El faraónico laberinto egipcio

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Egipto actualmente se encuentra en una situación política, institucional y jurídica sumamente delicada, que puede malograr la supuesta transición política iniciada con el triunfo de la Primavera Árabe o, como también se ha denominado, Otoño o Invierno Islamista. El 15 de diciembre se celebró la primera parte del referéndum para la aprobación de una nueva Constitución (en determinadas provincias del país) y el 22 de diciembre se celebró la segunda parte (en el resto de provincias), lo que, de entrada, ha podido contaminar el proceso electoral. La Constitución, impregnada del islamismo de los Hermanos Musulmanes (HHMM) en el poder, ha sido redactada de manera interesadamente apresurada por una Asamblea Constituyente en la que los islamistas se encontraban muy sobre representados en relación a los miembros que poseen en el parlamento. De hecho, a comienzos de diciembre el tribunal constitucional egipcio debió haberse pronunciado sobre la legalidad o no de dicha asamblea, pero finalmente no lo hizo por considerar que se encontraba sometido a presiones. Además, la Asamblea Constituyente fue elegida por un parlamento que posteriormente fue disuelto tras declararse ilegal la ley electoral en virtud de la cual fue elegido. De hecho, y por esa misma razón, el actual presidente de la República, Mohamed Morsi, no ha sido investido por el parlamento.

En Egipto acontece actualmente una lucha descarnada por el poder en la que es constante el incumplimiento del ordenamiento jurídico, incluso por los propios órganos del Estado. La modificación ad hoc y la violación de las reglas del juego político han pasado a formar parte de dichas reglas. Las fuerzas armadas continúan siendo el actor más poderoso y ejercen un papel de tutelaje del proceso político que, pudiendo incluso considerarse necesario en el actual contexto del país, resulta impropio de sistemas democráticos o que se encaminan hacia la democracia. De hecho, el ejército, aunque recibe un trato muy favorable en la Constitución, respondió a la Ley 107 -en vigor desde el 10 de diciembre, que lo faculta para mantener el orden público junto a la policía-: primero, apelando al diálogo nacional entre el gobierno de HHMM y la heterogénea oposición en torno al Frente de Salvación Nacional liderado por El Baradei; y, segundo, advirtiendo que no reprimirá a la población ni tolerará que Egipto se dirija hacia el abismo.

La Constitución egipcia ha nacido con un gravísimo déficit de legitimidad. Se ha cuestionado la limpieza del referéndum de aprobación de la misma, en el que sólo ha participado aproximadamente el 30% de un electorado fracturado y enfrentado, y en el cual el “no” ha sido abultado, en torno al 35%. Incluso en circunscripciones como El Cairo ha triunfado el “no”. La oposición ha logrado situar en el centro del rechazo popular al propio Morsi, cuyo gobierno está ahora más que cuestionado. Nada permite por el momento augurar para 2013 una situación de estabilidad político-institucional en Egipto.