La securitización del fenómeno migratorio en el caso del Programa Frontera Sur

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Análisis GESI, 19/2018

Resumen: En julio de 2014, tras la declaración de una crisis humanitaria en la frontera sur estadounidense por parte del entonces Presidente Barack Obama a raíz de la llegada de un importante número de migrantes centroamericanos menores de edad no acompañados, el Gobierno de México puso en marcha el Programa Frontera Sur (PFS), con el objetivo de controlar el flujo migratorio.

El presente análisis tiene por objetivo examinar los efectos que el PFS ha tenido sobre los derechos humanos de los migrantes y sobre el flujo migratorio. Con tal fin se realiza una revisión bibliográfica y documental de publicaciones en revistas científicas, de informes de organizaciones que se dedican a estudiar el fenómeno migratorio y de los sitios web de las autoridades mexicanas y estadounidenses en materia migratoria. Como se podrá observar tras la lectura de estas páginas, las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes han ascendido al tiempo que las entradas de centroamericanos tanto a México como a Estados Unidos no han descendido.

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Introducción

Las deportaciones de centroamericanos por parte de Estados Unidos datan de al menos un par de décadas. No obstante, las mismas llegaron a representar cifras históricas durante la segunda Administración Obama (2012-2017). Para el cierre del año 2013 fueron 400.000 el total de deportados, motivo que llevó a que en 2014 el Gobierno estadounidense declarase la existencia de una “crisis humanitaria”, sentando un precedente con nuevas características. Pocos días después de la declaratoria, los Presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto tuvieron una reunión bilateral de emergencia, ocasionando que posteriormente el Ejecutivo mexicano decretase el PFS. En éste ya se declaró la responsabilidad de México en la salvaguarda tanto de la seguridad como de los derechos humanos de los migrantes que año tras año atraviesan sus fronteras de manera irregular, exponiéndose a multiplicidad de amenazas que han coadyuvado a extender un cuasi régimen de excepción para los centroamericanos que se aventuran en esa travesía (Hernández, 2016; Luisseli, 2016).

Partiendo de lo anterior, este estudio tiene un doble objetivo. En primer lugar, examinar si tras la puesta en marcha del PFS se ha producido un cambio en las condiciones de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que intentan entrar en Estados Unidos a través de México[1]. El segundo consiste en analizar si la implementación del PFS ha ocasionado cambios en el número de migraciones de centroamericanos a México y Estados Unidos, así como en el total de expulsiones de centroamericanos desde México.

De partida se sostiene, por un lado, que el PFS ha supuesto un incremento de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes procedentes de Centroamérica al tener que tomar rutas alternativas a las tradicionales y, por otro, que tanto el número de migrantes centroamericanos que intenta entrar a México por la frontera sur como los que intentan hacerlo a Estados Unidos a través de México ha disminuido tras la puesta en marcha del PFS, no siendo así en el caso de las expulsiones de centroamericanos desde México, cuyo número habría aumentado[2].  

Se parte de la idea de que estudiar las migraciones y medir los flujos migratorios, algo que sin duda se hará sin exhaustividad, entraña una enorme dificultad. No obstante, teniendo esto presente, se cree pertinente hacer uso de los datos aportados por las autoridades en materia migratoria porque el estudio de la población migrante en tránsito en gran parte se realiza en base a las repatriaciones llevadas a cabo por la autoridad migratoria (Bobes León y Pardo Montaño, 2016). La metodología seguida para la redacción de estas páginas consiste en la revisión bibliográfica y documental de publicaciones en revistas científicas, de informes de organizaciones que se dedican a estudiar el fenómeno migratorio y de los sitios web de las autoridades mexicanas y estadounidenses en materia migratoria.

Este análisis, excluyendo la introducción, se estructura en tres partes. En un primer apartado, se realiza un repaso por los antecedentes históricos y normativos que enmarcan la emergencia del PFS, mismo en el que se tratan sucintamente algunos conceptos teóricos clave. En segundo lugar, se explica qué es el PFS y se analizan sus efectos desde su puesta en marcha hasta el año 2016[3]. Por último, en un tercer acápite, se presentan unas reflexiones finales.

