotatoria (helicópteros) de la Fuerza Aérea, que fue complementado con equipos entregados en préstamo de uso para cumplir con los objetivos establecidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Traducido en cifras, si en 1999 se emplearon 34 aeronaves de ala fija y 1 de ala rotatoria; en 2001 se estaban empleando 79 aeronaves de ala fina y 3 de ala rotatoria; y en 2002, 120 aeronaves de ala fija y 8 de ala rotatoria.

A tal efecto, el Plan Colombia terminó por erigirse, como anteriormente se apuntó, como responsable directo del incremento de la capacidad aero-táctica de la Policía y las Fuerzas Militares de Colombia, a partir de la cual, se experimenta un aumento notable en el número de horas de vuelo. Es decir, si en 1999, el número de horas de vuelo de la Policía Nacional fue de 10.169, y en la Fuerza Aérea fue de 5.786; para el año 2001, el resultado era de 13.686 horas para la Policía (+34.5%), y de 19.996 para la Fuerza Aérea (245.5%). (Departamento de Planeación Nacional, 2006: 26).

En cuanto al apoyo en infraestructura más destacable por parte del Plan Colombia, debe destacarse la asistencia estadounidense en las bases de Apiay, en el departamento de Meta, donde se encuentra los batallones de la Brigada VII; la controvertida base de Tolemaida[7], en el departamento de Cundinamarca; la base de Putumayo, donde se alojan los batallones de la Brigada XXVII; y la conformación de la Brigada Antinarcóticos del Ejército en el Fuerte Militar de Larandia, en el departamento de Caquetá.

Sin embargo, y a pesar del notable fortalecimiento de la Fuerza Militar, lo cierto es que Colombia entre 1998 y 2002 transitó por una tesitura ambivalente, que permitirá entender lo que va a suceder en el transcurso de la década. Por un lado, en 2002, las FARC van a llegar a los 17.000 combatientes y 70 frentes, a los que se añaden otros 4.500 guerrilleros del ELN en 40 frentes y otras tantas estructuras urbanas. Asimismo, el paramilitarismo se había triplicado, en torno a las AUC fundamentalmente, llegando a los 12.000 combatientes. Dicho de otro modo, prácticamente toda la geografía del país se encuentra afectada por el conflicto armado (Mindefensa, 2005:28).

Solo entre 1998 y 2002 se producen 17.818 infracciones al Derecho Internacional Humanitario; 17.043 violaciones a los Derechos Humanos; la violencia política y social se cobra 18.595 víctimas en estos cinco años; las víctimas en acciones bélicas representan 14.342 muertes (Otero, 2007: 14) y el número de desplazados llega a los mayores niveles de la historia de Colombia. Entre 1998 y 2002 se producen, según CODHES (2011: 18), 729.928 desplazamientos forzados que, en suma con todo lo anterior, desdibujan por completo el proceso de paz y la negociación del Caguán de Andrés Pastrana permitiendo entender cómo y bajo qué circunstancias se producen la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia[8].

Es más, se va a registrar un importante incremento de las actividades bélicas, los secuestros, la extorsión y otras actividades criminales que van a terminar por poner de manifiesto cómo, la idea de negociar la paz en medio de la guerra, va a ser profundamente errada, sirviendo más bien como acicate de la violencia. Una violencia que para las FARC se hacía extensible más allá de la “zona de despeje”, y que para el gobierno hacía irremediable su refortalecimiento de manera que, ambos negociadores, dentro de su articular percepción, encontraban serias posibilidades y muestras de superioridad militar con respecto a su adversario.

El propio proceso de negociación de las FARC estaba llegando a su fin. Éste llegaría con motivo del secuestro del senador Eduardo Gechem Turbay, a manos de las FARC, el 20 de febrero de 2002. Tras el mismo, Andrés Pastrana informaba de la definitiva ruptura unilateral de las negociaciones, llevando consigo el fin de cualquier propósito de negociación y aproximación con las FARC, y hundiendo la imagen del presidente y la popularidad de cualquier atisbo negociador. Más bien, todo lo contrario, es por esto que el sucesor de Pastrana va a ser Álvaro Uribe, quien va a ganar popularidad como consecuencia de su posición reactiva en cuanto a la confrontación directa contra la guerrilla.

