Teoría de los conflictos armados internos

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Análisis GESI, 1/2012

En la actualidad la mayoría de los conflictos armados son intraestatales, pero el calificativo de guerra civil puede resultar insuficiente para explicar su naturaleza (Kaldor, 2001: 13).

Dicho término sugiere la existencia de dos bandos claramente establecidos y organizados que libran un conflicto siguiendo el esquema clásico de guerra entre Estados. Cada uno de ellos posee un gobierno, fuerzas armadas, relaciones exteriores y una población que en mayor o menor medida reconoce su legitimidad y respalda el esfuerzo bélico. La victoria de uno de los contrincantes puede ir seguida de una secesión o de la conquista del gobierno. Estas fueron las pautas que siguieron la Guerra de Secesión americana, la Guerra Civil española, y los primeros conflictos armados de los Balcanes entre Eslovenia, Croacia y la República Federal Yugoslava.

Sin embargo, los enfrentamientos que vamos a analizar en este capítulo difieren sustancialmente de las guerras civiles ‘clásicas’. No se trata tanto de la rivalidad entre un gobierno establecido y un centro alternativo de poder que aspira a crear una nueva estructura política, como del desmoronamiento parcial –y, en casos extremos, completo– de las estructuras estatales. A comienzos del siglo XXI esta categoría de conflictos continúa siendo la más numerosa, la que provoca mayor sufrimiento, y la más compleja de resolver.

 

Debilidad del Estado

En la Europa de los siglos XV y XVI la guerra contribuyó a centralizar los recursos y fortalecer el poder de los monarcas, impulsando así la aparición del Estado moderno. Los conflictos internos actuales se caracterizan precisamente por el proceso contrario. En ellos el Estado se asemeja cada vez menos a la definición clásica de Weber (1958: 212); es decir, a una comunidad humana que reclama –exitosamente– el monopolio legítimo de la violencia en un determinado territorio. El poder estatal se descompone y da paso a una situación de poliarquía armada. En el interior de sus fronteras emergen actores de distinta naturaleza: insurgentes, señores de la guerra, grupos paramilitares, milicias de autodefensa, mercenarios, etc.

El origen de las guerras civiles se encuentra vinculado a dos tipos de causas (Gleditsch & Ruggeri, 2010: 299):

  • Agravios que agudizan el conflicto social y que a su vez pueden estar relacionados con la pobreza, desigualdad económica, exclusión étnica, carencia de derechos políticos y libertades civiles, y con aspiraciones frustradas por la distancia existente entre el estatus social y económico real y el esperado.
  • Condiciones que facilitan la movilización de los potenciales insurgentes y que se encuentran asociadas tanto a los incentivos que ofrece unirse a la rebelión, como a la capacidad del Estado para elevar los costes de hacerlo y disuadir a quienes se inclinan a favor de la protesta.

Los factores políticos desempeñan un papel esencial en los conflictos internos. El primero de ellos es la capacidad del Estado. Aquellos gobiernos que disponen de recursos financieros y de una administración eficaz e implantada en todo su territorio se encuentran en mejores condiciones de satisfacer las necesidades básicas de su población y de reducir los incentivos que ofrece la violencia política a gran escala. Al advertir las tensiones sistémicas que generan determinados agravios, los Estados capaces pueden afrontar los problemas subyacentes y cooptar a los sectores críticos respondiendo a sus demandas. De este modo, dificultan que quienes pretenden iniciar una insurgencia superen los problemas asociados a la acción colectiva (Sobek, 2010: 267).

Los Estados que proporcionan bienes públicos tienen menos probabilidades de verse envueltos en guerras civiles. Entre dicho bienes sobresale la partida dedicada a educación, pues transmite el mensaje de que el gobierno pretende mejorar la vida de sus ciudadanos, lo que contribuye a reducir los agravios incluso en periodos difíciles. A la vez, la mejora en educación sienta las bases del desarrollo económico, social y político (Thyne, 2006). Por el contrario, la escasez de inversiones públicas reduce la implantación de la administración estatal sobre el conjunto del territorio, y dificulta la satisfacción de demandas sociales en materia de seguridad, educación, empleo, sanidad, bienestar e infraestructuras. Los individuos no se sienten protegidos ni identificados con el Estado y anteponen con facilidad su lealtad al grupo de los suyos: los de la misma aldea, valle, clan, tribu, etnia, etc.

