Ley de Seguridad Interior, o cómo desnaturalizar a las Fuerzas Armadas

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Blog Mosaico 

El General Cienfuegos, Secretario de Defensa de México, señaló en el año 2016 que los militares necesitaban un marco jurídico que regulase las labores que venían realizando en la lucha contra el crimen organizado. No obstante, éste no fue el momento a partir del cual el Ejecutivo y el Legislativo decidieron regular las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

En 2014, el Ejecutivo asumió, tal y como queda reflejado en el Programa para la Seguridad Nacional 2014 – 2018, el compromiso de impulsar un marco jurídico en materia de seguridad interior a fin de otorgar certidumbre a la actuación de los militares en la preservación de la misma.

Si bien, hubo que esperar hasta 2016 para que algunos legisladores de los principales partidos políticos comenzasen a presentar sus iniciativas para la aprobación de una Ley de Seguridad Interior (LSI). Aunque se generó mucha controversia en torno a su aprobación y hubo un importante movimiento ciudadano presionando para que se revisasen los términos en los que se intentaba tramitar (siendo muy importante el colectivo #SeguridadSinGuerra), lo cierto es que la LSI entró en vigor en diciembre del pasado año.

En las siguientes líneas, de forma sucinta y sin ánimo de exhaustividad, se expondrá el debate acerca de si es o no constitucional y se apuntarán algunos de sus posibles efectos en términos de desnaturalización de las Fuerzas Armadas, indefinición legal y violencia.

Respecto al tema de la constitucionalidad, cabe señalar las dos principales lecturas que se hacen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los que defienden que la LSI no es constitucional apelan a los artículos 21 y 129. En el primero queda claro que la seguridad pública está a cargo de las instituciones de carácter civil, por lo que los militares no podrían participar en tareas propias de policía. En cuanto al segundo, éste impide a la autoridad militar estar fuera de los cuarteles en tiempos de paz. No obstante, quienes defienden la constitucionalidad de la norma apelan al artículo 89, que en su fracción VI atribuye al Presidente la facultad de disponer de los tres componentes de las Fuerzas Armadas para la defensa exterior y la seguridad interior.

De hecho, en virtud de este último artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en 1996 que las Fuerzas Armadas podían y debían auxiliar a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública. Sin embargo, también es cierto que entre el auxilio reconocido por la SCJN y la sustitución progresiva de las autoridades civiles por las Fuerzas Armadas hay una diferencia muy grande. No obstante, este debate se resolverá próximamente, pues hasta el día de hoy se han presentado 23 recursos ante la SCJN.

En otro orden de cosas, aparte de su posible inconstitucionalidad, la LSI podría tener una serie de efectos que habría que tener en cuenta.

En primer lugar, con esta norma cambia el rol de la Fuerzas Armadas. En una democracia, las funciones entre los militares y los cuerpos de policía han de estar separadas de manera clara. Sin embargo, gracias a la LSI, los militares desempeñarán tareas de policía bajo amparo legal de manera regular. En este sentido, hay quien argumenta que esto ampliará la posibilidad de un uso arbitrario de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y conllevará un número mayor de casos de violación a los derechos humanos.

En segundo lugar, aunque, en teoría, el objetivo de la LSI es regular el rol de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior y dotar a las mismas de seguridad jurídica, esta norma podría generar un mayor caos legal del que intenta resolver. Un ejemplo es el procedimiento con el que el jefe del Ejecutivo ordenaría la intervención de las Fuerzas Armadas, el cual contempla dos supuestos. Uno de ellos es el de la emisión de una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”, a petición de los gobernadores o de los congresos estatales, para los “casos de no emergencia”. Los militares actuarían en un territorio específico por un periodo de un año, aunque cabría posibilidad de prorrogar dicho periodo “en casos excepcionales” que no se recogen en la LSI. El segundo supuesto, ante casos de “emergencia nacional”, no necesita requerimiento para que el Presidente ordene la inmediata reacción de las Fuerzas Armadas. El problema radica en que la declaratoria de excepción carece de controles y contrapesos al Ejecutivo, quien se encarga de aprobarla y de renovarla. Además, no se especifica el órgano encargado de definir lo que es una emergencia nacional.

En tercer y último lugar, la LSI viene a dar cobertura jurídica a una estrategia que se ha mostrado fracasada, pues las tasas de violencia se han disparado durante el último sexenio y han proliferado las organizaciones criminales. Durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón se registraron en torno a 102.000 homicidios, mientras que bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, para septiembre de 2017 ya se había superado esa cifra, siendo éste el año con la tasa de homicidios más alta del México contemporáneo. Por otro lado, desde el comienzo de la “guerra contra el narcotráfico” el número de grandes cárteles ha pasado de cuatro en 2006nueve en 2017, a los que se suman 36 pandillas vinculadas con alguna de estas organizaciones criminales.

Seguramente, habrá muchas otras interpretaciones acerca de lo que supondrá la LSI. Pero se esté a favor o en contra, lo que parece claro es que deja cuestiones por resolver. El Estado tendría que encargarse de capacitar, fortalecer y profesionalizar a quienes la Constitución les otorga la función de la seguridad pública, lo que tendría que ir en paralelo del establecimiento de un cronograma de vuelta a los cuarteles por parte de los militares, pues, tal y como dijo el General Cienfuegos, el crimen organizado “no es un asunto que se va a resolver a balazos”.

José Carlos Hernández es politólogo por la UGR e investigador en el Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI).