Ley de Seguridad Interior en México: ¿Militarización de Iure?

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Blog Mosaico

En México se debate actualmente sobre la necesidad de aprobar una norma que regule la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, cuya máxima expresión, aunque sin un marco legal claro, se dio bajo el sexenio de Felipe Calderón, quien decidió emprender una lucha frontal contra las drogas y el crimen organizado.

Lo cierto es que el balance de la participación de los militares en estas labores no es nada halagüeño, pues aumentaron los casos de violaciones de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y, en definitiva, la violencia. No obstante, es una realidad el desbordamiento que sufren las policías estatales y municipales a la hora de combatir el crimen organizado, por lo que persiste la presencia de los militares en algunos puntos del país para coadyuvar a las autoridades civiles en el desempeño de esa tarea, y ello sin un marco normativo adecuado.

Entonces, siendo un hecho que las policías estatales y municipales carecen de profesionalización y efectividad para enfrentar la situación de inseguridad en la que está sumida el país y que, “a nivel municipal, México sufre un proceso de “feudalización” mediante el cual llegan al poder los “actores criminales”, parece que sólo quedan dos alternativas en cuanto a la disyuntiva de si emplear o no a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior: o los militares vuelven a los cuarteles o bien se da cobertura jurídica a las funciones que de hecho vienen desempeñando.

Ante esta realidad, el Legislativo mexicano ha venido debatiendo diversas propuestas sobre una Ley de Seguridad Interior con el objetivo de regular el rol de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior y dotar a las mismas de seguridad jurídica. En este sentido, PAN, PRI y PRD han presentado iniciativas sobre la regulación de los límites y funciones de la institución castrense en su participación en tareas que tendrían que corresponder a las autoridades civiles. Empero, no todas las voces que han tratado este tema tienen la misma opinión al respecto, pues mientras que algunos políticos y analistas defienden la necesidad de esta Ley, otros creen que se producirá una militarización de iure, que los índices de violencia aumentarán y que la medida carecerá de efectividad, entre otras consecuencias.

En cuanto al contenido de cada una de las iniciativas, en lo que se refiere a la presentada el 13 de septiembre de 2016 por el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, los puntos a destacar son los siguientes: a) define el uso legítimo de la fuerza y las afectaciones de seguridad pública de tal forma que, haciendo una interpretación amplia, cabría la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudiesen reprimir determinadas expresiones de protesta social; b) propone la creación de unas Fuerzas Especiales de Apoyo Federal y define sus funciones; c) establece la necesidad de la emisión de un decreto presidencial para realizar la declaratoria de afectación a la seguridad interior, que debería contener la motivación de la misma y su delimitación geográfica y temporal; y d) permite intervenir prácticamente todo tipo de comunicaciones.

Con respecto a la iniciativa presentada el 27 de octubre de 2016 por los diputados del PRI, César Octavio Quiroz Camacho y Martha Sofía Tamayo Morales, los puntos a destacar son dos. En primer lugar, al igual que la iniciativa presentada por el PAN, también ésta hace una conceptualización del uso legítimo de la fuerza que podría permitir la represión de expresiones de protesta social no violentas por parte de los militares. Sin embargo, el otro punto a destacar es la especificación de que las Fuerzas Armadas intervendrán solamente en los casos en los que las capacidades de las fuerzas federales sean insuficientes para hacer frente a la amenaza en cuestión.

Para terminar con el comentario de las iniciativas, los puntos a destacar de la presentada el 11 de enero de 2017 por el senador perredista Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta son los siguientes: a) el progresivo regreso de los militares a sus cuarteles; b) la imposibilidad de considerar los actos de protesta social como elementos perturbadores de la seguridad interior; c) la necesidad de que las medidas de seguridad interior que se decreten sean de carácter temporal; d) las medidas de seguridad interior adoptadas, bajo ninguna circunstancia, podrán violar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte; e) las labores de inteligencia se harán con apego a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano; y f) creación de un Consejo de Seguridad Interior, encargado de coordinar la implementación de las acciones necesarias para mantener la seguridad interior, y de un Mando Único de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.

Como se puede observar, las tres iniciativas coinciden en la necesidad de regular la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, es decir, la presencia de los militares en las calles bajo determinadas circunstancias y su participación en tareas de seguridad interior es algo que no se cuestiona. Sin embargo, las principales discrepancias se concitan a la hora de establecer cuándo ha de darse esa presencia y con qué intensidad. En este sentido, y respondiendo a la pregunta del título, que se produzca una militarización de iure dependerá del contenido de la Ley que finalmente se apruebe, y no de la mera aprobación de la misma.

Es cierto que lo idóneo sería que los militares volviesen a los cuarteles, lograr el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales encargadas de la seguridad interior y, sobre todo, acabar con las condiciones que generan desigualdad, pobreza y falta de oportunidades, fenómenos sociales que no se han atendido adecuadamente y son causa de los problemas de seguridad interior en México. Empero, mientras esto se consigue, ¿hay que dejar a la población mexicana a su suerte frente a la situación de inseguridad en la que se encuentra sumido el país? La respuesta parece evidente.

 

José Carlos Hernández es Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada y miembro de GESI.