El análisis de riesgo político

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Análisis GESI, 22/2018

Resumen: El carácter de este documento es puramente didáctico, pues su propósito es explicar en qué consiste el análisis del riesgo político y cómo llevarlo a cabo. Para su elaboración se ha realizado una búsqueda bibliográfica que, pese a estar lejos de ser exhaustiva, permitirá observar los distintos enfoques y metodologías del análisis del riesgo político. Este documento pretende servir de base a uno que se elaborará posteriormente realizando un análisis de riesgo político aplicado.

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Introducción

Cualquier empresa que se encuentra en estado de internacionalización, ya sea asentada o en proceso, ha de hacer frente a múltiples riesgos (Cohen y Blanco, 2017), siendo uno de los principales el de orden político. El análisis de este tipo de riesgo es una labor que toda empresa que pretende internacionalizarse debería realizar antes de dar este importante paso. La ejecución de esta decisión supone una inversión de ingentes cantidades de dinero, así como de otro tipo de recursos, cuya recuperación en forma de beneficios podría verse impedida por acontecimientos de carácter político cuya probabilidad de ocurrencia se puede estimar llevando a cabo un análisis de riesgo político del país en cuestión. En este sentido, un análisis detallado sobre la realidad política de un determinado país puede significar la diferencia entre el fracaso o el éxito de un proyecto de inversión (Bringas Nossti, 2013).

Esto que se acaba de señalar no supone una novedad, pues tanto la academia como las empresas multinacionales (EM, en adelante) hace ya varias décadas que vienen teniendo en cuenta los acontecimientos políticos como potenciales generadores de riesgo para las actividades empresariales. Hay autores que se remontan a la Revolución Cubana para explicar el inicio del estudio del riesgo político por parte del mundo académico, mientras que las EM comenzaron a tenerlo en cuenta al inicio de los años 70 (Pereira Tripa Dias Costa, 2014). En estos años, las primeras definiciones y estudios de riesgo político hacían especial hincapié en los acontecimientos políticos que, emanados de acciones gubernamentales en el país anfitrión, eran susceptibles de poner peligro el beneficio empresarial (Simon, 1984). Esto resulta lógico si se tiene en cuenta que, sobre todo, fue a partir de las expropiaciones llevadas a cabo por distintos gobiernos en las décadas de los 60 y 70 cuando las EM comenzaron a contemplar el riesgo político a la hora de adoptar sus decisiones de internacionalización.

Más tarde, en los años 80, se vivió el periodo de profesionalización del análisis de dicho riesgo, así como de dotación de cientificidad a tal análisis mediante la utilización de técnicas cuantitativas para llevarlo a cabo. Así mismo, a partir de los años 90 se produjo un refinamiento científico del concepto de riesgo político gracias a la contribución de múltiples disciplinas, tales como la Psicología, la Sociología y la Ciencia Política (Wafo, 1998). Precisamente, este abordaje multidimensional ha conducido a la aparición de una multiplicidad de conceptos de riesgo político y a diferentes formas de analizarlo, haciendo uso de múltiples metodologías.

En línea con lo anterior, lo que se hará en las siguientes páginas será explicar en qué consiste el análisis del riesgo político y cómo llevarlo a cabo. En un primer apartado (excluyendo la presente introducción) se expondrán distintas definiciones de riesgo político, así como también las fuentes de las que, según algunos autores, emana dicho riesgo. En un segundo epígrafe se presentarán algunas de las metodologías usadas en el análisis de riesgo político. Por último, se incluirá un apartado de comentarios finales a modo de conclusión.

 

¿Cómo definir el riesgo político? ¿Cuáles son sus fuentes?

Definiciones de riesgo político

Hay que comenzar haciendo una aclaración conceptual acerca del riesgo político y otros tipos de riesgo. Hay varios autores que tratan indistintamente los conceptos de riesgo país y riesgo político. Sin embargo, se está hablando de riesgos distintos que, por lo tanto, requieren tener en cuenta variables diferentes al momento de abordar su estudio y análisis.

El riesgo país indica la capacidad que tiene un determinado país para acumular una cantidad de moneda extranjera que le permita enfrentar sus compromisos crediticios internacionales. Este indicador sólo ofrece una visión parcial de las amenazas a las que los inversionistas han de hacer frente cuando deciden invertir en otro país, pues se le otorga una importancia excesiva a los factores económicos y financieros, mientras que los políticos sólo se toman como complementos. No obstante, desde el enfoque del riesgo país, esta decisión tiene total sentido, pues de lo que se trata es de determinar el grado de cumplimiento de los compromisos financieros internacionales de un determinado país (Bringas Nossti, 2013).

