El fin del paradigma prohibicionista en México: ¿reducción de la violencia?

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En México, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el documento en el que el gobierno plantea las metas que pretende alcanzar y las estrategias que adoptará para conseguirlo. Una de las metas del PND 2019-2024 es reformular la política de drogas, poniendo fin al paradigma prohibicionista.

El gobierno reconoce que, en términos de proteger la salud, las políticas prohibicionistas han sido un fracaso a nivel mundial, y ello por varios motivos. En primer lugar, el mercado negro de las drogas y el consumo de las mismas no han hecho más que prosperar, y ello pese a la cantidad de recursos de todo tipo que se han destinado al combate a las drogas. En segundo lugar, el modelo prohibicionista criminaliza a los consumidores y reduce sus probabilidades de rehabilitación y reinserción social. Y un tercer motivo es que, especialmente en el caso de México, los efectos sociales del paradigma punitivo han sido más nocivos que las propias drogas, pues el costo en sufrimientos innecesarios y pérdida de vidas humanas ha sido enorme.

Teniendo en cuenta lo anterior, el actual gobierno aboga por adoptar un enfoque de salud pública y reducción de daños, levantando la prohibición de las drogas que son ilícitas actualmente y reorientando los recursos que hoy día se destinan a combatir su trasiego, pasando a destinarlos a programas de reinserción y desintoxicación. Frente al paradigma prohibicionista, la perspectiva de salud pública y reducción de daños apuesta por canalizar los recursos y esfuerzos hacia la salud de los individuos, pues se afirma que es socialmente más beneficioso controlar los daños que producen los estupefacientes que intentar erradicar su producción, trasiego y consumo.

Si se obvia que en el PND 2019-2024 no se detalla ningún mecanismo para concretar las intenciones proclamadas en política de drogas, lo hasta aquí apuntado parece bastante coherente. Si el enfoque prohibicionista ha sido el imperante durante un siglo y no ha conseguido sus objetivos, ¿qué sentido tiene mantenerlo? No obstante, contrariamente a lo afirmado en varias ocasiones por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y otros integrantes de su equipo de gobierno, esta medida, por sí sola, no reducirá los niveles de violencia en el país de manera significativa. Establecer una relación directa entre un cambio de paradigma en política de drogas y descenso de los niveles de violencia resulta un ejercicio bastante simplista. Uno de los motivos de peso para defender la anterior afirmación remite al fenómeno de la diversificación criminal. Las organizaciones criminales mexicanas no se dedican exclusivamente al narcotráfico, sino a más de 20 tipos delictivos. El narcotráfico, para algunas de estas organizaciones, ni tan siquiera es el negocio más lucrativo (es el caso de Los Zetas y Los Caballeros Templarios).

Con el narcotráfico se consolidan bandas criminales que se inician con el negocio de la droga pero que, posteriormente, diversifican su actividad delincuencial, dedicándose a la trata de personas, secuestros, extorsión, tráfico de armas, venta de seguridad, robo de combustible, cobro de cuotas, piratería, robo de minerales, apuestas, lavado de dinero, etcétera. Ya en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), afirmó que el problema no era sólo de producción y tráfico de drogas, sino que el fenómeno del narcotráfico se había convertido en una red de grupos organizados supraestatales que combatían entre sí para apoderarse del territorio, ello con el objetivo de “asegurar el tráfico y el control de los narcóticos en el mayoreo y en el menudeo; organizar otro tipo de actividades delictivas como el contrabando, el robo de mercancías, de vehículos; apoderarse de giros negros y de lavado de dinero…”.

Si esto era así en 2006, cuando había cinco grandes organizaciones criminales (Sinaloa o Pacífico, Tijuana, Juárez, Golfo-Zetas, La Familia Michoacana) ¿cómo será el fenómeno hoy día con la existencia de nueve cárteles y más de 80 subgrupos delictivos?  Muchas de estas pequeñas organizaciones no se dedican a la producción y exportación de drogas, ya que carecen de las capacidades requeridas para desempeñar estas labores. Antes bien, las actividades delictivas a las que se dedican son algunas de las apuntadas en el párrafo anterior, las cuales en muchas ocasiones implican un mayor uso de la violencia que el propio narcotráfico.

Es de celebrar que el gobierno de México haya anunciado un cambio de paradigma en política de drogas, pues el modelo seguido hasta ahora no ha traído más que muerte, violencia, estigmatización de los consumidores de droga y violaciones a los derechos humanos. No obstante, para que las expectativas de millones de mexicanos que depositaron su confianza en AMLO no se vean frustradas, convendría ser claros en este tema y reconocer que el problema del crimen organizado en México y de la violencia asociada al mismo trasciende el fenómeno del narcotráfico.

José Carlos Hernández es Graduado en Ciencias Políticas por la UGR, estudiante del Máster en Estudios Latinoamericanos del Instituto Iberoamérica (Universidad de Salamanca) y miembro de GESI.