ELENA CAROLINA DÍAZ GALÁN
Ed. Dykinson, Madrid, 2023, 258 págs.
EIMYS ORTIZ HERNÁNDEZ
Universidad de Lleida, España
En una somera aproximación, se podría llegar a asumir que tanto la diversidad socioeconómica como política que presentan las Américas bloquea una eventual respuesta coordinada frente a cualquier amenaza común. Sin embargo, se ha de matizar que este axioma queda invalidado cuando atendemos a la propia historia del hemisferio. Así cuando tanto Simón Bolívar como José Martí, padres del pensamiento panamericanista, respaldaron que, tras la independencia de los pueblos sometidos, los nuevos Estados debían aunar esfuerzos a fin de lograr una unión de naturaleza política ya se distinguía la futurible concepción del continente como una entidad propia. Por supuesto, que aquellos no mencionaron en ningún momento la noción de integración, sin embargo, en modo alguno cabría menospreciar sus aportaciones ya que sembraron la semilla de la apreciación de la región desde determinadas características comunes. A partir de lo cual cada estructura organizativa ya fuese de carácter formal o informal que ha surgido en el área a lo largo del tiempo ha consagrado esa concepción de proyección hemisférica -regional o subregional-. Por consiguiente, no resulta sorprendente que la carta fundacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) subraye que la organización jurídica constituye una condición necesaria para lograr la seguridad y la paz en el continente. En otros términos, este organismo regional, que hunde sus raíces hasta la Primera Conferencia Internacional Americana, canaliza las aspiraciones de convergencia hemisférica en diversos ámbitos de cooperación, entre los cuales destaca la seguridad. Ahora bien, el cambio de siglo provocó un cambio de paradigma con respecto al contenido del término y, en consecuencia, las autoridades gubernamentales hubieron de adaptarse a un contexto complejo, cambiante a la par que volátil. Dicho compromiso se recogió en la Declaración de México de 2003, adoptada con ocasión de la conferencia especial sobre seguridad, donde se circunscribió definitivamente el alcance multidimensional de la seguridad. La importancia del documento radica en la asunción de que las amenazas, desafíos y/o preocupaciones tanto tradicionales como incipientes se habrían de afrontar tomando en consideración los valores compartidos y enfoques comunes sin perder de vista el prisma de las Américas. La seguridad ya no se ceñiría únicamente a la falta de conflicto bélico o a la respuesta colectiva frente a un ataque, sino que abarcaría desde el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional a la extrema pobreza. En resumidas cuentas, semejante ambición política comportaba la búsqueda de un marco institucional en materia de seguridad que a día de hoy aún se encuentra en un estadio incipiente.
El libro objeto de la presente recensión, cuya autora es la Dra. Elena Díaz Galán, profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, constituye un análisis sistemático de una cuestión ciertamente poliédrica, la cooperación hemisférica en el ámbito de la seguridad prestando especial atención a la contribución de la OEA. Nos hallamos, por tanto, tal como suscribe el Dr. Pedro Vilanova Trías en el Prólogo, ante una monografía de referencia que examina en profundidad la interconexión entre la importancia de las relaciones entre Estados y las organizaciones internacionales como expresión de las llamadas tendencias al orden en el sistema internacional (p. 14).
Tras una oportuna y acertada Introducción, en la que se detalla el objetivo primordial de la obra: delimitar el marco normativo y la arquitectura institucional de la seguridad hemisférica (p. 23), la autora distribuye la temática en cuatro capítulos. El primero de ellos se destina a trazar el fundamento de la seguridad hemisférica partiendo desde el origen del panamericanismo hasta la Segunda Guerra Mundial (pp. 25-68). De modo que, atendiendo a aquellos factores que han propiciado la conformación de las Américas como una realidad física, económica y política, se afirma que la preocupación por los temas relativos a la seguridad ha estado siempre presente desde todas las iniciativas regionales. Es más, se subraya la contribución de las Conferencias Internacionales Americanas a la consagración de tres principios esenciales para la seguridad y la convivencia pacífica: la no intervención en los asuntos internos de los Estados; el arreglo pacífico de las controversias; y la proscripción del empleo de la fuerza armada (p. 39). En especial, se recalca la importancia de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz celebrada en Ciudad de México en 1945 en cuyo seno, además de vertebrar los principios básicos que habían de regir las futuras relaciones entre los Estados americanos, se proyectaron las bases sobre las cuales se cimentarían las cuestiones de seguridad en el continente. Tal como sostiene la autora, dicha conferencia marcaría el preludio de la configuración de un sistema de seguridad colectiva regional (p. 59).