Sin embargo, el enfoque de riesgo político, como se verá más adelante, no solamente incluye como actores generadores de dicho riesgo a instituciones gubernamentales que, de una forma u otra, podrían tener determinada incidencia en el destino económico-financiero de un determinado país. En cierto sentido, el riesgo político forma parte del riesgo país y, al mismo tiempo, sobrepasa el abordaje realizado por los analistas de éste último tipo de riesgo, pues el análisis de riesgo político exige un conocimiento profundo de las fuentes, actores y posibles efectos de dicho riesgo.

Además, conviene llevar a cabo análisis de riesgo político y no sólo de riesgo país porque los sucesos de carácter político se encuentran entre los factores más influyentes a la hora de adoptar las decisiones de inversión en el exterior, tal y como indican Jiménez, Durán y De la Fuente (2011) en uno de sus estudios.

Hecha esta primera aclaración, toca responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo definir el riesgo político? Y la respuesta a la misma es que no existe una definición universal (Hood & Nawaz, 2004). Sin embargo, en los trabajos consultados para la elaboración de este documento se pueden distinguir dos enfoques a la hora de definir dicho riesgo: uno negativo y otro que podría denominarse neutral.

Desde la definición del riesgo político en un sentido puramente negativo, dicho riesgo se traduce en acontecimientos de orden político que afectan de forma negativa las operaciones y negocios de una o varias EM. Así mismo, dentro de esta vertiente se pueden encontrar dos posturas: 1) autores que postulan que el riesgo político emana casi en exclusiva de acciones gubernamentales o de algunos de los poderes del Estado; y 2) otros que expanden el foco de análisis y contemplan en sus estudios otra serie de actores, tanto del ámbito nacional como del internacional.

Comenzando por el primer grupo, Jiménez, Durán y De la Fuente (2011: 123) definen el riesgo político “como la probabilidad de que el Estado emplee su monopolio de coerción legal para renegar de los acuerdos alcanzados con las EM, con objeto de afectar la redistribución de las rentas entre los sectores público y privado”. Es decir, tal riesgo se derivaría de las modificaciones realizadas en los marcos normativos vigentes en cada país, de manera que afectasen los intereses de los comerciantes e inversionistas extranjeros (Ruiz Granada y Becerra, 2000). En una línea similar, Kobrin (citado en Aguilar Moya, s.f.: 6) señala que el riesgo político proviene de “las acciones gubernamentales […] que interfieren en las transacciones económicas, cambios en los términos de los acuerdos y expropiaciones”.

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, el Estado (más concretamente, el Ejecutivo y el Legislativo) sería, casi en exclusiva, el único actor generador de riesgo político, bien mediante modificaciones del marco normativo, bien a través de acciones gubernamentales que afectasen negativamente los negocios de las EM.

Sin embargo, este enfoque tiene una serie de problemas a efectos prácticos, pues definir de manera tan limitada el riesgo político, centrándose únicamente en acciones gubernamentales o legislativas, conduce a una pobre selección de las fuentes de datos, a una inapropiada selección de la metodología y, por último, a una interpretación errónea del riesgo político existente en un país (Alon & Martin, 1998). Como ya se ha señalado, no resulta extraño que esta concepción del riesgo político fuese la imperante en las primeras décadas en las que se comenzó a analizar, pues dicho riesgo provenía entonces, sobre todo, de la acción expropiatoria de los gobiernos. Hoy, en cambio, el riesgo político se trata de un fenómeno multidimensional (Jakobsen, 2010).

No obstante, dentro de este enfoque denominado negativo, hay otro grupo de autores que también contempla como fuentes de riesgo político actores distintos de los estatales, así como también la dimensión externa. Así, para Root (1972) el riesgo político no sólo emana de acciones gubernamentales o legislativas, sino que, antes bien, también los partidos políticos, grupos de la sociedad o sindicatos pueden afectar la inversión extranjera y, por tanto, constituir actores generadores de riesgo político. Con un concepto más depurado, Simon (1982) define el riesgo político como las acciones y políticas gubernamentales y/o sociales que se originan tanto dentro como fuera del país anfitrión y tienen un efecto negativo sobre un grupo de empresas de un determinado sector o sobre la mayoría inversiones y operaciones comerciales extranjeras.

Además de autores, también existen firmas internacionales para las cuales el riesgo político proviene tanto de actores estatales como no estatales. Así, la compañía Shell (citado en Consultora Demison, 1996: 81) lo define como la “probabilidad de no mantener un contrato petrolero por diez años a causa de cambios en las circunstancias económicas o políticas, y del sentimiento social que negativamente afectan a negocios extranjeros”.