Por otra parte, los Estados fuertes cuentan con recursos coercitivos eficaces con los que disuadir o neutralizar la actividad insurgente en sus etapas iniciales, lo cual requiere tanto presencia policial y militar sobre el terreno, como conocimiento local sobre lo que está sucediendo. Por el contrario la ineptitud y la corrupción policial y militar favorecen la aparición de la insurgencia, pues además privar al gobierno de medios de reacción, tales deficiencias suelen estar asociadas a una represión brutal e indiscriminada y a abusos sobre la población (del tipo extorsión económica a cambio de protección) que contribuyen a avivar el levantamiento (Fearon & Laitin, 2003). Por ejemplo, el Ché Guevara escogió Bolivia para fomentar la insurgencia porque la inteligencia cubana valoró que las fuerzas de aquel país eran las peor organizadas y entrenadas de toda América Latina (Hendrix, 2010: 274).

En caso de que se desate el conflicto, la capacidad del Estado también es una variable relevante a la hora de predecir a favor de quién se inclinará la balanza. Y, si llega el momento de negociar la paz, la eficacia y fortaleza de las estructuras estatales resultará imprescindible para el cumplimiento efectivo de los compromisos (Sobek, 2010: 267-268).

Por último, la capacidad del Estado atenúa el riesgo de propagación de conflictos cercanos geográficamente en la medida en que es capaz de absorber pacíficamente los flujos de refugiados, y de bloquear consecuencias derivadas de guerras cercanas como el tráfico de armas o el intento de establecer bases en su territorio por parte de alguno de los contendientes. En este sentido destacan dos aspectos a la hora de evitar el contagio: 1) lograr el despliegue de fuerzas que aseguren las fronteras, gestionen correctamente la llegada de refugiados y eviten la entrada y salida de armas, de bienes ilícitos y de violencia; y 2) conseguir que su población continúe participando a través de los cauces políticos legales y no trate de emular la rebelión de sus vecinos (Braithwaite, 2010).

Otro factor político que influye en el inicio de los conflictos armados internos es el grado de democratización. Son más vulnerables los regímenes que combinan elementos democráticos y no democráticos. Las democracias consolidadas ofrecen canales institucionalizados de participación política que reducen el atractivo de la lucha armada. Por su parte, los Estados totalitarios y autoritarios altamente represivos constituyen terrenos poco fértiles para una movilización rebelde por su manera expeditiva de sofocar los levantamientos. Así se observa en las operaciones de castigo del régimen de Saddam Hussein contra los kurdos del norte en las décadas de 1980 y 1990, o en la represión de los islamistas sirios en la ciudad de Hama en 1982 por las fuerzas de Hafez el Assad, que provocó más de veinte mil muertos en pocos días. Una dureza que ha sido emulada por parte del régimen liderado por su hijo, Bashar Al Assad, en 2011.

Pero son precisamente los regímenes que se sitúan en un punto intermedio de la escala de libertades políticas y, en especial, aquellos que atraviesan un proceso de transición a la democracia o al autoritarismo, quienes tienen mayor riesgo de conflicto interno (Cederman, Hug & Krebs, 2010: 387). Se trata de sistemas que por un lado permiten altos niveles de participación política pero que, por otro, no ofrecen mecanismos institucionales adecuados para canalizarlas demandas populares (Hendrix, 2010: 276). Al mismo tiempo, las élites políticas del gobierno y de la oposición pueden tratar de fomentar la movilización social mediante la polarización y la creación de enemigos internos y externos, con lo que ello supone en términos de tensiones sistémicas (Manfield & Snider, 1995).

A veces también se producen intentos de transición irregular (golpes de Estados o formación de un nuevo gobierno saltándose los trámites institucionales), auspiciados por facciones del propio régimen o de la oposición, que incrementan las probabilidades de conflicto. En un análisis realizado sobre las guerras civiles libradas entre 1946 y 2004, Gleditsch y Ruggeri (2010: 304-305) constatan que la proporción de conflictos internos en países que han experimentado una transición irregular el mismo año o el anterior al conflicto es significativamente superior (12%) a la de los conflictos iniciados en países que no han pasado por semejantes situaciones (4%). Los procesos irregulares son a menudo un síntoma de la debilidad del Estado y una ventana de oportunidad política para los adversarios del régimen.

