Ficha “S”, radicalización y bases de datos: El caso francés

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Blog Mosaico

Los últimos ataques terroristas en suelo francés y el tratamiento político que se ha dado a los mismos ponen de manifiesto la fragilidad de la unidad política. 

El hecho de que parte de los atacantes, como es el caso de Khamzat Azimov o Redouane Lakdim, estuvieran incluidos en los denominados ficheros “S” ha avivado el interés por utilizar la cuestión antiterrorista con fines electorales bajo la premisa de que, si los sujetos estaban identificados como una amenaza para la seguridad del estado, éste podría haberse evitado.

Algunos grupos parlamentarios apoyan la detención de estos  individuos en función de su potencial peligrosidad, sin entrar a valorar quién debe efectuar esa consideración. No obstante, la inclusión de un sujeto dentro de este fichero no supone que el sujeto pueda ser detenido, ni constituye prueba alguna de actividad terrorista.

Tal y como dijo el primer ministro francés, Edouard Philippe“la ficha S es un instrumento policial, (…) no una prueba en sí misma, y solo interesa si las personas implicadas no saben que lo están”. Según el propio Philippe “a quienes afirman sin saberlo que ese atentado podría haberse evitado, a quienes creen poder prometer a los franceses un riesgo cero ante un atentado, les digo que asumen una gran responsabilidad por su ligereza“, pues la propuesta de detención de los incluidos en este fichero supone “desconocer el Estado de derecho” ya que  “no se pueda privar a alguien de su  libertad sobre la base de una sospecha”.

Lamentablemente desde el comienzo de la actual movilización yihadista, muchos de los autores de los atentados perpetrados en Europa estaban en algún fichero de características similares y no parece que esto vaya a cambiar. Aun cuando las detenciones se realicen en función de indicadores de alerta temprana, no existe riesgo cero, luego es de prever que vayan a sucederse mas atentado.

El propio juez antiterrorista Marc Trévidic llama la atención sobre las dificultades jurídicas de esta clase de propuestas si no se quiere terminar como la STASI. También el fiscal Francois Molins aseguró en esta misma dirección  que  "no puede haber ninguna detención preventiva fuera del proceso judicial”. De haberlo, el sistema devendría en arbitrario, injusto y alejado de cualquier noción vinculada a la democracia y al Estado de derecho.

No obstante, al problema en la proliferación de “teorías de la conspiración” cada vez que un individuo bajo el radar de los servicios antiterroristas comete un atentado,  se le ha de sumar una realidad inequívoca: la existencia de más sujetos radicalizados de los que ningún servicio antiterrorista puede monitorizar. La presidenta  de la comisión especial sobre el terrorismo en el Parlamento Europeo, Nathalie Griesbeck, lo dijo claro: no podemos poner un policía detrás de cada radical fichado”. También el  investigador Pierre Conesa declaró recientemente que “si quisiéramos monitorizar a 12.000 personas con de 5 a 8 oficiales por persona, eso significaría una dotación adicional de 100.000  policías”. Habida cuenta del alto número de sujetos incluidos en estas listas parece necesario trabajar y operar sobre las distintas variables implicadas y la peligrosidad potencial de los sujetos, pues resulta imposible monitorizar la actividad de todos ellos. En lo que al caso francés se refiere, resulta necesario dilucidar las diferencias existentes entre las denominadas Fichas “S” y aquellas relacionadas con la radicalización, las FSPRT.

Las Fichas “S” y FSPRT son dos listas separadas; quien este en la primera puede no estar en el segundo y al contrario. Pese a que la historia de los ficheros “S” puede rastrearse a los tiempos de la tercera republica y posteriormente al régimen de Vichy, su origen más próximo data de finales de los años 60. La denominación “S” hace referencia a “seguridad del estado” y es una de las aproximadamente 20 subcategorias del archivo de personas buscadas denominado RPF, donde también pueden encontrarse los ficheros “T” para los deudores de hacienda, “E” de extranjería o “M” o menores fugados. En 2002, se implementó un nuevo fichero con la letra  “X” para  las personas desaparecidas. La mayoría de las personas incluidas  en el RPF son consecuencia de una decisión judicial, fiscal o administrativa, salvo a los incluidos en el fichero “S”.

La inclusión en el fichero “S” lo es en razón de la identificación del sujeto como una amenaza para la seguridad del estado: desde activistas medioambientales, yihadistas o militantes de extrema derecha o extrema izquierda. Este fichero se alimenta principalmente de los datos aportados por la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI). La inclusión en esta lista tiene una vida útil de un año con la capacidad de renovar dicha inclusión. Dentro de este fichero parece que existen 16  categorías. No obstante, a pesar de que tradicionalmente se cree que el potencial de peligrosidad se mide en estas categorías, lo cierto es que podrían hacer referencia a cómo se ha de actuar en caso de identificar a un sujeto incluido en este fichero. Desde dejarlo ir sin levantar sospechar, identificar a sus acompañantes  o informar inmediatamente de su identificación. Cualquier ciudadano puede solicitar saber si su nombre esta incluido en los listado RPF, salvo que uno este incluido en el Fichero “S”. Ya en 2016 el alcalde de Évreux solicitó al anterior ministro del interior Bernard Cazeneuve  la lista “S” de su ciudad. La solicitud fue denegada.