Como se ha podido observar, desde el enfoque negativo, además de a actores estatales, se ha acabado incluyendo a los distintos actores de la sociedad como potenciales generadores de riesgo político, así como también, además de la dimensión interna, los acontecimientos políticos que ocurren en el exterior y que de un modo u otro pueden impactar negativamente en las inversiones y operaciones de las EM.

Desde el segundo enfoque, que se puede denominar neutral, el riesgo político no únicamente comporta una carga negativa, sino que es visto como cualquier cambio radical que ocurre dentro de un sistema político determinado. Así, Ting (1988) lo define como incertidumbres existentes en un determinado país, no dependientes del mercado, susceptibles de afectar los negocios de una EM, y causadas por la inestabilidad política del país anfitrión y/o del sistema de intercambio de dicho país con el extranjero. De forma similar, para Theodorou (1993) el riesgo político se trata de la posibilidad de que se produzcan cambios inesperados, originados por fuentes políticamente inducidas o políticamente relacionadas, susceptibles de modificar la disposición de las empresas respecto del extranjero.

De las anteriores definiciones se puede extraer que este enfoque, al igual que las definiciones más amplias del enfoque negativo, incluye diversos actores como generados de riesgo político, así como también la dimensión interna y la externa. La principal diferencia entre ambos enfoques es que el que se ha denominado neutral percibe que el riesgo político puede deparar, no sólo amenazas, sino también oportunidades a las EM. Para ilustrarlo, valga como ejemplo el siguiente caso: una EM pretende implantarse en el país A, donde se espera que ocurra un cambio radical de régimen. Desde el enfoque negativo, este acontecimiento sería registrado en un análisis de riesgo político como generador de efectos negativos para el entorno de negocios. Sin embargo, desde el enfoque neutral, además de esta concepción, también se contemplaría la posibilidad de que el nuevo régimen fuese más proclive que el saliente a las políticas pro-mercado y a la inversión extranjera, representando así este cambio efectos positivos en el clima de negocios.

Planteadas las anteriores definiciones de riesgo político, e independientemente del enfoque que adopte el analista, hay que hacer algunas aclaraciones para que no todo acontecimiento político que genere incertidumbre en el clima de negocios se tome como fuente de riesgo político. Para que un acontecimiento político generador de cambios en el medioambiente de negocios constituya riesgo, dicho cambios “deben tener el potencial para afectar significativamente las ganancias u otros objetivos de una empresa en particular” (Ghabar, citado en Consultora Demison, 1996: 80).  Además, Pereira Tripa Dias Costa (2014: 15) realiza una distinción entre riesgo e incerteza. Así, mientras ésta “describe una duda subjetiva sobre el contexto político”, el riesgo supone “una medida estandarizada y que resulta de una estimativa probable de esa duda.”

 

Fuentes del riesgo político

Evidentemente, dependiendo de cómo se defina el riesgo político se tendrán en cuenta unas u otras variables como explicativas del mismo. No obstante, varios autores han intentado elaborar una teoría de riesgo político a fin de que cada situación de riesgo no se vea como única del país en cuestión, sino que se intenten identificar tendencias y patrones recurrentes en las distintas experiencias analizadas. Sin embargo, el desarrollo una teoría en este campo ha encontrado varios obstáculos (Simon, 1984):

  • Se ha primado la búsqueda de resultados inmediatos, de modo que se ha solido dejar de lado la elaboración de una teoría de riesgo político en pos de llevar a cabo análisis de riesgo político aplicados;
  • Entre las empresas ha existido cierto escepticismo hacia la cuantificación y operacionalización de variables no económicas;
  • Se ha apostado por el análisis en profundidad de un solo país, lo que aporta información voluminosa, pero impide la elaboración de un marco conceptual que ayude a analizar los datos; y
  • La propia naturaleza interdisciplinaria del análisis de riesgo político y, por consiguiente, las diferentes formas de abordar un mismo problema, dificulta la elaboración de una teoría.

A pesar de estas dificultades, como se dijo anteriormente, algunos autores han intentado elaborar una teoría del riesgo político, estableciendo clasificaciones del mismo y proponiendo una serie de fuentes de las que dicho riesgo emana. En primer lugar, se verán a continuación algunas clasificaciones, a partir de las cuales será más fácil detectar las fuentes de riesgo político.

Brennglass (1983) establece una doble clasificación. Por un lado, distingue entre riesgo especulativo y riesgo puro. El primero considera tanto la posibilidad de pérdidas por parte de la EM como de ganancias, mientras que el segundo contempla la posibilidad de pérdidas o no pérdidas. Por otra parte, realiza una segunda distinción, esta vez entre riesgo fundamental, que estaría asociado a los grandes cambios socioeconómicos (apersonal), y riesgo particular, donde sería posible identificar una causa específica del riesgo político.

