Las relaciones cívico - militares en la Venezuela de Chávez

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Análisis GESI, 26/2017

Resumen: Bajo los mandatos de Hugo Rafael Chávez Frías, Venezuela experimentó una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas de hondo calado. Tras su elección en 1998 dio comienzo un proceso de modificación de las relaciones cívico – militares y del papel de los militares en la sociedad. Durante la primera década del siglo XXI se produjo una notable politización de los militares y una militarización de la sociedad civil.

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Introducción

Hugo Chávez, muchos años antes de que llegase al poder, ya tenía en mente un nuevo proyecto político para Venezuela con el que pretendía poner fin al régimen político inaugurado con el pacto de Punto Fijo que el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Acción Democrática (AD) inauguraron en 1958. Aunque siendo militar intentó llegar al poder mediante un golpe de Estado, Chávez lo alcanzó finalmente a través de la vía democrática. No obstante, es esencial atender a su formación militar para comprender el motivo por el que, desde su ascenso al poder, definió a su Ejecutivo como un Gobierno cívico – militar, así como por qué concebía a los militares como un actor con un papel político a desempeñar.

Así, cuando Hugo Chávez se convirtió en Presidente de Venezuela puso en marcha un proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas en el que los militares han jugado un rol fundamental. Aunque es cierto que estos tuvieron un papel político esencial en la Venezuela del siglo XIX y de mitad del XX (siendo el país gobernado por caudillos y militares), con la llegada de Chávez al poder las hasta entonces FFAA cambiaron radicalmente el modo de relacionarse con la sociedad y hasta el rol a cumplir dentro del Estado.

La Fuerza Armada Nacional, denominación que adoptó en 1999, ha estado fuertemente vinculada a lo que se ha acordado en llamar “revolución bolivariana”. Desde el momento en el que se aprobó la Constitución de 1999, el entonces Presidente ya tenía en mente reconfigurar la institución castrense. Por un lado, pretendía configurar una organización preparada para la guerra asimétrica. Por otro, mantener una estructura tradicional adiestrada y equipada para la guerra convencional. No obstante, más allá de esta división, la FAN (después FANB) constituyó el núcleo sobre el pivotaba el proyecto político puesto en marcha por Hugo Chávez, plasmado en su origen en la Constitución de 1999.

En este sentido, parece claro que, desde la aprobación de la Constitución vigente hasta el fallecimiento del entonces Presidente, se fueron produciendo una serie de cambios en el papel de la FAN y en las propias relaciones cívico – militares, elemento que constituye nuestro objeto de estudio. El objetivo general que nos proponemos en este trabajo es el de dilucidar en qué tipo de modelo teórico encajan esas relaciones, tomando como referencia los propuestos por Janowitz, es decir, democrático, aristocrático, autoritario y Estado – guarnición, siendo este último el que planteamos en nuestra hipótesis. Para ello, nuestro objetivo específico es el de examinar y describir las reformas más importantes (o intentos) producidas en el marco jurídico y que afectaron a las FAN durante los mandatos presidenciales de Hugo Chávez, a saber: Constitución de 1999, Ley Orgánica de Defensa de la Nación de 2002 (LODN), Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional de 2005 (LOFAN), Anteproyecto de Reforma Constitucional de 2007 y Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2008 (LOFANB).

Es cierto que los cambios en las relaciones cívico – militares pueden ser estudiados tomando distintas variables, pero en tanto que el análisis de estas relaciones no ha llevado a formulaciones rigurosas acerca de las variables que son significativas para un estudio de este tipo (Harries – Jenkins y Moskos, 1984), nosotros hemos optado por seleccionar el marco jurídico como variable independiente, pues, como veremos, ésta ha tenido una gran incidencia en el modo en que militares y civiles se relacionaron en Venezuela bajo los mandatos presidenciales de Hugo Chávez.

 

Teoría de las relaciones cívico - militares

Las relaciones cívico – militares constituyen un objeto de estudio al que los científicos sociales le prestaron poca atención en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que no quiere decir que los estudios contemporáneos que existen sobre el tema carezcan por completo de precedentes históricos (Harries – Jenkins & Moskos, 1984). No obstante, en este trabajo se pondrá el foco sobre los autores de referencia que han tratado nuestro objeto de estudio, así como sobre algún otro que también lo ha hecho centrando su atención en el caso venezolano.