 

Antecedentes del PFS: la migración forzosa en Centroamérica

En los últimos años del siglo XX, algunos destacados miembros de la Escuela de Copenhague señalaron que la seguridad, más allá de factores materiales, también depende del contexto histórico que moldea las identidades e intereses particulares de los actores involucrados en el tema (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Así entendida, la seguridad se trataría de un constructo político y social que cambia con el transcurso del tiempo y dependiendo de las circunstancias. Acorde con lo anterior, la agenda de seguridad es cambiante y puede dar cabida a una amplia serie de asuntos económicos, medioambientales, militares, sociales, entre otros (Rebolledo Flores, 2018)

Desde este enfoque, el proceso por el cual ciertos actores estatales o no estatales, a través del discurso, otorgan el carácter de seguridad a un tema que anteriormente era político se denomina securitización. Estas explicaciones fueron criticadas posteriormente por algunos autores que entendían que la securitización no se podía reducir al aspecto discursivo, sino que, además, habría de incluir una serie de prácticas ejecutadas por distintos actores (Bigo, 2002). Así, cuando actores con capacidad performativa señalan la migración como una amenaza a la seguridad y, al mismo tiempo, se ejecutan una serie de medidas para abordar el fenómeno como si de tal amenaza se tratase, inicia el proceso de securitización.

Si bien el PFS es de reciente data, la securitización de la frontera sur que divide administrativamente a Centroamérica y a Norteamérica corresponde más bien a una serie de políticas implementadas por el Gobierno mexicano que se comienzan a gestar a partir de inicios de la década anterior.

Del sexenio de Vicente Fox destaca la puesta en marcha del llamado Plan Sur, el cual ya empezó a fijar su atención en torno a la inmigración indocumentada proveniente del istmo a la vez que comenzó un proceso escalonado de militarización de la frontera por las tres vías: terrestre, aérea y marítima. En gran parte, la implementación de este programa respondía al interés del Gobierno mexicano para la flexibilización de las políticas estadounidenses para con la inmigración proveniente de su vecino del sur. Pocos meses después de la puesta en marcha del Plan Sur, se produjeron los ataques de septiembre de 2001, ocasionando un giro en la política exterior de control migratorio en los Estados Unidos y por lo tanto la redefinición de la migración como asunto de seguridad nacional (Sandoval, 2015: 53).

El contexto del aumento exponencial de la migración de centroamericanos hacia el norte no puede ser entendido sin tomar en cuenta los factores estructurales y contextuales que han potenciado la misma. Durante la década de los ochenta, Centroamérica dejó su condición de “patio trasero” y se convirtió en un escenario central para los Estados Unidos sobre todo en lo referente al combate contra la insurgencia revolucionaria envalentonada a raíz del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Hoy día es ampliamente conocido el gran despliegue de financiamiento y capacitación efectuado por la Administración Reagan (1981-1989) a las fuerzas armadas de Guatemala, El Salvador y Honduras, principalmente para el combate a los focos guerrilleros y a la avanzada de la influencia soviética en la región.

Pero, ¿a qué viene traer a colación lo anterior? La migración forzosa de centroamericanos en la actualidad forma parte de un proceso de rupturas, pero también de continuidades con respecto de los acontecimientos trágicos de la década de los ochenta. Como parte de las continuidades, se explicaría que el inicio y posterior aumento de la migración forzosa en la región vendría precedida en primer lugar de los genocidios perpetuados por las fuerzas armadas, sobre todo en Guatemala y El Salvador, los cuales ya comenzaron a motivar procesos de desplazamientos internos e intrarregionales. En segundo lugar, del proceso de descomposición social legado por los efectos y desplazamientos detonados durante la guerra centroamericana. Como parte de las rupturas vendría a tomarse en cuenta el periodo de pacificación de las guerrillas y una instauración de la democracia electoral en Centroamérica. No obstante, ya durante el periodo democrático han intervenido una serie de factores que han llevado a la migración forzosa a mutar en consonancia con los procesos de apertura comercial y de integración regional (Sandoval, 2015: 2-3).

Al contrario de lo que podría pensarse, la guerra civil terminó, pero la oleada de violencia se quedó. Hacia comienzos del presente siglo, las consecuencias del repliegue del Estado que ocasionaron notables aumentos en los índices de desigualdad, suelen plantearse como determinantes en el surgimiento de las pandillas en Centroamérica. Mario Zúñiga (2007: 89), quien ha investigado los casos de las pandillas surgidas en la región durante esta época, señala que no podrían entenderse de manera separada. Así, las agrupaciones afincadas en El Salvador Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Chiapas, estarían compartiendo estrechos lazos tanto simbólicos como organizativos.

