La lucha contra las drogas en México: de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto

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Blog Mosaico

El 1 de julio de 2018 se celebrarán en México las elecciones federales, acabando así el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto, y será entonces cuando tocará hacer balance de su sexenio. No obstante, tras casi seis años ocupando el cargo de Presidente, ya podemos destacar algunos aspectos importantes del legado político de Peña Nieto. Concretamente, aquí nos interesamos por la estrategia que el Presidente ha seguido para luchar contra el narcotráfico.

El panorama que heredó el actual Presidente de su predecesor era ciertamente desolador. La “guerra contra las drogas” puesta en marcha por Felipe Calderón arrojó unos datos propios de un país en guerra. Las violaciones de derechos humanos y el número de homicidios se acentuaron, sobre todo, desde que se activó la Iniciativa Mérida. Así, al término del año 2011, en torno a 30.000 personas se consideraban desaparecidas y, en todo el sexenio de Calderón, aproximadamente 102.000 homicidios fueron registrados, de los cuales más de 45.000 fueron perpetrados por miembros del crimen organizado.

Ante tal escenario, Peña Nieto prometió que su estrategia de lucha contra el tráfico de drogas no tendría como eje central la participación del ejército, sino la garantía de la seguridad de las personas. En este sentido, cuando el nuevo Presidente asumió el cargo en diciembre de 2012, “explicó que los pilares de la nueva política de seguridad [serían] la planeación, la prevención del delito, la protección y respeto de los derechos humanos, la coordinación, la transformación de las instituciones policiales y de procuración de justicia, y la evaluación”. Además, ese mismo día, anunció la creación de una Gendarmería Nacional, la partición del territorio en cinco regiones operativas y una inversión de aproximadamente US$1.000 millones en programas para prevenir el delito.

Basándonos en las líneas de la estrategia descrita por el actual Presidente, todo parecía apuntar a que la lucha contra el narcotráfico iba a pasar por la realización de operaciones “quirúrgicas” que no ocasionasen el número de víctimas que arrojó el sexenio anterior. No obstante, cumplidos casi seis años desde que tomó posesión del cargo, podemos concluir que, la política contra el narcotráfico de Peña Nieto no ha diferido de la de su predecesor. Es más, durante los últimos meses se viene debatiendo en el Congreso la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que, según algunos analistas, supondría la militarización de la seguridad.

La impunidad, las violaciones de derechos humanos y la violencia siguen estando a la orden del día en México. Ejemplos notorios de ello fueron la desaparición forzada de 43 normalitas en la ciudad de Iguala en el Estado de Guerrero en septiembre de 2014 y el fusilamiento de 22 civiles por parte de los militares en junio del mismo año en la ciudad de Tlatlaya, Estado de México. Además, en el mes de septiembre de 2017 se contabilizaron en 104.602 los homicidios acaecidos durante el mandato de Peña Nieto, la mayoría de los cuales relacionados con el narcotráfico (y ello sin contabilizar las desapariciones). Es decir, en el presente sexenio ya se ha superado la cifra de homicidios del anterior.

Echando la vista atrás y examinando el resultado de la lucha contra el narcotráfico en los dos últimos sexenios, cabe preguntarse cuál es la solución para paliar la lacra que asola al país. Algunos analistas consideran que no todo pasa por la reducción de la pobreza, ya que no son los Estados más pobres los que registran un mayor número de muertos, sino aquellos en los que existen puntos estratégicos de los cárteles. Otros, en cambio, se muestran tajantes al afirmar que la solución está en la regulación de las drogas, pues de este modo se reduciría el poder social, económico y bélico de los cárteles. No obstante, la eventual decisión de qué hacer en un futuro para enfrentar al narcotráfico la adoptará el futuro Presidente de México. Por lo tanto, toca estar al tanto de las propuestas de los presidenciables.

 

José Carlos Hernández es Graduado en Ciencias Políticas por la UGR, estudiante del Máster en Estudios Latinoamericanos del Instituto Iberoamérica (USAL) y miembro de GESI.

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