La seguridad en los planes públicos de I+D. Una mención (por omisión) al nuevo Plan Andaluz - PAIDI

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La situación de grave crisis económica y financiera que han padecido y por la que todavía atraviesan buena parte de los países de la Unión Europea ha evidenciado la inexcusable necesidad de avanzar hacia otro modelo económico que favorezca, por un lado, la recuperación económica y, por otro, afrontar los retos que plantea el mundo global e interdependiente del siglo XXI.

Los países europeos empiezan a mirar hacia un crecimiento sostenible (económica, social y ecológicamente) que permita, en definitiva, garantizar el sostenimiento de los Estados de Derecho y economías del bienestar, seriamente dañados por una crisis que ha acabado golpeando fuertemente el tejido social y la fortaleza institucional de la UE y sus Estados miembros.

Tanto la literatura científica como la profana parecen coincidir en la fórmula: sólo la investigación y la innovación pueden proveer de este crecimiento para crear mayor riqueza, transitando hacia la llamada economía del conocimiento, donde la calidad, la formación o la creatividad del denominado capital humano sean los elementos clave. La inversión en I+D se entiende como un esfuerzo colectivo que tiene que empezar por el sector privado. Se espera que las empresas ganen de este modo en eficiencia, productividad y competitividad nacional e internacional, generando economías de escala y propiciando el intercambio de know-how y efectos de spillover. Si bien, este esfuerzo empresarial ha de estar acompañado por políticas públicas de inversión en educación, investigación e infraestructuras científico-técnicas, favoreciendo, no sólo la inversión directa, sino sobre todo un contexto que fomente las buenas ideas y su prosperidad.

Bajo estas coordenadas se sitúa la determinación de la UE por impulsar dicho modelo económico. Esta apuesta se ha traducido en la Estrategia Europa 2020, documento que marcó, en primer lugar, los principios con los que construir un "crecimiento sostenible, inteligente e integrador", con el fin de recuperar esta "década perdida" hasta alcanzar una inversión en I+D igual o superior 3% del PIB de la UE para el año 2020. En esta Estrategia se encuadra, en segundo término, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020 (H2020), lanzado en el año 2014. El H2020 entrelaza en su planteamiento investigación, desarrollo e innovación con el propósito de dar respuesta a estos desafíos y problemas, acelerar el crecimiento tecnológico y reforzar la excelencia científica de la UE a nivel mundial. Unos objetivos ambiciosos que, sin embargo, se aprecian como vitales.

 

Construir sociedades seguras: un reto para las sociedades europeas

Entre esos retos que enfrentan las sociedades europeas se encuentra el securitario. Una seguridad entendida en sentido amplio, pues se orienta hacia la protección y prevención frente a todo un abanico de riesgos y amenazas que preocupan a las instituciones comunitarias, como el cambio climático, los ataques cibernéticos, el terrorismo, el auge de ideologías extremistas, la pobreza... complicados por los diversos factores políticos, medioambientales, económicos, demográficos o tecnológicos que los caracterizan, habitualmente de manera interrelacionada. La crisis migratoria o el terrorismo global son perfectos ejemplos candentes de esta realidad.

Así, se quiso dedicar una de las siete áreas prioritarias de inversión del H2020, englobadas todas en "Retos de la sociedad", al trabajo hacia "Sociedades seguras". El fin, expresado en este programa, es "proteger a la ciudadanía, la sociedad y la economía, así como las infraestructuras y los servicios que las sostienen", pues se entiende que la seguridad es fundamental para la prosperidad económica, el bienestar social y la estabilidad política. Para esto, se establecen una serie de metas, como la construcción de sociedades resilientes, el desarrollo de herramientas de gestión de crisis, la mejora de las fronteras exteriores, la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, la prevención de conflictos o el impulso de las misiones de estabilización postconflicto; citadas aquí de manera no exhaustiva. Además, las instituciones comunitarias consideran que el trabajo en este sector permitirá generar empleo y estimular la actividad económica, en plena coherencia con el sentido transversal del H2020, a través de la cooperación entre industria, pymes, administraciones públicas, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, etc., adoptando pues un enfoque amplio, multisectorial e integrador.

En consonancia con la Estrategia Europea y Programa Marco 2020, los Estados miembros y sus regiones también han ido desarrollando sus particulares estrategias y programas de inversión en I+D. Así, España publicó su Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI), que contempla como objetivos la creación de un entorno favorable para la investigación, el desarrollo y la innovación; la internacionalización empresarial; la transferencia y gestión del conocimiento; o la especialización inteligente de las regiones; entre otros. La propuesta trata de paliar igualmente el retroceso en que se encuentra la I+D en nuestro país y "la década perdida en lo que se refiere a convergencia con los países de nuestro entorno" tanto en el sector público como en el privado, según se afirma en el Informe COTEC 2015.