Se insiste en el tema de las pandillas en tanto Meyer y Ribando (2015) las ubican como un factor tomado a consideración durante la década de los noventa para la discusión y aprobación en 1996 de la Ley de Reforma de los Inmigrantes Ilegales y de la Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) en el Congreso de los Estados Unidos. Con esta ley se buscó mejorar la deportación de inmigrantes en condición irregular que poseían antecedentes criminales de manera que se facilitara su deportación automática.

Para Sandoval (2015: 32), estas mismas deportaciones llegaron a contribuir a la conformación de las llamadas maras centroamericanas y al incremento de encadenamientos transnacionales de violencia en la región, siendo que los Estados adoptaron muy pocas políticas para la reinserción de estas personas deportadas, ocasionando círculos migratorios y redes de crimen organizado en la órbita de las migraciones: los “procesos de migración forzada se inscriben en territorios que han mantenido vínculos históricos; por ejemplo, México y Guatemala experimentaron un prologando y complejo proceso de definición de límites” (Castillo, 2005: 66).

Ante esta coyuntura destaca el hecho de que ya una vez comenzado el nuevo siglo, se empezaron a promover iniciativas regionales que han pretendido abarcar tanto la región Mesoamericana (Centroamérica y México) como su extensión en Colombia y el Caribe. Para Segura (2016: 101-102) esto coincide con el empeño de los Estados Unidos por ejercer un reordenamiento en la región desde una perspectiva de seguridad nacional, primero para el combate al terrorismo internacional y posteriormente al crimen organizado en la región, lo que ha ocasionado que en Centroamérica se haya “asociado el tema migratorio al tema securitario”.

Sandoval (2015) detecta al menos cuatro estrategias regionales que en nada han venido a manejar la problemática de la migración desde un enfoque integral, sino que se han centrado en la generación de condiciones para la facilitación del comercio a través de interconexión eléctrica y creación de infraestructura. El autor las trae a colación no sólo por su desdén por esta problemática regional, sino porque han ido evolucionando en “iniciativas de seguridad y control, en las cuales el narcotráfico y el terrorismo constituyen el referente para pensar la región” (34). Entre estas estarían: 1) El Plan Colombia (2000); 2) El Plan Puebla-Panamá (PPP, 2001); 3) La Iniciativa Mérida (2007); 4) El Proyecto Mesoamérica (2008) y 5) La Iniciativa Regional para la Seguridad en Centroamérica (CARSI, 2010).

Las iniciativas enumeradas, aunque puestas en marcha con propósitos específicos y en años diferentes, por una parte, no contemplan el eje de la migración como una problemática regional que afecta a los países, mientras que, por otro, tienen mucho que ver con el auge de la “securitización de la migración”, enfoque adoptado por los Estados Unidos desde los atentados de 2001. Este enfoque partiría de "la creencia de que la migración internacional indocumentada es una amenaza para la seguridad nacional, por lo que el Estado mexicano ha desplegado prácticas y leyes específicas para detenerla” (Treviño, 2016: 256). En esta línea, para Segura:

[…] la preeminencia establecida de la necesidad de combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas, además de criminalizar la migración y justificar un enfoque securitario, ha reemplazado cualquier política de compromisos o de acuerdos internacionales sobre los derechos de estas personas. Además, este discurso criminalizador de la migración disemina una percepción sobre las migraciones que estigmatiza a los traficantes, por medio de generalizaciones injustas sobre supuestos vínculos entre el tráfico de migrantes, el narcotráfico y el crimen organizado, lo cual constituye una estrategia esencial para cortar el flujo migratorio. (Segura, 2016: 112).

Los antecedentes abordados en las páginas anteriores sugieren el repaso de algunos conceptos fundamentales que han surgido de esta coyuntura de securitización y que ayudan a ordenar la temática desde una dinámica conceptual. En primer lugar, el Law Enforcement (Meyer y Ribando, 2015), que podría ser traducido como “aplicación de la ley” y que vendría a remitir a una doctrina expandida por los Estados Unidos en el marco de acuerdos bilaterales y que expresaría el impulso de políticas de “mano dura” para el combate al narcotráfico y al crimen organizado, siendo la “guerra contra las drogas” en México, impulsada por Felipe Calderón (2006-2012) y en Colombia, impulsada por Álvaro Uribe (2002-2010), las máximas expresiones de esta doctrina.

Por otra parte, y en vinculación con lo anterior, se hace alusión a un proceso de externalización de las fronteras estadounidenses, es decir, de un traslado de la doctrina de la securitización de la migración a los demás países de la región que en suma parte de un concepto de extraterritorialidad con miras a “cerrar las fronteras frente a la presión migratoria que la misma extraterritorialidad produjo. Ahora las fronteras se vigilan antes del límite territorial (Sandoval, 2015: 93).