Uno de esos autores relevantes es Huntington (1985), quien propone dos modelos de análisis del control civil sobre los militares: el de control subjetivo y el de control objetivo. Éste último consiste en enraizar el profesionalismo castrense para asegurar el control civil sobre el aparato militar, es decir, los civiles controlan a los militares apoyándose en la neutralidad política y profesionalismo de estos. Por su parte, el control subjetivo enfatiza la autoridad civil sobre los militares, recurriendo para ello a las instituciones de Gobierno y a mecanismos institucionales. “En ambos casos la condición profesional militar es un antídoto para el accionar político ilegítimo del sector castrense” (Irwin, 2003: 8). En este sentido, Huntington entiende que si existe profesionalismo castrense no puede darse protagonismo político de los militares, mientras que si éste se da es por ausencia de aquél.

Para terminar de comentar los planteamientos de Huntington, hemos de plantear a continuación las cuatro condicionalidades que implica el modelo objetivo. A saber:

1) un alto nivel de profesionalismo militar y el reconocimiento por parte de los militares de los límites de su competencia profesional; 2) la efectiva subordinación de los militares a los líderes políticos civiles (…); 3) el reconocimiento y la aceptación de esos líderes de una área de competencia profesional y de autonomía para los militares; y 4) en consecuencia, la reducción al mínimo de la intervención militar en política y de la intervención política en los asuntos militares. (Angulo Rivas, 2001: 136).

Por otro lado, Janowitz (citado en Harries – Jenkins & Moskos, 1984) entiende que podemos identificar cuatro modelos de relaciones cívico militares, a saber: aristocrático, democrático, totalitario y Estado – guarnición.

En el primero de los modelos, tanto las elites civiles como las militares se encuentran integradas funcional y socialmente. La existencia de una estructura de poder parcialmente monolítica, combinada con una estrecha base en la que ambas elites son reclutadas, garantiza un control subjetivo de los militares. En cambio, bajo el modelo democrático, la clase política mantiene el control objetivo de las FFAA a través de un sistema de reglas formal. No obstante, este modelo se considera más como una meta política que como un reflejo de la realidad histórica. Así, en ausencia de este modelo, el autoritario es la alternativa aceptada al aristocrático. En el modelo autoritario, los militares se encuentran subordinados a una elite política reclutada en función de su lealtad ideológica, lo que se traduce en una total anulación de la independencia organizativa de unas FFAA profesionales. Respecto al cuarto modelo, nada mejor que las propias palabras de Janowitz (citado en Harries – Jenkins & Moskos, 1984: 87 – 88) para resumir sus características con toda claridad. Así,

Aún cuando el resultado final del Estado – guarnición se aproxima en muchos aspectos al modelo totalitario, el primero tiene un desarrollo histórico diferente. No consiste, ni mucho menos, en el control directo de la política por parte de los militares. Dado que las modernas naciones industrializadas no pueden ser regidas solamente por el dominio político de un único y pequeño bloque, el Estado – guarnición no es una regresión hacia una dictadura militar. Es el resultado final del ascenso al poder de la élite militar bajo unas condiciones de tensión internacional prolongada. Se ponen trabas a las libertades internas y la preparación para la guerra llega a tener una importancia primordial. El Estado – guarnición se muestra como un nuevo patrón de coalición, en el cual los grupos militares controlan, de forma directa o indirecta, desproporcionadas parcelas de poder político y administrativo. Los militares retienen su independencia organizativa, siempre que concierten las debidas alianzas con facciones civiles y políticas”.

En otro orden de cosas, Nordlinger (citado en Irwin, 2003) afirma que el predominio civil sobre el estamento militar se logra a través de tres modelos de control civil: tradicional, liberal y de penetración.

En el modelo tradicional no existe tensión en las relaciones cívico-militares, y ello debido a que las funciones del aparato militar y de Gobierno se encuentran dominadas por una misma elite. El ejemplo clásico es el de los aristócratas europeos de los siglos XVII y XVIII que, sobre todo, eran militares pertenecientes a un sector social bien definido.