Por su parte, Grosse (1996), al igual que Robock (1971), distingue entre micro y macro riesgo. En este sentido, mientras que el primero es el que afecta únicamente a cierto tipo de compañías o inversiones, el segundo se refiere al riesgo que tiene repercusión sobre todas las inversiones extranjeras.

En el mismo orden de ideas, Haner (1979), Simon (1982) y Alon (1996) distinguen, respectivamente, entre: 1) riesgo político derivado de causas internas o de causas externas, éstas últimas inducidas por el país de origen de la EM, un tercer país, o el medio global; 2) riesgo político que puede emanar de factores relacionados con el gobierno o con la sociedad; y 3) además de lo anterior, riesgo político ocasionado por factores relacionados con la economía.

En vista de lo anterior, un enfoque de riesgo político que permitiese analizar múltiples países siguiendo un mismo patrón, permitiendo así establecer comparaciones, debería contemplar factores de macro y micro riesgo político emanados de los ámbitos social, económico y político, tanto en el orden interno como en el externo.

Así, pasando ya a las fuentes de riesgo político recogidas en algunos documentos a partir de las clasificaciones expuestas más arriba, un enfoque similar al señalado en el párrafo anterior ha sido adoptado por diversos autores. Por su parte, Alon y Martin (1998) tienen en cuenta, tal y como ilustra la Tabla 1, tanto en la dimensión interna como en la externa, los factores de riesgo político relacionados con el gobierno, con la sociedad y con la economía.

Fuente: Alon & Martin (1998: 15)

Comenzando con la dimensión interna, y poniendo el foco sobre los factores relacionados con el gobierno, si las puntuaciones de los dos primeros ítems son negativos significa que la probabilidad de un cambio de régimen se eleva. Para ver si tal cambio afectará a la política económica hay que llevar a cabo una evaluación de las potenciales diferencias entre el régimen saliente y el entrante. Por cuanto a los factores relacionados con la sociedad, el grado de fragmentación hace referencia a la existencia o no de una amplia diversidad social dentro de un mismo territorio. A mayor diversidad menor será la probabilidad de que todas las demandas de los distintos grupos sean satisfechas. En cuanto al segundo ítem, éste se refiere al grado en que la fragmentación de la sociedad puede conducir a conflicto social. Para acabar con los factores relacionados con la sociedad en la dimensión interna, un mayor sentimiento nacionalista, fundamentalista, etc., existente en el país anfitrión aumenta las probabilidades del riesgo político. Para concluir con la dimensión interna, en referencia a los factores económicos, puntuaciones negativas en cada uno de ellos aumentarán el riesgo político.

Pasando ahora a la dimensión externa, comenzando por los factores relacionados con el gobierno, en lo que se refiere a la probabilidad de violencia política, el análisis ha de contemplar la posibilidad de que ocurran futuros conflictos fronterizos, guerras, etc. En este caso hay que tener en cuenta los acontecimientos en países vecinos, ya que pueden afectar al país en evaluación.[1] En cuanto al grado en el que un país está involucrado en organizaciones internacionales, los autores lo toman como factor de riesgo político porque, en tanto que indica el potencial que un país tiene de percibir ayudas para infraestructuras (Banco Mundial) o ante crisis (FMI), un bajo grado de involucramiento podría traducirse en riesgo político en caso de que el país en cuestión se viese sumido en problemas económicos[2]. En cuanto al tercer factor relacionado con el gobierno dentro de esta dimensión externa, la probabilidad de riesgo político aumenta si el país puede ser objeto de sanciones económicas, comerciales o de cualquier otro tipo. Pasando ahora a los factores relacionados con la sociedad, en la dimensión externa, los dos primeros aluden a la opinión y posiciones que los ciudadanos del país de origen de la EM o de terceros países adopten con respecto al país anfitrión. Evidentemente, una opinión pública desfavorable y que lleve a cabo acciones de presión para desinvertir en el país anfitrión aumentan las chances de riesgo político. En cuanto al tercer factor, una amplia diversidad regional e intereses incongruentes de los actores regionales pueden conducir al estallido de guerras o a un clima de inestabilidad política.

Por último, en cuanto a los factores económicos de la dimensión externa, el primero hace referencia a la posibilidad de que en un futuro se impongan distintas restricciones al comercio o medidas que obliguen a las EM a revertir parte de sus beneficios en el desarrollo del país anfitrión, entre otras. El segundo factor alude a los potenciales problemas que pueden existir en relación a la cuenta corriente, a la de capital, etc. Para concluir, el tercer factor se refiere a la inestabilidad asociada a las fluctuaciones en la moneda.