Los datos hablaban por sí solos. Entre 1998 y 2001, durante el proceso de negociación, las FARC habían acumulado 1.610 acciones guerrilleras, a lo que se adicionaban 3.265 secuestros y medio millar de casos de extorsión. Asimismo, el ELN protagonizaba 1.067 acciones armadas, a lo que se unían 3.088 secuestros y otros tantos casos de extorsión. La presencia del conflicto afectaba a más de la mitad de municipios del país, con 130 municipios con presencia del ELN y otros 350 municipios con presencia de FARC toda vez que el paramilitarismo se encontraba en su mayor punto de efervescencia. En medio de la paz, se estaba haciendo la guerra, si bien una guerra cada vez más favorable para un Estado que si en 1998 apenas fue capaz de dirigir 201 combates unilaterales contra las FARC y 93 contra el ELN, para 2001 ascendía a 660 y 290 respectivamente.

 

El proceso de La Habana. Una realidad propicia para negociar

Tras el fracaso del proceso del Caguán, finalizado en febrero de 2001, va a haber que esperar más década para que, nuevamente, el gobierno colombiano y las FARC asuman otro proceso de negociación con vistas a desactivar el conflicto armado. Un proceso que, público desde agosto de 2012, arrancó en octubre de ese mismo año, en buena medida dentro de una coyuntura bien diferente, que en esta ocasión incorpora diferentes elementos que, cuando menos, invitan a in mayor optimismo.

No obstante, entre el Caguán y La Habana, concurre un factor determinante en la comprensión de la realidad del conflicto armado colombiano, y que si bien no es objeto de análisis en este escrito, sin embargo, no puede ser obviado. Se trata de los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe. Entre 2002 y 2010, en Colombia va a concurrir un gobierno fuertemente beligerante en Colombia que, casi en exclusiva, va a asumir como leitmotiv político la derrota militar de las guerrillas.

Entre 2002 y 2010, destinando más de un 4% del PIB en seguridad y defensa, lo cual, en adición con la continuidad del Plan Colombia representa más de 12.000 millones de dólares, la Fuerza Pública colombiana va a modernizar su estructura, organización y coordinación, y va a profundizar todo un proceso de cambio que va a optimizar la forma de combatir a los grupos así como de desplegar operativos.

Así, entre 2002 y 2010, Colombia se va a convertir, transcurrido este tiempo, en el cuarto país del continente que más va a incrementar su presupuesto en seguridad y defensa tras Chile, Venezuela y Ecuador. Además, se erige como el país de América Latina con mayor cobertura de Fuerza Pública por número de habitantes, con un promedio de 881 efectivos por cada 100.000 habitantes, únicamente superado por Bolivia (Mindefensa, 2011b: 17).

Bajo esta misma tendencia, la Policía Nacional colombiana, entre 2002 y 2010, va a pasar de los 110.000 miembros a los 160.000, y las Fuerzas Militares de 203.000 a 270.000 efectivos, de manera tal que, en términos agregados, el pie de fuerza pública en Colombia experimenta un incremento del 40% al cual, cualitativamente, habrá que añadir otros tantos avances notables en lo que tiene que ver con modernización, organización, coordinación, distribución y disposición de recursos (Mindefensa, 2010: 68).

Todo lo anterior se traduce, por ejemplo, en la obtención de importantes golpes estratégicos sobre los altos mandos de las FARC y del ELN. En primer lugar, como las tres acciones más significativas al respecto deben mencionarse la Operación Fénix (2008), la Operación Sodoma (2010) y la Operación Odiseo (2011) – ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014). Las tres supusieron la muerte de tres de los miembros históricos más relevantes de la guerrilla y, todos ellos, componentes del Secretariado de las FARC: “Raúl Reyes”[9], “Mono Jojoy”[10] y “Alfonso Cano”[11].

Del mismo modo, no pueden obviarse otras bajas, también significativas, como la captura de “Simón Trinidad”[12] en Quito, en 2004, por parte de los servicios secretos colombianos; o las muertes, en 2007, de “Negro Acacio”, miembro del Secretariado y clave en la economía de la droga en Guaviare y Vaupés; de “Martín Caballero”, jefe del Frente 37 de sur de Bolívar; y, en 2008, de “Iván Ríos”, jefe del Bloque Central de las FARC.