 El modelo liberal se basa en la existencia de elites con responsabilidades propias y bien diferenciadas. Los oficiales militares son profesionales o están en proceso de serlo, y son instruidos en los principios de respeto y obediencia hacia las autoridades civiles. De este modo se busca despolitizar al sector castrense en la medida de lo posible, aunque siempre respetando la propia autonomía de la institución militar en cuanto a aspectos profesionales y militares se refiere. El respeto de dicha autonomía por parte de la elite civil dirigente es indispensable para el mantenimiento de este modelo, el cual es característico de las sociedades industrializadas desde el siglo XIX.

Por último, el rasgo básico del modelo de penetración es la infiltración que las autoridades civiles realizan sobre la organización militar. En el seno de las FFAA penetran ideas, ideologías e incluso hasta individuos procedentes de la política. El adoctrinamiento político alcanza a la tropa y al cuerpo de oficiales. Es más, para obtener obediencia y fidelidad de estos últimos, se emplea un sistema de premios y castigos, así como medios de supervisión y control. Este modelo de penetración se puede atribuir a los sistemas totalitarios como el de Corea del Norte.

Por otra parte, más allá de aquellos que han escrito acerca de modelos y teorías de relaciones cívico – militares en general, otros autores se han centrado en estudiar el caso venezolano y proponer un modelo para éste.

En este sentido, Rodríguez – Franco (2006: 258) plantea que las relaciones cívico - militares en Venezuela responden al modelo de control civil personalista. Su argumento se basa en que durante la presidencia de Chávez, el control de los civiles sobre los militares, cuyos lineamientos se plasmaron en la Constitución de 1999, se trató de un “control politizado y donde el valor central de la actuación militar se [evaluó] a partir –no tanto por su eficiencia– sino por su lealtad al presidente de la República”.

No obstante, este autor señala que no es posible aplicar a plenitud ningún modelo propuesto con anterioridad respecto al control civil sobre los militares, pues a todos ellos escapan las particularidades del control que el Gobierno de Chávez tenía sobre la institución castrense. Así, este autor defiende que fueron cuatro los mecanismos que se emplearon por parte del Ejecutivo para mantener el control sobre la FAN:

1.      Eliminación del apoliticismo de los militares contemplado en la Constitución de 1961 y otorgamiento del derecho al voto, aunque se les prohíbe la militancia política.

2.      Posibilidad de la existencia de un “dualismo burocrático” que ha permitido que los oficiales venezolanos hayan sido nombrados y removidos libremente por el Presidente, mecanismo que ha funcionado de incentivo a oficiales que le han sido leales.

3.      La potestad del Ejecutivo de adjudicar pases a retiro y ascensos militares, la cual correspondía al Senado antes de que se aprobase la Constitución de 1999. Este mecanismo obliga a la oficialidad a mostrar su lealtad al Presidente antes que a cualquier otra instancia estatal.

4.      Socialización de los militares a través de órdenes presidenciales directas cuya ejecución y coordinación corresponde al personal militar, realizando labores de asistencia social. Estas acciones tienen una doble función: difusora y socializadora. En cuanto a la primera, difunde una sensación de cercanía de las acciones del Presidente hacia la población, por medio de personal militar a quien identifican como disciplinado, leal y capaz de difundir las virtudes del Gobierno. Con respecto a la segunda, hace que los militares estén en contacto con las necesidades de la población “y restringe la formación propia de la defensa militar del Estado, aspecto muy propicio para evitar conspiraciones que pudieran no ser detectadas por los servicios de inteligencia civil-militar” (Rodríguez – Franco, 2006: 265).

 

Un nuevo modelo de relaciones cívico - militares: cambios del marco normativo

Tras su elección en 1998, Hugo Chávez comenzó un proceso de transformación de los planteamientos sobre las relaciones cívico – militares y del papel de los militares en la sociedad (Jácome, 2011). El primer instrumento a través del cual comenzaría esta transformación fue la aprobación de una nueva Constitución en 1999 que viniera a sustituir a la de 1961. Algunos autores entienden que esta maniobra constituyó una demolición de “la antigua estructura militar para construir una nueva acoplada a su proyecto político” (San Miguel, 2016: 3).