Contrariamente a lo que la mayoría de autores y empresas dedicadas al análisis de riesgo político hacen, estos autores no toman variables tales como guerras, número de huelgas, violación a derechos humanos, etc., como fuentes de riesgo político. Antes bien, consideran que tales acontecimientos constituyen síntomas (los denominan red flags) y no causas del riesgo político, y, por tanto, son susceptibles de utilizarse como indicadores de condiciones que pueden precipitar el riesgo político, pero no sirven de predictores para realizar una gestión proactiva de dicho riesgo.

Además de la dimensión interna/externa del riesgo político, tomando también factores políticos, sociales y económicos, Simon (1984: 124) también introduce la dimensión riesgo político directo/indirecto. Este autor busca identificar “quiénes son los actores clave y determinar cómo sus interacciones (en los distintos medios) pueden afectar la formación de riesgo político” ya sea de manera directa o indirecta. Su atención a los actores se justifica porque el autor afirma que en muchos casos “la naturaleza exacta del riesgo dependerá de los actores clave para dar forma a los eventos” (1984: 127). El foco de atención se sitúa sobre las intenciones y capacidades de los actores principales. Si un actor tiene mucha intención de afectar a una EM, pero poca capacidad de hacerlo, el riesgo político será bajo mientras no aumente su capacidad. Por otro lado, si un actor tiene mucha capacidad para afectar a una EM, pero carece de intención, el riesgo político será bajo mientras que la intención del actor no cambie. Teniendo esto en cuenta, la peor situación posible es aquella en la que un actor tiene mucha intención y una gran capacidad para causar problemas a una o varias EM.

Además, prosigue Simon (1984), el tipo de actores clave dependerá de determinadas características del país anfitrión, siendo dos de las más importantes la etapa de desarrollo económico que éste haya alcanzado y el grado de apertura de su sistema sociopolítico.

En lo que se refiere a la etapa de desarrollo económico, se puede distinguir entre país industrializado o en desarrollo, mientras que en cuanto a la apertura de su sistema sociopolítico la distinción se hace entre sistema abierto o cerrado. En un sistema cerrado aumenta la probabilidad de riesgo, ya que no hay canales democráticos a través de los cuales los ciudadanos puedan expresar el descontento. Además, la presión ejercida por la sociedad del país de origen de la EM será mayor para que ésta no se implante en el país con un sistema sociopolítico cerrado, ya que tal acción constituiría una aprobación implícita del régimen. Por último, señala Simon (1984) que países en desarrollo con sistema cerrado tienden a tomar decisiones más radicales, tales como nacionalizaciones, expropiaciones, etc[3].

Así, teniendo en cuenta ahora la dimensión directo/indirecto y las variables etapa de desarrollo económico y grado de apertura del sistema sociopolítico, el marco para analizar el riesgo político, para Simon (1984), puede resumirse de la forma en la que aparecen en la Tabla 2.

Tabla 2. Marco de análisis de riesgo político de Simon

Fuente: Simon (1984: 132-133)

La valoración del riesgo a partir de tales factores se hace de forma cualitativa, por lo que se requiere un conocimiento experto sobre el país objeto de análisis. No obstante, uno de los aspectos negativos de este método son las disparidades que se pueden encontrar en distintos análisis sobre un mismo país dependiendo de las posiciones de cada analista. Además, si se tiene en cuenta lo señalado más arriba por Alon y Martin (1998), lo anterior no serían fuentes de riesgo político, sino banderas rojas que no permitirían anticipar acontecimientos futuros.

Este hecho tiene que ver con que, siguiendo a Jakobsen (2010), en muchas ocasiones fuentes y efectos de riesgo político son confundidos, cuando realmente son analíticamente distintos. Por ello este autor propone una cadena causal del riesgo político a partir de cuatro fuentes: 1) mecanismos de negociación obsolescentes; 2) inestabilidad política y reivindicaciones; 3); instituciones políticas; y 4) preferencias y actitudes.

Tabla 3. Cadena causal del riesgo político según Jakobsen

Fuente: Jakobsen (2010: 484)

Este autor no sólo indica las fuentes de riesgo político, sino que especifica los actores a través de los cuales el riesgo político se plasma en efectos concretos para las EM. Aunque el número de tales efectos es reducido y no establece diferencias entre riesgo político directo e indirecto, la elaboración teórica de esta cadena causal permite detectar qué fuentes de riesgo político están presentes en cada país analizado y, por tanto, intentar anticipar los efectos de riesgo político que podrían emerger y afectar la actividad de la o las EM en dichos países.

 

Metodología del análisis de riesgo político

¿Cómo realizar un análisis de riesgo político?

Al igual que ocurre a la hora de conceptualizar el riesgo político, tampoco cuando se aborda el estudio de la metodología para llevar a cabo su análisis es posible encontrar una única forma de hacerlo. Y ello porque “no hay una (única) manera correcta para realizar un análisis de riesgo político, teniendo que ser adaptada al proyecto y a la institución” (Pereira Tripa Dias Costa, 2014: iii).