Solo entre 2002 y 2010 se destruyeron 20.062 laboratorios cocaleros, se incautaron 1.233 tonelada de marihuana, 5.3 toneladas de heroína y 1.269 toneladas de cocaína. Si en 2002, la superficie de coca era de 130.364Ha, en 2010, la superficie se había reducido a 58.073Ha. De igual manera, los homicidios habían caído a 15.459 y las masacres a 183, la tasa de homicidios se reducía a 33.97 muertes violentas, y el número de secuestros y de extorsiones fue de 282 y 152, respectivamente – 134 para las FARC y solo 18 para el ELN. De igual forma, las acciones de las FARC cayeron a 724 en 166 municipios y las del ELN a 65 en 27 municipios[13]. Finalmente, el volumen de desplazados forzados cayó a 162.611 y el número de asesinatos políticos decayó hasta los 51 casos.

La gran mayoría de todo este conjunto de acciones y cifras se concentran sobre la guerrilla, de manera tal que algunos estimaron que el ELN, entre 2002 y 2010 perdió hasta un 77% de su fuerza de combate, por un 83% para el caso de las FARC (Fundación Seguridad y Democracia, 2008: 5). Todo gracias a un esquema de intervención sobre el aspecto de seguridad que se consolidó con base en fortalecer la estructura de la inteligencia en seguridad, identificar con claridad las funciones y el alcance de cada uno de los grupos de la Fuerza Pública, fortalecer el impacto sobre ciertas regiones, especializar los escuadrones y las unidades de combate, ganar presencia, fundamentalmente, en enclaves rurales, tradicionalmente de especial arraigo guerrillero, para, desde la desaparición de grupos armados, construir lo que fue denominado como “zonas de rehabilitación”.

Todo lo anterior, va a debilitar profundamente a las guerrillas, especialmente a las FARC, si bien, lo más importante, es que va a transformar la dinámica de beligerancia entre el Estado y la guerrilla de manera que se propicia un escenario óptimo para negociar. Un escenario en el que concurren diferentes elementos que permiten entender el porqué de la puesta en marcha de un nuevo intento de negociación con las FARC.

Del lado de las FARC, porque experimentan un repliegue sin parangón que termina con la lógica de la guerra de movimientos y la aspiración hacia una guerra de posiciones que era la que dominaba entre 1998 y 2002. Todo lo contrario, la pérdida de pie de fuerza, la reducción de sus finanzas – especialmente por secuestro y extorsión-, unido a una dependencia mayor del narcotráfico, y una pérdida de influencia de la posición más beligerante que encarnaban “Manuel Marulanda”, “Mono Jojoy” o “Raúl Reyes”, afecta sobremanera la cosmovisión guerrillera sobre la comprensión de la lucha armada y la toma del poder por las armas. Tal circunstancia en la actualidad deviene imposible. Las FARC, para el año 2010 terminan por replegarse en departamentos periféricos, mayormente fronterizos como Norte de Santander, Arauca, Chocó, Nariño y Putumayo, u otros conexos con estos como Cauca o Caquetá. Su alcance municipal ha caído a 160 municipios – la mitad que en 2002, y su volumen de acciones armadas es de 724, casi la mitad que las 1.278 de 2002. Asimismo, su pie de fuerza se ha reducido en casi un 50%, al pasar de casi 17.000 combatientes a poco más de 8.000 guerrilleros.

Del lado del gobierno, sin embargo, concurren igualmente elementos que justifican una lógica de negociación. En primer lugar, porque la propia política beligerante, hacia 2010, parece incurrir en un agotamiento importante. De hecho, solo entre 2010 y 2011, las acciones por iniciativa militar se reducen en casi un 50%, al pasar de 1.400 a poco más de 700. Los enclaves de conflicto son enclaves con mayor arraigo guerrillero, con escasa presencia institucional, con una correlación de fuerzas en muchos casos favorables a las FARC, con una geografía selvática, montañosa y fronteriza, que dificulta profundamente los operativos de éxito. Asimismo, en todos ellos, predomina el número de acciones guerrilleras frente a los operativos de la Fuerza Pública lo que invita a pensar en una especie de enquistamiento en cuanto a la desactivación por la vía militar del conflicto armado.

 

Gráfico 1. Prioridades para la Fuerza Pública, 2011-2012

Fuente: Ríos (2015: 64)

 

Asimismo, la deficitaria desmovilización paramilitar y la emergencia de las Bandas Criminales – Bacrim como herederas del paramilitarismo terminan por conferir un factor de oxigenación para las guerrillas. Esto, porque al estar despolitizadas con respecto a la razón subversiva del antiguo paramilitarismo, optan por coaligarse con las FARC en todo lo que tiene que ver con siembra y procesamiento de cultivos, en la que convergen intereses comunes frente a un enemigo compartido que sería el Estado.