En tercer lugar, los factores políticos externos también afectan el origen de algunas guerras de desintegración. El apoyo que los insurgentes reciben de Estados vecinos o de potencias extranjeras puede tener un carácter más o menos explícito. Desde permitir el paso y ofrecer refugio en zonas fronterizas, hasta la financiación y suministro de armas e, incluso, la participación de fuerzas militares en combinación con los rebeldes (momento en que el conflicto interno se convierte en conflicto interno internacionalizado). Esta dinámica se ha dado de alguna manera en muchas de las guerras civiles de África Subsahariana, Asia Central y América Andina. El apoyo a la insurgencia se convierte así en un instrumento de política exterior entre vecinos mal avenidos, que en ocasiones también padecen síntomas similares de debilidad y descomposición. Por ejemplo, durante la rebelión contra el régimen congolés de Laurent Kabila en agosto de 1998, las fuerzas de Ruanda y Uganda invadieron el país en apoyo de los insurgentes, mientras que las de Angola y Zimbabue intervinieron en apoyo del dictador, a las que posteriormente se unieron las de Namibia, Chad y Sudán (Callaghy, 2001). La decisión de Angola se debía al temor de que la guerrilla de la UNITA pudiera utilizar la República del Congo como refugio, mientras que la de Zimbabue respondía a intereses meramente económicos. A su vez Ruanda había prestado en su día un apoyo crucial a la rebelión de Kabila contra el régimen de Mobutu, pero se enemistó contra el nuevo dictador cuando éste expulsó del país a los altos mandos militares tutsis ruandeses (Olsson & Fors, 2004). Otro ejemplo más recientemente, ha sido el apoyo de la Alianza Atlántica y de algunos países árabes a la sublevación contra Gadafi en 2011, aunque meses después de la intervención militar todavía está por ver el grado de consolidación del nuevo régimen.

Otro factor internacional de peso, especialmente en la primera mitad de la década de 1990 –cuando se alcanzó la cota más elevada de este tipo de conflictos– fue el cese de la ayuda exterior que muchos países del Tercer Mundo recibían al formar parte de los juegos de alianza y contención de la Guerra Fría. El apoyo en forma de dinero, armas y asistencia militar apuntaló Estados débiles y permitió contener diversos conatos de insurgencia. Pero una vez terminada la rivalidad entre bloques, la falta de interés de las grandes potencias interrumpió esos canales de vida artificial. Como consecuencia las autoridades de algunos países se encontraron sin medios financieros para conquistar el apoyo de sus poblaciones y sin capacidad militar para frenar los intentos de derrocarlos (Ortiz, 2001). El fin del régimen de Mobutu que acabamos de comentar responde también a esta secuencia. Ni Estados Unidos ni Bélgica (antiguos valedores del dictador zaireño) fueron en su auxilio en 1997. Sólo Francia, atemorizada ante la posibilidad de que el nuevo régimen de Kabila implantara el inglés en el país, mantuvo su apoyo hasta el final (Olsson & Fors, 2004: 325).

No obstante, conviene señalar que el fin de la Guerra Fría no explica por sí sólo el aumento de la conflictividad al periodo que siguió inmediatamente posterior. Antes de la caída de la Unión Soviética ya existía un número elevado de conflictos. Y la tendencia al alza y la acumulación –por la prolongación en el tiempo de muchas de ellos– se había iniciado al terminar la Segunda Guerra Mundial (Fearon & Laitin, 2003: 75).

 

Economía de las guerras civiles

Además de las variables explicativas de carácter político, las circunstancias económicas también influyen en el inicio y desarrollo de los conflictos de desintegración. Las guerras civiles tienen su escenario mayoritariamente en países pobres. Una vez que se alcanza un nivel de ingresos medio o superior, se reducen sensiblemente las posibilidades de que se desencadene un conflicto de estas características (Colier, 2003: 40).

La precariedad económica se convierte así en un peligroso factor de riesgo para el ejercicio de la soberanía estatal dentro del territorio, similar a los efectos de la desnutrición sobre un cuerpo humano. Las defensas se debilitan y los enemigos del Estado cobran fuerza. Además, si los ejércitos y agencias policiales se encuentran desmotivados y mal pagados, no es extraño que en algunos casos acaben recurriendo al saqueo de la población y al tráfico de armas, o que sencillamente se pasen al bando rebelde. En muchos casos el equipo militar y el adiestramiento de las fuerzas estatales son precarios, de manera que la ventaja cuantitativa o cualitativa sobre los insurgentes es reducida. El número de aviones y helicópteros de combate es ínfimo o inexistente. Las unidades de tierra suelen también carecer de equipo pesado y de multiplicadores de fuerza como visores nocturnos, sistemas de comunicaciones o auténticas unidades de operaciones especiales.