Finalmente, para Segura (2016: 103), esto es evidenciable para el caso mexicano en tanto que desde principios de siglo se ha venido estableciendo un proceso de endurecimiento de los controles migratorios desde la frontera sur de México (como parte del Plan Sur mencionado al inicio de este apartado). Esto ha implicado entre otras cosas, un mayor número de puestos migratorios que abarcan una mayor cantidad de territorio fronterizo entre Guatemala, Belice y México, así como inyección de capital para la modernización de los mismos. A fin de cuentas “la política migratoria aplicada por México en la frontera sur reproduce el modelo de control de la frontera norte que implementó el Gobierno estadounidense para controlar la migración de personas en condición irregular en su frontera con México” (103).

Los argumentos desarrollados en este pequeño apartado han querido funcionar como antecedentes para el análisis, de manera que se pueda llegar a comprender que el PFS, implementado durante la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), tiene como trasfondo toda una problemática de décadas que se retrotrae hasta el conflicto centroamericano y que evidencia tanto un proceso de rupturas como de continuidades, al punto de que en la problemática de los flujos migratorios irregulares provenientes de Centroamérica y que utilizan a México como “última frontera”, confluyen aspectos de índole histórica, económica y geopolítica.

 

Programa Frontera Sur (PFS)

En el verano de 2014, un gran volumen de menores no acompañados, procedentes de Centroamérica, llegó a la frontera sur de Estados Unidos, hecho ante el cual el entonces Presidente estadounidense Barack Obama respondió declarando una crisis humanitaria en dicha frontera. A esta declaración le acompañaron unas negociaciones entre la Administración Obama y los Gobiernos de Centroamérica y México para que estos contuviesen el flujo migratorio (Castañeda, 2016).

En este contexto, a inicios de julio de ese mismo año, Enrique Peña Nieto anunció la creación del PFS. Las versiones oficiales que llegaron desde México y Estados Unidos sostuvieron que la puesta en marcha dicho Programa no obedecía a presiones estadounidenses. Sin embargo, si se tiene en cuenta que su implementación se impulsó tan sólo una semana después de que Obama declarase la urgencia humanitaria en la zona y que la línea que sigue es la de la deportación y la contención, parece plausible pensar que el Gobierno de Estados Unidos tuvo algo que ver en el lanzamiento del PFS (Isacson, Meyer y Smith, 2015).

Hasta la fecha no ha salido a la luz ningún documento en el que se especifique cuáles son las líneas de acción del PFS, por lo que éste se entiende recogido en el Decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur[4]. Leyendo este Decreto, se extrae como conclusión que el fin con el que se crea la Coordinación y se pone en marcha el PFS es el de garantizar los derechos de las personas migrantes en territorio mexicano y establecer una mayor coordinación entre niveles de Gobierno al objeto de redoblar los esfuerzos para gestionar el flujo migratorio.

No obstante, según Castañeda (2016), el PFS contempla las siguientes cinco líneas de acción: 1) creación de la Tarjeta de Visitante Regional para ciudadanos de Belice y Guatemala; 2) dotar de una mayor seguridad a los migrantes a través del aseguramiento de los cruces fronterizos y de la conversión de los puntos de revisión aduanales en Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF); 3) otorgar atención en salud a los migrantes y mejorar las condiciones en las que operan las estaciones migratorias y los albergues; 4) colaboración multilateral y corresponsabilidad regional; y 5) creación de la Coordinación Interinstitucional a través de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de la Secretaría de Gobernación, a fin de proporcionar ayuda humanitaria a los migrantes y garantizar el respeto a sus derechos humanos.

Si el lector atiende a lo establecido en el Decreto y a las anteriores líneas de acción, cualquiera podría concluir que el objetivo central del PFS es garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Sin embargo, tal y como se expondrá a continuación, lo cierto es que con su puesta en marcha se ha producido un empeoramiento de las condiciones en las que los migrantes centroamericanos transitan por México hacia Estados Unidos.

 

PFS y derechos humanos

En este apartado se describen los efectos del PFS sobre los derechos humanos de los migrantes y las rutas que estas personas toman en su paso por México.