De hecho, hacia 2012, antes de iniciar los diálogos, se observan este tipo de conexiones, por ejemplo, en el sur de Cesar o de Bolívar, donde confluirían los Frentes 35 y 37 de las FARC, el Frente “Jaime Batemán” del ELN, y Bacrim como “Los Paisas”, “Los Rastrojos” o “Los Urabeños”. Todos ellos se disputarían el control territorial de otra zona con gran valor estratégico, con conexión directa con el Golfo del Morrosquillo en el Caribe, el cual se trata de una salida para la droga que se dirige con camino hacia Europa y Centroamérica.

En Norte de Santander “Águilas Negras” y “Los Rastrojos”, operarían como grupos pos-paramilitares en confrontación a los Frentes 33 y 41 de las FARC y los Frentes del ELN “Camilo Torres” y “Carlos Armado Cauca Guerrero” que colaboran, incluso, con una facción minoritaria del EPL. Esto, muy especialmente, en la referida subregión del Catatumbo- que comprendería los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, San Calixto y, principalmente, Tibú[14], mayormente de control guerrillero frente a la presencia urbana de las Bacrim en municipios como Cúcuta u Ocaña.

En Arauca se darían ciertas lógicas de apoyo entre ELN y “Los Rastrojos”, en muchas ocasiones contra las FARC, si bien la confrontación entre guerrillas nada tiene que ver a los importantes enfrentamientos de hace una década.

En Nariño coinciden los Frentes 2, 29 y 64 de las FARC que, hasta 2011, estuvieron en guerra con el ELN, cuya presencia se articula en torno a los Frentes “Héroes y Mártires de Barbacoas”, especialmente los “Comuneros del Sur”, marginalmente, el Frente “Manuel Vásquez Castaño” y, por último, “Guerreros de Sindagua”. Asimismo, habría que añadir la presencia de Bacrim traducida en “Águilas Negras”, “Los Urabeños” y “Los Rastrojos” y que, operan como actores colaboradores tanto con las FARC como con el ELN.

Por su parte, en el departamento de Chocó concurren el Frente 57 y el Frente 34 de las FARC, el Frente “Resistencia Cimarrón” y multitud de pequeñas Bacrim, además de “Los Rastrojos”, “Los Urabeños”, “Águilas Negras” y, la nueva estructura conocida como “Renacer”, que colaborarían y competirían entre sí según las dinámicas de control territorial de las principales fuentes de financiación.

Asimismo, en Caquetá, Cauca y Putumayo, de cualquier modo, predominarían las FARC como actor armado dominante. En Caquetá, por los frentes 11, 15, 49, 60 y en Putumayo, por los frentes 32 y 48, todos del Bloque Sur,  y en Cauca, por la presencia dominante de los Frentes 6 y 8 del Bloque Occidental y que, en los tres casos, tienen presencia en más de la mitad de los municipios del departamento.

                                                                           

Mapa 2.  Periferialización y corredores estratégicos de la violencia, 2012

Fuente: Salas (2015: 168)

Toda esta presencia dominante de guerrillas y grupos criminales, no por casualidad concurre en un escenario en el que el conflicto armado nunca quedó superado por el impacto real de la PSD y en el que el cultivo ilícito ha terminado por consolidarse como el factor explicativo más importante. A tal efecto, basta con observar cómo Norte de Santander, Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, con la excepción de Arauca, donde es más importante el secuestro y la extorsión sobre la industria extractiva así como el contrabando, concurren en el año 2012 el 68% de las 48.000Ha cultivadas con coca en el país.

 

Conclusiones. Ante una oportunidad única de desactivar el conflicto armado

La coyuntura anterior haría valer la hipótesis del doble estancamiento doloroso que plantean Touval y Zartman (1985) y Zartman (2001), respecto del que, como se puede ver, el contexto más intrincado del conflicto armado, toda vez que más perifierializado, coincide con una debilidad creciente de las FARC pero suficiente para evitar una desactivación por la vía armada, sobre todo, por sus particulares alianzas con las Bacrim en torno al narcotráfico.