La EECTI plantea a su vez una serie de desafíos sociales que, en esencia, vienen a coincidir con los del H2020, configurándolos como espacios para la colaboración multidisciplinar e intersectorial. Entre ellos, también se encuentra el de la seguridad, aunque destacado junto con el sector de la defensa. A ningún observador atento pasan inadvertidos los esfuerzos realizados en los últimos años por impulsar la industria de defensa española; una industria que, pese a su relativo pequeño tamaño respecto de la economía nacional, contribuye significativamente al empleo y al PIB, con un importante valor añadido bruto y la generación de sustanciales retornos y efectos de spillover. De este modo, no sólo se busca reforzar la seguridad y las capacidades de defensa a nivel nacional, sino también fomentar, tal y como enuncia la EECTI, el desarrollo de tecnologías e innovaciones que haga competitiva a nivel internacional a esta industria, esperando como resultado el surgimiento de efectos multiplicadores y la transferencia de los avances logrados a otros sectores productivos.

 

La ausencia de I+D en seguridad en el Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación 2020

Conforme a los párrafos anteriores, se aprecia que, tanto en las estrategias europea y española, como en el programa marco H2020, la seguridad forma parte insoslayable de los procesos de inversión en investigación, desarrollo e innovación. Sus promotores son conscientes de los nuevos desafíos y dinámicas que en materia de seguridad presentan las sociedades actuales, así como de las grandes oportunidades económicas y de empleo que de ella se pueden derivar. Por este motivo llama la atención la ausencia de este campo de trabajo en el recién publicado Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020, del cual se espera que sea el punto de partida para la transformación del modelo económico andaluz.

En efecto, la Junta de Andalucía también ha acogido esta perspectiva de actuación económica como línea básica para reorientar el modelo productivo de la región. Lo cierto es que Andalucía ya viene apostando desde hace varios lustros por el impulso del I+D en la comunidad, llegando a colocarse entre las cuatro primeras comunidades autónomas con mayor inversión en este área, sólo por detrás de Madrid, Cataluña y, ocasionalmente, el País Vasco. No obstante, respecto al peso del gasto por comunidades autónomas, se sitúa todavía por debajo de la media nacional, siguiendo los datos de COTEC. En cualquier caso, considerando las condiciones de atraso económico y social desde las que partía la región, esta apuesta es un elemento muy positivo a considerar en los análisis. Justamente este cambio se contempla como un revulsivo para el impulso de esta economía del conocimiento y una ayuda a la generación de empleos de calidad, en una comunidad ya de por sí terriblemente castigada por el desempleo y donde la referida crisis se ha dejado sentir notablemente.

Figura 1. Sector Andaluz del Conocimiento.

Fuente: PAIDI 2020

Como refleja el propio PAIDI, el peso de la I+D en Andalucía recae sobre todo y principalmente en el sector público, y son las universidades y los centros de investigación públicos los núcleos principales del denominado Sector Andaluz del Conocimiento (SAC) - ver Figura 1. También, y como ocurre en general en el resto de España, se aprecian claros déficits en la transferencia de conocimiento hacia el sector empresarial. Este "instrumento de programación, coordinación, dinamización y evaluación" de las políticas de la Junta en la materia establece así una serie de actuaciones prioritarias y estratégicas a partir de la ya mencionada especialización inteligente de las regiones, una de las claves por las que se resuelven tanto el H2020 como la EECTI. Esta "especialización inteligente" busca crear un marco regional altamente competitivo para vertebrar el desarrollo social y económico, basado en la convergencia de las capacidades del tejido productivo ya existentes, el potencial científico de sus agentes y el impulso a la innovación, tal y como se interpreta de ambos planes. Esta premisa y el leitmotiv del PAIDI son fruto de los presupuestos de la Estrategia de Innovación de Andalucía, RIS3 ANDALUCÍA, documento marco actual de las políticas de innovación e investigación en esta comunidad autónoma.

El PAIDI y la RIS3 convergen lógicamente en señalar las prioridades de Andalucía para la inversión en I+D: movilidad, energía, turismo, industria avanzada vinculada al transporte o agroindustria. La especialización se dirige hacia aquellos sectores en torno a los cuales la economía andaluza puede orientarse más fácilmente, por ser ámbitos consolidados o con mayor potencialidad según ambos documentos, y así abrir camino hacia ese crecimiento en la productividad, la competitividad y la internacionalización. Las áreas delimitadas son plenamente congruentes con la estrategia expuesta en el PAIDI, se exponen de manera detallada y sin duda constituyen una buena base para impulsar los objetivos marcados.