Incidiendo en este aspecto, Rivas (2009) hace una recopilación de diez distorsiones introducidas en la Constitución de 1999 en lo que atañe a las nuevas atribuciones y/o roles de la FAN en Venezuela:

1.      Eliminación de la prohibición respecto del ejercicio simultáneo de la autoridad militar con la autoridad civil, lo que ha ocasionado que centenares de militares hayan accedido a cargos en la Administración[1];

2.      Eliminación del control parlamentario respecto a la promoción de los militares de alto rango, atribuyéndose en exclusiva esta competencia al Comandante en Jefe de la FAN/Presidente de la República, teniendo esto como efecto que la lealtad al Presidente sea indispensable para ascender de grado:

3.      Supresión del carácter no deliberante y apolítico del estamento militar, que pasa a ser una institución sin militancia política, dando cabida a que ésta interviniese en los temas que estén resolviendo los órganos estatales;

4.      Eliminación de la Constitución de la obligación expresa de que la FAN tenía que ser garante de la estabilidad de las instituciones democráticas;

5.      Eliminación de la obligación recogida en la Constitución de 1961 de que la FAN tenía que obedecer a ésta y a las leyes por encima de cualquier otra obligación;

6.      Concesión del derecho al voto a los militares por primera vez en la historia del país;

7.      Introducción de la disposición de que sería el Tribunal Supremo de Justicia el encargado de decidir en qué casos se podría juzgar a los militares de alto rango, privilegio procesal que hasta el momento había estado reservado a altos funcionarios civiles;

8.      Sustitución del actor encargado del control sobre el uso de cualquier tipo de arma en el país, pues a partir de entonces sería la FAN y ya no la administración civil;

9.      Introducción de la posibilidad de atribuir funciones de policía administrativa a la FAN; y

10.  Adopción de un concepto de seguridad nacional según el cual casi todo lo que ocurriese en la nación concerniría a la seguridad del Estado.

Este conjunto de cambios, según Rivas (2009: 75), obedeció a la decisión del entonces Presidente Hugo Chávez de “hacer de la institución armada un ejército revolucionario, una institución al servicio de un proyecto político fuertemente ideologizado”.

En otro orden de cosas, otros autores como Jácome (2011), Ramos Pismataro y Otálvaro (2008) o Rodríguez – Franco (2006), aluden a la importancia que tuvo la inclusión en la Constitución de 1999 del concepto “corresponsabilidad” entre la sociedad civil y el Estado en los “ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar” (art. 326), dando paso a la transformación de la relación entre civiles y militares, contribuyendo a desdibujar los límites entre los aspectos de seguridad y los de defensa. La mera inclusión de este concepto en el texto constitucional ha tenido unas repercusiones mayores que las que a simple vista pudiésemos adelantar. Por un lado, se iguala a civiles y militares en una obligación que le tendría que corresponder al Estado, es decir, en la defensa de la nación. Por otro, se fomenta la participación de los militares en tareas de distribución de alimentos, construcción de infraestructuras y toda una serie de actividades que contribuyan al desarrollo del país.

La siguiente norma aprobada, con fuerte incidencia sobre el modelo de relaciones cívico – militares, fue la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002 (LOSN), en la cual se plasmó una doctrina militar que vino a sustituir a la Doctrina de Seguridad Nacional contenida en la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de 1976, cuyos lineamientos fueron trazados por la Escuela de las Américas, el National War College y el Colegio Interamericano de Defensa, basados en la lucha anti – subversiva (Ramos Pismataro y Otálvaro, 2008).

El objeto de esta Ley es “regular la actividad del Estado y la sociedad, en materia de seguridad y defensa integral, en concordancia a los lineamientos, principios y fines constitucionales” (Art. 1 LOSN). Este concepto de seguridad fue definido en esta misma Ley de una manera bastante amplia, lo que permite que los militares asuman competencias en varios ámbitos de la vida social, cosa que no sería un inconveniente de no ser porque en Venezuela no existe un fuerte control civil sobre los militares (Ramos Pismataro y Otálvaro, 2008). Este amplio alcance del concepto de seguridad de la nación se puede observar en el artículo 2 de la LOSN, según el cual dicha seguridad,

está fundamentada en el desarrollo integral, y es la condición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar de los principios y valores constitucionales por la población, las instituciones y cada una de las personas que conforman el Estado y la sociedad, con proyección generacional, dentro de un sistema democrático, participativo y protagónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su soberanía y a la integridad de su territorio y demás espacios geográficos.