Desde que Juan Manuel Santos llega a la presidencia, éste se desmarca de las políticas de seguridad llevadas a cabo durante la década pasada y desde el 1 de marzo de 2011 inicia conversaciones y reuniones exploratorias con las FARC dentro de una lógica de clara convergencia y favorecida, en todo caso, por una serie de lecciones aprendidas con respecto del pasado que resultan evidentes.

Por ejemplo, el equipo negociador de las FARC es mucho más político que beligerante, con el Caguán, con figuras como “Pablo Catatumbo”, “Iván Márquez” o Rodrigo Granda. La agenda de negociación pasa de 16 temas y 48 sub-temas del Caguán a cinco temas clave: desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas. De estos cinco temas, los cuatro primeros ya han sido resueltos. Asimismo, el inicio de las reuniones en Oslo y su continuidad en La Habana han distanciado el foco del proceso de la escenografía desinformativa que desnaturalizó el Caguán y que contribuyó a alimentar un imaginario de desafectación y desconfianza respecto de lo que significaba una lógica de intercambios cooperativos dentro de un proceso de negociación.

De hecho, en la actualidad, aparte de estarse cerrando el último de los puntos, ambas partes han conseguido adelantar un proceso de desescalamiento paulatino del conflicto que está ad portas de un cese bilateral de las hostilidades que ponen al proceso negociador a escasos meses de su finalización. Tanto, que se pueden recuperar las palabras del comunicado de las FARC del 17 de septiembre de 2015, en el que señalan:

“Nosotros estamos listos para proseguir la marcha concertada de la voluntad nacional hacia el acuerdo definitivo, punto de partida para las transformaciones democráticas y progresistas. La paz está tocando a la puerta de Colombia y exige que el conflicto armado quede atrás como memoria colectiva de algo que no debe repetirse jamás, de tal manera que aseguremos el futuro de paz y vida digna de las nuevas generaciones de colombianos”

Si a ello se añade la negociación con el ELN, avanzada en las rondas exploratorias durante septiembre, y que invitan a pensar en un escenario de negociación paralelo a partir de enero de 2016, Colombia se encuentra ante la oportunidad más importante de desactivar un conflicto armado vigente por más de medio siglo. Sin duda, el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia de las estructuras que no se desmovilicen – posiblemente las más próximas al negocio de la coca, seguirán siendo una amenaza para la seguridad del país si bien, dentro de un escenario de violencia delincuencial diferente al actual, y que permite abrir una nueva etapa en lo que a construcción de paz, reforma estructural y paradigmas de seguridad se refiere.

Todo, por la casi imperativa necesidad mutua de negociar y proceder a una lógica de intercambios cooperativos dado que, de ninguno de los lados, la victoria militar resulta una posibilidad factible.

 

Nota sobre el autor:

Jerónimo Ríos Sierra es Profesor Asociado de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad EAN – Colombia (jeronimo_rios@hotmail.com; jriossie@ean.edu.co).

                         

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[1] La figura del Alto Comisionado de Paz, en Colombia se trata de una figura que tiene su origen bajo la administración Betancur y que ha sido preservada y desarrollada durante las últimas dos décadas, al tratarse de un cargo de designación directa por parte del Presidente de la República a fin de servir como asesor directo del presidente en temas de negociación de paz con los actores que tradicionalmente han hecho parte del conflicto armado colombiano.

[2] Para analizar el proceso del Caguán con mayor profundidad, son relevantes los siguientes trabajos de International Crisis Group (2002), Carvajal y Pardo (2002) o Cepeda (2001).

[3] La silla vacía fue justificada por Marulanda por el miedo a que hubiera presencia paramilitar en el evento que hicieran peligrar su vida si bien, en el trasfondo parece que se buscaba no generar falsas expectativas y mostrar a la sociedad colombiana que la consecución de la paz, ni mucho menos, iba a resultar fácil.

[4]El concepto “mutually hurting stalemate”, tal y como señala Harto (2004: 34), y ya abordado con anterioridad, fue acuñado por Touval y Zartman en 1985, y se refiere a la situación que se da, proclive a negociar, “cuando las partes se hallan en una situación en las que el prolongamiento de la situación conflictiva no ofrece posibilidades de victoria a ninguna de las partes”. El propio Zartman (2001: 8) lo define del siguiente modo: “The mutually hurting stalemate is grounded in cost-benefit analysis, fully consistent with public choice notions of rationality and public choice studies of war termination and negotiation which assume that a party will pick the alternative which it prefers, and that a decision to change is induced by increasing pain associated with the present (conflictual) course”.