En primer lugar, el PFS ha ocasionado un cambio en las rutas por las que tradicionalmente han transitado los migrantes centroamericanos en su paso por México hacia Estados Unidos (Morales Vega y Sanromán Aranda, 2016). Al establecer un mayor control en las rutas tradicionales, los migrantes abordan otras más largas y peligrosas. Este control se ha traducido en mayores impedimentos para que los migrantes puedan subir a La Bestia, los trenes de carga que atraviesan México de sur a norte (Pastor Gómez, 2016). Ante esto, estas personas optan por hacer la ruta a pie o utilizando otros medios de transporte, como autobuses o embarcaciones.

Las consecuencias de este cambio de rutas son múltiples. Por un lado, al desviarse de los lugares de tránsito tradicionales, los migrantes tienen más difícil acceso a los albergues que les brindan protección y en los que pueden denunciar los abusos y violaciones sufridas durante su paso por México. Por otra parte, al tomar rutas más largas, estas personas se exponen, en mayor medida que antes, a ser víctimas de las redes de trata de personas o a tener que pagar un mayor número de sobornos para poder pasar por territorio mexicano en su travesía hacia Estados Unidos (Soberones, 2015).  

En segundo lugar, se ha detectado un incremento del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades migratorias mexicanas y de la Policía Federal a fin de evitar que los migrantes suban a La Bestia. Muchos albergues para migrantes han venido denunciando los abusos por parte de las autoridades en estas operaciones. A ello hay que sumar que, ahora, la velocidad de los trenes ha aumentado debido a la inversión gubernamental en el mejoramiento de las vías férreas, por lo que en los últimos años se han registrado un mayor número de casos de amputaciones. Además, también se ha intensificado la vigilancia por parte de agentes de seguridad privada contratados por las dos principales compañías ferroviarias: Ferrocarril del Sureste (Ferrosur) y Grupo Ferrovial Mexicano (Ferromex) (Meyer y Smith, 2015).

Aunque las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur no constituyen una novedad (Cornelio Landero, 2015), los efectos del PFS anteriormente mencionados han ocasionado un ascenso en los abusos que tradicionalmente han sufrido los migrantes centroamericanos en su tránsito por México. Abusos que, cometidos por delincuentes, autoridades migratorias mexicanas y policías, incluyen desapariciones, asesinatos, robos, secuestros, agresiones sexuales y trata de personas (Meyer y Smith, 2015).

 

PFS y flujo migratorio

En este apartado se expone el número de migrantes centroamericanos que, en el periodo 2013 – 2016, han sido aprehendidos en México y Estados Unidos. Esto con el objetivo de ver si se ha producido un cambio sustancial en el flujo migratorio tras la puesta en marcha del PFS. No obstante, también se examina si las expulsiones de centroamericanos desde territorio mexicano se han acentuado tras la implementación de dicho Programa.

En lo que respecta a los centroamericanos expulsados por las autoridades mexicanas, en el Gráfico 1 se puede observar que, tras la puesta en marcha del PFS, dichas expulsiones se dispararon, pasando de 104. 269 en 2014 a 175.136 en 2015. En el último año recogido en este gráfico (2016) se aprecia un descenso de las expulsiones con respecto al año anterior, aunque el número supera todavía al registrado en los años anteriores a la implementación del PFS.

Gráfico 1. Centroamericanos devueltos por la autoridad migratoria mexicana (2013 – 2016), por país de origen

Fuente: Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos

Sin embargo, el Gráfico 1 por sí sólo deja el interrogante de si el mayor número de expulsiones registradas fueron motivo de una entrada de migrantes centroamericanos a territorio mexicano mucho más significativa que en los años precedentes al PFS, a lo que hay que responde afirmativamente, tal y como queda reflejado en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Evolución de centroamericanos presentados ante la autoridad migratoria mexicana y de expulsados (2013 – 2016), total

Fuente: Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos

Por cuanto a los centroamericanos aprehendidos por las autoridades migratorias estadounidenses, en el Gráfico 3 se puede observar que, efectivamente, se produjo un fuerte descenso tras la implementación del PFS. Si en 2014 el número de aprehensiones fue de 283.400, en 2015 descendió hasta 160.615. Bien es cierto que en 2016 las aprehensiones volvieron a subir hasta las 224.854, representando un mayor número que el año anterior a la puesta en marcha del PFS.

Gráfico 3. Extranjeros aprehendidos por la autoridad migratoria estadounidense

Fuente: Department of Homeland Security (DHS), Office of Immigration Statistics (2015 and 2016). Yearbook of Immigration Statistics. Washington, DC: DHS Office of Immigration Statistics. Disponible en línea.