También conviene resaltar la inclusión en la LOSN, además de en la Constitución, de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, equiparando a militares y civiles en las tareas de seguridad y defensa de la nación. Esta normas incluso va más allá al señalar que las distintas actividades desempeñadas por ambos actores “en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, estarán dirigidas a garantizar la satisfacción de los intereses y objetivos nacionales plasmados en la Constitución y las leyes” (Art. 5 LOSN). El señalar esta norma que la FAN tendrá competencias sobre todos esos ámbitos, se abre paso a los militares para su participación en actividades que trasciende las funciones tradicionales del estamento castrense.

Por último, destaca de esta Ley el concepto de defensa integral[2], en base al cual el Presidente Hugo Chávez trazó en mayo de 2004 “tres líneas estratégicas para comenzar a darle forma (…): 1) Fortalecimiento de la Fuerza Armada; 2) Profundización de la unión cívico militar; y 3) Fortalecimiento y participación popular en la Defensa Nacional” (San Miguel, 2016: 4). Así, un año más tarde, surgiría la nueva doctrina militar venezolana: Defensa Integral de la Nación. Los nuevos programas educativos de FAN incluyeron el estudio del socialismo. Asimismo, se produjo una reestructuración del sistema educativo militar. En 2010 se creó la Universidad Militar Bolivariana, a la que se adscribieron las escuelas y los centros de formación y capacitación pertenecientes a los cuatro componentes de la Fuerza Armada y al Ministerio de la Defensa.

Por otro lado, en ese mismo año 2005, al objeto de que la población civil participase más profundamente en los asuntos militares, se creó, mediante decreto de 2 de abril de 2005, el Comando General de la Reserva Militar y Movilización Nacional, ente directamente dependiente del Presidente de la República. Desde entonces la reserva tiene una operatividad permanente y no sólo en caso de agresión externa o de movilización nacional. Los funcionarios de varias instituciones gubernamentales son requeridos a formar parte de la Reserva Nacional, con la que aquéllas tienen convenios para formar <<cuerpos de combatientes>> que intervendrían en caso de tener que mantener el orden interno. Además, miembros de otras organizaciones como los consejos comunales también han participado en diferentes maniobras militares con el objetivo de recibir entrenamiento para mantener el orden interno. 

Posteriormente, en septiembre de 2005, se promulgaría la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN), aprobada por la Asamblea Nacional, incluyendo como uno de los tres entes de la defensa nacional al Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional[3]. Esta Ley incluyó dos nuevos cuerpos a los cuatro componentes tradicionales de la FAN, denominados Guardia Territorial y Reserva Nacional. La creación de estos cuerpos “se da en el marco de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad como fundamento de la seguridad de la Nación, y tiene por objeto cumplir con la Defensa Integral de la Nación” (Ramos Pismataro y Otálvaro, 2008: 33).

La Reserva está compuesta por “todos los venezolanos y venezolanas mayores de edad que no estén en servicio militar activo, que hayan cumplido con el servicio militar o que voluntariamente se incorporen a las unidades de reserva”, mientras que la Guardia Territorial “está constituida por los ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente se organicen” (artículos 10 y 11 de la LOFAN) y ambos cuerpos se encuentran bajo la Comandancia General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional, cuyo comandante depende directamente del Presidente.

Este fortalecimiento de la Reserva y de la Guardia Territorial se interpretó como el resultado de la desconfianza que Hugo Chávez tenía en la FAN, ya que temía que una parte de la misma se revelase y diese un golpe de Estado (Ramos Pismataro y Otálvaro, 2008).

Las modificaciones más sustanciales introducidas por esta reforma de 2005 fueron dos[4]: 1) separación de las líneas funcional / administrativa, de mando y operacional, derivada de la modificación de la estructura de la defensa nacional, y la inclusión de la Reserva; y 2) establecimiento de Zonas Militares a lo largo del país (San Miguel, 2016).

Empero, estos cambios constitucionales y legales y la consiguiente alteración de las relaciones cívico – militares no se redujeron a los anteriormente mencionados, pues el entonces Presidente pretendía seguir radicalizando su proyecto político, siendo el proyecto de reforma constitucional de 2007 uno de los instrumentos que utilizaría para alcanzar tal propósito. Con un margen del 1,4%, el Presidente sufrió una derrota electoral en el referéndum que se llevó a cabo el 2 de diciembre. 