A veces la precariedad de recursos públicos se debe a su injusta distribución. Es el caso de los gobiernos cleptómanos, donde los dirigentes consideran que las riquezas del país forman parte de su patrimonio personal. Desgraciadamente han abundado ese tipo de ejemplos: Felix Houphouët-Boigny, principal promotor de la independencia de Costa de Marfil, y primer presidente del país hasta su muerte en 1993; Charles Taylor, ex-guerrillero, señor de la guerra y ex-presidente de Liberia; Mobutu Sese Seko en Zaire; Robert Mugabe en Zimbabue; Angel Félix Patassé en la República Centroafricana, etc. Debilidad económica y fragilidad política se encuentran entrelazadas, pues aun en los casos en los que el país es rico en recursos naturales (diamantes, madera o fuentes energéticas) la mala gestión y la corrupción de las élites pueden impedir que la explotación de esas riquezas se traduzca en desarrollo social y fortalecimiento de la administración del Estado.

Pero los agravios no son el único motivo de la lucha armada por el reparto de la riqueza nacional. El análisis cuantitativo de las guerras civiles entre 1960 y 1999 concede más importancia explicativa a la avaricia de las distintas facciones armadas (que ganan y pierden sucesivamente el poder), antes que a las injusticias entre grupos étnicos (Collier, 2000). Se trata de una de las motivaciones más comunes entre los señores de la guerra que combaten en contextos con abundancia de recursos naturales (Murshed, 2002).

Por otra parte la pobreza generalizada, combinada con la incapacidad estatal, disminuye los costes del apoyo personal a la insurgencia. Los campos de refugiados, las aldeas depauperadas en épocas de hambruna, y las barriadas marginales repletas de jóvenes en paro proporcionan miles de voluntarios a los grupos insurgentes, señores de la guerra y a las bandas armadas incontroladas. África es el Continente más joven del mundo. En 2010 el cuarenta por ciento de su población tenía menos de quince años, y en algunos países espacialmente afectados por el SIDA cientos de miles de niños quedan huérfanos a edades muy tempranas (United Nations Statistics Division, 2010). Las raíces políticas del conflicto se combinan entonces con otras motivaciones más primarias como lucha por la supervivencia, la codicia y la desesperación. Reclutar voluntarios para la guerrilla resulta más sencillo cuando el resto de alternativas económicas son comparativamente peores (Fearon & Laitin, 2003: 80).

Además de los factores señalados, los efectos más graves sobre el desarrollo se derivan de la propia dinámica de desintegración estatal. Como señala Mary Kaldor (2001: 90-91) la economía de estas guerras difiere por completo de la centralización, producción industrial masiva e incluso autarquía de los conflictos entre Estados, como sucedió por ejemplo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Al venirse a pique la economía nacional en las áreas afectadas por el conflicto, los diversos grupos armados recurren a prácticas económicas irregulares como el saqueo, la extorsión (dinero o bienes a cambio de seguridad), el secuestro, la explotación y comercio de materias primas, el robo y redistribución de ayuda humanitaria, etc. De este modo, la naturaleza política de la guerra se combina con el crimen organizado y con el empleo de la violencia con fines particulares, y en algunos casos se ve en gran medida suplantada por estos últimos.

Esos sistemas de financiación tienden a prolongar el conflicto, pues además de devastar el país, proporcionan autonomía financiera a los actores armados no estatales. Los rebeldes pueden adquirir por ellos mismos los medios para luchar, sin que resulte indispensable contar con el apoyo de otros gobiernos. La existencia de recursos naturales en áreas accesibles a los insurgentes se convierte en una variable predictora sobre las probabilidades de inicio y duración del conflicto. Por ejemplo, si los rebeldes se hacen con el control de zonas de explotación de diamantes, el conflicto se prolonga dos veces y media más que el resto. Otras riquezas naturales utilizadas en la financiación de la guerra son maderas preciosas, estupefacientes (la adormidera, el cannabis y la planta de coca), e incluso los hidrocarburos pues, como sucede en Nigeria, los rebeldes roban el petróleo de los oleoductos en la zona del Delta y después lo venden a barcazas escondidas en los manglares (Lujala, 2010: 26).