Antes de exponer los pasos generales, se destacan a continuación algunas de las metodologías seguidas por los autores y firmas de cuyos marcos teóricos se ha hecho eco este documento en páginas anteriores.

La Consultora Demison (1996) señala la existencia de tres modos de analizar el riesgo político: a) construcción de escenarios; b) el método utilizado por el World Political Risk Forecasting Source (WPRFS); y c) el método individual.

  1. Construcción de escenarios

El analista atraviesa tres fases principales al aplicar esta técnica (Consultora Demison, 1996): 1) estudia en profundidad las relaciones sociales y la historia del país en cuestión; 2) trata de anticipar la evolución de dichas relaciones; y 3) toma los escenarios más probables y los plasma por escrito. Las variables que obligatoriamente se habrían de contemplar serían la política, tanto interna como internacional, la economía, en sus ámbitos interno y externo, y la sociedad.

Además, el número de variables a tener en cuenta no debería ser excesivo, ya que los escenarios resultarían excesivamente complejos. Así mismo, tampoco es recomendable plantear muchos escenarios (Jordán, 2016). Dicho esto, una vez que los escenarios estén planteados, hay que hacer una evaluación estratégica de los mismos, determinando las consecuencias de cada uno de ellos para la actividad de las EM.

Sin embargo, aunque la Consultora Demison (1996) le otorga a la construcción de escenarios la categoría de método con el que llevar a cabo el análisis de riesgo político, autores como Pereira Tripa Dias Costa (2014) afirman que, realmente, los escenarios no son más que una forma de presentar los resultados de los análisis de riesgo político, pero no un método en sí mismo. En este sentido, la construcción de escenarios sirve como complemento de cualquier metodología de análisis de riesgo político, ya que éste no trata únicamente de describir el ambiente presente en el que ha de desenvolverse la actividad empresarial (lo cual, dicho sea de paso, carecería de sentido, ya que esto no requeriría un profundo análisis), sino de imaginar posibles escenarios futuros en los que determinados acontecimientos políticos podrían afectar a las EM durante el periodo que durasen sus proyectos en el país anfitrión.

  1. El método utilizado por el World Political Risk Forecasting Source (WPRFS)

Este método se compone de tres pasos: 1) un grupo compuesto por entre tres y nueve especialistas en el país en cuestión responden a una serie de preguntas estándar, identificando un mínimo de siete actores relevantes dentro del país que se analiza; 2) posteriormente, se fijan las acciones probables de los actores según su orientación, “la certeza que existe de la misma, el poder que detentan y la importancia que cada actor otorga a un hecho determinado” (Consultora Demison, 1996: 85); y 3) por último, se realizan cálculos probabilísticos sobre la posible situación futura teniendo en cuenta la posibilidad de que ocurran cambios políticos, de que se impongan o no restricciones a los negocios internacionales y de cómo será la política económica y comercial durante el periodo en el que se tenga pensado realizar la inversión.

A cada uno de los temas anteriores se les otorga una puntuación de 0 a 10, dependiendo de si el país anfitrión favorece o no la inversión extranjera, teniendo en cuenta que el valor 0 significa que el país en cuestión es adverso a dicha inversión y el valor 10 que es muy favorable.

  1. Método individual

Para llevar a cabo un análisis con este método no se precisa tanta cantidad de información como en los anteriores, sino que basta con identificar las áreas de riesgo de una inversión en particular para, posteriormente, buscar en el país anfitrión posibles factores riesgosos. En este método, se utilizan tablas en las que se presenta como variables dependientes las áreas concretas en las que la inversión pudiera verse afectada, mientras que como variables independientes se exponen una lista abierta de posibles fuentes generadoras de riesgo político.

Detrás de estos métodos se encuentran dos paradigmas metodológicos fruto de los diferentes puntos de vista desde donde se identifican determinados acontecimientos políticos como generadores de riesgo político. Los dos primeros parten del escenario presente donde se desarrolla la actividad empresarial e identifica los hechos políticos riesgosos que podrían afectarla. En cambio, el tercero trata de identificar las áreas en las cuales la EM podría verse afectada para, posteriormente, observar si en el medio en el que pretende implantarse existen factores riesgosos que tengan el potencial de afectar negativamente esas áreas. Como se verá en la exposición de los siguientes métodos, es el primer paradigma el más extendido en el análisis de riesgo político.