Por su parte, el FSPRT se creó por decreto en marzo del 2015 durante el gobierno de Manuel Valls. El responsable de incluir a los sujetos en esta lista es la UCLAT, la Unidad de Coordinación de Lucha Contra el Terrorismo sobre las informaciones recogidas por el Centro Nacional de Asistencia y Prevención (CNAPR) y  las prefecturas de los Estados Mayores de Seguridad (EMS). Una persona incluida en los FSPRT, una suerte de ficheros de calificación de signos de la radicalización terrorista, puede estar o no incluido en los ficheros “S” de sûreté de l'État.

De acuerdo con los datos aportados por el gobierno francés durante la presensación del plan contra la radicalización yihadista en febrero de este año, este fichero incluye 19745 nombres, de los cuales más de 11.000 exigen una vigilancia especial. En el caso español, se desconocen estos datos al no haber sido aportados en ninguna ocasión por el Ministerio del Interior a pesar de que otros gobiernos, como es el caso francés, parecen creer en la idoneidad de aportar esta información  a sus ciudadanos.

Los sujetos más radicalizados o con mayores probabilidades de actuar son monitorizados  por Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) y el resto por el  Servicio Central de Inteligencia Territorial (SCRT). Es evidente, que este número de sujetos a monitorizar está muy por encima de las capacidades de cualquier servicio antiterrorista. De ahí que sea esencial trabajar sobre los datos existentes y las variables a tomar en cuenta. El propio plan francés de prevención contra la radicalización y la delincuencia, “Prevenir para proteger”, incluye como medida nº 35 (relativa a las medidas relacionadas por las investigaciones aplicadas en materia de radicalización), el acceso a parte de los datos incluidos en los FSPRT. Para ello debería aprobarse un procedimiento que respetase los derechos de las personas incluidas en las listas y la confidencialidad de  la información operativa.

Otro ejemplo llamativo es el de Bélgica. Durante el II Seminario Sobre Islamismo Radical organizado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, Joke Minnem, analista de la división de inteligencia de la policía de Amberes, hizo mención  al  número de personas sometidas a labores de control y vigilancia ante el estupor de los allí presentes. Un escenario sumamente complejo, donde el horizonte de abundancia no puede si no traer más incertidumbre de lo que probablemente es conveniente en el desarrollo normal de un servicio antiterrorista.

En el caso español, los datos publicados en relación al mapa de la radicalización en España (número de combatientes extranjeros o el número de llamadas de interés de la campaña “Stop Radicalización”) lo han sido al margen de cualquier plan de comunicación de Ministerio del Interior. La totalidad de los institutos, grupos de estudios y observatorios, como el Real Instituto Elcano, el Grupo de Estudios en Seguridad Internacional y el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) realizan sus investigaciones basándose mayoritariamente sobre las notas  facilitadas por Interior, reseñas de prensa, sentencias y autos. Es decir, sobre procedimientos en curso o ya finalizados, de manera que resulta imposible realizar estudios prospectivos sobre la radicalización.

Resulta difícil y osado realizar propuesta alguna en este sentido. No obstante, una alternativa razonable sería la composición de un equipo mixto entre funcionarios adscritos a los diversos cuerpos con competencias en materia antiterrorista y miembros civiles del ámbito académico y de la investigación en materia de seguridad el cual, podría operar con las bases de datos sobre individuos radicalizados en el marco del trabajo de coordinación realizado en el CITCO. Estas bases de datos habrían de estar vivas en función de los cambios en las variables y en relación de los análisis de grafos. El objetivo sería la realización de trabajos prospectivos en materia de prevención, tanto para el desarrollo de cuantos planes hay en marcha en los distintos niveles de la admistración, como la monitorización de redes e individuos. 

En Francia el debate ya ha comenzado y la cuestión ha sido incluido en una de las medidas proyectas en el plan de prevención contra la radicalización presentado el pasado febrero. En España  quizás  hemos de plantearnos la necesidad de abrir  las bases de datos, con las garantías legales pertinentes a investigadores que puedan suponer un apoyo, con el fin de avanzar en la prevención de la radicalización y  lucha antiterrorista.

Román Echániz es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Experto profesional en Seguridad Ciudadana, Investigación y Prevención de la Criminalidad, y en Civilización, Historia y Religión Islámica.