El dinero permite el acceso al mercado ilegal de armas ligeras. Se trata de un sector muy descentralizado donde es difícil ejercer un control riguroso de los intercambios comerciales. Cada año más de un millar de empresas, en aproximadamente un centenar de países, producen cerca de medio millón de armas ligeras, con o son licencia. En 2011 los cinco últimos países en el barómetro sobre la transparencia de este tipo de comercio eran Corea del Norte, Irán, Sudáfrica, Arabia Saudí y la Federación Rusa (Small Arms Survey, 2011: 17).

Las armas ligeras se caracterizan además por su resistencia y pueden ser transferidas de país en guerra a otro (en ocasiones cambiando incluso de Continente) a través de grupos de crimen organizado que las compran y revenden. A ello se añade la venta ilegal de armas por miembros de fuerzas armadas de países en desarrollo, el saqueo de los arsenales oficiales en los países donde el régimen ha colapsado (se calcula que en Irak la población civil se hizo con cerca de siete millones de armas ligeras en los meses posteriores a la guerra de 2003), así como la capacidad que han adquirido algunos grupos insurgentes para fabricar armamento con sus propios medios.

 

Etnicidad y guerra

Se entiende como grupo étnico aquel que es conocido mediante un nombre común, que cuenta con descendencia presuntamente similar, y con una cultura y memoria histórica compartida (en especial, lengua y religión). No existe acuerdo sobre el número de grupos étnicos existentes en el mundo. Algunos autores sitúan la cifra en torno a 820 repartidos en un total de 160 países (Fearon, 2003: 1). Aproximadamente un tercio de ellos (275 en 116 países) se encuentran en situación de desventaja social (las denominadas minorías en riesgo). Pero la mayor parte de las veces la existencia de minorías en un país no se encuentra asociada a la violencia y ni siquiera a conflictos políticos. La discriminación por parte del Estado contra grupos minoritarios tampoco supone en sí misma un riesgo mayor de guerra civil. Cuando se compara ese factor entre Estados con un nivel de renta per cápita similar se observa que dicha expectativa no se encuentra fundada (Fearon & Laitin, 2003). En 1995 más de la mitad de las minorías étnicas en situación de riesgo mostraban escasa actividad política. Sólo un 18 por cien participaban en pequeñas revueltas y un 8 por cien en rebeliones a gran escala (Kaufman, 2008: 204-205).

Algunas perspectivas asociadas a los conflictos étnicos consideran la etnicidad como una identidad primordial, esencialmente inmutable. Idea respaldada por diversas razones: existencia de grupos étnicos con una historia de cientos e incluso miles de años, tendencia a que las identidades se refuercen por dinámicas grupales, y el hecho de que las personas suelen mantenerse en las identidades (particularmente en los aspectos lingüísticos y culturales) que recibieron de sus padres. Desde este punto de vista, los conflictos étnicos se basarían en odios ancestrales, imposibles de erradicar y muy difíciles de gestionar.

Sin embargo, las identidades étnicas son fenómenos construidos socialmente que cambian con el tiempo, y que pueden aparecer o desaparecer, especialmente en momentos de crisis. Por ejemplo, a principios de la década de 1990 los ucranianos y rusos de la región Transnistria de Moldavia se presentaron como ‘rusófonos’, con el fin de resistir a la presión étnica de los moldavos. Al mismo tiempo, cuando Yugoslavia colapsó en 1991, los individuos que hasta ese momento se autodenominaban yugoslavos, pasaron a resaltar su identidad de serbios, croatas o miembros de otros grupos.

Por otra parte, muchas personas poseen identidades múltiples, que se solapan o se entremezclan (al formar subgrupos dentro de grupos mayores). Por ejemplo, numerosos ciudadanos estadounidenses de origen cubano y católicos, pueden destacar una identidad sobre otra dependiendo de la situación: cuando escuchan al Papa es probable que respondan como católicos, cuando ven al Presidente como ciudadanos de Estados Unidos y como cubano-americanos cuando opinan sobre la política que debería mantener Washington con respecto al gobierno de La Habana.

La adaptación de la identidad y del uso político de ella a las distintas situaciones lleva a que algunos autores consideren la identidad étnica como una realidad meramente instrumental y no primordial. Desde esta perspectiva, y en términos generales, las personas siguen a los líderes étnicos en función de sus intereses y, a su vez, dichos líderes tratan de generar solidaridades étnicas al servicio de su propia agenda. Por ello, los conflictos étnicos serían más bien una consecuencia de la instrumentalización de la identidad –y de las redes sociales que vertebran los grupos étnicos– por parte de determinadas élites, con el fin de movilizar apoyos a favor de sus causas (Kaufman, 2008: 202-203).