En el método utilizado por Alon y Martin (1998), cada variable puntúa en un rango de -2 a +2, pues, siguiendo el enfoque “neutral” del riesgo político, estos autores creen que éste puede manifestarse en un sentido positivo o negativo. En total, un determinado país puede alcanzar una puntuación de -36 a +36. Un Estado tendrá un alto nivel de riesgo político a medida que se acerque más a -36, y viceversa. Sin embargo, cada EM puede establecer ponderaciones de las variables al objeto de adaptar el método a sus necesidades de análisis. Por ejemplo, la variable inconvertibilidad no tendría ningún impacto sobre una determinada inversión si el país de origen de la EM y el anfitrión tuvieran el dólar como moneda de curso legal. Por lo tanto, tomar dicha variable como generadora de riesgo y darle una elevada ponderación carecería de sentido.

Teniendo en cuenta lo anterior, los analistas, prestando atención al periodo de duración del proyecto en cuestión[4], otorgan una puntuación a cada país analizado, pero no dividen a los países por niveles de riesgo, ya que es una práctica que consideran arbitraria (¿por qué un país con, por ejemplo, -10 puntos debería caer en una categoría de riesgo menor que un país que puntuase con -11?). Así, lo que estos autores hacen es establecer comparaciones entre los países que se están considerando para llevar a cabo la inversión[5].

Por otro lado, Howell (2011)[6] elabora lo que se conoce como International Country Risk Guide (ICRG). En esta guía se contemplan 22 variables de riesgo país (que también denomina componentes), repartidas en tres subcategorías de riesgo: político, financiero y económico. El riesgo político puede alcanzar un valor máximo de 100 puntos, mientras que los otros dos un máximo de 50 cada uno. La puntuación total otorgada a cada país se divide entre dos, y se clasifican según del nivel de riesgo de la siguiente forma: de 100 a 80 muy bajo riesgo; de 79.9 a riesgo moderado; y de 0 a 49.9 riesgo muy alto.

No obstante, como este documento se centra en el análisis de riesgo político, sólo se expondrá la forma en la que este autor analiza dicho riesgo, dejando a voluntad del lector consultar o no el documento original para obtener información sobre los otros dos tipos de riesgo contemplados.

Howell (2011: 2), para analizar el riesgo político, toma 12 variables (o componentes, y 15 subcomponentes) de orden político y social. Cada una de esas variables puede adoptar un valor mínimo de 0, mientras que el máximo “depende del peso fijo que se da a ese componente en la evaluación general del riesgo político”, por lo que dependiendo del ramo al que pertenezca la empresa se puede otorgar más peso a unas variables o a otras.

Los puntos son asignados sobre la base de una serie de preguntas para cada uno de los componentes del riesgo político. Al momento de otorgar una puntuación a estas variables, los analistas evalúan escenarios con distintos periodos temporales (presente, a uno y a cinco años) en base a análisis subjetivos de la información disponible. Para cada uno de dichos periodos se producen dos pronósticos (Worst Case Forecast y Best Case Forecast), realizándose un juicio sobre la “razonabilidad de la tendencia y la capacidad del gobierno para contrarrestarla”. Es decir, estos pronósticos “no representan los posibles extremos de riesgo, sino un resultado ‘razonablemente posible’ si se permite que persistan las tendencias identificadas” (Howell, 2011: 16).

Dicho esto, el riesgo político de cada país puede incluirse en una de las siguientes categorías: de 0 a 49.9 riesgo muy alto; de 50 a 59.9 riesgo alto; de 60 a 69.9 riesgo moderado; de 70 a 79.9 riesgo bajo; y de 80 a 100 riesgo muy bajo.

Por último, las 12 variables de orden político y social y los 15 subcomponentes que Howell (2011) tiene en cuenta a la hora de analizar el riesgo político de un país, así como sus puntuaciones[7], aparece ilustrados en la Tabla 4.

Tabla 4. Componentes, subcomponentes y puntuaciones del riesgo político según la ICRG

Fuente: elaboración propia en base a Howell (2011)

Expuestos los anteriores métodos, los pasos comunes que se pueden detectar en la mayor parte de ellos son los siguientes: 1) se toman una serie de variables de orden político que, en opinión del o los analistas, tienen el potencial de afectar a los negocios de las EM; 2) se realiza una valoración cuantitativa o cualitativa de cada una de esas variables y del riesgo político en su conjunto; 3) se elaboran posibles escenarios de corto y medio plazo, teniendo en cuenta las distintas combinaciones entre variables; 4) se analiza la repercusión de cada uno de esos escenarios en las actividades de las EM; y 5) se elaboran una serie de recomendaciones que el encargado de decidir si se invierte o no en un determinado país habría de tener en cuenta.

 

¿Quién o quiénes han de realizar el análisis de riesgo político?

