Los actuales claroscuros de la democracia tunecina

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Análisis GESI, 17/2017

Resumen: A finales de 2010 y principios de 2011 tuvo lugar la conocida como Revolución de los Jazmines, que provocó en Túnez la caída de la longeva dictadura de Ben Ali. Seis años después, la evolución en materia de Derechos y Libertades que ha seguido el país ha sido muy positiva, llegando incluso a posicionarse como el país árabe más democrático de todo el mundo. Sin embargo, existen algunos aspectos criticables que han cobrado relieve especialmente los últimos años.

El presente artículo tiene como objetivo señalar los aspectos negativos y las principales deficiencias del actual proceso democrático tunecino.

Introducción

Bajo la etiqueta de la Revolución de los Jazmines, la transición democrática tunecina ha asombrado por igual a ciudadanos, políticos y analistas de todo el mundo. No solo es meritorio que su sistema democrático haya resistido al convulso y reaccionario ambiente político que ha sucedido a la Primavera Árabe en el Norte de África, sino que además dicha resistencia haya ido acompañada de una profundización democrática admirable. A pesar de ello, no todo son buenas noticias. A continuación, analizaremos los aspectos más criticables del actual proceso democrático tunecino a través de tres apartados.

1. Inestabilidad política

Si bien formalmente el Gobierno está encabezado por los seculares de Nidaa Tounes, lo cierto es que la grave fractura interna en la que lleva sumido el partido desde hace más de un año le ha debilitado tanto que, en la práctica, son los islamistas de Ennahda quiénes llevan la voz cantante del Ejecutivo. Este es un factor clave para comprender el actual panorama político tunecino. Ridha Bel Haj, miembro del Comité de Dirección de Nidaa Tounes, ha llegado a afirmar que existe un pacto tácito por el cual algunos Diputados de su partido reciben órdenes de votar en bloque con Ennahda.

Una afirmación en ningún caso descabellada debido al deseo de los líderes de ambos partidos de evitar escenificar la ruptura del actual Gobierno (que tiene una vigencia de apenas 9 meses) a causa de su fragilidad. Mayor inestabilidad política empeoraría las no del todo buenas previsiones económicas, así como podría fomentar la posibilidad de nuevos atentados yihadistas aprovechando este momento de debilidad.

La situación política está muy lejos de ser cómoda para un Caid Essebsi (Presidente de la República y líder de Nidaa Tounes) con muy poco margen de maniobra y con cada vez más contestación dentro y fuera de su formación. La reciente destitución de Lamia Zbiri y Néji Jalloul, Ministra de Finanzas y Ministro de Educación respectivamente, es un claro ejemplo de la dificilísima situación en la que se encuentra tanto el partido como el Gobierno.

Quizás con la esperanza de activar a un electorado no demasiado identificado con Nidaa Tounes o para desviar la atención de sus propios problemas internos, Caid Essebsi sorprendió a propios y extraños a principios de abril, ante la visita de Reza Salehi Amiri, Ministro de Educación y Guía Islámico de Irán, declarando ante los medios que “el régimen sionista es el único enemigo de la República Islámica [de Irán] en la región. Por ello, tenemos esperanzas de que todos los musulmanes y países árabes estén al lado de Irán” […] “Desafortunadamente, el régimen sionista y sus sponsors han ido tratando de aislar a Irán, pero, gracias a Dios, la República Islámica ha sido capaz de volver a la escena política regional”.

Entretanto, frente a los bien organizados islamistas de Ennahda, no parece existir ninguna otra formación política con capacidad e infraestructura suficiente como para hacerles verdaderamente frente en las urnas. Viejos conocidos, como Mohsen Marzouk (ex-Secretario General y uno de los fundadores de Nidaa Tounes), Mehdi Jomaa (antiguo Primer Ministro de Túnez durante el Gobierno de transición de 2014-2015) o Moncef Marzouki (Presidente de Túnez entre 2011 y 2014) aspiran a volver a la escena política, cada uno en representación de nuevos partidos políticos (“Proyecto Movimiento de Túnez”, “Alternativa Tunecina” y “La Voluntad” respectivamente) todos ellos con menos de dos años de antigüedad.

