El peso de los atentados terroristas en la conciencia pública, así como su —en ocasiones— instrumentalización política, son aspectos que hacen que los legisladores penales no se hallen nunca satisfechos con el arsenal penal antiterrorista, por más que la experiencia histórica demuestre que el éxito de la lucha contra tan temible fenómeno depende en muy escasa medida de la legislación.