La defensa nacional como elemento fundamental de la seguridad nacional

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La Ley de Seguridad Nacional, establece que la Defensa Nacional, junto a la Seguridad Pública y la Acción Exterior, constituye un componente fundamental de la Seguridad Nacional. Además, añade que los Servicios de Inteligencia e Información del Estado apoyarán permanentemente al Sistema de Seguridad Nacional, proporcionando elementos de juicio, información, análisis, estudios y propuestas necesarios para prevenir y detectar los riesgos y amenazas y contribuir a su neutralización.

Si el Ministerio de Defensa, unos de los ministerios que puede ser calificado como de “Estado”, era ya un pilar fundamental del Sistema de Seguridad Nacional, la nueva adscripción del Centro Nacional de Inteligencia a este Ministerio incrementa, si cabe, el valor de esa contribución al Sistema.

Un componente, el de la Defensa Nacional, al que la Estrategia de Seguridad Nacional le asigna el objetivo de “Asegurar la defensa de la soberanía e integridad de España y la protección de la población y el territorio frente a cualquier conflicto o amenaza proveniente del ámbito exterior, de forma autónoma o junto a socios y aliados. Asimismo, contribuir a crear un entorno internacional más estable y seguro mediante la proyección de estabilidad y el refuerzo de la cooperación con los socios, particularmente en las áreas de especial interés para España”.

Para ello, la Estrategia de Seguridad Nacional establece, entre otras, dos líneas de acción estratégica fundamentales: Mejorar la capacidad de defensa autónoma para ejercer una disuasión efectiva frente a cualquier amenaza exterior y dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades que demanda el actual escenario de seguridad y avanzar decididamente en la convergencia con los objetivos de Defensa establecidos por la OTAN y recomendados por el Parlamento Europeo, como parte de un necesario reparto de responsabilidades, esfuerzos económicos y recursos demandados en todos los planos entre aliados y asegurar la sostenibilidad de una Defensa eficaz a largo plazo.

Tras su toma de posesión, la nueva titular del ministerio de defensa ha expresado en una entrevista concedida al diario El Independiente que “Hay que hacer una apuesta por la modernización, pero el planteamiento no puede ser a corto sino a largo plazo. Tenemos que hacer un estudio serio y riguroso y ver qué queremos para nuestros ejércitos de ahora al año 2035”; añadiendo que “El trabajo de planificación a medio y largo plazo tiene que ser pensando en lo que pueda llevarse a la práctica de verdad y en esa clave de Estado con proyección en el mundo”.

Una decisión que parece la más correcta ante los desafíos a los que se enfrentan las Fuerzas Armadas en el corto y medio plazo y que se resumen en las líneas de acción estratégica de la Estrategia de Seguridad Nacional que hemos destacado: Mejorar la capacidad de defensa autónoma y avanzar decididamente en la convergencia con los objetivos de Defensa establecidos por la OTAN y recomendados por el Parlamento Europeo.

Sin embargo, el giro en la escena internacional de seguridad desde la lucha contra el terrorismo hacia un posible conflicto entre Estados, dificulta una precisa definición de las capacidades necesarias para alcanzar el objetivo establecido.

La asignación de recursos a las Fuerzas Armadas siempre ha sido un tema controvertido, máxime tras la crisis financiera que floreció en el año 2008 y que desde entonces condiciona no sólo la distribución de los presupuestos, sino también la aceptación por parte de la población de determinadas partidas presupuestarias, entre las que inevitablemente se encuentran las destinadas a la Defensa, si son percibidas como un perjuicio para otras asociadas al mantenimiento del estado de bienestar alcanzado en las últimas décadas.

En el caso de España, la financiación de las Fuerzas Armadas se distribuye entre dos estructuras que fueron establecidas por la Ley Orgánica de la Defensa Nacional: una orgánica, para la preparación de la fuerza y cuyos responsables son los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada; y otra operativa, para su empleo en las misiones que se le asignen, cuyo responsable es el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

La preparación de la fuerza es la función que demanda mayor esfuerzo ya que requiere movilizar, emplear y consumir la mayor parte de los recursos disponibles, así como coordinar las acciones que se han de realizar a través de las cadenas orgánicas y de las de apoyo para asegurar el alistamiento del material, del personal, el adiestramiento básico de las unidades de la fuerza y las certificación de sus capacidades.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa explicó durante su comparecencia para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, la realidad de las fuerzas armadas españolas.

En esa comparecencia reiteró que no era fácil explicar el impacto del presupuesto en la operatividad de las fuerzas armadas y recalcó que éstas han hecho un esfuerzo extraordinario para gastar con eficiencia, pero que esta capacidad tenía un límite y ese límite estaba cada vez más cerca. Esta situación presupuestaria en el ámbito de la defensa, afirmó, lleva a priorizar en la financiación a aquellas unidades que forman parte del Núcleo de Fuerza Conjunta a costa de otras unidades que no están incluidas en él.

La falta de inversión en defensa, continuó, se compensa parcialmente con la participación en diversas misiones de mantenimiento de la paz a costa de la operatividad de las fuerzas armadas. De esta manera, afirmó que la financiación se ha empleado, fundamentalmente, para que los medios y unidades puedan participar en operaciones, siendo las unidades integradas en esas operaciones las que gozan de la mayor prioridad en la financiación. Además, al referirse a la necesidad de modernización de las fuerzas armadas, ratificó que ésta se limita a la que pueda realizarse con esa financiación y sólo para aquellas unidades involucradas en esas misiones.

Al exponer los objetivos de España con su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz, recordó que son tres. En primer lugar, proporcionar un entorno seguro y estable, en el que se incluyen las actividades de seguridad cooperativa que se desarrollan en el marco de la Diplomacia de Defensa. En segundo lugar, luchar contra el terrorismo. Y en tercer lugar, contribuir a la disuasión y defensa del territorio aliado y nacional. Objetivos que se alcanzan a través del empleo de la Fuerza Conjunta, de la que la Fuerza de Infantería de Marina forma parte de forma permanente.

Es evidente, tal y como ha afirmado la Ministra de Defensa, que es necesario hacer un estudio riguroso que proporcione una visión a largo plazo de las Fuerzas Armadas que España necesita y unos objetivos para hacer realidad esa visión. A nuestro juicio ese estudio requiere superar, de forma definitiva, la parcelación y los condicionamientos por y para los ejércitos, contemplando las herramientas disponibles en función de sus capacidades y no de su procedencia o adscripción orgánica. De lo contrario, tal como afirma Rafael Bardají, podríamos correr el riesgo de disponer de “Unas Fuerza Armadas bonsái, un elemento tan decorativo como frágil”.

Haciendo propio el razonamiento utilizado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa durante la comparecencia reseñada, el debate que surge una y otra vez a costa de la asignación presupuestaria en Defensa es un debate temerario, injusto, imprudente y demagógico que puede llegar a tener como único resultado que se posean unas capacidades desequilibradas.

 

Samuel Morales es Teniente Coronel de Infantería de Marina (DEM) de la Armada Española y antiguo alumno del Máster On-line en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional de la Universidad de Granada