Que el abanico político tunecino se dinamice y aumente de esta forma puede tener consecuencias positivas, por ejemplo fomentando en la población su espíritu crítico y la profundidad del debate ideológico, sin embargo, una atomización de multitud de nuevos partidos puede generar una infrarrepresentación parlamentaria de determinados espectros ideológicos, lo que a la postre beneficiaria a las fuerzas políticas más asentadas y con más recursos económicos, en este caso a claramente a los islamistas, generando frustración en determinados sectores de la población que podrían no sentirse representados por la distribución de escaños legítimamente resultante.

Será en las próximas elecciones municipales dónde realmente puedan medir sus fuerzas estos nuevos partidos. Finalmente, tras varios retrasos, la Instancia Electoral ha fijado la fecha de las próximas elecciones locales para el 17 de diciembre de 2017 (el día del aniversario de la inmolación del mítico Mohamed Bouazizi). Una probable victoria de los islamistas debilitaría aún más al menguante Gobierno de Nidaa Tounes, y habrá que observar cómo será el comportamiento de la formación secular de cara a unas elecciones parlamentarias previstas para 2019. No sería descartable que el país pudiera afrontar un adelanto electoral dependiendo del resultado de las municipales o, en el peor de los casos, posibles movimientos reaccionarios por parte de algunos dirigentes de Nidaa Tounes temerosos de perder su cuota de poder. Especialmente de aquellos cercanos al depuesto Ben Ali y nostálgicos del burguibismo. A pesar de estas elucubraciones, lo cierto es que el respeto a la pacífica alternancia del poder es algo que se ha respetado en Túnez en todo momento, por lo que una alteración de este principio traería consecuencias muy negativas.

2. Situación económica y social deteriorada

Los distintos gobiernos tunecinos no son capaces de ofrecer alternativas al complicado escenario económico y social que vive el país, lo cual en gran medida es lógico debido a la profunda complejidad tanto de su inherente proceso posrevolucionario como de las particularidades de la sociedad tunecina. El último Gobierno instalado en el Palacio de Cartago, el del joven Youssef Chahed, se esmera en la tarea de resolver los problemas más acuciantes, pero los resultados siguen sin ser plenamente satisfactorios.

La fractura territorial que sufre Túnez y que se remonta a varias décadas atrás, sigue generando profundos problemas productivos, de transporte, de comunicación y educativos que lastran de manera significativa la proyección económica y laboral de las regiones más aisladas, a la postre prácticamente todas las del interior. Lejos de las zonas turísticas más prósperas de la costa septentrional y oriental del país, existe un Túnez eminentemente rural y empobrecido que sobrevive gracias a la agricultura, el pastoreo, el comercio atípico en ambas fronteras y las cada vez menos eficientes industrias locales (como la de fosfatos en Gafsa).

Las consecuencias del cambio climático, que cada vez son más evidentes en los países del Magreb, también se hacen patentes en Túnez, en forma de un creciente estrés hídrico, en dificultades a la hora de distribuir el agua interregionalmente y con respecto a fenómenos climatológicos extremos como sequías, desbordamientos e inundaciones. Combinadas con otros factores, estas circunstancias, especialmente en esas regiones empobrecidas del interior, están generando una verdadera crisis acuífera, quizás una de las amenazas más estructurales a las que tenga que hacer frente un Estado.

Todos estos problemas tienen sus consecuencias económicas directas, que a su vez se traducen en desencanto y oposición social. Prácticamente no hay semana que no se produzcan huelgas, manifestaciones o disturbios en alguna localidad del país,  siendo su principal motivo las quejas ante las restricciones eléctricas e hídricas, así como por el paro y la constante precariedad laboral en general.