Por tanto, y se trata de una conclusión contraintuitiva, el factor principal a la hora de determinar la probabilidad de guerra civil no es tanto la disparidad étnica de un país y la existencia de agravios generales asociados a ella, como la existencia de condiciones que favorecen la insurgencia (véase capítulo diez), entre las que destaca de manera sobresaliente la ya comentada debilidad del Estado (Fearon & Laitin, 2003).

La peculiaridad de los conflictos étnicos radica entonces en el modo como se manifiestan. Los agravios políticos y económicos se expresan en términos étnicos, los alineamientos se adoptan en función de la pertenencia a dichos grupos y los líderes de las diferentes facciones tratan de movilizar a sus potenciales seguidores invocando mitos colectivos, demonizando a los miembros de la etnia rival y, a veces, agitando el fantasma del peligro de extinción con el fin de presentar su lucha como legítima defensa y necesaria. La reivindicación más común suele ser el control del poder en un determinado territorio, mediante la secesión, la demanda de mayor autonomía o el asalto al gobierno (en el caso de una mayoría gobernada hasta entonces por una minoría, como, por ejemplo, en Burundi, entre la mayoría hutu y el gobierno tutsi) (Kaufman, 2008: 205).

Una particularidad extrema de algunos conflictos étnicos es el genocidio. Se trata de esfuerzos coordinados para acabar con la existencia total o parcial de determinados grupos nacionales, tanto de sus miembros individuales como de sus instituciones sociales, culturales, lingüísticas y religiosas. El grado de destrucción necesario para que un conjunto de acciones violentas sean calificadas de genocidas es objeto de debate académico, político y legal (Jones, 2008).

 

Dramas humanos

Los conflictos de desintegración responden al modelo de guerra total, sin distinción entre combatientes y no combatientes, ni respeto a ciudades o a edificios de valor cultural o religioso. En algunos conflictos étnicos ese contenido simbólico los convierte en víctimas seguras de la destrucción. La población civil también suele ser blanco de los ataques. En ocasiones porque pertenecen a una etnia, tribu o religión diferente. Otras, para crear terror y controlar a la población de la zona. Y muchas veces, sólo para saquear y violar. Mary Kaldor (2001: 100) estima que, si a comienzos del siglo XX entre el 85 y 90 por ciento de las bajas eran militares (en los conflictos librados en suelo europeo), en las guerras intraestatales, los civiles representan casi el 80 por ciento de las víctimas. Las dificultades para extraer información fiable y sistematizada de las zonas de conflicto hacen imposible conocer con certeza el número y proporción de civiles fallecidos. Sobre todo porque es de suponer que un porcentaje considerable de esas muertes se refiere a víctimas indirectas; es decir, mujeres, ancianos y niños que sucumben como consecuencia de las enfermedades y de la desnutrición provocada o intensificada por los desplazamientos que provoca el conflicto.

En algunos casos las cifras que se barajan son escalofriantes. Desde 1998 hasta 2006 murieron más de tres millones de personas en el conflicto del Congo; en Sudán más de dos millones (el último estallido de violencia en la región de Darfur en 2003 provocó según algunas fuentes 400.000 víctimas mortales); en Angola los enfrentamientos desde su independencia en 1975 hasta 2002 provocaron un millón de muertos; en Ruanda el genocidio contra los tutsis provocó otro millón; en Liberia doscientos mil; y trescientos mil en Burundi. Los efectos económicos ya se han comentado páginas atrás y también son devastadores. La espiral de violencia destruye muchas de las iniciativas de desarrollo puestas en pie durante años y retrasa las oportunidades de recuperación.

Un problema asociado a numerosos conflictos internos es que los menores de edad acaban viéndose envueltos en la espiral de violencia. En 1998 se estimaba que había 300.000 adolescentes de ambos sexos participando en conflictos armados; un número que se mantuvo relativamente estable hasta el año 2004, momento a partir del cual se redujo el número de países en guerra con niños soldados (se pasó de 27 en 2004 a 17 a finales de 2007) (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, 2008).

