Gazprom y Grecia

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La crisis financiera y económica internacional iniciada en 2007 está repercutiendo en la seguridad, en todas sus dimensiones, entre ellas la energía, una de las más relevantes en la actualidad. Al mismo tiempo, la energía posee un componente económico vital. En el contexto de la Unión Europea (UE), la estrategia EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador prioriza la energía como motor para la recuperación de la economía.

En el marco de la más que delicada situación económica de Grecia y de una política energética griega que favorece la inversión, la empresa pública rusa Gazprom se ha lanzado a la conquista del sector energético griego, solicitando la compra del monopolio gasístico DEPA (Public Gas Corporation S.A.), empresa cuyo 65% es propiedad del Estado griego (del 35% restante es propietaria la compañía privada griega "Hellenic Petroleum"). La compra no incluiría a DESFA -empresa filial dedicada al transporte de gas natural-, en cumplimiento del denominado Tercer Paquete Energético (TPE), normativa comunitaria que obliga a la separación efectiva de las actividades de producción, transporte y comercialización del gas natural (también conocida, precisamente, como Directiva anti-Gazprom, que tanto disgusta al gigante ruso).

Grecia se ha configurado como una encrucijada energética en el sudeste de Europa. De hecho, la ruta n.º 3 del proyecto de gasoducto South Stream, liderado por la propia "Gazprom" y en el que está implicada DESFA, cruzaría Grecia y conectaría ésta con Italia. Además, DEPA es una de las empresas constructoras del gasoducto Interconector Turquía-Grecia-Italia (ITGI), al que, por cierto, se podría conectar el South Stream. Por tanto, a la espera de novedades sobre la posible compra de DEPA por parte de Gazprom, en lo que respecta al ámbito específico de la seguridad de la UE es posible adelantar, cuanto menos, que la adquisición supondría una mayor penetración de Rusia en el mercado energético comunitario, condicionaría la formulación de una política energética comunitaria aún -y quizá por mucho tiempo- en ciernes, y podría acentuar la interdependencia asimétrica de determinados Estados de la UE con respecto a Rusia.