Debido al carácter estructural de estas deficiencias, su solución no parece inminente. Salvo excepciones, a priori estas manifestaciones tienen un carácter eminentemente pacífico, pero no habría que descartar la posibilidad de que pudieran producirse conatos de violencia graves, especialmente si el Gobierno tomara medidas excesivas para limitarlas o siguiera postergando la solución a sus legítimas demandas. Un claro incremento de la violencia se produjo el pasado 30 de abril durante el derby de fútbol entre el Club Africain y el Esperance Sportive, ambos de la capital. Después de una serie de altercados entre aficionados de ambos equipos y la propia policía, ésta se vio desbordada, produciéndose momentos de verdadera tensión. El propio Presidente del Club Africain, Slim Riahi, que además es el fundador del partido político Unión Patriótica Libre (actualmente con dieciséis Diputados en la Asamblea de Representantes del Pueblo -ARP-), criticó el deficiente papel ejercido por las fuerzas de seguridad, algo en lo que coinciden numerosos activistas.

Estas dinámicas de inestabilidad social no son exclusivas de Túnez, y ciertamente los países de su entorno directo (especialmente Libia o Egipto) se encuentran en una situación mucho más crítica. Sin embargo, el alto nivel de frustración que siente la población tunecina, especialmente sus jóvenes, con respecto a las soluciones que esperaban obtener tras la exitosa revolución democrática y que en algunos casos no terminan de llegar, marca en este país una importante diferencia cualitativa y cuantitativa. Una reciente encuesta de las investigadoras del CIDOB Elena Sánchez-Montijano y Marina Girona-Raventós ofrece datos alarmantes. Nada menos que un 53% de los jóvenes tunecinos encuestados (un 59% entre los que tienen estudios superiores) desea emigrar a otro país, frente al 26% en Argelia, el 17% en Egipto, el 16% en el Líbano y el 8% en Marruecos. Principalmente para obtener un empleo decente y mejorar sus condiciones de vida.

A su vez, el número de inmigrantes irregulares interceptados en el primer trimestre de 2017 provenientes de las costas tunecinas ha aumentado un 446% con respecto al mismo periodo de 2015. Según los datos ofrecidos por el Observatorio Magrebí de Migraciones, solo un 14% de estos migrantes eran de origen subsahariano.

No hay que pasar por alto que un número minoritario, pero nada desdeñable, de estos jóvenes profundamente desilusionados son el target perfecto para la propaganda del salafismo-yihadista (es ya famosa la mención de que el porcentaje de tunecinos, en proporción, es el más numeroso entre los voluntarios yihadistas que combaten en Siria y la vecina Libia).

3. Disminución de libertades civiles y derechos fundamentales

Desde los últimos seis años, el impulso posrevolucionario ha implicado un avance constante en materia de libertades civiles y derechos fundamentales. Sin embargo, esos avances no han llegado ni mucho menos a todos los ámbitos de la sociedad tunecina.

La férrea represión hacia los homosexuales continúa bajo una aceptación más o menos explícita de la mayoría de los partidos políticos. Con respecto a Nidaa Tounes, a pesar de reconocerse como un partido secular contrario a las ideas conservadoras de Ennahda, se ha mostrado igualmente tajante o más que los propios islamistas en lo que a persecución y criminalización de la homosexualidad se refiere. El artículo 230 del Código Penal que castiga “la sodomía” sigue vigente sin que hasta el momento ninguno de los Gobiernos posrevolucionarios sucesivos haya querido modificarlo. El artículo 226 que castiga el “ultraje público al pudor” es igualmente una forma genérica que de hecho aumenta el alcance represivo hacia este colectivo.

Bajo la excusa de esta persecución, se está convirtiendo en habitual que la Administración y la Policía realicen terribles test físicos anales para cerciorarse de que los sospechosos por este delito han realizado efectivamente prácticas sexuales con personas del mismo género o no. Este hecho gravísimo, al cual se oponen multitud de ONGs y asociaciones tanto internacionales como nacionales, es considerado una tortura física y un acto denigrante que está prohibido por la Constitución vigente. Hasta el propio Consejo Nacional de la Orden de Médicos de Túnez ha manifestado en un comunicado su absoluto rechazo a estas prácticas que además de considerarlas tortuosas aduce que son ineficaces para el fin investigatorio que pretenden. Sin embargo, nada parece cambiar a este respecto, lo cual, por añadidura, es un factor que está dañando de forma notoria la imagen exterior que proyecta el país.