Si bien, y desde la perspectiva adoptada aquí, resulta significativo la ausencia de cualquier mención al ámbito securitario en el PAIDI, como señalábamos, cuando tanto en el H2020 como en la EECTI es una de las áreas consideradas como prioritarias. Aunque esas otras áreas de interés pudieran abordar tangencialmente problemas securitarios, la verdad es que esta omisión constituye un déficit que sería perentorio cubrir. Muchos de esos riesgos y amenazas expuestos también afectan directamente a Andalucía, lo que parece casi obvio señalar. Es cierto igualmente que muchas de las responsabilidades y competencias en materia de seguridad corresponden al Gobierno de España (Interior, Defensa, Inteligencia, etc.), pero no lo es menos que el ámbito de la seguridad es cada vez más abierto y extenso, afectando e implicando a un mayor número de actores. Nuevas leyes, como la Ley de Seguridad Nacional o ley para la protección de infraestructuras críticas, o documentos de índole política, como la Estrategia de Seguridad Nacional, por citar simplemente tres ejemplos, vienen a incluir en su buen desempeño a todas las administraciones al igual que a actores privados en la seguridad.

Además, este esfuerzo en la I+D en seguridad no tiene por qué que venir impulsado sólo por textos legales o políticos de actuación en todo el ámbito nacional, sino que también el propio ámbito competencial de la comunidad autónoma se presta a su desarrollo. La seguridad se entiende cada vez más de forma omnicomprensiva, amprando un amplio espectro de riesgos y amenazas que, además, se tratan de evitar o aminorar mediante un enfoque proactivo y preventivo antes que reactivo. El comercio exterior, la seguridad ciudadana, la resiliencia de las ciudades, los flujos migratorios, la protección de las instalaciones públicas... son sólo algunos de los campos donde efectivamente se podría investigar e innovar en materia de seguridad dentro del entorno científico y económico andaluz. Veamos solamente dos a título meramente ilustrativo:

1) Andalucía cuenta con numerosos núcleos urbanos de tamaño medio o grande, tal y como refleja el PAIDI, así como importantes concentraciones de población en torno a diversas áreas metropolitanas (Sevilla, Campo de Gibraltar, Málaga...); también disfruta de alguno de los focos de turismo más importantes del Mediterráneo, como la Costa del Sol o Granada. La planificación de ciudades más sostenibles, resilientes e integradoras es uno de los retos del siglo XXI (donde las tendencias señalan la evolución hacia entornos cada vez más urbanos, siendo Andalucía es un perfecto ejemplo de ello). En esta línea, otra tendencia es el diseño de las denominadas smart cities, proyectos en los que, por ejemplo, se han embarcado diversos organismos públicos y entidades privadas de la comunidad. Asimismo, el sector público andaluz necesita proteger sus infraestructuras (hospitales, administraciones, etc.) para garantizar la continuidad en la provisión y prestación de servicios. Y en todas ellas la movilidad y el hábitat saludable de millones de personas son el nudo gordiano de las políticas públicas futuras. En todas estas realidades, la seguridad es una pieza esencial y una variable de trabajo transversal y multisectorial: gestión de crisis, ciberseguridad, policías locales, control de servicios básicos, seguridad en infraestructuras de transporte... Son algunas de las áreas en las que se podía focalizar este esfuerzo en I+D. Por no hablar de incipiente sector tecnológico aeronáutico andaluz y sus destacadas potencialidades también en el ámbito securitario, ya sea civil o militar.

2) Igualmente, Andalucía desea internacionalizar su economía como fórmula para ganar productividad y competitividad, y así empleo y bienestar. El PAIDI 2020 señala expresamente a América Latina y el Norte de África como espacios geográficos de natural relación con Andalucía. La posición estratégica de Andalucía ha de ser en mayor medida aprovechada en todos los niveles: político, cultural y económico. Los vínculos comerciales son especialmente relevantes con el Magreb y el Sahel, en especial en su orilla atlántica, y cuentan ya con cierto arraigo. En un entorno regional de inestabilidad, qué duda cabe, por tanto, de las importantes contribuciones que las investigaciones en Ciencias Sociales o Humanidades (campos que el PAIDI menciona como de interés preferente para su desarrollo) pueden aportar en el ámbito del análisis de riesgos, seguridad, inteligencia económica, etc.

Estos campos muestran el potencial que la investigación e innovación en seguridad puede tener en el futuro más inmediato y cómo el sector público andaluz puede fomentar estos trabajos, con una relación directa en la economía y el empleo. Si atendemos al esquema presentado con el SAC y a los datos expuestos en el mismo PAIDI, Andalucía cuenta ya con una importante red de "generación de conocimiento" a través de sus universidades y centros de investigación públicos, los cuales mantienen, o podrían mantener, relaciones con organismos privados (empresas de seguridad, empresas tecnológicas) y otras administraciones públicas (organismos militares). Esta red debería ser aprovechada, trabajando igualmente en el sector de la seguridad, un área prioritaria para España y la Unión Europea. Dicha red de investigación pública puede ser el punto donde comenzar a desarrollar todos esos posibles trabajos y expandir este ámbito de carácter multidisciplinar y transversal a otros sectores productivos y sociales fundamentales para el progreso y bienestar de la sociedad andaluza.

 

Alberto Bueno es Secretario académico del Máster on-line en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional y miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) de la Universidad de Granada.