El proyecto de reforma, tocó temas importantes para la Fuerza Armada Nacional (FAN). Aspectos que llevarían a modificaciones importantes no solamente en su estructura e institucionalidad sino a la misma definición de las funciones de la FAN así como nuevos contenidos respecto a la defensa nacional. (Jácome, 2008: 1).

Hugo Chávez pretendía dar un nuevo rumbo a la por entonces FAN, para lo que, durante 2007, impulsó una reforma constitucional proponiendo modificaciones relacionadas a las funciones, estructura y definición de la FAN. Esta reforma tenía como objetivo elaborar un marco legal y constitucional para establecer una institución paralela a la FAN. En el anteproyecto de reforma constitucional que Hugo Chávez presentó a la Asamblea Nacional en 2007 propuso lo siguiente: 

La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación, preservarla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la defensa militar integral y la guerra popular de resistencia, la participación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana, y conservación del orden interno, así como la participación activa en planes para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de la Nación. En el cumplimiento de su función, estará siempre al servicio del pueblo venezolano en defensa de sus sagrados intereses y en ningún caso al de oligarquía alguna o poder imperial extranjero. Sus pilares fundamentales son esta Constitución y las leyes, así como la disciplina, la obediencia y la subordinación. Sus pilares históricos están en el mandato de Bolívar: “Libertar a la patria, empuñar la espada en defensa de las garantías sociales y merecer las bendiciones del pueblo”. (Citado por Ramos Pismataro y Otálvaro, 2008: 20 – 21).

En concreto, siguiendo a Jácome (2008), los cambios constitucionales que sobre la FAN realizaba el citado anteproyecto pretendían lo siguiente:

·         Modificar el artículo 328 de la Constitución de 1999 para eliminar el carácter no partidista y profesional de los militares.

·         Modificar el artículo 329 para que la Fuerza Armada pasase a denominarse Fuerza Armada Bolivariana y a constituir un cuerpo <<patriótico, popular y antiimperialista>>. Al mismo tiempo, se establecían cinco componentes dentro de la Fuerza Armada: Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Bolivariana, Guardia Territorial Bolivariana y Milicia Popular Bolivariana.

·         Modificar el artículo 236 para que el Presidente se encargase en exclusiva de los ascensos militares y de la designación a cargos en todos los grados y jerarquías. Asimismo, el Presidente controlaría las llamadas milicias populares. 

·         Modificar el artículo 328 para incluir en la Constitución el concepto de <<guerra popular de resistencia>>, con lo que se convertía a los civiles en combatientes.

·         Establecer, mediante una disposición transitoria, que la Milicia Popular Bolivariana sería el quinto componente de la FAN, en palabras del propio Presidente, una “fuerza guerrillera pues, (…) una fuerza para la guerrilla urbana y guerrilla rural en los montes, y para fortalecer las unidades de combate” (citado por Jácome, 2008: 4).

·         Ampliar las funciones de la FAN mediante la asunción por parte de éstas de tareas de seguridad ciudadana, con la consiguiente militarización de las actividades policiales y difuminando los límites entre los aspectos civiles y militares.

Pese a la derrota, Hugo Chávez no desistió y continuó con la pretensión de impulsar la reforma, cosa que se materializó a través de una Ley Habilitante. Así, el 31 de julio de 2008 se publicaba en la Gaceta Oficial el Decreto 6.239, por el que entraba en vigor la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB), la cual recogió algunos preceptos incluidos en la mencionada propuesta de reforma. A partir de ese momento, la Milicia Nacional Bolivariana pasó a ser el quinto componente de la ahora Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Esta Milicia constituye un cuerpo armado no contemplado en la Constitución, por lo que no es posible activar mecanismo de control constitucional alguno para impedir su funcionamiento. Con este cambio, la FANB, más allá de contar con un quinto componente, pasaba a estar el servicio de la defensa del proyecto político de la <<revolución bolivariana>> y no de la nación como un todo (Jácome, 2011).