El famoso colectivo en favor de los derechos LGTB, SHAMS, sigue adquiriendo fuerza y popularidad a pesar de la represión sufrida. En un claro desafío a los gobernantes (seculares e islamistas) SHAMS publicó a principios del mes de abril el primer número de su nueva revista on-line (SHAMS MAG), editada en árabe, francés e inglés, y que busca sensibilizar a la población tanto nacional como extranjera de las prácticas homófobas que se desarrollan con normalidad en el país y la necesidad de oponerse a ellas. Parte de la financiación de este proyecto procede de fondos estadounidenses, según afirma el corresponsal francés Mathieu Galtier, que señala a la embajada americana, lo cual ha avivado el debate previamente existente acerca del papel que ejercen determinadas asociaciones u organizaciones extranjeras en el devenir político tunecino.

Los homosexuales no son el único objetivo de represión gubernamental, también la sufren los activistas sociales que denuncian la existencia de entramados ocultos de corrupción. El analista Fadil Aliriza relató hace unos días en las páginas del Washington Post las enormes presiones que está sufriendo Achraf Aouadi, presidente de la organización independiente “I Watch”, después de que ésta sacara a la luz un presunto caso de corrupción protagonizado por Nabil Karoui, figura política cercana a Nidaa Tounes y dueño del canal de televisión Nessma.

En una democracia tan joven en cierto modo es esperable que sigan perviviendo coletazos de corrupción derivados del largo régimen clientelar y opaco de Ben Ali. El principal problema es que el Gobierno liderado por Youseff Chahed está sumido en una profunda debilidad y además algunos de sus cargos se encuentran en cierto modo vinculados al entorno del depuesto dictador. Aún es pronto para valorar la nueva ley anticorrupción aprobada por una amplia mayoría en la ARP el pasado mes de febrero, pero para hacernos una idea de la magnitud del problema, la Asociación Tunecina de Auditores Públicos estimó que solo en 2013, se han derrochado 200 millones de euros en sobornos a empleados públicos.

Finalmente, el pasado 2 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó una serie de recomendaciones para promover los Derechos Humanos en Túnez entre las que destacaba la necesidad de abolir definitivamente la pena de muerte, evitar los continuos maltratos que se producen en los centros de detención y cárceles, erradicar la violencia que sufren las mujeres a nivel estructural, así como solucionar los problemas de racismo y de tráfico de personas que se producen en el país.

 

Conclusiones

La profundización democrática en la que lleva inmersa Túnez desde 2011 se ha visto ralentizada especialmente en los años 2016 y lo que llevamos de 2017. Evidenciar esta cuestión no es restar relevancia al extraordinario logro que supone que este pequeño país magrebí se haya alzado en tan poco tiempo como la democracia más avanzada del mundo árabe. Sin embargo, no por ello hay que abstenerse de señalar algunos aspectos negativos que se han hecho más evidentes el último año y medio. Esto ha sido advertido por evaluadores de progreso democrático, como el Democracy Index de The Economist. Después de calificar a la democracia tunecina con un 6.72 (de 0 a 10) en 2015, con respecto a 2016 la nota se ve rebajada a un 6.40. El Freedom Rating de Freedom House es más prudente y mantiene inalterada la calificación del año anterior (un 79 sobre 100).

La debilidad de Nidaa Tounes, que se mantiene artificialmente en el poder gracias al posicionamiento de los islamistas de Ennahda, limita de forma notoria la capacidad de acción de una formación que ya tiene bastante con evitar su propia desaparición. La precaria situación interna en la que se encuentra la formación secular resta eficacia al Gobierno a la hora de solventar los retos que tiene por delante, que son de todo tipo.

Todo apunta a que habrá que esperar a las elecciones municipales de diciembre de este año para que Túnez recupere el dinamismo político necesario para consolidar su recién estrenada etapa de normalización democrática. Y sin obviar en ningún momento el grave peligro que supone la fuerte presencia yihadista en la región.  

 

Pablo Gómez-Godoy es licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, Máster en Paz, Seguridad y Defensa por el IUGM y doctorando en Seguridad Internacional en la UNED.

 

Editado por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Lugar de edición: Granada (España). ISSN: 2340-8421.

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