[5] Este comando se encuentra en Miami, y hace parte de uno de los diez Comandos Combatientes Unificados del Departamento de Defensa. Este comando es el responsable de catalizar todo lo que tiene que ver con planificación de contingencia, operaciones y cooperación en seguridad y acción sobre América Central, el Caribe y América del Sur. A tal efecto, por ejemplo, este comando vela por la seguridad del canal de Panamá. Se puede encontrar toda la información en: http://www.southcom.mil/Pages/Default.aspx Consultado el 11 de septiembre de 2015

[6]Toda la iniciativa del Plan Colombia, por su marcada impronta reactiva, contravenía la lógica fundada que cuestiona el alcance de las políticas exclusivamente reactivas, tal y como proponen Reuter, Crawford y Cave  (1988). De igual manera, por ejemplo Samper (2013: 28) señala que "reducir el consumo del 1% de la cocaína en el mundo tiene un costo de 34 dólares por usuario cuando la inversión se concentra en la prevención del consumo; de 246 cuando se dirige a la lucha contra el narcotráfico y de 783 cuando se orienta a la erradicación de los cultivos ilícitos”.

[7]La Base de Tolemaida, en Cundinamarca, sirve como centro de comando y despliegue de varias brigadas móviles y como unidad de formación, entrenamiento y reentrenamiento en diferentes especialidades y habilidades. También constituye un punto de apoyo y de servicio esencial para las diferentes actividades que la Fuerza Pública realiza en el territorio nacional (DNP, 2006: 27)

[8]Una prueba de hasta qué punto el proceso de paz del Caguán acaba llegando a un sinsentido como búsqueda del proceso de paz se puede entender, únicamente, atendiendo a las cifras que presenta el conflicto justo un mes antes de que termine el diálogo. Como señala Fernández de Soto (2004, p.177), en este tiempo se “habían perpetrado 117 atentados terroristas, entre los cuales 4 carros-bomba, 5 ataques a instalaciones militares, la voladura de 33 torres de energía, de 2 tramos de un oleoducto y de 3 puentes, el homicidio de 20 civi­les”, entre otras acciones.

[9] “Raúl Reyes” fue uno de los líderes más carismáticos de las FARC, miembro del Secretariado y dirigente del combativo Bloque Sur. Murió tras la controvertida “Operación Fénix”, por la cual la fuerza aérea colombiana bombardeó el municipio de Santa Rosa del Yanamaru, en Ecuador, lo que terminó por generar una importante crisis regional entre Colombia, Ecuador y Venezuela.

[10] “Mono Jojoy” fue otro dirigente clásico de las FARC, miembro del Secretariado y dirigente del Bloque Oriental. Era el guerrillero más influyente en el accionar armado de las FARC. Murió el 22 de septiembre de 2010, por acciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta Omega, y gracias a las filtraciones dentro de la guerrilla.

[11] Tras la muerte de Manuel Marulanda en 2008, quien asume la jefatura máxima de las FARC es “Alfonso Cano”, miembro del Secretariado y hasta ese momento comandante del Bloque Central. Alfonso Cano asume la máxima comandancia de las FARC el 25 de mayo de 2008, como evidencia un comunicado emitido por otro de los dirigentes de la guerrilla, y sucesor al frente de la misma, tras la muerte de Cano, “Timochenko”. Así, Cano morirá con motivo de la Operación Odiseo, llevada a cabo por la Fuerza Aérea Colombiana entre las localidades del departamento de Cauca, de Jambaló y Toribío.

[12] “Simón Trinidad” llegó a ser la tercera figura guerrillera del Estado Mayor del Bloque Caribe.

[13] No obstante, conviene precisar que a pesar del repliegue en cifras que plantea una serie temporal de cinco años, lo cierto es que esta tendencia se concentra, sobre todo, entre 2006 y 2008, pues a partir de 2009 comienza un lento proceso de recomposición y mayor activismo.

[14] Tibú es el centro nuclear de la producción de cultivos ilícitos tanto en la región como en el departamento. De hecho, entre 2001 y 2012 se han cultivado en la localidad un total de 24.248Ha de coca (UNODC, 2014).

 

Editado por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Lugar de edición: Granada  (España). ISSN 2444-6157 

 
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