Entre los documentos en los que se especifica quién o quiénes se encargan de llevar a cabo el análisis del riesgo político tampoco existe un criterio unánime sobre el o los encargados (ideales) de realizar tal análisis.

Hay autores que proponen un equipo de al menos cinco individuos (Consultora Demison, 1996). Tras otorgar las puntuaciones, en el caso de que el método utilizado así lo requiera, sugiere eliminar las puntuaciones extremas. Así mismo, señala las siguientes características como deseables: 1) ser experto en el país que se está analizando; 2) hablar el idioma de dicho país; y 3) conocer su cultura. Además, la Consultora Demison (1996) añade que el grupo de analistas ha de contar con individuos que tengan conocimientos de Sociología, Economía y Política.

Por su parte, Krayenbuehl (1985) distingue entre métodos cuantitativos y cualitativos a la hora de recomendar el número de individuos que habrían de llevar a cabo el análisis. Utilizando un método cualitativo se precisarían al menos tres personas: una con experiencia de primera mano sobre el país; un especialista en asuntos políticos; y otro con responsabilidad en la empresa que tradujese los resultados en una estrategia adecuada para la empresa. Por su parte, una sola persona bastaría para realizar un análisis de riesgo político al utilizar un método cuantitativo, pues éste permite lidiar con grandes cantidades de datos.

Además, este mismo autor afirma que lo ideal es que el encargado de realizar el análisis posea conocimientos sobre todos los factores. Como eso es difícil, propone que el analista realice su análisis viendo qué tipo de vulnerabilidades puede presentar el proyecto en cuestión y posteriormente determinar si en el medio en el que pretende implantarse la EM existen o podrían existir factores que la afectasen de forma negativa. Básicamente señala que los analistas pueden ser especialistas externos contratados por la empresa o gestores que formen parte de la empresa.

 

Comentarios finales

En este documento se han expuesto ciertas definiciones sobre riesgo político, se han presentado algunos de los intentos por construir una teoría acerca de dicho riesgo y se han observado varios métodos de análisis de tal riesgo.

Como conclusión se podría decir que el riesgo político sólo puede comprenderse al considerar los resultados de la interacción entre acontecimientos culturales, políticos, sociales y económicos y la configuración entre estos y la EM, por lo que se ha de contar con un conocimiento experto sobre el país que se analiza para conocer dichas interacciones y la posible evolución de las mismas. De lo anterior se extrae que, tal y como han señalado algunos autores (Kobrin, 1982; De la Torre & Neckar, 1988; Henisz, 2002), no se puede denominar análisis de riesgo político a un análisis realizado tomando únicamente una variable. Por último, tal y como indica Pereira Tripa Dias Costa (2014), lo más importante, independientemente del método seleccionado, es explicitar las asunciones y los raciocinios utilizados en el análisis de riesgo político de un determinado país al objeto de no llamar a engaño y revestir ciertos prejuicios ideológicos de una pretendida cientificidad[8].

José Carlos Hernández es politólogo por la Universidad de Granada y alumno del Máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, así como miembro del GESI.

Referencias

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[1] Un ejemplo actual sería el análisis de riesgo político en cualquiera de los países que comparten frontera con Venezuela, ya que el éxodo de venezolanos a dichos Estados está creando tensiones de distinta índole.

[2] Claro que todo depende de la contrapartida que esas organizaciones demanden. Por ejemplo, la aplicación de fuertes medidas de ajuste, a petición del FMI, pueden desembocar en protestas masivas.

[3] Uno de los límites detectados en cuanto al tipo de régimen es una falta de definición del mismo, así como también de un esclarecimiento sobre las fuentes o indicadores utilizados para clasificarlo como tal.

[4] Esto refuerza la idea de la utilidad del método de construcción de escenarios como técnica a aplicar junto a diversos métodos en el análisis de riesgo político.

[5] Un aspecto negativo de este método es que, si la EM sólo está estudiando implantarse en un determinado país, ¿con qué se compara la puntuación obtenida por dicho país? ¿existiría en éste más o menos riesgo político en relación a qué?

[6] Del PRS Group.

[7] La ponderación puede ser modificada por los analistas dependiendo del proyecto en cuestión, teniendo en cuenta la importancia dada a cada uno de los componentes y subcomponentes en función de cuánto podrían afectar o no la actividad empresarial.

[8] Bringas Nossti (2013) y Aguilar Moya (s.f.), para el caso de América Latina, presentan sus respectivos documentos bajo la etiqueta de análisis de riesgo político tomando como única variable el “populismo” de ciertos dirigentes de la región, sin tener en cuenta otro tipo de actores ni la dimensión externa. Es decir, dejan fuera de sus análisis la mayoría de los factores que se han presentado en este documento.

Editado por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Lugar de edición: Granada (España). ISSN: 2340-8421.

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