Las implicaciones que todos estos cambios tuvieron sobre las relaciones entre FANB y sociedad no nos permiten sostener nuestra hipótesis de que el modelo de relaciones cívico – militares que se dio en Venezuela durante el período 1999 – 2013 se trató del denominado Estado – guarnición, y ello por una serie de motivos. En primer lugar, es cierto que durante el período estudiado podemos observar que los militares fueron controlando de manera progresiva grandes parcelas de poder político, aunque siempre lo hacían manteniendo lealtad al Presidente, el cual tenía el control sobre el estamento militar. Empero, en tanto que en el modelo de Estado – guarnición los militares ascienden al poder bajo un contexto de tensión internacional prolongada, no podemos hacer otra cosa que aceptar que nuestra hipótesis no se ha confirmado, pues aunque es cierto que Hugo Chávez intento acceder al poder como militar, finalmente lo hizo de forma democrática como civil, además de que no podemos decir que el año 1998 fuese especialmente tenso en cuanto a relaciones internacionales se refiere. Sin embargo, de forma paulatina, los militares sí que comenzaron a copar grandes parcelas de poder político y organizativo, guardando siempre su propia independencia organizativa.

 

Conclusiones

El estudio de las relaciones cívico – militares constituye una tarea compleja cuando se intenta hacer en un Estado en constante transformación. Esto es lo que ocurre en el caso de la Venezuela de Chávez, sometida a continuos cambios en los ámbitos social, político, económico y militar. La institución castrense tenía un rol muy claro en el régimen del Punto Fijo, situación que se vio alterada por la honda transformación que ha venido sufriendo la institución militar desde 1999, momento desde el que se complejiza la relación entre sociedad y estamento militar y, por ende, su propio estudio.

Al iniciar la investigación sosteníamos la hipótesis de que las relaciones cívico – militares existentes en la Venezuela de Chávez obedecían al modelo teórico de Estado – guarnición propuesto por Janowitz. Sin embargo, esto es algo que no se ha confirmado, y creemos que ello ha sido, en parte, por haber seleccionado únicamente una variable independiente. Aunque es cierto que las reformas normativas que han afectado a la ahora FANB han supuesto cambios muy profundos en el modelo de relaciones cívico – militares, estos son insuficientes a la hora de dilucidar ante qué modelo nos encontramos. Para tal cometido habría que contemplar las lealtades personales al Presidente de turno por parte de la elite militar (para lo cual habría que entrevistar a esos altos mandos), las parcelas de poder político que el estamento militar ostenta de manera formal o informal e incluso la participación de los militares en las empresas públicas estatales, variables todas ellas que hemos dejado fuera de nuestra investigación. No obstante, ni aún en el caso de haberlas contemplado habríamos conseguido encajar a Venezuela en uno de los modelos teóricos propuestos al inicio de este trabajo, pues las peculiaridades del proyecto denominado “revolución bolivariana” lo impiden.

Empero, si algo nos queda claro tras la realización de esta investigación es que el factor “lealtad” a la figura de Hugo Chávez por parte del estamento militar explica en buena medida la subordinación de la institución castrense al control civil, aunque sea un control civil personalistas, pues, como hemos visto, el Presidente llevó a cabo profundas reformas para asegurarse un dominio casi absoluto del estamento militar. Y ello a pesar de que desde la aprobación de la Constitución de 1999 se han ido difuminando los límites entre el elemento civil y el militar.

 

José Carlos Hernández es Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada y miembro de GESI.

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Referencias:

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San Miguel, R. (2016). La Fuerza Armada Nacional “Bolivariana”. Estructura de funcionamiento actual. Asociación Civil Control Ciudadano. Caracas.


[1] Según un estudio realizado por Buttó (2013), gracias a esta modificación, 720 cargos gubernamentales importantes fueron ocupados por militares.

[2] Atendiendo al artículo 3 de la LOSN, la defensa integral “es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación”.

[3]  Los otros dos son el Ministerio de la Defensa y el Comando Estratégico Operacional.

[4] San Miguel (2016) realmente señala tres en su artículo, pero entendemos que la tercera a la que alude ya se introdujo en la Constitución de 1999, pues la autora se refiere a la creación para el Presidente del grado de Comandante en Jefe, máxima jerarquía de la Fuerza Armada Nacional y encargado de ejercer el mando supremo de ésta. 

 

Editado por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Lugar de edición: Granada (España). ISSN: 2340-8421.

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