El segundo capítulo plantea la creación por la OEA de un entramado jurídico hemisférico en materia de seguridad (pp. 69-113). Procede puntualizar que la autora justifica que pese a tratarse de una organización de cooperación se atisban evidentes trazas de integración. Esta interesante afirmación se constata en el hecho de que la realización de los objetivos de la propia organización exige la articulación de reglas comunes para los Estados, o lo que es lo mismo dicho desarrollo generaría una aproximación al fenómeno de la integración en sentido estricto (p.71). Por consiguiente, la seguridad como pilar básico de la OEA queda reflejada en múltiples instrumentos adoptados por aquella entre las que destaca, la Declaración sobre Seguridad en las Américas de 2003 -Declaración de México-. A pesar de su carácter político, no se le puede negar la importancia que reviste como “instrumento constitucional” puesto que sienta las bases de la construcción de un sistema de seguridad moderno (p.80). De ahí que resulte imprescindible un análisis pormenorizado, tal como realiza la autora, con el fin de poner de relieve que el carácter multidimensional de la seguridad en la región. Adicionalmente, se examinan los principios sobre los cuales descansa la acción de los socios dado que permite estos informan los aportes normativos presentes y futuros.
El tercer capítulo se concentra en los principales ámbitos de la cooperación hemisférica en el campo de la seguridad (pp. 115-177). Sin lugar a duda, se ha de clarificar que con el transcurso del tiempo se han ido incorporando distintos ámbitos de actuación al albor de las transformaciones tanto de la región como de la propia comunidad internacional. De ahí que la Declaración de México apuntase que las preocupaciones, retos y amenazas podrían dividirse en tradicionales o nuevas, por consiguiente, de un lado se habría de contemplar la seguridad como sinónimo de paz con todos los elementos que esta conlleva para su consecución: la seguridad colectiva, el desarme y el control de armamentos y finalmente, las medidas de fomento de la confianza. Y, por otro lado, se debería atender a cuestiones de enorme transcendencia internacional, que en aquel momento se apreciaban como incipientes: el terrorismo o la lucha contra la delincuencia organizada. En la profundización de dichos campos se estima conveniente reparar en los esfuerzos de las dos instancias regionales más importantes con respecto al asunto objeto de estudio: la OEA y la Cumbre de las Américas (p. 116). De manera taxativa el capítulo se interna en el estudio de cada ámbito, pero lejos de ofrecer un análisis aislado y sin correlación, la autora refleja su expertise hilvanando la interrelación de cada uno de los dominios con la consecución de la seguridad integral.
Por último, el capítulo cuarto apuntala la obra debido a que alude a la necesidad de la procurar un marco institucional en materia de seguridad (pp. 179-217). El argumento central del apartado recae en el imperativo de disponer de órganos que den cumplimiento y aseguren la eficacia de las directrices políticas y de las reglas jurídicas que se aprueben en el campo de la seguridad (p. 179). En este contexto, no solamente se ha estipulado que entre las tareas de la OEA cabría tal posibilidad, sino que igualmente la Cumbre de las Américas y en la Declaración sobre Seguridad en las Américas de 2003 se hizo hincapié en la importancia de armar un componente estructural. La autora escudriña las dos opciones viables. De una parte, cabe la eventualidad de potenciar las competencias relativas a la seguridad de la propia OEA con el propósito de que sus órganos asumen la tarea de desarrollar la política regional. Mientras que, por otra parte, la tendencia estriba en crear nuevos órganos que completen el marco institucional. No obstante, se subraya que, por lo pronto, avanzar hacia un mayor grado de coordinación marcaría un viraje hacia la concepción de la integración. Tras poner de manifiesto aquellos factores que condicionan el marco institucional, el capítulo se centra: en la Junta Interamericana de Defensa, la Comisión de Seguridad Hemisférica y en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas dado que, pese a su naturaleza y competencias dispares, las tres convergen en el fin: procurar la seguridad en el hemisferio.
Para terminar, debemos congratularnos por la aparición de una obra tan oportuna que se convertirá en trabajo de investigación de referencia en el ámbito objeto de estudio. Indiscutiblemente, me gustaría felicitar a la autora ya que ha logrado dotar de un enfoque coherente y sólido a una temática que presenta múltiples dificultades de sistematización.
Nota sobre la autora:
Eimys Ortiz Hernández es Profesora Lector Serra Húnter de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Universidad de Lleida.