La regulación de la marihuana en México y sus efectos en la seguridad

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Marcelo Bergman, en su libro Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, afirma que las razones que se invocan para defender la legalización total o parcial de alguna o de todas las drogas son tres: 1) nadie tiene la facultad de entrometerse en las decisiones individuales, siempre que éstas no dañen a terceros; 2) restringir la demanda de productos deseados crea mercados ilegales y precios artificiales; y 3) los efectos de la prohibición incrementan el poder de los grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, con consecuencias negativas para la seguridad ciudadana.

Aunque las anteriores razones son distintas, lo cierto es que pueden llegar a ser complementarias, tal y como se puede comprobar en la iniciativa recientemente presentada (el día 2 de octubre de 2019) por Mario Delgado, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, al objeto de impulsar la regulación del cultivo, producción, distribución y venta de cannabis. Antes de argumentar por qué se afirma que tras dicha iniciativa se pueden observar las tres razones anteriormente mencionadas y de realizar ciertas observaciones acerca de la efectividad de la medida en lo que se refiere a reducir el poder de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, se expondrán a continuación algunos de los aspectos más relevantes de la iniciativa presentada por el diputado de MORENA.

Uno de los puntos a destacar es la creación de la Comisión Reguladora del Cannabis, dependiente de la Secretaría de Salud, la cual se encargaría de otorgar licencias a particulares para producir marihuana y sus derivados, productos que serían adquiridos por la empresa Cannsalud, misma que vendería la sustancia a las franquicias autorizadas y al sector farmacéutico. Así mismo, el autocultivo estaría permitido sin necesidad de permisos ni licencias, siempre y cuando se destinase a consumo personal y no se cultivasen más de seis plantas. Tanto el consumo como el autocultivo estarían permitidos únicamente a mayores de edad y su uso quedaría prohibido en espacios públicos y en espacios privados con acceso al público.

La medida también supondría una mayor recaudación, pues se prevé el cobro de 12% de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios (IEPS) a la venta de marihuana y se añadiría la aplicación de una cuota de dos pesos por gramo. Parte del monto recaudado se distribuiría de la siguiente forma: el 20% a programas de atención y prevención del uso problemático de la marihuana; y el 25% a apoyar a los municipios donde se hayan realizado actividades de erradicación de cultivos ilícitos y a promover la siembra legal de cannabis.

Ahora sí, una vez expuesta sucintamente la iniciativa, tras ésta se pueden observar cada una de las tres razones aducidas para la legalización total o parcial de alguna o de todas las drogas señaladas por Marcelo Bergman. En primer lugar, en la iniciativa se hace alusión a los diversos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que la prohibición del consumo personal de marihuana para fines lúdicos y recreativos es inconstitucional en la medida en que limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad. De aprobarse la medida, esta demanda quedaría satisfecha. No obstante, las siguientes líneas no estarán dedicadas a abordar esta primera razón, sino a las otras dos planteadas por Bergman y que están más relacionadas con la seguridad.

Recuérdese que esas dos razones son, por un lado, que restringir la demanda de productos deseados crea mercados ilegales y precios artificiales y, por otro, que los efectos de la prohibición incrementan el poder de los grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico. No obstante, ¿ambos problemas podrían solucionarse mediante la legalización de la marihuana? Hay que plantear algunas dudas al respecto. En primer lugar, el narcotráfico es sólo una de las múltiples actividades delictivas realizas por los grupos del crimen organizado, por lo que podrían dedicarse a otras actividades más predatorias como la extorsión, el secuestro, etc., en caso de que se produjese la legalización del cannabis. En segundo lugar, en tanto que únicamente se está hablando de regular una droga, ¿qué ocurriría con el tráfico ilícito del resto? ¿No afecta a la seguridad el mercado clandestino de otras sustancias estupefacientes? ¿Cómo asegurar que los individuos autorizados para cultivar marihuana acabarán vendiéndosela finalmente al Estado y no a las organizaciones criminales?

Por otra parte, en la iniciativa se pueden detectar algunos objetivos contradictorios. Así, se busca al mismo tiempo reducir el consumo problemático de la marihuana y desplazar al marcado informal. Para alcanzar el primer objetivo, lograr una reducción en el consumo de marihuana y proteger la salud, las autoridades deberían establecer precios superiores a los del mercado clandestino. Sin embargo, la consecución del segundo objetivo pasaría por reducir el poder de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de marihuana, por lo que ésta se tendría que ofrecer más barata que en el mercado clandestino. ¿Cómo conciliar ambos objetivos? ¿Un bajo precio de la sustancia se traduciría en un aumento del consumo? La respuesta es incierta. ¿Un precio elevado de la marihuana llevaría aparejado la coexistencia de un mercado legal y uno clandestino con precios inferiores y un producto de peor calidad? Sólo hay que prestar atención a lo que ocurre con el tabaco.

Por último, hay que recordar que, incluso con la legalización, el consumo de marihuana no estaría permitido a menores, por lo que estos seguirían acudiendo a mercados clandestinos.

En definitiva, de aprobarse una ley inspirada en la iniciativa presentada por Mario Delgado, quedaría colmada la demanda de no limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero las otras dos razones señaladas por Marcelo Bergman y aducidas por el diputado de MORENA seguirían plenamente vigentes en México para los partidarios de acabar con el régimen prohibicionista. El motivo es que continuarían existiendo restricciones a la demanda de productos deseados (el resto de drogas ilegales) y el poder de los grupos criminales dedicados al narcotráfico se vería levemente restringido, ya que la marihuana es sólo una de las drogas con las que trabajan dichas organizaciones (sin mencionar la dimensión exterior).

La prohibición ha producido miles de muertes, impactos ecológicos y desplazamientos de población, por lo que toda medida que vaya en la dirección de desarticular el régimen prohibicionista y acabar con una “guerra” que ha tenido enormes costos materiales y humanos debería de ser bien acogida y seriamente estudiada. Sin embargo, si el resto de drogas continúan estando prohibidas, se generarán en estas las mayores rentas, por lo que las amenazas a la seguridad permanecerán inalteradas.

José Carlos Hernández es investigador predoctoral FPU en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración  y miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) de la Universidad de Granada.