No obstante, estos datos han de ser leídos con suma precaución a la hora de extraer conclusiones. En primer lugar, porque no es posible conocer los puntos de entrada de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, es decir, no todos entraron por la frontera entre este país y México. Y, en segundo lugar, tanto las aprehensiones como las devoluciones muestran eventos, y no el número de migrantes en sí. Es decir, un mismo migrante podría ser aprehendido por las autoridades estadounidenses en tres ocasiones en el mismo año y contabilizarse en tres el número de aprehensiones.

Sin embargo, hechas estas advertencias, se puede sostener que, tal y como revela el Gráfico 4, el aumento de las devoluciones de centroamericanos por parte de las autoridades mexicanas se encuentra correlacionado con un menor número de aprehensiones de centroamericanos por las autoridades estadounidenses.

Gráfico 4. Centroamericanos devueltos por la autoridad migratoria mexicana y aprehendidos por la autoridad migratoria estadounidense

Fuente: Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y Department of Homeland Security (DHS), Office of Immigration Statistics.

 

Reflexiones finales

Al inicio de este trabajo se propuso, tras hacer un breve repaso por los antecedentes históricos y normativos que enmarcan la emergencia del PFS, analizar los efectos que dicho Programa ha tenido sobre los derechos humanos y sobre el número de migrantes centroamericanos que entraron a México y Estados Unidos, así como sobre el número de expulsados de ese primer país.

Se planteó, por un lado, que el PFS trajo consigo una mayor violación a los derechos humanos de las personas migrantes y ocasionó un cambio en las rutas y, por otro, que las llegadas de centroamericanos a México y Estados Unidos habrían descendido, no siendo así con respecto al número de expulsados desde territorio mexicano, cuyo número habría aumentado.

Tras analizar los efectos que el PFS ha tenido sobre los derechos humanos de la población migrante, se puede confirmar que el mayor control establecido en las rutas tradicionales y la mejora de las vías férreas para que La Bestia circule a mayor velocidad e impedir que los migrantes suban a ella para ir hasta la frontera entre México y Estados Unidos han ocasionado que los migrantes escojan rutas alternativas, mucho más largas, quedando sometidos a pagar un mayor número de sobornos y no teniendo el mismo acceso que antes a los albergues, pues estos, en su mayoría, se encuentran situados a lo largo de la ruta tradicional. Esto ocasiona que las violaciones a los derechos humanos sean más difíciles de denunciar.

Sin embargo, lo que se apuntó acerca del flujo migratorio no se ha contrastado con la realidad. En primer lugar, porque, aunque es cierto que el número de aprehendidos por las autoridades estadounidenses descendió tras la puesta en marcha del PFS, al año siguiente volvió a subir, lo que denota que la entrada de migrantes centroamericanos a Estados Unidos también lo hizo. Y, en segundo lugar, el número de entradas de estos migrantes a territorio mexicano no descendió tras el año 2014 (cuando se puso en marcha el PFS), como lo muestran los datos de presentados ante la autoridad migratoria. No obstante, sí se confirma que las expulsiones de migrantes centroamericanos desde México aumentaron en 2015 y, aunque volvieron a descender en 2016, su número aún se sitúa por encima del registrado antes de implementación del PFS.

Aunque el presente análisis sólo constituye una primera aproximación al tema, en síntesis, se puede decir que si los objetivos del PFS eran salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes y establecer un mayor control del flujo migratorio procedente de Centroamérica se puede concluir que aquéllos no se han alcanzado.

 

José Carlos Hernández es politólogo por la UGR, alumno del Máster en Estudios Latinoamericanos de la USAL y miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI).

Ronald Sáenz es politólogo por la Universidad de Costa Rica (UCR) y alumno del Máster en Estudios Latinoamericanos de la USAL.

 

Referencias

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[1] A efectos de este trabajo, con centroamericanos se hace referencia a los migrantes procedentes de los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), pues representan la gran mayoría de las personas que intentan entrar en México y Estados Unidos desde esa región.

[2] Para conocer el número de migrantes centroamericanos que intentan entrar de manera irregular tanto a México como a Estados Unidos se toma como indicador el número de aprehensiones que tanto las autoridades mexicanas en materia migratoria como las estadounidenses han llevado a cabo en el periodo de estudio (2013 – 2016).

[3] Las autoridades migratorias estadounidenses aún no disponen de los datos que especifiquen qué número de migrantes centroamericanos han sido aprehendidos en 2017.

[4] DECRETO por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351463&fecha=08/07/2014

Editado por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Lugar de edición: Granada (España). ISSN: 2340-8421.

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