En determinados casos los niños soldados luchan encuadrados en las fuerzas del gobierno; en otros, en milicias de autodefensa o en las filas de los insurgentes y de los señores de la guerra. No todos portan armas y combaten de manera directa. Algunos actúan como mensajeros, informadores, reclutadores, instructores o mandos de otros niños soldados. Con frecuencia las niñas son convertidas en esclavas sexuales.

Aunque algunos son obligados a enrolarse, muchos se convierten en niños soldados para subsistir en un medio empobrecido y caótico. Reciben protección y alimento a cambio de participar en la lucha. En ocasiones, como sucede por ejemplo con los talibán y anteriormente con los Tigres Tamiles en Sri Lank a los menores son socializados en una cultura de violencia que les incita a convertirse en combatientes (Brocklehurst, 2007).

 

Finalización del conflicto

Las guerras civiles se caracterizan por su prolongación en el tiempo, sobre todo si se comparan con los enfrentamientos entre Estados. No obstante, en el periodo posterior a la Guerra Fría los episodios de conflicto duran menos que los de la etapa anterior: 141 finales de conflicto interno entre 1946 y 1989, frente a 147 entre 1990 y 2005. En parte esta tendencia se debe a que algunos conflictos de la Guerra Fría eran guerras por delegación (proxy wars), donde las superpotencias sostenían a los beligerantes y prolongaban la lucha. También contribuye a acelerar el fin de los conflictos actuales una mayor voluntad y competencia de la comunidad internacional a la hora de mediar en ellos, y de contribuir a los procesos de paz con el despliegue de cascos azules.Las características que hemos venido analizando explican complejidad asociada a la resolución definitiva de las guerras civiles. Normalmente son conflictos que enfrentan a múltiples actores, lo que dificulta llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes. También es habitual que ninguno de ellos sea capaz de prevalecer militarmente sobre los otros y que cada uno se haga fuerte en áreas concretas con fronteras más o menos definidas. Se genera además una dinámica económica que vuelve rentable la guerra para algunos de sus protagonistas (narcotraficantes, señores de la guerra, vendedores de armas, ciertos sectores del gobierno, etc.). En otros casos, aunque se llegue a un acuerdo, algunas de las partes son después incapaces de aplicarlo en su zona sin recurrir al empleo del terror: su principal instrumento de control hasta ese momento (Kaldor, 2001). Otro factor que contribuye a la prolongación de las guerras civiles es la intervención de un país apoyando a alguno de los contendientes–aunque con una agenda propia– y, por lo general, de lado de las fuerzas contrarias al gobierno (una práctica que como ya hemos señalado fue común durante la Guerra Fría).

El fin negociado de los conflictos internos se distingue del de las guerras entre Estados en que uno de los contendientes (en el caso de que sean sólo dos actores en liza) debe desarmarse y dejar de existir como grupo combatiente. Esto requiere que el Estado cuente con la capacidad suficiente para implementar los acuerdos de paz. Pero como ya hemos visto, dicha situación es más la excepción que la norma en este tipo de escenarios. Como consecuencia, suele ser necesaria la intervención de una tercera parte que ayude a poner en práctica el proceso de paz; e incluso así –sobre todo, si la debilidad del Estado es extrema, como ha sucedido por ejemplo en Somalia o Burundi– la intervención extranjera tampoco garantiza la finalización definitiva del conflicto.

La reconstrucción del Estado y la recuperación de la actividad económica precisan de la creación de entornos de seguridad. Las fuerzas multinacionales de paz suelen tener dicho objetivo entre sus funciones; mientras que, por su parte, las agencias internacionales y las ONGs contribuyen a la regeneración del tejido social, político, administrativo y económico del país. Pero en cualquier caso la ayuda internacional es siempre complementaria al esfuerzo que deben realizar la población y las elites locales para entregar las armas y sentar las bases de una paz duradera. La experiencia de la década de 1990 (marcada por el boom de las operaciones paz) demuestra que en muchos casos es posible salir de la espiral de violencia y recuperar paulatinamente la normalidad. El principal problema se encuentra en los lugares donde las estructuras estatales han colapsado parcial o totalmente y donde resulta muy difícil lograr su restablecimiento. Así sucede a día de hoy en Afganistán, Somalia, Chad, Sudán y en otros países que combinan la guerra civil con el dudoso honor de ocupar los primeros puestos en el índice de Estados fallidos.

Javier Jordán es Profesor Titular de Ciencia Política y miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) de la Universidad de Granada.

Editado por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Lugar de edición: Granada (España). ISSN: 2340-8421.

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